El pasado 7 de septiembre, la Digimin y el Grupo Terna, logró la captura del ciudadano venezolano conocido bajo el alias de ‘Niño Rata’ en Ica. Es el principal sospechoso de haber cometido múltiples asesinatos en la modalidad de sicariato, en Arequipa.
Este individuo formaría parte de la organización criminal ‘Los Gallegos‘. Ellos se dedican a una serie de negocios ilícitos como el cobro de cupos, extorsión, proxenetismo, préstamos mediante la modalidad ‘gota a gota’, entre otros.
La Policía venía siguiendo la pista de ‘Niño Rata’ por los asesinatos por encargo en las ciudades de Piura, Ica y Arequipa. Gustavo Adolfo Marín Ruiz de 22 años, era intensamente buscado por los detectives de Inteligencia de la Divincri de Arequipa desde hace meses.
Bajo este alias de ‘Niño Rata’, se le atribuyen al menos cuatro asesinatos en Arequipa, siendo uno de los criminales más peligrosos del momento.
Entre las víctimas de Marín Ruiz se encuentran Neikel Rafael Bracho Artahona de 24 años, quien fue asesinado el 19 de enero en el distrito de Miraflores. También otro crimen que conmocionó a la ciudad, fue el de Geiverson Machuca Estaba, asesinado el 31 de enero frente a una barbería en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
El 8 de febrero ocurrió uno de los casos de sicariato más sangrientos, ocurrido en la urbanización Bartolomé Herrera. Una de las víctimas fue identificada como Johan Butrón Ponce (29), hijo del exjugador del FBC Melgar, José ‘Pepe’ Butrón. La otra persona fallecida se llamaba Yorcinho Vásquez Coaguila (28).
Por lo menos fueron 15 disparos contra ambas víctimas, una de ellas de nacionalidad peruana, que estaban dentro de un vehículo rojo en esta urbanización.
Intervención en Ica
Durante la intervención policial en Ica, no solo fue detenido Gustavo Marín Ruiz, sino también otros dos ciudadanos venezolanos identificados como Edimar Duno Rivero (27) y Faviannys Yermari Bermudezaguiar (24). Portaban armas de fuego, lo que refuerza las sospechas sobre su implicación en actividades delictivas, y que formarían parte de “Los Gallegos”.
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Preocupa el desabastecimiento de alimentos, combustible y agua potable, lo que llevaría a una emergencia sanitaria. Se puede cruzar a pie a Colombia desde Santa Rosa
El río Amazonas y otros más que surcan la región Loreto han disminuido su caudal drásticamente y se teme pueda haber desabastecimiento de alimentos, combustible y hasta agua potable. Foto: Andina
El caudal del río Amazonas se acerca al nivel que registró hace 14 años, cuando alcanzó el mínimo histórico de 105.38 metros. Ya en agosto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportaba que el nivel del agua del río estaba en 106.87 metros sobre el nivel del mar.
El río tutelar de la Amazonía ha disminuido al momento, más de 2.50 metros por debajo del promedio normal. Pero el caudal de otros ríos como el Nanay e Itaya también ha bajado, entre seis y siete metros.
Según lo informado al momento, este mínimo caudal está impidiendo que las embarcaciones puedan circular normalmente y llevar y traer tanto alimentos como combustible hacia la ciudad de Iquitos. E incluso se teme que puedan quedar incomunicadas varias zonas de la región.
Hay botes y barcas varados, las personas están caminando para desplazarse por áreas donde antes no era posible transitar. Y por la frontera con Colombia, desde la localidad de Santa Rosa se puede cruzar a pie hacia Leticia. También se ha visto a personas salvando a los delfines, colocándolos en zonas con más agua.
El gobernador de Loreto, René Chávez, y otras autoridades están solicitando que se declare en estado de emergencia la región, y así poder enfrentar las posibles consecuencias, de continuar esta situación.
Senamhi: situación podría continuar hasta octubre
Las comunidades ribereñas han expresado su preocupación, porque la actual sequía, podría paralizar la economía regional de Loreto. Insumos como el plátano o las toronjas tienen que ser echados a la basura por la demora en su llegada a la ciudad. Los comerciantes ya están pidiendo ayuda a las autoridades para solucionar este tema.
De acuerdo al Senamhi, esta baja de caudales de los principales ríos amazónicos que atraviesan Loreto se extenderá hasta octubre o noviembre del presente año, según las proyecciones que elaboran sobre la base de las condiciones del clima.
El lugar más afectado por el bajo caudal de los ríos es el puerto Silfo Albán del Castillo, conocido como Masusa, del distrito de Punchana, provincia de Maynas. Al haberse reducido el caudal del río Itaya, tan drásticamente, las motonaves tienen un espacio reducido para avanzar, a velocidad mínima para no quedar varadas, lo que significaría problemas de otro tipo.
Según declaraciones de Marco Paredes, jefe regional del Senamhi, es posible que «en diez días el transporte de pasajeros hacia la frontera comenzará a tener dificultad, atraso para navegar y hasta el riesgo de restringir las operaciones de navegación debido a que no existe la profundidad necesaria del agua para un libre desplazamiento», precisó
Otra preocupación del funcionario es que las plantas de captación de agua potable en el distrito de Requena, Iquitos, Santa Rosa y Caballo Cocha, sufran el desabastecimiento de agua, y esta situación sería una emergencia sanitaria en las próximas semanas.
No hay respuesta de las autoridades
“Estamos emitiendo reportes diarios desde el Senamhi sobre esta situación. Pero hasta el momento no se ha recibido una declaración oficial de las autoridades locales de Loreto”, dijo Paredes.
La falta de una respuesta clara mantiene a los pobladores y comerciantes de Iquitos en una incertidumbre preocupante sobre cómo la ciudad podrá enfrentar los desafíos que se avecinan debido a esta crisis de sequía.
Hay temor por el desabastecimiento de alimentos, combustibles, mercancías y agua potable. Esto además elevaría los costos de los productos de la canasta básica familiar y en general.
Según informan desde la zona los medios de comunicación, “en la cuenca del río Amazonas, estación San Joaquín de Omaguas, en el distrito de Nauta, el puerto se ha distanciado más de 500 metros de la playa. Esto, dificulta la navegación de embarcaciones de carga y de pasajeros”.
Asimismo, en el Bajo Amazonas, toda la extensión de la provincia de Mariscal Ramón Castilla reporta la disminución del caudal del río Amazonas. Así como la aparición de grandes playas y «malos pasos» (bancos de arena).
El congresista por Ica de Acción Popular, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, envuelto en otro escándalo. Junto a uno de sus hermanos, increíblemente busca declarar como «mentalmente incapaz» a su propia madre, María Melva Carbajo, en un intento por ganar un litigio relacionado con la propiedad de una casa en la provincia de Pisco. La vivienda, […]
El congresista por Ica de Acción Popular, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, envuelto en otro escándalo. Junto a uno de sus hermanos, increíblemente busca declarar como «mentalmente incapaz» a su propia madre, María Melva Carbajo, en un intento por ganar un litigio relacionado con la propiedad de una casa en la provincia de Pisco.
La vivienda, valorada en 200 000 soles, ha sido objeto de múltiples disputas legales y transferencias sospechosas, según un reportaje emitido por el programa Cuarto Poder.
Busca apoderarse de la casa de sus propios padres
El caso se remonta al año 2015, cuando Raúl Doroteo convenció a su padre, Raúl Doroteo Neyra, de donar la casa familiar a su suegra, Martha René Trigoso Pinto. El acuerdo, según lo relatado, pretendía proteger el inmueble de una hipoteca que el congresista había realizado sin pagar el préstamo. Sin embargo, en 2017, la suegra vendió la propiedad por apenas 14 000 soles a Antonio Muñoz Suaña, un militante de Acción Popular, quien posteriormente la revendió a un extrabajador del despacho de Doroteo.
La madre del congresista presentó una demanda para anular la donación, alegando que nunca dio su consentimiento como cónyuge en el trámite de cesión de la propiedad. A pesar del proceso judicial en curso, la propiedad fue transferida a diferentes personas, lo que entorpeció el litigio, según el abogado de la madre, Camilo Mendoza.
En 2021, Melva Carbajo logró que el Poder Judicial declarara nula la donación, pero las complicaciones no terminaron ahí. Luis Miguel Silvio de la Cruz, quien había adquirido la vivienda, inició una demanda alegando que la madre del congresista padecía de una incapacidad mental. Esta acción fue respaldada por Raúl Doroteo, quien, junto a su hermano, presentó una solicitud el 27 de agosto de 2024 ante el Segundo Juzgado de Familia de Pisco para que su madre fuera declarada incapaz debido a un infarto cerebral que sufrió en el pasado.
Papá de Raúl Doroteo, dice que pida perdón a su madre
El padre del congresista, visiblemente afectado por la situación, criticó la actitud de sus hijos y solicitó que se realicen exámenes médicos a su esposa para comprobar su plena capacidad mental. “Que le pida perdón a su madre, a mí no”, declaró al programa periodístico, resaltando que su esposa está más consciente que todos sus hijos juntos.
El legislador tuvo su última audiencia el pasado 5 de septiembre. Sin embargo, la sesión fue suspendida luego de que los hermanos Doroteo no lograran acreditar la supuesta incapacidad mental de su madre. Mientras tanto, las denuncias contra Raúl Doroteo continúan acumulándose, incluyendo su implicación en el caso conocido como ‘Los niños’ y otras acusaciones relacionadas con su gestión en el Congreso.
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Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, declaró que el problema a futuro será la escasez del agua, por lo que propuso que en cada cuenca hidrográfica se construya una presa, a fin de garantizar el riego agrario y, por lo tanto, lograr una buena alimentación. “Con una buena agricultura, habrá una buena alimentación […]
El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, declaró que el problema a futuro será la escasez del agua, por lo que propuso que en cada cuenca hidrográfica se construya una presa, a fin de garantizar el riego agrario y, por lo tanto, lograr una buena alimentación.
“Con una buena agricultura, habrá una buena alimentación y si hay una buena alimentación tendremos una buena salud y cero anemia”, explicó. Además, mencionó que las 128 juntas de usuarios que hay a nivel nacional se agrupen y en respaldo al ministro pidan el incremento del presupuesto del sector agrario
La autoridad regional participó esta mañana en el “I Encuentro Nacional con la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú”, que se desarrolló en el auditorio del Colegio de Ingenieros de La Libertad y contó con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero.
Acuña Peralta dijo que debemos prepararnos para afrontar la crisis del agua, pues cada vez se necesita más el líquido elemento, que es vital para desarrollar el agro. “Con una buena agricultura, habrá una buena alimentación y si hay una buena alimentación, tendremos una buena salud”, explicó.
Además, señaló que con una buena alimentación se derrotará la anemia en los niños peruanos, de ahí que es imprescindible que se garantice el abastecimiento de agua, por eso este encuentro nacional de organizaciones de usuarios de agua tiene fundamental importancia.
Indicó que garantizando el abastecimiento de agua, crecerá la frontera agrícola, habrá mayor producción y se generará miles de puestos de trabajo, lo que elevará la calidad de vida de la población.
Incremento de presupuesto
El gobernador liberteño señaló que la primera conclusión de esta reunión debe ser pedir el incremento del presupuesto para el sector agrario. El ministro debe ser respaldado y para eso las 128 juntas de usuarios que existen a nacional deben agruparse para hacer el pedido formal al Poder Ejecutivo, añadió.
También refirió que cuando haya una concesión minera, el inversionista o empresa se comprometa, como condición, a cuidar el medio ambiente. El trabajo en este sentido tiene que ser conjunto: estado, inversionista y comunidad, manifestó.
Por su parte, el titular del MIDAGRI, Angel Manero, a su turno, agradeció al GORE La Libertad por comprometerse y en conjunto promover esta reunión, a fin de escuchar la problemática en el agro y agua, “pues gracias a sus conclusiones, se logrará un mejor desarrollo en el país”. En otro momento, el representante de los usuarios de Puno, Francisco Tito Cami felicitó al gobernador de la Libertad, César Acuña, por haber dispuesto la ejecución de qochas (presas) en las cabeceras de cuencas, lo que constituye una buena iniciativa para garantizar el riego durante todo el año.
Proyecto Chavimochic
Posteriormente, intervino el gerente general del Proyecto Especial Chavimochic, Jhon Cabrera, que expuso las bondades de esta irrigación, que es la más grande del país, al haberse destrabado, a fin de reanudar los trabajos en la presa “Rafael Quevedo” (ex Palo Redondo), y construir el Sifón en Virú y el canal madre desde el río Moche hasta Uricape al norte de Paiján (valle Chicama).
Señaló que el proyecto Chavimochic tiene por función captar las aguas del río Santa para conducirlas a los valles costeros de la región La Libertad: Chao, Virú, Moche y Chicama, a fin de irrigar las extensas zonas áridas y hacerlas productivas con fines de agroexportación.
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La Contraloría advirtió que el Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) contrató a personas naturales impedidas e inhabilitadas para proveer y prestar servicios a favor del Estado, situación que afectó la legalidad en las contrataciones públicas. Según el informe N° 050-2024-2-5335-AOP, se evidenció que el Ejecutivo Regional realizó la contratación de personas naturales inscritas en el […]
La Contraloría advirtió que el Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) contrató a personas naturales impedidas e inhabilitadas para proveer y prestar servicios a favor del Estado, situación que afectó la legalidad en las contrataciones públicas.
Según el informe N° 050-2024-2-5335-AOP, se evidenció que el Ejecutivo Regional realizó la contratación de personas naturales inscritas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, impedidas de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, e inhabilitadas para prestar servicios al Estado durante el período 2023.
Se advierte que la entidad contrató a los señores: Arango Vallejos Christian Yony, Ramírez Inca Cristian Anderson, Bustamante Albites José Luis y Escalante Roca Henry Esteban, pese a que se encontraban impedidos e inhabilitados para prestar servicios a favor del Estado por condenas penales por delitos contra la administración pública.
Esta situación afectaría la legalidad en las contrataciones públicas y el correcto funcionamiento de la administración pública.
En ese contexto, se advierte que la entidad incumplió lo señalado en el numeral 11.1 del artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado y la Directiva, toda vez que contrató a personas naturales.
Sanciones
El señor Arango Vallejos Christian Yony se encuentra con una sanción de destitución que inhabilita, cuyo alcance, según nota, es una sanción disciplinaria de destitución y despido, con inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública y para prestar servicios por cinco años, la cual se encuentra vigente, impuesta por el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (País).
Ramírez Inca Cristian Anderson se encuentra con una sanción de inhabilitación del Poder Judicial para prestar servicios a favor del Estado, la cual se encuentra vigente por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), debido a sanciones por condenas penales por delitos contra la administración pública.
Bustamante Albites José Luis tiene dos sanciones impuestas: la primera es una inhabilitación del Poder Judicial para prestar servicios a favor del Estado, la cual se encuentra vigente por Servir, debido a sanciones por condenas penales por delitos contra la administración pública.
La segunda sanción es de inhabilitación por la Municipalidad Provincial de La Mar, por la sanción de “privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular, en agravio del Estado.” En tal sentido, Bustamante Albites José Luis se encontraba inhabilitado para prestar servicios al Estado desde el 4 de marzo de 2022.
Escalante Roca Henry Esteban se encuentra con dos sanciones impuestas e inhabilitación desde junio de 2019.
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La otra cara del turismo en Cusco refleja un desafío permanente ante la evolución de la sociedad. ¿Dónde está el límite entre el desarrollo de los pueblos y la protección del patrimonio? El siguiente reportaje busca evidenciar la realidad de las comunidades que viven dentro zonas arqueológicas del Cusco planteando un balance entre la exposición […]
La otra cara del turismo en Cusco refleja un desafío permanente ante la evolución de la sociedad. ¿Dónde está el límite entre el desarrollo de los pueblos y la protección del patrimonio? El siguiente reportaje busca evidenciar la realidad de las comunidades que viven dentro zonas arqueológicas del Cusco planteando un balance entre la exposición de las dificultades que enfrentan los habitantes y la importancia de la preservación del patrimonio, abogando por un diálogo constructivo entre todas las partes involucradas.
Hacer una reflexión crítica sobre el impacto del turismo en las comunidades cercanas a los sitios arqueológicos de Cusco, Perú, es abordar temas y debates comunes sobre la gestión del patrimonio cultural y el desarrollo en áreas turísticas. Existe una tensión permanente entre la preservación del patrimonio histórico y el desarrollo de las comunidades locales. El turismo en Cusco, especialmente en lugares emblemáticos como Machu Picchu, trae consigo beneficios económicos, pero también plantea desafíos significativos para las comunidades cercanas que enfrentan restricciones en su desarrollo debido a las regulaciones del Ministerio de Cultura. Este tipo de discusión es común en el análisis de la gestión del patrimonio y el turismo, y a menudo se encuentra en informes académicos o en estudios de caso sobre el impacto del turismo en sitios arqueológicos y culturales. Sin embargo, la solución parece estar cada vez más lejos.
El contraste del turismo en Cusco: La otra cara
Cusco, cuna de una de las civilizaciones más grandiosas del mundo, es hoy un epicentro turístico de escala global. Cada año, millones de turistas visitan lugares emblemáticos como Machu Picchu y Ollantaytambo, trayendo consigo una inyección económica crucial. Pero, ¿quién realmente se beneficia de este boom turístico? Antes de la pandemia, el turismo en Cusco generaba unos 2.000 millones de dólares al año, principalmente por la visita a Machu Picchu y otros sitios emblemáticos. Machu Picchu sola aportaba entre 70 y 80 millones de dólares anuales en ingresos por entradas. La pandemia redujo drásticamente el turismo, pero desde 2021, la región está en proceso de recuperación.
Además de los ingresos directos, el turismo en Cusco sostiene numerosos empleos en sectores como hoteles, restaurantes y agencias de viajes. Sin embargo, para las comunidades que viven en las cercanías de estos sitios arqueológicos, el turismo parece una realidad distante. Viven en zonas protegidas donde cualquier desarrollo está estrictamente controlado por el Ministerio de Cultura, una situación que, para ellos, es asfixiante. Sin acceso a servicios básicos como agua, desagüe, e internet, estas comunidades se sienten atrapadas. Las restricciones impuestas por el Ministerio de Cultura, destinadas a proteger el patrimonio, también impiden cualquier tipo de desarrollo.
El Debate del Patrimonio
El Ministerio de Cultura argumenta que cualquier expansión de estas comunidades podría poner en peligro el patrimonio arqueológico. Pero para los habitantes, esta es la única tierra que han conocido, heredada de sus ancestros, y sienten que están siendo marginados en su propio hogar.
La Necesidad de un Diálogo
La solución no es sencilla. Se necesita un equilibrio entre la preservación del patrimonio y el derecho al desarrollo de las comunidades. Las autoridades y los ciudadanos deben encontrar un punto medio que permita tanto la protección del patrimonio como el crecimiento sostenible de los pueblos.
Cusco: ¿Dónde está el límite?
¿Dónde está el límite entre el desarrollo de los pueblos y la protección del patrimonio? Esa es la pregunta que estas comunidades y las autoridades deben responder antes de que sea demasiado tarde. El Cusco, con su riqueza histórica y cultural, debe ser un lugar donde tanto el pasado como el presente puedan coexistir y prosperar. Solo a través del diálogo y la comprensión mutua, se puede alcanzar un futuro en el que todos sean beneficiarios de su propia herencia.
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El caso del supuesto suicidio de Miguel Antonio Zúñiga Hinojosa, un bombero voluntario de 33 años, ha dado un giro radical. Según las recientes pericias policiales, su muerte podría ser un asesinato, y la principal sospechosa sería su esposa, con quien tenía hijos gemelos. El trágico suceso ocurrió el 21 de abril de 2024 en […]
El caso del supuesto suicidio de Miguel Antonio Zúñiga Hinojosa, un bombero voluntario de 33 años, ha dado un giro radical. Según las recientes pericias policiales, su muerte podría ser un asesinato, y la principal sospechosa sería su esposa, con quien tenía hijos gemelos. El trágico suceso ocurrió el 21 de abril de 2024 en la avenida Túpac Amaru, en Juliaca.
En un primer momento, la policía informó que Zúñiga habría discutido con su pareja antes de dispararse en la sien con su arma reglamentaria, ya que también trabajaba en Prosegur. Sin embargo, compañeros de la víctima, tanto bomberos como policías, comenzaron a sospechar debido a ciertos detalles que no encajaban. Esto llevó a que el equipo de Criminalística realizara una investigación más detallada que finalmente desmentiría la versión inicial de suicidio.
Pericias reveladoras
Las autoridades realizaron una prueba de absorción atómica para detectar residuos de disparo por arma de fuego tanto en las manos de la víctima como en las de su esposa, Yanira Cusacani Chávez, de 32 años. Los resultados del análisis en las manos de Zúñiga fueron negativos para residuos de plomo, bario y antimonio, lo que sugiere que él no disparó el arma.
Por otro lado, las pruebas realizadas a Cusacani arrojaron un resultado positivo, indicando la presencia de altos niveles de estos elementos en ambas manos, lo que indica que fue ella quien disparó el arma con ambas manos.
Nuevas contradicciones y giro en la investigación
Con estos nuevos hallazgos, el caso tomó un giro inesperado, y las autoridades comenzaron a investigar el deceso como un posible asesinato. Las contradicciones en las declaraciones de Cusacani también han despertado sospechas. El día de los hechos, ella declaró que su pareja llegó a casa en estado de ebriedad alrededor de las 07:30 a.m., y tras unas horas, se desató una discusión.
Según su versión, mientras se encontraba en la cocina, escuchó un fuerte estruendo. Al ingresar a la habitación, encontró a Zúñiga tendido en el suelo en medio de un charco de sangre. Sin embargo, en una declaración posterior ante la Primera Fiscalía Provincial Penal de San Román, su versión cambió en ciertos detalles, como la posición del cuerpo y el lugar de la sangre.
Detalles sospechosos
La policía ha encontrado varias irregularidades en el relato de Cusacani. Un detalle que resulta particularmente extraño es que nunca mencionó la existencia del arma, a pesar de que esta fue encontrada cerca del cuerpo. Además, la pistola fue hallada al lado izquierdo de Zúñiga, cuando el disparo fue en su sien derecha, lo que hace que un suicidio sea poco probable.
Familia pide justicia
Mientras tanto, la familia de Miguel Antonio Zúñiga Hinojosa exige justicia y que la verdad salga a la luz. Personal de Criminalística ha señalado que ya han concluido su investigación y remitido los informes a las autoridades competentes, quedando ahora en sus manos tomar las acciones correspondientes.
El fiscal Edgar Machaca Mamani ha imputado el delito de parricidio a Yanira Cusacani, pero hasta el momento, el juez a cargo del caso no ha emitido un fallo al respecto. Se espera que en los próximos días se tomen decisiones importantes que puedan esclarecer este caso.
Este es un trágico desenlace que ha conmocionado a la comunidad, y la verdad aún está por revelarse. Seguiremos informando sobre los avances de este caso en nuestras próximas publicaciones.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Un grupo de trabajadores del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), de la Dirección predial descentralizada de Junín, Huancavelica y Ayacucho, fueron secuestrados y asaltados a mano armada en la ruta Ayacucho – Huancayo. La banda criminal “Los malditos de la carretera Huancayo-Huanta” secuestraron a mano armada, a bordo de una camioneta de placa V7Z-915, […]
Un grupo de trabajadores del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), de la Dirección predial descentralizada de Junín, Huancavelica y Ayacucho, fueron secuestrados y asaltados a mano armada en la ruta Ayacucho – Huancayo.
La banda criminal “Los malditos de la carretera Huancayo-Huanta” secuestraron a mano armada, a bordo de una camioneta de placa V7Z-915, a los viajeros en la ruta de Ayacucho – Huancayo y durante la madrugada despojaron de todas sus pertenencias a los funcionarios del MTC para luego abandonarlos en un descampado.
El atraco sucedió en la carretera de Huanta, donde fueron interceptados por los delincuentes y luego abandonados en una zona desabarrancada para evitar que alerten a la Policía.
Sin embargo, policías de Abombaba (Huancavelica) rescataron a los funcionarios y capturaron de Nicanor Inga (43) a bordo de la camioneta con la que cometían sus fechorías.
En el vehículo incautado encontraron celulares de dudosa procedencia y un radio comunicador, con lo que se presume que los hampones se comunicaban para cometer sus atracos.
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Serán 07 los distritos de Arequipa afectados por cortes de luz entre martes 10 y miércoles 11 de setiembre, según Seal. | IMAGEN: Gob.pe/Seal/Josué Del Mar/El Búho.pe
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste – Seal dio a conocer los cortes de luz en Arequipa que realizarán este martes 10 y miércoles 11 de setiembre. La interrupción del servicio afectará algunas zonas de 07 distritos del departamento en algunos días del periodo antes señalado.
Respecto a la razón de las interrupciones escalonadas en distritos de Arequipa, Seal informó los motivos que los obligan a suprimir temporalmente el servicio. Personal de la empresa prestadora de servicios llevará a cabo el mantenimiento de redes.
¿Qué distritos se verán afectados en Arequipa?
Provincia de Arequipa: Alto Selva Alegre, Cercado de Arequipa, Miraflores.
Provincia de Caravelí: Atico, Acarí.
Provincia de Caylloma: Majes.
Provincia de La Unión: Cotahuasi.
Cortes de luz el martes 10 de setiembre: horarios y zonas
Algunas zonas de los distritos de Alto Selva Alegre, Cercado de Arequipa y Miraflores tienen cortes de luz programados a partir de las 07:30 hasta las 14:30 horas. En tanto, sectores de las localidades de Atico quedarán sin el servicio eléctrico entre 08:00 y 16:00 horas. Asimismo, partes de las comunas de Acarí estarán con restricción del suministro, en forma escalonada, de 07:30 a 17:30 horas. Por último, en ciertas zonas de las jurisdicciones de Majes no contarán con electricidad a partir de las 07:00 hasta las 12:00 horas.
Interrupciones programadas para algunas zonas de distritos de la provincia de Arequipa.Interrupciones programadas para algunas zonas de distritos de la provincia de Caravelí.Suspensiones programadas para algunas zonas de distritos de la provincia de Caylloma.
Cortes de luz el miércoles 11 de setiembre: horarios y zonas
Algunas zonas de los distritos de Cotahuasi tienen cortes de luz programados a partir de las 07:00 hasta las 14:00 horas.
Interrupciones programadas para algunas zonas de distritos de la provincia de La Unión.
Recomendaciones frente a los cortes de luz en Arequipa entre martes 10 y miércoles 11 de setiembre
Seal recomendó a los consumidores que constaten si serán perjudicados, buscando el número de subestaciones (SE) en la parte superior de su recibo. En caso de alguna consulta pueden contactar al número directo 054-381388. La atención al público es de lunes a viernes, de 07:30 a 20:00 horas, y los sábados, de 08:00 a 13:00 horas.
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Migraciones emitió alerta múltiple contra Andrés Hurtado, conocido popularmente como “Chibolín”. La medida de la Superintendencia Nacional de Migraciones se activó luego que el conductor de televisión con nexos políticos fuera involucrado en presuntos delitos de tráfico de influencias y sobornos relacionados con el tráfico ilegal de oro. La alerta se difundió a nivel nacional […]
Migraciones emitió alerta múltiple contra Andrés Hurtado, conocido popularmente como “Chibolín”. La medida de la Superintendencia Nacional de Migraciones se activó luego que el conductor de televisión con nexos políticos fuera involucrado en presuntos delitos de tráfico de influencias y sobornos relacionados con el tráfico ilegal de oro.
La alerta se difundió a nivel nacional para asegurar que Hurtado no pueda evadir las investigaciones que afronta. Sin embargo, después de conocer la alerta ayer domingo, se desconocía el paradero de Andrés Avelino Hurtado Grados. No obstante, el conductor de televisión reapareció desde su cuenta de TikTok asegurando que será sometido a una operación.
La Fiscalía ha señalado que Hurtado, junto con otras personas, está siendo investigado por recibir un presunto soborno a cambio de gestionar la devolución de 100 kilos de oro que habían sido incautados a una organización de traficantes.
Entre las presuntas implicadas se menciona a la fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur. la abogada negó las acusaciones y señaló que se trataría de una emboscada de Andrés Hurtado «Chibolín».
En entrevista con el programa Contracorriente, Luz Peralta admitió que mantenía amistad desde el 2015 con el Andrés Hurtado «Chibolín». Sin embargo, descartó que haya participado en ilícitos que la involucren con la familia Siucho. La abogada llegó a señalar que fue invitada a una reunión, sin saber, por lo que le llamó «una emboscada»:
“Él [Andrés Hurtado] me llama y me dice: ‘Vente a mi casa’. Cuando llego, encuentro a dos señores, soy fiscal de lavado de activos, pero yo no sabía que eran los señores Siucho. Yo no sabía que ellos estaban siendo investigados, lo desconocía. Yo he ido, prácticamente, a una emboscada de Andrés Hurtado”.
Fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur al ser involucrada con la familia Siucho.
¿Por qué se investiga a Andrés Hurtado “Chibolín”?
El Ministerio Público decidió abrir investigación a la abogada y fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur, quien estaría implicada en el presunto esquema de sobornos junto a Andrés Hurtado «Chibolín». La medida se tomó luego de unas declaraciones realizadas presuntamente por Ana Siucho. Esta última está vinculada a un clan familiar que, a su vez, estarían implicados en las investigaciones contra el hermano de Dina Boluarte: Nicanor Boluarte. El vínculo de los Siucho se presume sería mediante el abogado Mateo Castañeda, según declaraciones dadas para intentar aplicar a figuras de colaboración.
“‘Iván, puedes preguntarle a Andrés si me puede ayudar con mi tema de lavado de activos’. El señor Andrés Hurtado responde: ‘Claro, conversemos’», sería una de las declaraciones de Ana Siucho que implica a Andrés Hurtado “Chibolin”.
Las autoridades están examinando las pruebas y testimonios para determinar el grado de implicación de Hurtado en estos actos ilícitos.
La alerta migratoria y otras cautelares son para asegurar que Hurtado no interfiera con la investigación. Estas incluyen la vigilancia de sus actividades financieras.
“Tengo más de 40 años en el Ministerio Público, tengo una trayectoria impecable y nunca he estado metida en escándalos. La incautación que dice la señorita [Ana Siucho] es de 100 kilos, pero fueron 200 y eso lo hizo la Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía de Medio Ambiente de Trujillo”
Fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur al ser involucrada con la familia Siucho.
En medio de esta situación, Andrés Hurtado Chibolín aseguro que se tomaría un descanso de la pantalla chica unos días. Sin embargo, Panamericana Televisión, donde se emitía el programa del ex cómico, aclaró que en realidad suspendieron al conductor.
Actualización 12:50 horas, del lunes 9 de septiembre:
NOTA DE REDACCIÓN: Inicialmente, esta nota compartió enlaces y declaraciones de una cuenta de X, antes Twitter, que se atribuye al periodista Gustavo Gorriti. Informamos mediante esta actualización que dicha cuenta es falsa. El periodista e IDL-Reporteros han negado tener el control del perfil @IDL_Gorriti.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
José Elice de Proética y Erick Chuquitapa de Redes conversan con la Red de Medios Regionales del Perú sobre este mal que se ha convertido en un quiebre con la democracia
La corrupción significa pobreza, paralización de obras, caer en los niveles de moralidad y como país en términos económicos o de desarrollo. Los peruanos tenemos que erradicar este "chip" y liderar una movilización social para lograrlo.
La Subgerencia del Observatorio Anticorrupción (OBANT) de la Contraloría General de la República del Perú (CGR), ha hecho una medición del Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) para “aportar al estudio y entendimiento del fenómeno de la corrupción e inconducta funcional en el sector público peruano”.
Con datos oficiales recogidos de la observación directa, este índice muestra algunos hallazgos como que, el 39 % de funcionarios o servidores públicos con sanciones vigentes son del Gobierno Nacional. O que más de 9 mil servidores públicos con responsabilidades administrativas, civil y/o penal son directivos. También, que hay más cien mil proyectos abandonados y sin continuidad financiera; o que el 54 % de las entidades contrataron al menos a un proveedor impedido de hacerlo con el Estado.
Asimismo, en un último informe de la Defensoría del Pueblo, entre enero a junio de 2024, se han registrado 6,294 casos de corrupción de los cuales 1,354 son por peculado, es decir, que tienen que ver con la administración de recursos. Y de todos ellos, 6,002 están en investigación preliminar, lo que significa que todavía no hay un avance mayor.
Frente a esta situación, hay un escenario transversal hacia el 2026, y es que vamos a tener siete procesos electorales para renovar autoridades, desde presidentes hasta alcaldes distritales, en un mismo año. Surge la inquietud de cómo podemos prepararnos para este escenario a fin de elegir a las personas correctas.
Para hablar y reflexionar sobre la corrupción y su costo -en términos reales- para los ciudadanos, las instituciones y las regiones donde vivimos, la Red de Medios Regionales del Perú invitó a José Elice Navarro, director ejecutivo de Proética, y a Erick Chuquitapa Rojas, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
“La corrupción se ha incrementado después de la pandemia”
Erick Chuquitapa Rojas, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), dijo que uno de cada dos peruanos considera la corrupción como el principal problema del país. Y que hay algunos datos asociados en los que se ve que el tema de la corrupción se ha incrementado inclusive después de la pandemia.
“Entre el año 2022 y el año 2024, de acuerdo al informe que tenemos, la corrupción ha superado los 24,000 millones de soles, cuando en el año 2022 se hablaba de 22,000 millones, es decir, que en estos dos años se ha seguido incrementado”, dijo.
Erick Chuquitapa Rojas, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES)
Al respecto, remarcó que el problema de la corrupción, en términos de cifras, afecta a gobiernos regionales y también a los gobiernos locales, es decir, que los indicadores o los costos de la corrupción se distribuyen en diferentes territorios. Citó como ejemplo que, en el caso de Cusco, los riesgos de corrupción están alrededor de los 1,352 millones. Es una de las regiones que tiene un costo demasiado alto. “Estamos hablando de 12 o 13 soles por cada 100 soles que se ejecuta”, refirió.
«La población percibe cómo le afecta este mal»
Chuquitapa Rojas añadió que la principal percepción que tiene la población respecto a la corrupción es que afecta la vida cotidiana, a la economía familiar. “Porque piensan que es un trabajo menos que puedo tener. O una oportunidad perdida en la que podían generar trabajo, porque son costos vinculados a actividades -digamos empresariales- por los que hay que pagar, quizás para obtener algún permiso, alguna licencia”, comentó.
Dijo que esos detalles son a veces imperceptibles y que de manera cotidiana se piensa: “bueno, acá está mi cariño, mi reconocimiento, mi agradecimiento. Pero son actos de corrupción y, lógicamente, eso va de la mano también de la delincuencia, que son los dos aspectos que han estado siempre presentes”.
“Las personas también piensan que la corrupción afecta al crecimiento económico del país, que tiene un costo, que retrasa el buen desarrollo de la economía”.
Erick Chuquitapa Rojas, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES)
En ese sentido, recordó que la corrupción está vinculada a la desconfianza. “Si uno tiene desconfianza, no va a tener la iniciativa para emprender, hacer nuevos negocios o inclusive buscar un empleo, porque puede estar asociado a actos de corrupción”, explicó.
“La gente tiene una muy buena percepción respecto a cómo la corrupción impacta en su vida diaria y en la economía familiar, principalmente”, aseguró.
José Elice: “la corrupción en el ámbito político representa un quiebre absoluto con el estado democrático de derecho”
José Elice, director ejecutivo de Proética, coincidió en que la corrupción impacta socialmente porque resta oportunidades a los peruanos. “Para disfrutar de la infraestructura y los servicios de calidad que necesitan y que merecen, que merecemos todos”, dijo.
“En el ámbito político, [la corrupción] representa un quiebre absoluto con el modelo de Estado de derecho, con el estado democrático y de nuestro modelo de democracia representativa, en el que la población tiene cada vez menos confianza”, aseguró.
José Elice, director ejecutivo de Proética
Elice Navarro explicó que esta desconfianza la podemos ver en el resultado de las sucesivas encuestas con relación al gobierno. Respecto a la propia presidenta de la República y al Congreso, especialmente, lo que genera un ambiente y una sensación de inestabilidad profunda e inseguridad jurídica para los actores económicos
Respecto a las brechas en cuanto a infraestructura, que también origina la corrupción, José Elice dijo que los datos lo grafican. Esto, según la Contraloría General de la República, y algunos gremios como la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
«Tenemos un problema de ‘chip’, lo tenemos en la cabeza, la hemos normalizado y aceptado»
Así, ya se conoce el tamaño de las brechas que hay en desarrollo de infraestructura y que impactan significativamente sobre las condiciones de vida de la población. La satisfacción de sus necesidades de comunicación, de transporte y demás. Entonces, es el momento de preguntarnos si cada uno de nosotros, desde el punto de vista formal, seguimos haciendo o cumpliendo todas las tareas que un país debería cumplir para disminuir al mínimo posible este mal, cuestionó.
Elice, quien es abogado especializado en Derecho público, cuestiona que, si formalmente se ha cumplido con todas las “tareas”, se han suscrito las convenciones globales anticorrupción, se tiene un plan nacional anticorrupción al 2021, y tenemos las oficinas estatales que deberían combatir directamente este fenómeno, como la Contraloría General de la República; ¿por qué seguimos así? O sea, empeorando.
En ese sentido, se refirió al estudio de microcorrupción de Redes en el que se explica que, si uno entrega un sol de coima o entrega millones de soles de coima, en los dos casos es corrupción.
“Tenemos un problema de ‘chip’, lo tenemos en la cabeza, hemos normalizado y aceptado la corrupción y no tenemos quién lidere una gran movilización ciudadana contra este fenómeno”, advirtió.
José Elice, director ejecutivo de Proética
«No se les ha mostrado a los peruanos claramente por qué nos hace daño»
Según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, el Perú ha estado estacionado o ha bajado en este ranking de 180 países. Y ahora está en el puesto 121 de corrupción. “Es muy grave”, comentó.
Elice dijo que se le muestran cifras de la corrupción a la población, cuando gran parte de peruanos ya sufren las consecuencias de este mal. Pero no se les ha mostrado claramente por qué la corrupción nos hace daño y por qué tenemos que erradicarla de nuestra cabeza.
Entonces, enfatizó, tenemos que cambiar el chip. ¿Cómo lo hacemos? Esta tiene que ser una movilización ciudadana en la que esperaríamos que surjan líderes. Líderes que quieran llegar al gobierno o a diferentes cargos de elección popular y vayan con este mensaje. Y hagan entender a sus seguidores, a la ciudadanía, a sus votantes, que tenemos que cambiar ese chip. Que es una palabra que ya se incorporó en el diccionario de la Real Academia Española y tiene que ver con la mentalidad.
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A través de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas, se corroboró que el certificado ambiental aprobado en 2018 se perdió automáticamente en septiembre del 2023
Valle Chilina en Arequipa. | FOTO: Liz Campos/ El Búho
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE), confirmó que la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA)perdió la certificación ambiental del proyecto “Central Hidroeléctrica Charcani VII y Sistema de interconexión al SEIN” el pasado 17 de septiembre de 2023. Esta información fue corroborada mediante el informe N° 0337-2024-MINEM/DGAAE-DGAE emitido el 5 de septiembre, al cual El Búho tuvo acceso.
Como se recuerda, Egasa ya opera seis centrales hidroeléctricas. La séptima planta está planeada para construirse en el Valle Chilina y el Parque de las Rocas, ubicadas en los distritos de Cayma y Alto Selva Alegre respectivamente, lo que genera preocupación y controversia de parte de la comunidad local.
Informe del Minem
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto se aprobó el 17 de septiembre del 2018 (Resolución Directoral Nº 004-2018-MEM/DGAAE). Este certificado tuvo vigencia por un plazo de 5 años para iniciar la ejecución de las obras de Charcani VII. No obstante, recién en junio del 2023, Egasa comunicó a la DGAAE el inicio de la etapa de construcción del proyecto con la adquisición de terrenos. Esta actividad consistió en el levantamiento topográfico de la zona, permitiendo obtener la posición de los terrenos que pretenden adquirir.
Meses después, en septiembre, la empresa informó también que harían mantenimiento a los caminos de acceso existentes en la zona. Sin embargo, en octubre, comunica a la DGAAE la suspensión de estos trabajos. No fue hasta abril de este año que Egasa solicitó se tenga por iniciada la ejecución de obras del proyecto con dichos avances. En ese sentido, pidió se declare la certificación ambiental del proyecto como vigente.
Ante esto, la DGAAE requirió información al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), autoridad encargada de la fiscalización ambiental, que realizó una inspección del 24 de abril al 3 de mayo para verificar el estado de los avances de la Central Hidroeléctrica Charcani VII. La Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSAEM) del OEFA hizo también una inspección. Incluyó a las Centrales Hidroeléctricas Charcani I, II, III, IV, V y VI. En su oficio (N° 00869-2024-OEFA/DSEM del 4 de junio) manifiesta lo siguiente:
“(…) evidenciándose que Egasa aún no había iniciado con las actividades correspondientes a dicha etapa, debido a que no se observaron infraestructuras, maquinaria, personal, materiales u otro elemento relacionado a la etapa constructiva en las áreas donde se ubicarán las obras de campamento, casa de máquinas y el canal de ampliación de la referida central hidroeléctrica (…)”
Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSAEM) del OEFA
Pérdida del certificado ambiental
De acuerdo con la normativa vigente, el artículo 57 del reglamento de la Ley Nº 27446 del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA): “(…) La Certificación Ambiental pierde vigencia si, dentro del plazo máximo de tres (03) años posteriores a su emisión, el titular no inicia las obras para la ejecución del proyecto. Este plazo podrá ser ampliado por la Autoridad Competente, por única vez y a pedido sustentado del titular, hasta por dos (02) años adicionales. En caso de pérdida de vigencia de la Certificación Ambiental, para el otorgamiento de una nueva Certificación Ambiental, el titular deberá presentar el estudio ambiental incluyendo las modificaciones correspondientes.”
En ese sentido, la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPIGA) del Ministerio del Ambiente (Minam) —ente rector del SEIA—, señala que la pérdida de vigencia de la certificación ambiental se da automáticamente cuando “en un plazo máximo de 05 años el titular no inicia la ejecución del proyecto de inversión”, según figura en el numeral 12.2 del artículo 12 de la Ley del SEIA —modificada por el D.L. Nº 1394—.
La DGAAE concluyó en su informe que la actividad de ‘adquisición de terrenos’, comunicada por Egasa, no se considera como el inicio de la ejecución del proyecto Charcani VII, conforme a lo establecido en el EIA aprobado.
“En consecuencia, al haber transcurrido el plazo de 5 años desde la emisión de la certificación ambiental y no efectuar el inicio de la ejecución del Proyecto, entendiendo ello como el inicio de las actividades de la etapa constructiva de los componentes principales y auxiliares (intervención física para el inicio de obras), de acuerdo con la descripción e identificación de impactos ambientales para dicha etapa, la cual ha sido establecida y aprobada en el EIA; se produjo, de manera automática, la pérdida de la certificación ambiental del Proyecto el 17 de setiembre de 2023”
Informe del Minem
Finalmente, como recomendación, este documento se remitirá a Egasa y a OEFA.
Midagri ya comunicó a la concesionaria Angostura Siguas (Grupo Cobra) sobre el cambio de concedente en la ejecución del Proyecto Especial Majes Siguas II Etapa
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) presentó el plan de trabajo que viene llevando a cabo en torno al convenio de transferencia del Proyecto Integral Majes Siguas, que elGobierno Regional de Arequipa (GRA) le cedió en julio de este año.
El documento de 15 páginas resalta varias tareas que ejecuta Midagri mientras se concluye el proceso de transferencia del proyecto. Este hecho solo se dará cuando se culminen ciertas acciones. Entre ellas —menciona el plan—, la emisión de una resolución de la Procuraduría General, señalando que la Procuraduría del Midagri asuma la defensa de los procesos arbitrajes y judiciales.
¿Qué dice el plan de trabajo?
En el apartado de actividades inmediatas, se centra en resolver tareas a corto plazo para asegurar la transición del proyecto del GRA al Midagri. El 21 de agosto se comunicó a la concesionaria Angostura Siguas (Grupo Cobra) sobre el cambio de representante del concedente en la ejecución del Proyecto Especial Majes Siguas II Etapa. Asimismo, hizo lo propio con los tribunales arbitrales, cortes de justicia y otros.
Según el documento, el 10 de septiembre se instalará la mesa técnica —que creó temporalmente el Midagri— para el desarrollo de actividades productivas en el distrito de Caylloma, zona de influencia directa del proyecto. La sesión programada será para definir prioridades y el cronograma de actividades. Cabe precisar que este grupo de trabajo se conformó el 20 de julio.
En cuanto a las actividades progresivas, orientadas a tener resultados en un mediano y largo plazo, se precisa ceder las funciones de la Unidad Formuladora (UF) y de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) —de Majes Siguas I y II— al Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI). Tras este cambio, el PSI podrá asumir la intervención de la Puesta a Punto en el Túnel 9 y Túnel Terminal, ambos puntos críticos.
De acuerdo con el plan, Autodema continuará las labores de custodia, operación y mantenimiento de la infraestructura existente, debiendo remitir informes trimestrales sobre dichas tareas. También culminará las acciones de liberación y adquisición de terrenos en los anexos de Pusa Pusa y Tarucamarca (Caylloma) en plazo máximo de 1 año. Asimismo, se realizará la reubicación del Centro Poblado de Pusa Pusa en un plazo no mayor a 3 años.
Además, Autodema ejecutará una vía de acceso al lugar donde se proyecta construir la Bocatoma de Lluclla en un plazo no mayor de 1 año a partir de la caducidad del contrato de concesión. Adicionalmente continuará con la obtención de certificación ambiental de la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) vigente de la primera fase.
Más detalles de Midagri
En tanto, las actividades permanentes —que menciona el documento— se realizarán durante toda la vigencia del convenio de transferencia del proyecto al Midagri. Autodema contratará los servicios de vigilancia u otro mecanismo para cuidar las áreas destinadas a la producción agrícola en la Pampa de Siguas. Esto con cargo al presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asigna cada año al GRA.
Por su parte, el Midagri entregará informes semestrales detallando el estado de avance del convenio al GRA. La primera entrega será presentada a finales de enero del 2025. De otro lado, el GRA permitirá que Midagri haga uso de terrenos en posesión suya o de Autodema que estén libres de ocupación para ejecutar las nuevas obras de Majes Siguas II y de la Puesta A Punto (Majes I).
El GRA designó a Frank Céspedes Valcárcel, titular de la Gerencia Ejecutiva del Proyecto Especial Majes Siguas, como coordinador responsable. También nombró a Alfredo Paredes Vizcarra, asesor de dicha gerencia como coordinador responsable de Autodema. Asimismo, encargó al especialista del Proyecto Especial Integral Majes Siguas, José Alcázar Carpio, como coordinador alterno.
De igual modo, el Midagri designó al titular de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego y a los directores de sus direcciones en línea como administradores del contrato de concesión. También serán los coordinadores responsables para cumplir las obligaciones estipuladas en el convenio.
La excanciller del Perú, Ana Cecilia Gervasi Díaz fue encontrada muerta en su departamento. Se desconoce aún la razón de su deceso.
Ana Cecilia Gervasi Díaz (57) fue hallada muerta en su domicilio del distrito de Miraflores, en Lima. Se encontraba de vacaciones y debía retornar este domingo 8 a Ginebra, donde estaba trabajando por encargo de este Gobierno.
Se desconocen aún las razones de su deceso y, según lo informado al momento, la Policía Nacional se encuentra en el departamento, realizando las primeras pesquisas.
La excanciller había sido reportada como desaparecida hace unos días. Quien dio la voz de alerta fue el chofer que debía llevarla al aeropuerto para su viaje de retorno a Europa.
Ana Gervasi fue designada Canciller el 10 de diciembre del 2022 por la presidenta Dina Boluarte, cargo en el que estuvo hasta el 6 de noviembre del 2023. Renunció debido a los cuestionamientos por el viaje de la mandataria a los Estados Unidos para reunirse con el presidente Joe Biden, cita que nunca se concretó.
El excanciller Javier González Olaechea lamentó profundamente la pérdida de Ana Cecilia Gervasi y dejó un sentido mensaje en sus redes.
“Ruego al Creador que la acoja para su eterno descanso. Extiendo mis sentidas condolencias a sus familiares”, escribió.
Gervasi Díaz era diplomática de carrera. Fue viceministra de Relaciones Exteriores y también viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios encabezó un operativo contra la minería ilegal en la comunidad nativa Boca Inambari. Esta se encuentra ubicada en la provincia de Tambopata y las acciones se concentraron en el sector Playa Jesús, dentro del distrito de Laberinto. El fiscal Carlos Chirre lideró la […]
La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios encabezó un operativo contra la minería ilegal en la comunidad nativa Boca Inambari.
Esta se encuentra ubicada en la provincia de Tambopata y las acciones se concentraron en el sector Playa Jesús, dentro del distrito de Laberinto. El fiscal Carlos Chirre lideró la intervención, que se realizó mediante un despliegue helitransportado.
Como resultado, se decomisaron herramientas, maquinarias y otros bienes valorizados en S/ 203 826 290. Entre los equipos incautados se encontraron abrazaderas, antenas satelitales, alambres, baterías y baldes de aceite de motor. Estos elementos eran utilizados para facilitar las actividades extractivas ilegales en la zona.
Tras su identificación, estos bienes fueron destruidos mediante incineración e inutilización, en cumplimiento de las normativas ambientales. El operativo contó con el apoyo de diversas unidades de la Policía Nacional, como la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb), la División Contra Minas (Divcomin) y la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp). Asimismo, tuvo el respaldo de la Sexta Brigada del Fuerte Pachacútec del Ejército Peruano. Este tipo de operativos buscan detener la creciente expansión de la minería ilegal en la región amazónica. (Foto: FEMA Madre de Dios)
Otras operaciones
Este tipo de operativos buscan detener la creciente expansión de la minería ilegal en la región amazónica. La intervención en Boca Inambari es solo una de varias acciones ejecutadas en los últimos meses en Madre de Dios. Una de ellas ocurrió el 7 de agosto de 2024 en el sector de Santa Rita, dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, una área natural protegida en la misma región.
Durante esa operación, se capturó a un grupo de personas involucradas en la extracción ilegal de minerales, quienes ahora enfrentan nueve meses de prisión preventiva.
Impacto social y ambiental
La minería ilegal en áreas vulnerables, como territorios de comunidades nativas y zonas aledañas a reservas nacionales, constituye una grave amenaza social y ambiental. Destruye grandes extensiones de bosques, contamina ríos con mercurio y pone en peligro la biodiversidad. La minería ilegal también ha afectado la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, una área natural protegida de Madre de Dios. (Foto: Ministerio Público) Además, provoca conflictos sociales al afectar a las comunidades locales, que luchan por preservar sus recursos y modos de vida en un entorno cada vez más frágil.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Pese a los cuestionamientos que tuvo el Examen Serums aplicado por primera vez por el Ministerio de salud, este se llevó a cabo con resultados que podrían poner en riesgo la atención de salud en el futuro. Foto: RPP
Para comenzar, de acuerdo a lo señalado por los profesionales que tomaron el examen, se inició con retraso en varias localidades del país; las mayoría de preguntas fueron de corte administrativo y no sobre la atención en zonas rurales e incluso se habló de una supuesta filtración.
Según postulantes consultados, la evaluación trató más sobre temas de gestión y salud pública, pero no sobre cómo resolver casos clínicos de atención en zonas rurales. “No ha sido una evaluación apropiada para la labor que realiza un serumista. La mayor proporción de preguntas eran de gestión”. Sobre el dengue, por ejemplo, solo hubo 4 preguntas”, dijeron a El Comercio.
De los 13 507 postulantes inscritos, asistieron 12 211 profesionales de la salud, para optar alguna de las plazas en las áreas de medicina, enfermería, nutrición, obstetricia, odontología y química farmacéutica. Y de estos, solo se consideraron las calificaciones de 11 776, porque el resto no pudo llenar sus datos en la ficha de identificación.
Respecto a los resultados, el Minsa informó que, de esos 11 776 postulantes, solo un 31 % aprobó con puntajes muy bajos, apenas por encima de 10.5, cuando antes la nota mínima era 11. La nota más alta fue 15.60 y la más baja, 2.40.
Según lo informado por el Minsa, la adjudicación de plazas se hará en función del orden de prelación bajo dos criterios: el promedio ponderado de la carrera profesional, tendrá un peso de 30 %, y la nota en la evaluación, 70 %.
¿Cómo fueron los resultados según las regiones del país?
Se presentaron más de 2 mil postulantes de Medicina, pero los que lograron aprobar el examen Serums fueron apenas 1,195 con notas entre 10.6 y 15.6 de las regiones de Lima Sur, La Libertad y Lima Norte. Enfermería tuvo el mayor número de desaprobados, con notas entre 1 y 10.4.
En Medicina, las diez primeras regiones con los mejores promedios son Huancavelica 13.40; Pasco 12.08; Tumbes 11.04; Junín 10.87; Lambayeque 10.77; Tacna 10.74; La Libertad 10.72; Áncash 10.70; Amazonas 10.69 y Loreto 10.60.
La carrera de Enfermería registró entre las primeras regiones a Junín 9.81; Tacna 9.79; Callao 9.57; Ucayali 9.56; Pasco 9.51; Ayacucho 9.28; Madre de Dios 9.21; Arequipa 9.20; Huánuco 9.19 y Piura y Cajamarca con 9.16.
Odontología tiene entre las primeras diez regiones a San Martín 10.41; Callao 10.16; Lima Sur 10.14; Lima Región 10.08; Arequipa y Huánuco 10.05; Lima Norte 10.02; Junín 9.99; La Libertad 9.87; Huancavelica 9.77 y Tacna 9.75.
Químico Farmacéutica, Cusco 10.72; Tumbes 10.60; Tacna 10.59; Arequipa 10.14; Lima Sur 9.97; Amazonas 9.86; Lima Región 9.81; Ucayali 9.77; Callao 9.71; Huánuco 9.64 y Loreto 9.55 en promedio.
Los promedios mayores en Obstetricia fueron de Tacna 11.03; San Martín 10.80; Lima Sur 10.78; Lima Norte 10.69; Callao 10.43; Apurímac 10.03; Cusco 10.16; Arequipa 10.02; Lima región 9.96 y Moquegua 9.93.
En Nutrición están con mejores promedios Huancavelica 12.60; Junín 10.92; Ica 10.20; Lima Norte 10.16; Lima Sur 10.07; Apurímac 10.05; Arequipa 10.00; Moquegua 9.90; Áncash 9.80 y Huánuco 9.70.
San Marcos fue la universidad con puntajes más altos en las 6 carreras
Según informaron representantes del sector salud en conferencia este martes por la tarde, los profesionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) obtuvieron las más altas calificaciones en las seis carreras de la salud evaluadas en el examen Serums.
Así, en Medicina, el promedio de notas más altas fue de postulantes de la UNMSM, Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Universidad Católica de Santa María (Arequipa), Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (Cerro de Pasco), y Universidad Nacional de Trujillo (La Libertad), en ese orden.
El promedio de notas más altas en Enfermería fue de los postulantes de la UNMSM, Universidad Nacional del Centro del Perú (Junín), Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque), Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), y Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa).
Nutrición, después de los postulantes de la UNMSM, están los de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Peruana de Los Andes (Junín), UNFV, y Universidad Científica del Sur.
Odontología: UNMSM, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPCH, Universidad Científica del Sur.
Obstetricia: UNMSM, UNFV, Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Privada Telesup, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.
En Químico-Farmacéutico: UNMSM, UPCH, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho).
La Fiscalía dispuso el archivo de la denuncia «precisando que la presente tiene calidad de cosa decidid”. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada determinó que no procede iniciar diligencias preliminares contra el capitán PNP Junior Izquierdo. Esto después que el ministro Juan José Santivañez presentará una denuncia contra el policía por, […]
Ministro Juan José Santivañez. Foto: Agencia Andina.
La Fiscalía dispuso el archivo de la denuncia «precisando que la presente tiene calidad de cosa decidid”. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada determinó que no procede iniciar diligencias preliminares contra el capitán PNP Junior Izquierdo. Esto después que el ministro Juan José Santivañez presentará una denuncia contra el policía por, supuestamente, ser parte de una organización criminal.
Según Santivañez esta organización estaría «enquistada dentro de la Policía y el Ministerio Público». Sin embargo, al no constituirse como «cosa juzgada sino cosa decidida», la denuncia «tiene abierta la posibilidad de ser reabierta». Esto sucedería en caso de presentarse «nuevos elementos probatorios no conocidos con anterioridad”. Sin embargo, según RPP, la defensa del ministro del Interior apeló la resolución
Como se recuerda, el titular del MININTER, Juan José Santiváñez, denunció ante dicha fiscalía «la presunta existencia de una organización criminal enquistada […] dentro de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público que tendría como finalidad la desestabilización del gobierno».
Santivañez asegura que hay una red para crear una «narrativa» contra el Gobierno
Según la denuncia de Santivañez, la organización que él sindica operaría para «crear la falsa narrativa de que altos funcionarios del Estado, bajo órdenes de la presidenta (…), estarían realizando actos de obstrucción de justicia, a fin de favorecer a particulares”.
El ministro del Interior incluso señala que «habrían falsificado audios, documentos y brindado falso testimonio en el marco de investigaciones penales irregulares». Además, Santivañez implicaría a «abogados» de los policías a los que apunta pues serían el «brazo legal» de la presunta organización criminal. El supuse operandi de los juristas sería brindar «declaraciones y entrevistas ante la prensa con la finalidad de promover» su «narrativa».
La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada determinó que la denuncia «no cumpliría» con el «primer elemento obligatorio» de la estructura de una organización criminal, que sería el «elemento personal». Esto se debería a que la medida interpuesta por Juan José Santivañez solo identifica a Junior Izquierdo. Además que el denunciante «no ha presentado ningún elemento de convicción sobre sus aseveraciones».
El Ministerio Público también aclara que la denuncia hecha por Juan José Santivañez no cumple con el «elemento temporal» que debe tener la estructura de una organización criminal. En esta sección, la fiscalía a cargo precisa que «de forma escueta se señala que esta información obra en medios, y que esto se habría suscitado desde el mes de junio”. Esa sería la fecha en la que “se habrían (…) empezado a filtrar los audios falsos al público».
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
La Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas indicó en marzo de este año que el EIA del proyecto está «no vigente», ya que estos estudios tienen una vigencia legal de 5 años.
La situación del proyecto minero Tía María sigue siendo un tema polémico y cargado de mensajes contradictorios. El pasado 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte declaró que el proyecto es “una realidad”. Esto ha generado más preguntas, como lo expone el informe de CooperAcción, ya que el escenario actual del proyecto es un conflicto social en ciernes.
Esta declaración presidencial coincide con afirmaciones previas de Southern Perú Copper Corporation (SPCC), empresa a cargo del proyecto. A mediados de mayo, Raúl Jacob, vicepresidente de finanzas de SPCC, afirmó que esperaban iniciar la construcción a fines de este año o en la primera mitad de 2025. Sin embargo, días después, Álvaro Burga, representante bursátil del Grupo México, al que pertenece SPCC, anunció que el inicio del proyecto no tenía una fecha definida.
Más tarde, el 29 de junio, se filtró un memorando firmado por Óscar González Rocha, presidente ejecutivo del Grupo México, que establecía el reinicio de actividades para el 1 de julio de 2024. Aun así, posteriormente, la empresa informó que realizaría modificaciones en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Esto sugiere que se están planteando cambios significativos en el proyecto original.
Uno de los puntos más debatidos es la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El EIA de Tía María fue aprobado en agosto de 2014, y según la legislación peruana, estos estudios tienen una vigencia de cinco años, lo que significa que habría caducado en 2019.
Aunque la suspensión de la licencia de construcción afectó su vigencia, la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas indicó en marzo de este año que el EIA del proyecto está «no vigente». Esto, según el Informe N°0146-2024-MINEM/DGM. Consideremos que sin un EIA vigente, un proyecto de esta envergadura no puede avanzar.
La certificación ambiental pierde vigencia si dentro de los tres años posteriores a su emisión no se inician las obras, extendiendo el plazo a un máximo de cinco años. Esto, según la legislación actual, modificada por el Decreto Legislativo 1394 en 2018. Significa que Tía María habría excedido ese plazo, lo que plantea dudas sobre la validez de su aprobación inicial.
Otro aspecto relevante es que el proyecto no cuenta con las autorizaciones de exploración y explotación necesarias. Según el mismo informe, hasta la fecha no se han tramitado permisos en esta materia, lo que también pone en duda el avance real del proyecto.
Finalmente, el rechazo social en el Valle de Tambo sigue siendo una barrera importante. La oposición al proyecto por parte de la población local ha sido consistente durante años, y parece que aún no se ha logrado la «licencia social» necesaria para su ejecución. Ante este panorama, preocupa que se esté evaluando imponer el proyecto a pesar de la resistencia local.
Inconsistencias graves para un proyecto que arrastra años de conflictos sociales, detenidos, heridos y fallecidos.
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Rafael López Aliaga fue una de las primeras autoridades en asegurar que quienes protestaban contra Dina Boluarte eran «terroristas». Incluso declaró el centro de Lima como intangible para evitar que los manifestantes que llegaban de regiones pudieran marchar.
Los juliaqueños le devolvieron el rechazo durante su visita a la ciudad para inaugurar una sede del hospital de Solidaridad. López Aliaga le ha restado importancia a este incidente y ha dicho que solo eran 12 “desubicados” ligados a Verónika Mendoza que quieren fomentar el odio, los que lo rechazaron.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El abogado del expresidente Alberto Fujimori, Elio Riera, expuso ‘curiosas’ razones para justificar a su cliente por los actos cometidos durante su mandato. Para el jurista, las acciones del exmandatario, como el golpe de estado, habrían sido ‘necesarias’. «Sí, el señor expresidente sí fue un dictador», hasta ahí todo bien, pero el abogado continúa, indicando que disolver el Congreso en ese momento ‘era de especial urgencia’.
Además, comparó las acciones tomadas por el Fujimori con las de otros jefes de Estado de Venezuela: «(No es correcto) compararlo con lo que hizo el señor Hugo Chávez o el señor Maduro. Es completamente distinto. En el caso concreto, era necesario por dos o tres meses».
De esta manera, ‘nuestro dictador’ fue solo bimestral o trimestral, nada más. Vaya alivio.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
