UN DURO OPOSITOR | El expresidente del Congreso, Daniel Abugattás, falleció el último miércoles, a los 69 años. A lo largo de su trayectoria se recuerda los duros enfrentamientos que tuvo con sus colegas del fujimorismo y el aprismo. Aquí un recuento de sus frases y criticas más afiladas contra sus opositores políticos.

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El video SACÓ ENOJOS Y RISAS | Daniel Abugattás: Las veces que se enfrentó al fujimorismo y el aprismo se publicó en YouTube en este enlace

Desde Arequipa, el presidente del Consejo Regional de Moquegua, Pedro Noguera, reafirmó el respaldo de su Consejo a la postura de la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, respecto al uso prioritario de las aguas de la represa Yanapuquio para su región.

Noguera destacó que esta posición refleja el sentir de la población moqueguana, que demanda que los recursos hídricos sean destinados primero a su territorio, antes de ser compartidos con otras regiones.

“El consejo regional respalda el deseo, la voluntad y el clamoroso pedido que tiene la población de Moquegua. El agua de la región Moquegua debe ser para Moquegua, y si hay excedentes, compartirlos con las regiones vecinas, porque tampoco podemos ser egoístas al ver una gran cantidad de agua”, dijo Noguera.

Sin embargo, el presidente del consejo enfatizó su rechazo a la posible cesión de estas aguas a proyectos mineros como Tía María. “Hay el clamor de la población del Valle de Tampo y es que el agua debe ser para ampliar la frontera agrícola”, declaró.

Moquegua critica al Midagri

Noguera también cuestionó las promesas hechas por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien aseguró la construcción de dos nuevas represas como compensación por Yanapuquio. “De promesas la población está cansada (…) Si en verdad el Ejecutivo tuviera un plan de trabajo ampliado a 40 o 50 años, cualquier gobernante entraría en esa línea de trabajo”, expresó.

Además, el presidente del consejo criticó la ineficacia de las mesas de trabajo prometidas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para solucionar esta problemática. “Yo les digo mesa de las mecedoras, porque de reunión en reunión ha pasado un año y hasta ahora nada”, concluyó.

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Pasó en el Perú | Puno. El dirigente barrial, Ramiro Diaz Tupa, cuestionó duramente la actitud esquiva y huidiza que el jefe de la región policial de Puno, Francisco Ninalaya Martinez, adoptó para huir abruptamente de los periodistas que le abordaron tras la culminación de la reunión que sostuvo el día de ayer con el alcalde de San Román, Oscar Cáceres.

Disgustado por el comportamiento del jefe policial, el ex vicepresidente del barrio Los Chóferes de la ciudad de Juliaca, señaló que nadie vendrá a Puno a «cholear» a la población.

Luego dijo que pedirá, junto a otros dirigentes de la región, la destitución del general PNP, sí no demuestra resultados favorables contra la delincuencia.

Finalmente, instó al general a acercarse a la población para tantear información sobre las zonas más vulnerables a la inseguridad ciudadana, informó El Objetivo.pe.

Arequipa: Equipos nuevos sin usar en el hospital de Camaná

Pasó en el Perú | Arequipa. El hospital de Camaná atraviesa una grave crisis debido a la falta de equipos médicos esenciales, situación que ha generado el descontento del personal médico y la advertencia de una huelga. La consejera por Camaná, Norma Ortega, informó que la carencia de equipos está impidiendo la realización de intervenciones quirúrgicas, mientras que los equipos adquiridos para el nuevo hospital de Camaná aún no cuentan con la autorización necesaria para su uso.

«El hospital de Camaná en este momento no tiene equipos médicos para operar. Es una situación en la que los médicos no pueden seguir trabajando sin herramientas para cumplir con su trabajo», declaró Ortega. Según la legisladora, la situación fue discutida en una reunión con el cuerpo médico, la dirección del hospital y la Red de Salud Camaná-Caravelí.

Entre los equipos inoperativos se encuentran una torre laparoscópica, dos equipos de anestesiología y dos ecógrafos. Esta falta de funcionalidad ya habría tenido consecuencias graves. “No tienen ecógrafos operativos. Hoy me han reportado de una muerte materna aquí en Arequipa de una paciente que ha sido trasladada del hospital de Camaná, la causa de la muerte sería que el feto habría estado ya fallecido y esto no habría podido ser detectado oportunamente porque estos ecógrafos se encuentran en mal estado”, declaró Ortega.

La consejera exigió al Gobierno Regional de Arequipa acelerar los trámites administrativos y disponer del expediente técnico de saldo de obra del nuevo hospital, para habilitar el uso de los equipos adquiridos. Estos instrumentos, aunque destinados al futuro nosocomio, podrían aliviar la crisis del actual hospital.

Respecto a la posible huelga, Ortega afirmó que los médicos evalúan la fecha de esta medida, la cual contará con el respaldo de la legisladora. El Búho.

Loreto: Fiscalía inspecciona puestos de intervención rápida abandonados

Pasó en el Perú | Loreto. Samuel Eduardo Reyna Guzmán, fiscal adjunto provincial encargado de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito, supervisó los puestos de intervención rápida (PIR) ubicados en diferentes zonas de Iquitos, tras reportarse su abandono y deterioro.

Constató que algunos de estos puestos, estaban en mal estado, sin puertas o en condiciones inoperativas. A pesar de ello, se verificó la presencia de personal de serenazgo, dado que algunos PIR habían sido refaccionados.

El fiscal indicó que esta inspección forma parte de una acción preventiva frente a la creciente inseguridad en la región.

Además, recordó que las autoridades municipales son responsables de garantizar el funcionamiento adecuado de estos puestos, que cuentan con presupuesto asignado para su mantenimiento. Reyna Guzmán mencionó que, en caso de detectar omisiones por parte de la gestión municipal, se tomarían las acciones pertinentes, informó ProyContra.

Ayacucho: Casos de embarazo adolescente disminuyen en casi 19 %

Pasó en el Perú | Ayacucho. Según el balance del Acuerdo de Gobernabilidad Regional 2023-2026, Ayacucho logró reducir los casos de embarazo adolescente en un 18.9 % durante 2024, pasando de 700 casos en 2023 a 603. Este avance refleja los esfuerzos por abordar esta problemática, aunque aún queda mucho por hacer para cumplir la meta de reducir el índice al 2 % en 2026.

La disminución está vinculada a iniciativas como la capacitación de docentes y escolares líderes en 63 instituciones educativas, así como la implementación de 46 redes de prevención en comunidades y centros poblados.

Sin embargo, persisten preocupaciones, como los 12 casos de violencia sexual contra menores registrados en 2024 y el estancamiento del proyecto de prevención y atención integral para adolescentes, que aún no se ejecuta.

Las autoridades regionales han señalado que para 2025 priorizarán la ejecución de este proyecto y la ampliación de estrategias educativas y comunitarias.

El desafío sigue siendo garantizar que estas acciones lleguen a las adolescentes más vulnerables, consolidando los avances y acercándose al cumplimiento de los objetivos trazados en el acuerdo. Jornada

Huánuco: Mujeres emprendedoras transforman la economía con chifles innovadores en Castillo Grande

Pasó en el Perú | Huánuco. D’Curva inició en 2015 como un proyecto liderado por seis mujeres de La Curva, quienes transformaron el plátano en chifles artesanales para apoyar a sus familias. Hoy, son una cooperativa con productos innovadores y maquinaria moderna.

Gracias al apoyo de programas como Foncodes y Agroideas, D’Curva amplió su producción e incursionó en ferias regionales. Ahora ofrecen chifles con sabores únicos como ají charapita y cecina, posicionándose en mercados locales y nacionales, informó Inforegión.

“Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.

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Las denuncias constitucionales están a la orden del día, ya sea por parte de la fiscal, o los congresistas contra la fiscal, desatando una verdadera guerra entre ambos poderes del Estado. Si hace unas horas los congresistas conservadores estaban furiosos por la denuncia contra ellos por recibir doble sueldo, ahora le toca a los del frente: Guido Bellido y Roberto Sánchez, quienes formaron parte del gabinete de Pedro Castillo, han sido denunciados constitucionalmente.

Según la denuncia de la Fiscal de la Nación, Bellido habría aprovechado su cargo como presidente de la PCM para asegurarle un puesto en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a Daniel Abarca, liderado en ese momento por Roberto Sánchez.

Abarca disfrutó tan bien del cargo que terminó adquiriendo un departamento en San Miguel y hasta costeó pasajes aéreos para terceros. Con la denuncia previa presentada contra 11 congresistas, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, salió a criticar a la fiscal de la Nación exigiendo que toda irregularidad se trate «sin vulnerar la autonomía de los poderes». Incluso advirtió que podría ser denunciada constitucionalmente, igual que su colega Patricia Juárez. Parece que los otorongos ya le echaron tres cruces.

¿Sabotean denuncia de violación sexual contra José Jerí?: Sesión de Comisión de Ética tuvo que ser suspendida por inasistencia

El antro de perdición que parece ser el Congreso cada vez es más descarado. Para hoy estaba prevista una sesión en la Comisión de Ética donde se revisaría la denuncia por violación sexual contra el parlamentario José Jerí. Sin embargo, parece que sus coleguitas se pusieron de acuerdo para faltar y dejaron la sesión sin quórum. De los 14 miembros del grupo de trabajo solo asistieron 2 y 4 se conectaron virtualmente.

Una de las ausentes fue la secretaria de la Comisión, Nelcy Heidinger, del acuñismo. La parlamentaria se conectó, aunque reportó problemas con su internet. Al momento de pasar lista no respondió ninguno de los tres llamados de asistencia y se decidió suspender la sesión por inasistencias. Los otros angelitos ausentes fueron los fujimoristas Rosangella Barbarán, Héctor Ventura, Cruz Zeta y Auristela Obando; las cerronistas Kelly Portalatino y María Taipe; y la podemita Kira Alcarraz. Congreso de puro alcahuete. 

Ruth Luque denuncia a Dina Boluarte por no restituir y hacer modificaciones a la ley de detención preliminar

Dina Boluarte sigue disfrutando de su mini-gira por Davos, vendiendo humo a los empresarios, pero a su regreso tendrá que enfrentarse a otra denuncia constitucional. Esta vez, Ruth Luque la acusa de no promulgar, y encima alterar de manera irregular, la norma que restituye la detención preliminar. Luque asegura que esta demora estratégica permitió que personas involucradas en graves casos de corrupción, como el vocero Freddy Hinojosa o su hermanito Nicanor, escaparan de ser detenidos. Buena jugada del Gobierno porque, además, le hicieron observaciones que limita la detención preliminar a apenas 47 tipos penales, dejando fuera a 88 delitos, entre ellos corrupción, pornografía infantil, violencia contra la mujer, proxenetismo, sobornos… y mejor no seguimos porque la indignación crece.

La denuncia también alcanza al ministro del Interior y al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Pero como ya sabemos, el Congreso difícilmente la tramitará.

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El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible la demanda competencial que interpuso el gobierno de Dina Boluarte contra el Poder Judicial y la Fiscalía, a fin de que dicho órgano defina bajo qué circunstancias un jefe de Estado puede ser acusado.

El TC rechazó la demanda aclarando que la presidenta Dina Boluarte debió presentar una demanda de inconstitucionalidad y no, una de competencia. Ahora la Presidencia tiene un plazo no mayor de cinco días para corregir su error o el pedido será enviado al archivo definitivamente.

Según se supo, la demanda se rechazó por un ‘grosero error de los abogados del Poder Ejecutivo’. La norma legal vigente indica que la presentación de una demanda de la presidencia de la República requiere la aprobación del Consejo de Ministros.

«Se advierte que la presidenta de la República, Dina Boluarte designó al presidente del Consejo de Ministros para que presente una demanda de inconstitucionalidad, por lo cual no existe una autorización expresa de la titular del Poder Ejecutivo para que el presidente del Consejo de Ministros interponga una demanda de competencia», explicó el TC.

Demanda es para los próximos presidentes, dice Adrianzén

Como se recuerda el 7 de agosto del 2024, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén informó que «la demanda competencial que presentó el Ejecutivo contra el PJ y el MP, fue para que el TC defina bajo qué circunstancias a un jefe de Estado se le acusado.

En ese sentido, recordó que «según el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, esa acusación solo puede darse bajo las razones contenidas en el texto constitucional».

«Esta demanda se pensó en los presidentes que vengan a futuro, a fin de que no mermen sus funciones constitucionales ante los llamados de la Fiscalía». Así lo subrayó el jefe del Gabinete Ministerial, descartando que se pretende hacer intocable al Ejecutivo.

Desde el mandato del expresidente Pedro Castillo se consideró que sí es posible investigar a un presidente. Antes, ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público investigaron ni procesaron a un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones. Porque está prohibido en la Constitución.

Pero como la presidenta Dina Boluarte tiene siete investigaciones por presuntos delitos de violación de derechos humanos y corrupción durante el ejercicio de sus funciones. Tiene que acudir a la fiscalía para brindar sus declaraciones indagatorias, lo que, al parecer, quiere evitar.

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Los congresistas denunciados por recibir doble sueldo atacan a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la llamaron ignorante y dictadora. Mientras tanto, Dina Boluarte sigue de paseo en el extranjero e invita a Donald Trump al Perú.

El video Contrataque del Congreso a la Fiscal | Pico a Pico con Mabel Cáceres se publicó en YouTube en este enlace

La Red de Medios Regionales del Perú aborda el tema de la inseguridad, una transmisión en simultáneo por todas nuestras plataformas y redes sociales. 

Periodistas de La Libertad e Ica conversan con el exministro del Interior Rubén Vargas y con los gremios directamente involucrados en esta problemática que afecta especialmente estas dos regiones.

El video Ica y La Libertad: sicariato y extorsión se desborda en el Perú | LA RED se publicó en YouTube en este enlace

Pasó en el Perú | Noticiero desde regiones – 23 enero 2025 – Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

-Puno: Lanzan ultimátum al jefe de la región policial por desairar a los dirigentes y periodistas
-Arequipa: Equipos nuevos sin usar en el hospital de Camaná
-Loreto: Fiscalía inspecciona puestos de intervención rápida abandonados
-Ayacucho: Casos de embarazo adolescente disminuyen en casi 19 %
-Huánuco: Mujeres emprendedoras transforman la economía con chifles innovadores en Castillo Grande

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

El video Lanzan ultimátum al jefe policial por desairar a dirigentes | Pasó en el Perú: noticiero regional se publicó en YouTube en este enlace

“Quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo” es una célebre frase del filósofo español George Santayana, inscrita en el campo de concentración de Auschwitz. Los hechos que narramos en este artículo sucedieron hace poco más de 20 años, pero siguen teniendo enorme vigencia. Por eso mismo, hay que recordarlos.

En abril del 2003 en el Congreso se discutieron dos proyectos de Ley que tenían un mismo objetivo: la derogatoria de la Ley 27357, promulgada el 20 de octubre del 2000 en las postrimerías del régimen fujimorista. La Ley 27357 había establecido un impuesto de 5% a las acciones del Estado en las empresas públicas, lo que dio lugar a enormes ingresos al Tesoro Público a la vez que enormes déficits a las empresas. 

El primer Proyecto de Ley, el PL 4974, fue presentado por el Congresista Javier Diez Canseco, en diciembre del 2002. Luego, el Poder Ejecutivo presentó el PL 5208 en enero del 2003, cuando Javier Silva Ruete era ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo así coincidieron Diez Canseco y Silva Ruete? Aquí se lo contamos.

La inconstitucionalidad de la Ley 27357

Dice la Constitución de 1993 en su Artículo 60: “La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal”. Por lo tanto, si se pone un impuesto de 5% a las acciones del Estado en las empresas públicas, y no a las empresas privadas, no se está cumpliendo con darle a ambas el mismo tratamiento legal. 

Este es exactamente el argumento del PL 5208, que dice: “Otro aspecto a tomar en cuenta es que la existencia de este impuesto no estaría acorde con lo dispuesto en el articulo 60 de la Constitución la cual establece que «el Estado reconoce el pluralismo económico» y señala que «la actividad empresarial pública o no pública recibe el mismo tratamiento legal”. Por todo lo expuesto (…) en virtud del Principio de Legalidad establecido en el artículo 74 de la Constitución, se plantea derogar la Ley N° 27357” (Exposición de Motivos del PL 5208). 

De su lado, el congresista Diez Canseco dijo: “El Impuesto a las Acciones del Estado es totalmente discriminatorio. El Ejecutivo lo ha entendido así. El objetivo de quienes la promulgaron fue colocar en la peor situación a las empresas públicas y saquearlas. La eliminación del impuesto del 5% no ayuda siquiera a colocarlas en concesión o a buscar para ellas socios estratégicos, pero, evidentemente, apunta a mejorar su capital de inversión. De modo que, por ser anticonstitucional, discriminatoria y descapitalizar el haber de toda la nación, de todos los peruanos, la mencionada ley debe ser derogada” (Diario de Debates del Congreso, 22/04/2003).

Terminada la discusión se llevó a cabo la votación en el Pleno. Dice el Diario de Debates: “Se aprueba, por 88 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, el texto sustitutorio del proyecto de ley que deroga la Ley 27357”. Así, la nueva Ley 27957 del 25 de abril del 2003 derogó a la Ley 27357.

Calculando el monto de la sangría a las empresas públicas

El monto total de acciones del Estado en las Empresas Públicas, agrupadas en el holding estatal FONAFE, en el año 2000 bordeaba los 13,000 millones de soles. Las más impactadas fueron las empresas eléctricas: Electroperú, EGASA (Arequipa), EGEMSA (Macchu Picchu), San Gabán (Puno), EGESUR (Tacna), Etevensa (Ventanilla), las redes de transmisión eléctrica (ETECEN y ETESUR). También estaban seriamente afectadas Sedapal, COFIDE, Corpac, Servicio Industrial de la Marina (SIMA, astillero naval), Minero Perú y la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), entre otras. En cuanto a Petroperú, que también estaba en FONAFE, la mayor parte de sus acciones estaban pendientes de emisión e inscripción.

El impuesto del 5% determinó que las empresas públicas pagaran 650, 565 y 600 millones de soles del 2000 al 2002 respectivamente. Si comparamos estas cifras con el PBI nominal de cada uno de esos años, tenemos: 0.37% para el 2000, 0.32% para el 2001 y 0.32% también para el 2002. En total, el Tesoro recibió 1% del PBI por la Ley 27357.

Su situación se tornó insostenible. Sus ingresos anuales no alcanzaban ni para cubrir el monto del impuesto (ver Cuadro). ¿Entonces, qué hicieron? Tuvieron que recurrir a dividendos de años anteriores, a reducciones de capital (se descapitalizaron) e incurrir en deudas. Algunas adelantaron dividendos de años futuros Esto afectó el cumplimento de sus obligaciones, así como las inversiones corrientes y futuras.

La Exposición de Motivos del PL 5208 del Poder Ejecutivo es muy clara: “El impuesto por la tenencia de estas inversiones es mucho mayor que los ingresos que estas mismas inversiones generan. Por ello, FONAFE ha tenido que recurrir a diferentes fuentes para cubrir el déficit generado por el impuesto, como reducciones de capital en efectivo y adelantos de dividendos de ejercicios futuros (…) continuar con esta política afectaría la estructura patrimonial de las empresas”.

Conclusión

La Ley 27357 tuvo como objetivo proveer de ingresos “fáciles” al Tesoro Público. En octubre del 2000, en el Congreso, se argumentó que el gobierno debe tener una “previsión presupuestal para reducir o evitar la volatilidad de las transferencias que anualmente efectúan las empresas públicas”. Dicho de otra manera, las empresas públicas “están demás” y no forman parte de los objetivos del Estado. Al Ejecutivo le bastaba y sobraba tener 600 millones de soles anuales.  

La buena marcha de las empresas, públicas y privadas, no tiene como eje central la propiedad, privada contra pública. El tema esencial es la gobernanza, también llamada Buen Gobierno Corporativo, lo que implica transparencia en todos los niveles de las empresas. Cuando se analiza la marcha de los países del Este Asiático, se aprecia la vigencia de empresas privadas y públicas. Ese es también el significado de que el Estado reconoce el pluralismo económico.

Hoy estamos viendo políticas económicas que cuestionan el neoliberalismo por todas partes, tanto en China e India, como ahora en Estados Unidos. No es la hora de la vuelta al pasado ni de los pilotos automáticos. Se trata es de lograr consensos de largo plazo para lograr los objetivos de crecimiento y desarrollo económico. En el Perú esos consensos han sido efímeros. Como hemos visto, sin embargo, uno de ellos se logró en el 2003 para derogar la Ley 27357. Debiera volver a suceder.

Publicado en Otra Mirada.pe

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El Congreso está recopilando opiniones de abogados para analizar las observaciones del Gobierno a la norma que restituye la detención preliminar.

Giuliana Loza y Humberto Abanto, invitados a la sesión, se mostraron a favor de la restitución, siempre y cuando se modifica para evitar abusos, como lo ocurrió en el caso de Alan García.

Cabe recordar que, entre las observaciones del Gobierno de Dina Boluarte, se limita la aplicación de la detención preliminar a solo 47 tipos penales, dejando fuera 88 delitos, incluidos corrupción, violencia contra la mujer y pornografía infantil.

El video IMPUNIDAD GARANTIZADA| Delitos de corrupción excluidos de la restitución de la detención preliminar se publicó en YouTube en este enlace

La Contraloría General de la República emite un informe que alerta sobre el desabastecimiento de medicamentos en dos hospitales claves de la región La Libertad: el Hospital Víctor Lazarte Echegaray y el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, ambos pertenecientes al Seguro Social de Salud (EsSalud). La situación pone en riesgo la adecuada atención médica y el tratamiento oportuno de los pacientes.

Hospital Víctor Lazarte Echegaray

En visitas de control realizadas los días 21 y 27 de noviembre de 2024, se detectó desabastecimiento en ocho medicamentos, entre ellos la gabapentina de 300 mg, utilizada para prevenir convulsiones. Además, 197 medicamentos presentaban un stock inferior a los dos meses de consumo promedio mensual. Esto representa un peligro significativo para la cobertura de las necesidades de los asegurados.

En contraste, se identificó que nueve medicamentos contaban con un stock superior a seis meses, lo que los expone a un eventual vencimiento, generando pérdidas económicas para el Estado. Esta situación incumple con la Directiva N.°017-GG-ESSALUD-2010, que establece que cuando se detecta abastecimiento superior a tres meses, se deben tomar medidas como redistribuir los bienes excedentes a otros establecimientos y suspender las órdenes de compra pertinentes.

Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta

La supervisión realizada el 21 de noviembre de 2024 reveló que 65 medicamentos se encontraban en condición de desabastecimiento, de los cuales 22, como la penicilamina de 250 mg y la lenalidomida de 25 mg, carecen de alternativas terapéuticas. Este desabastecimiento podría provocar complicaciones graves como la progresión de enfermedades, menor efectividad de los tratamientos o persistencia de los síntomas en los pacientes.

También se identificó que 166 medicamentos tenían un stock inferior a dos meses, lo que amenaza con no cubrir la demanda de forma oportuna. De igual manera, otros 32 medicamentos presentaban un stock superior a seis meses, contraviniendo la misma directiva previamente mencionada.

Panorama nacional

El problema del desabastecimiento no es exclusivo de La Libertad. Entre el 20 y el 27 de noviembre de 2024, la Contraloría visitó 27 hospitales y centros médicos de EsSalud en 14 regiones, constatando que el 85% de ellos (23 de 27) presentaba desabastecimiento de medicamentos. Además, el 78% (21 de 27) mantenía stocks inferiores a dos meses de consumo promedio mensual.

Uno de los casos más críticos se observó en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins de Lima, donde se reportó desabastecimiento de medicamentos esenciales y vitales para tratar enfermedades graves como cáncer y VIH/SIDA, y para atender especialidades como Psiquiatría, Pediatría, Anestesiología y Trasplantes.

Consecuencias y recomendaciones

La situación de desabastecimiento en los hospitales evaluados afecta directamente la calidad de los servicios de salud y pone en riesgo la salud y la vida de miles de asegurados. La Contraloría recomienda implementar con urgencia estrategias de gestión más eficaces para garantizar la adecuada disponibilidad de medicamentos, así como aplicar mecanismos de redistribución y control que minimicen el riesgo de vencimientos y pérdidas.

El acceso oportuno a medicamentos es un componente fundamental del derecho a la salud. Garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y mejorar la gestión de los recursos será crucial para revertir esta preocupante situación.

Respuesta de EsSalud

Tras el informe de la Contraloría, EsSalud emitió un comunicado.

Lea la nota original aquí o visita el medio Noticias Trujillo

El hospital de Camaná atraviesa una grave crisis debido a la falta de equipos médicos esenciales, situación que ha generado el descontento del personal médico y la advertencia de una huelga. La consejera por Camaná, Norma Ortega, informó que la carencia de equipos está impidiendo la realización de intervenciones quirúrgicas, mientras que los equipos adquiridos para el nuevo hospital de Camaná aún no cuentan con la autorización necesaria para su uso.

«El hospital de Camaná en este momento no tiene equipos médicos para operar. Es una situación en la que los médicos no pueden seguir trabajando sin herramientas para cumplir con su trabajo», declaró Ortega. Según la legisladora, la situación fue discutida en una reunión con el cuerpo médico, la dirección del hospital y la Red de Salud Camaná-Caravelí.

Entre los equipos inoperativos se encuentran una torre laparoscópica, dos equipos de anestesiología y dos ecógrafos. Esta falta de funcionalidad ya habría tenido consecuencias graves. “No tienen ecógrafos operativos. Hoy me han reportado de una muerte materna aquí en Arequipa de una paciente que ha sido trasladada del hospital de Camaná, la causa de la muerte sería que el feto habría estado ya fallecido y esto no habría podido ser detectado oportunamente porque estos ecógrafos se encuentran en mal estado”, declaró Ortega.

Solución para hospital de Camaná

La consejera exigió al Gobierno Regional de Arequipa acelerar los trámites administrativos y disponer del expediente técnico de saldo de obra del nuevo hospital, para habilitar el uso de los equipos adquiridos. Estos instrumentos, aunque destinados al futuro nosocomio, podrían aliviar la crisis del actual hospital.

Respecto a la posible huelga, Ortega afirmó que los médicos evalúan la fecha de esta medida, la cual contará con el respaldo de la legisladora.

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¿Robo de militantes? ¿Firmas con engaños? A menos de una semana de lograr la codiciada inscripción en el JNE para participar en las elecciones del 2026, el partido vinculado a Nicanor Boluarte es señalado de prácticas turbias.

Se trata del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), vinculado a Nicanor Boluarte, quien yace en clandestinidad casi dos meses. Recientemente, el 15 de enero, la organización política CPP logró la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo cual actualiza la lista a 40 partidos habilitados para participar en el 2026. Ayer, el partido Ahora Nación, denunció por sus redes sociales que CPP registró a al menos cuatro militantes suyos en las filas de la organización vinculada al hermano presidencial.

CPP inscribió como su apoderado al secretario general de Ahora Nación. También colocaron a tres integrantes del tribunal de etica de Ahora Nación como suplentes del mismo tribunal en CPP.

Ahora Nación, un partido que apostaría por la candidatura presidencial de Alfonso Lopez Chau, rector de la UNI, señala que habían advertido al JNE sobre la grave irregularidad, incluso antes de que se anuncie la inscripción de CPP.

En el contexto de las graves denuncias por las que se investiga a Nicanor Boluarte, presuntamente involucrado en el caso Los Waykis en la Sombra, Ahora Nación exige que no se le afecte el buen nombre.

Partido vinculado a Nicanor Boluarte enfrenta más cuestionamientos sobre su inscripción

¿Dónde están los estándares del nuevo presidente del JNE? A días de conocerse sobre la inscripción el el JNE, varios periodistas y medios comprobaron que la dirección de local partidario de Ciudadanos por el Perú: es falsa. La ubicación consignada por CPP es el inmueble de una familia que no milita para la mencionada organización y niega el funcionamiento de alguna base partidaria.

Así también, en Latina Noticias comprobaron que los números telefónicos compartidos con las autoridades electorales también tendrían una situación irregular. Uno de los números no existe y el otro, el dueño, asegura desconocer su vinculación con la organización CPP relacionada a Nicanor Boluarte.

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Según el balance del Acuerdo de Gobernabilidad Regional 2023-2026, Ayacucho logró reducir los casos de embarazo adolescente en un 18.9 % durante 2024, pasando de 700 casos en 2023 a 603. 

Este avance refleja los esfuerzos por abordar esta problemática, aunque aún queda mucho por hacer para cumplir la meta de reducir el índice al 2 % en 2026.  

La disminución está vinculada a iniciativas como la capacitación de docentes y escolares líderes en 63 instituciones educativas, así como la implementación de 46 redes de prevención en comunidades y centros poblados. 

Sin embargo, persisten preocupaciones, como los 12 casos de violencia sexual contra menores registrados en 2024 y el estancamiento del proyecto de prevención y atención integral para adolescentes, que aún no ha sido ejecutado. 

Las autoridades regionales han señalado que para 2025 priorizarán la ejecución de este proyecto y la ampliación de estrategias educativas y comunitarias. 

El desafío sigue siendo garantizar que estas acciones lleguen a las adolescentes más vulnerables, consolidando los avances y acercándose al cumplimiento de los objetivos trazados en el acuerdo.

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Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada

El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, ya no solo pide la renuncia de Juan José Santiváñez, ahora también lo desafía a indagarlo: «Le entrego mi celular sin resetear para que investigue si realmente yo estaría involucrado con una banda criminal».

Mariños respondió de esta manera al ser aludido por el ministro del Interior, quien aseguró que el burgomaestre se siente perjudicado por los operativos de la Policía contra la minería ilegal en su provincia.

El video NO LE TIENE MIEDO|Alcalde desafía a Santiváñez tras ser aludido:“Le entrego mi celular sin resetear” se publicó en YouTube en este enlace

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica incluyó al gobernador regional Leoncio Huayllani Taype como el líder de la presunta organización criminal “Los Turbios del Saneamiento”, que habría comenzado a operar el 2023, en el Gobierno Regional de Huancavelica.

Por esa razón, los fiscales Wilmer Chauca Berlanga y Julio Chávez Loarte, junto a un equipo especializado, allanaron la noche del último miércoles las viviendas de Huayllani y Edén Ibáñez Zorrilla, señalado como su asesor externo. También intervinieron las oficinas de la Gobernación y la administración regional, donde recopilaron documentos clave para sustentar el caso.

La Fiscalía sostiene que Huayllani, junto con Ibáñez y Vitmer Cueto Murillo, otro investigado en este caso, tomó control de la cadena de valor del saneamiento del agua en la región. Según el expediente, los investigados instauraron un mercado ilegal de proveedores, simularon procesos administrativos y cobraron por servicios inexistentes. Este esquema habría generado un grave perjuicio económico al Estado y enriquecido ilícitamente a los miembros de la red.

Declaraciones de colaboradores eficaces, conversaciones de WhatsApp y vouchers que muestran devoluciones de dinero respaldan las indagaciones de la Fisalía, que también solicitó el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones de los investigados.

El Ministerio Público también investiga a Rubén Sedano Torres, director de Administración del Gobierno Regional de Huancavelica; Ronal Riveros Carhuapoma, director de Abastecimientos; y Ciro Víctor Guerra Tovar, responsable de Adquisiciones. Estos funcionarios habrían ejecutado las órdenes de Huayllani para consolidar el esquema delictivo.

La Fiscalía programó la declaración del gobernador para el 24 de abril. Además, pidió comparecencia restrictiva para 18 investigados.

Mientras tanto, la apelación de prisión preventiva de Edén Ibáñez y Ronal Riveros se resolverá este jueves 23 de enero, ambos patrocinados por Benji Espinoza, exabogado del expresidente Pedro Castillo.

Revisa la ampliación de la investigación fiscal al gobernador Leoncio Huayllani

Disp. 28 Ampliación de Form… by Huanca York Times

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La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, tras audiencia de juicio oral logró que se dicte 13 años y 2 meses de pena privativa de libertad con carácter de efectiva, en contra de José A. Hilasaca C., por el delito de violación sexual en agravio de una menor de iniciales L.A.C.T. de 16 años de edad.

Por su parte el fiscal adjunto provincial, Juan Francisco Ruelas Apaza, detalló que, tras los hechos ocurridos la madrugada del 8 de diciembre de 2023, el ahora sentenciado y la agraviada, se retiran de una fiesta a la que concurrieron en la ciudad de Puno; en ese momento el imputado le quitó el celular a la víctima, cuando transitaban frente a la universidad.

En dicho instante la menor persiguió a José Hilasaca a fin de que le devuelve su teléfono móvil. No obstante, el sentenciado aprovechó el momento para forcejear a su víctima y posteriormente abusar sexualmente de ella.

Luego de producirse el delito, la agraviada recuperó su celular y llamó a su madre, quien fue en su auxilio; y ella con apoyo de efectivos policiales lograron detener al agresor.

Asimismo, el imputado que venía cumpliendo prisión preventiva desde diciembre de 2023 y con la sentencia dada su carcelería, culminará en el año 2037.

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El Estado peruano enfrenta nuevas tensiones con las comunidades indígenas de Loreto tras incumplir los acuerdos alcanzados en diciembre de 2024. 

Las federaciones agrupadas en la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt) han emitido un pronunciamiento denunciando estas faltas y advirtiendo sobre la posibilidad de retomar las protestas en los Lotes 8 y 192, dos zonas de extracción petrolera.

Denuncias de incumplimientos

En un comunicado emitido el 22 de enero, las federaciones Fediquep, Fenacor, Feconaco, Opikafpe y Acodecospat alertaron que ni la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ni el Ministerio de Energía y Minas (Minem) han cumplido con los compromisos asumidos tras las movilizaciones en las cuencas del Marañón y Corrientes. Entre las principales denuncias destacan:

1. La PCM no realizó la reunión acordada en el acta firmada en San Pedro de Maypuco, que debió darse el 20 de enero en Iquitos.
2. Las reuniones técnicas con los ministerios involucrados, esenciales para atender las demandas, no se han convocado.
3. El Minem no garantizó el traslado de las delegaciones indígenas ni la participación de autoridades de alto nivel para los subgrupos del Grupo de Trabajo Multisectorial, programados para el 23 al 25 de enero en Villa Trompeteros.
4. El gobierno ha justificado estas omisiones alegando falta de presupuesto, lo que, según las comunidades, refleja negligencia en la gestión.

“Hasta el día de hoy, el MINEM no ha garantizado el traslado de las delegaciones de Feconaco, Acodecospat y Acodecospat”, señalan las federaciones en su pronunciamiento. 

Además, recalcan: “Recordamos al gobierno y a la opinión pública que las medidas de protesta que tomamos en nuestros territorios solo fueron suspendidas y que de ser necesario serán retomadas con mayor fuerza”.

Una historia de protestas y exigencias

Las comunidades indígenas de los Lotes 8 y 192 han mantenido una relación tensa con el Estado debido a los daños ambientales y la falta de atención a las demandas sociales. 

Desde noviembre de 2024, estas comunidades iniciaron protestas que incluyeron bloqueos fluviales y el control territorial de campamentos petroleros. Entre las exigencias más urgentes estaban la remediación de los sitios contaminados por la explotación petrolera y la modificación de normativas para priorizar esta tarea. 

A finales de diciembre, el gobierno prometió establecer un cronograma de reuniones técnicas y garantizar la participación activa de las comunidades en los procesos de decisión. Sin embargo, los líderes indígenas denuncian que los compromisos quedaron en el papel. 

“En una total falta de respeto a nuestras comunidades y al proceso de diálogo, el MINEM se ha justificado argumentando la falta de presupuesto”, subrayan las federaciones.

Además, las comunidades exigen acción inmediata en temas clave como electrificación, agua potable, saneamiento y atención sanitaria. Estos problemas, derivados de años de abandono estatal y actividad petrolera descontrolada, siguen afectando gravemente su calidad de vida.

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El pasado 10 de setiembre del 2024, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó un anteproyecto de ley para garantizar la autonomía e independencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) -que dirige Tv Perú y Radio Nacional-, respecto de los poderes del Estado.

La iniciativa se envió al Poder Ejecutivo y Legislativo para su trámite y desde entonces no se ha sabido más. La Comisión de Propuesta de Reforma del IRTP dijo que el objetivo es crear un ente con principios de veracidad, neutralidad, imparcialidad y pluralidad de los contenidos, así como el fomento de los valores nacionales, la educación y la cultura.

Sin embargo, además de tener noticieros con información oficial sin presentar el otro lado de la misma, los peruanos hemos visto como directores, periodistas y programas han sido despedidos de manera intempestiva y/o encubierta o sacados de la programación. También cómo la línea política del actual gobierno desinforma o informa solo lo que le es favorable.

Es en el canal TV-Perú en el que más se ha apreciado -en los últimos años- una mayor injerencia del Gobierno en los contenidos. No se ha entendido que tanto el canal como la Radio Nacional “no son una extensión de la oficina de prensa de Palacio o de algún ministerio”.

Peruanos tienen derecho a acceder a información veraz e imparcial

Más bien, a través de sus señales, “los peruanos deben acceder a información veraz, imparcial y objetiva”, refirió Hugo Coya, expresidente del IRTP y quien estuvo al mando de la comisión que preparó el anteproyecto. Advirtió además que en la actualidad estos medios son usados “como un instrumento de propaganda” del gobierno de Dina Boluarte.

Como se informó, a inicios de junio, Ninoska Chandia, cercana al hermano de la presidenta Boluarte, Nicanor Boluarte inició labores como directora del IRTP. En treinta días, hizo recortes, retiró a periodistas que habrían sido incómodos al Ejecutivo bajo la cubierta de “no renovación”.

Con esto, dijo Coya, se “manda un poderoso mensaje en contra de la libertad de expresión, promueve la censura y, refuerza la idea de que el IRTP está siendo usado para la propaganda del gobierno de turno”. Cuando el funcionamiento del IRTP es cubierto por el bolsillo de todos los peruanos, agregó.

Se recuerda la salida del periodista Carlos Cornejo Alayza por referirse a la muerte de un ciudadano a manos de un policía. O a la reportera Ximena Carrasco, quien le preguntó a la mandataria sobre el informe de Human Rights Watch (HRW), respecto a las muertes en las protestas. También la renuncia del conductor del noticiero del canal, Nicolás Salazar. Quien, tras 12 años de trabajar en ese medio, se refirió a la cuestionada gestión de Ninoska Chandia, como la causa de su alejamiento. «Me quitó las ganas de hacer periodismo», dijo.

¿Quién es Ninoska Chandia?

Ninoska Chandía, la actual directora del IRTP asumió oficialmente el 31 de mayo de 2023, por su cercanía a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Desde entonces, ha incrementado su patrimonio cuatro veces, según un reporte de Willax.

“Al contrario de los trabajadores de TV Perú, Ninoska Chandía parece ser la más feliz con su puesto, pues ha visto su patrimonio incrementarse rápidamente desde que está en el cargo. En el 2022 declaró bienes por 156 mil soles. Y en 2024 esta cantidad casi se cuadriplicó, llegando a 520 mil soles”, denunció el medio.

A Chandía la investiga la Fiscalía por usar las instalaciones de TV Perú para promocionar la Universidad César Vallejo de César Acuña Peralta. También por golpear a su expareja violentamente. Gastar el 77,7 % de presupuesto 2024 del IRTP en solo 4 meses de gestión. Y por hacerse una operación estética sin pedir licencia, sin goce de haber.

Y ahora, por un cambio en el Reglamento de Organización y Funciones, que determina la eliminación del consejo directivo, será la única jefa de dicho instituto. En sus manos está el canal del Estado, el único al que miles de peruanos pueden acceder por su señal distribuida en todo el territorio.

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Este miércoles 22 se realizó una conferencia en las instalaciones del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, en el distrito de Cerro Colorado. Allí, representantes de la institución educativa manifestaron el estado en que se encuentra el caso de disputa sobre el terreno de la escuela que se viene dando contra el Arzobispado de Arequipa. Explicaron que el terreno siempre fue propiedad del Estado, pero que una inscripción que se hizo en 1984 la declaraba como parte de la arquidiócesis, acto que calificaron como irregular.

Desde entonces, ha habido un desacuerdo legal respecto a la titularidad del predio, Tanto los directivos de la escuela como los padres de las estudiantes esperan que las autoridades públicas defiendan este espacio considerado perteneciente al Estado, pues de parte del Arzobispado se ha estado pidiendo una orden de desalojo, poniendo en riesgo a más de 500 estudiantes, a pocos meses de iniciar el año escolar.

El asesor legal del Colegio Nuestra Señora de los Dolores indicó que la responsabilidad de la defensa de la escuela recae en las autoridades del Estado, pero que los mismos no vienen realizando una defensa óptima a los intereses de la comunidad educativa, después de que la última contestación antes la demanda del Arzobispado haya sido desestimada por el juez.

A razón de esto, el día de mañana se ha programado una vigilia en el frontis de la escuela en la que asistirán padres de familia, docentes y exalumnos de la institución. La comunidad educativa está pendiente al avance del caso, ante la posibilidad de realizar una movilización para pedir más apoyo por parte de las autoridades.

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