Pasó en el Perú | Puno. Molestos por la posible visita de la presidenta a la ciudad de Juliaca, un grupo de dirigentes anunció sarcásticamente que se preparan para recibirla con ‘flores’.

De manera enfática, el dirigente Willy Ito Mamani, lanzó advertencias, asegurando que se organizaran para esperarla el 28 de agosto con flores si se atreve a venir a Puno para el inicio del megaproyecto de agua y desagüe, sostuvo a El Objetivo.pe.

La Libertad: 1, 200 policías brindarán seguridad durante el Foro Económico APEC 2024

Pasó en el Perú | La Libertad. Serán 1,200 efectivos policiales los que resguardarán la seguridad pública del 12 al 18 de agosto durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2024) en la ciudad de Trujillo.

De estos, 600 policías vendrán de otras regiones y 600 serán de La Libertad, según señaló el jefe de la III macrorregión Policial, general PNP José Zavala Chumbaiuca.

«Han venido a cubrir de otras regiones diferentes unidades especializadas de la Policía Nacional, como UDEX, seguridad del Estado, Turismo, etc. Todos ellos tienen el compromiso de velar por la seguridad. Como siempre les digo, confíen en la PNP y que estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo para que las cosas salgan bien», señaló Zavala Chumbiauca a Noticias Trujillo.

Junín: Pueblos indígenas de la selva central señalan que el Congreso está “de espaldas al pueblo”

Pasó en el Perú | Junín. El presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central, Teddy Sinacay, sostuvo que el Congreso trabaja de espaldas al pueblo y legisla para favorecer a las grandes empresas, dejando de lado las propuestas de los pueblos indígenas.

Sinacay puso como ejemplo que la iniciativa de ley que reconoce el sistema de seguridad amazónica está encarpetada en el Congreso.

“Estamos viendo un Congreso de la República que está trabajando no con los intereses del pueblo. Es notorio que favorece a las grandes empresas económicas”, dijo del dirigente indígena.

Las comunidades nativas conmemoraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, informó Huanca York Times.

Amazonía: Los Mashco Piro enfrentan una amenaza grave

Pasó en el Perú | Organizaciones indígenas expresaron su descontento con la decisión del Forest Stewardship Council (FSC) de mantener la certificación a la empresa maderera Canales Tahuamanu, a pesar de las evidencias de que sus operaciones ponen en riesgo al pueblo indígena en aislamiento Mashco Piro. Estas organizaciones califican de «decepcionante» la respuesta del FSC.

A pesar de la presencia de los Mashco Piro cerca de las zonas de explotación maderera, el FSC decidió seguir respaldando a Canales Tahuamanu, lo que las organizaciones interpretan como una falta de compromiso con los derechos humanos.

Survival International y las organizaciones indígenas exigen que se revoque la certificación de Canales Tahuamanu y revise sus políticas para evitar que empresas extractivas operen en territorios de pueblos indígenas no contactados, informó Inforegión.

Cusco: Dirigente pide rendir cuentas de colectas hechas para marchas contra el gobierno

Pasó en el Perú | Cusco. El dirigente social Abel Arroyo negó haber abandonado a los jóvenes comuneros que están presos por protestar contra el gobierno.

En ese sentido pidió a las organizaciones sociales que recolectaron dinero para las movilizaciones que rindan cuentas y determinar si sobró dinero para apoyar a los familiares de los comuneros que están en la cárcel, informó CuscoPost.

Ica: Enfermeras barren hospital a falta de personal de limpieza

Pasó en el Perú | Ica. Un total desorden existe en el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca poniendo en riesgo la salud del personal y de los pacientes. Se ha captado a las enfermeras y técnicas en enfermería haciendo tareas de limpieza de residuos médicos, según denuncias habrían sido obligadas.

Esto luego que el personal de limpieza paralizara sus labores en protesta por la falta de pagos.

Ante esta situación, han responsabilizado al director del hospital, Hans Panta, quien no habría sabido manejar la administración y los pagos. Esto generó un ambiente de insalubridad que podría comprometer gravemente la salud e integridad tanto del personal asistencial como de los pacientes, informó La Lupa.  

Lambayeque: Hombre se hace pasar por discapacitado e ingresa a colegio

Pasó en el Perú | Lambayeque. Un hecho preocupante se reportó en la Institución Educativa n.° 11011 «Señor de los Milagros» del distrito de José Leonardo Ortiz. Esto, luego que un sujeto, con una supuesta discapacidad física, ingresó a las instalaciones del plantel por segunda vez.

La primera ocasión sucedió el 11 de julio, cuando las cámaras de seguridad del colegio captaron que el sujeto recorrió el local educativo e ingresó a las aulas.

El colegio no cuenta con personal de guardianía ni portería pese a los requerimientos realizados por la dirección del plantel, a cargo del docente Alberto Cienfuegos.

La denuncia fue presentada por las autoridades educativas y el caso ha pasado al Ministerio Público, informó Semanario Expresión.

“Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.

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Este miércoles se presentó un documento indispensable para cualquier investigador de las ciencias sociales de la macrorregión sur, «El futuro en debate», trabajo del Colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Los encargados de los comentarios fueron nuestra directora Mabel Cáceres y el sociólogo Rodolfo Marquina.

«El futuro en debate», es un análisis crítico de los Planes de Desarrollo Concertado Regionales de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Apurímac y Madre de Dios. Es resultado del estudio y análisis de documentos oficiales, realizado durante un año por el colectivo.

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Arequipa se ha convertido en la tercera región con mayor incidencia de delitos informáticos en el Perú. Superada solo por Lima y La Libertad, según un informe de la Defensoría del Pueblo y estadísticas del Ministerio Público. Sin embargo, la región enfrenta un problema: solo cuenta con una Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos. Ello, resulta insuficiente para atender el creciente número de denuncias.

En declaraciones para El Búho, el abogado especialista en Derecho Penal, Jean Paul Meneses Ochoa, destacó que los ciberdelitos más comunes en Arequipa son el fraude informático, la suplantación de identidad y el grooming. En 2023 se registraron más de 8 mil denuncias a nivel nacional. Entre 2015 y 2020 solo se emitieron 440 sentencias, tal diferencia entre demandas y resultados podría considerarse un “paraíso de impunidad”, según Meneses.

A pesar del aumento en los ciberdelitos, la región carece de suficientes recursos y personal especializado para hacer frente a esta problemática.

El experto subrayó la necesidad de mayores capacitaciones y recursos para las autoridades encargadas de perseguir estos delitos. Enfatizó que el Perú está aún en una fase inicial en la lucha contra la cibercriminalidad.

Un proceso de investigación sobre cibercrimen conlleva un tratamiento diferente al de un delito cometido físicamente. La expansión de redes sociales y su uso totalmente normalizado en la sociedad no guardan relación con la cultura de ciberseguridad que la población debería tener. El auge de la inteligencia artificial también incrementará la incidencia de infracciones a través de plataformas digitales.

Presentan libro “La Cibercriminalidad” en el Colegio de Abogados de Arequipa

La falta de investigaciones jurídicas en el ámbito nacional sobre dichos delitos fue uno de los factores para la elaboración del libro “La Cibercriminalidad”. Los autores son Jean Paul Meneses Ochoa y Bonifacio Meneses Gonzales, ambos abogados especialistas en Derecho Penal. El material reúne los diversos tipos de cibercrimen, así como una basta teoría sobre el tema y casos de estudio.

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El descontento de la población peruana contra el gobierno, el Congreso y las autoridades locales crece a cada minuto, ni siquiera la presidenta Dina Boluarte se salvó de este rechazo masivo.

Si bien antes atribuían este rechazo a «pequeños grupos», se ha evidenciado aún más el repudio que tienen los peruanos hacia sus autoridades políticas. Esta semana, tanto Patricia Chirinos; la ministra de Cultura, Leslie Urteaga; y el gobernador de Ayacucho han sido abucheados en público.

Tal ha sido la viralización del rechazo a las autoridades que usuarios en redes sociales invitan a sumarse a esta práctica de no permitir que se acerquen a lugares públicos.

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El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria en casos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ordenó llevar a juicio al expresidente regional Juan Manuel Guillén Benavides. Además, están incluidos varios exfuncionarios de su gestión.

Juan Manuel Guillén es acusado del delito de colusión, relacionado con un proyecto educativo que habría generado pérdidas económicas superiores a 1 millón 464 mil soles.

La jueza Janet Lastra Ramírez finalizó el control de la acusación y declaró que podía darse inicio al juicio. Los otros exfuncionarios involucrados en el proceso legal son Sarah Peña Dávila, Magdalena Talavera Trelles y Juan Manuel Carpio Sánchez.

La acusación incluye a Augusto Reyes Valle, representante de la Derrama Magisterial. También se incluyó a Lida Villanueva Paredes y Pedro Flores Melgar, representantes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (Sutep) Arequipa, como cómplices.

Proyecto a medida en Arequipa

La investigación del Ministerio Público señala que los acusados participaron en la implementación del «Plan de Mejoramiento de la Calidad Educativa a través del Diseño Curricular para la región Arequipa». Este facilitó la contratación directa de personal propuesto por el Sutep. Calificando como uso indebido de recursos públicos, afectando al sector Educación.

Se les encargó a la Derrama Magisterial y Sutep Arequipa, la elaboración del diseño curricular regional. Sin embargo, esta tarea corresponde de manera exclusiva al Ministerio de Educación y a la Gerencia Regional de Educación.

La Fiscalía ha solicitado una condena de un año y seis meses de prisión para Juan Manuel Guillén Benavides, y de cuatro años y seis meses para los otros acusados. Asimismo, se pide la inhabilitación de un año y medio para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil por más de 1 millón 964 mil soles.

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Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, conversó con periodistas peruanos, ayer, instantes previos a la autorización del presidente del Congreso para publicar la conocida como Ley Rospigliosi. Hoy ya está oficializada la norma que representa desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La especialista cuestionó el silencio del régimen de Dina Boluarte de observar y evitar el avance de la autógrafa que declara la prescripción de crímenes de lesa humanidad anteriores al 2022.

Juanita Goebertus advirtió que con el desacato a las medidas solicitadas por la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Perú se ubica en una posición similar a Venezuela y Nicaragua.

La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch señaló que con la Ley de la Impunidad, cerca de 600 procesos judiciales serían afectados. Sin embargo, Goebertus apeló en la confianza de la labor y ética de los fiscales y jueces peruanos para defender los Derechos Humanos en sus fueros.

Ante ello, la especialista fue consultada por esta redacción sobre las pocas garantías que existen en el sistema judicial, ya que el mismo Tribunal Constitucional ha desacatado solicitudes de la Corte IDH. Este sucedió cuando se otorgó el indulto al exdictador Alberto Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Ley Prescripción de Crímenes de Lesa Humanidad: Perú queda al nivel de Venezuela y Nicaragua

También, en este diálogo con periodistas promovido por la Fundación Gustavo Mohme Llona y la Red Micaelas, preguntamos a Juanita Goebertus sobre los alcances y prerrogativas de la Procuraduría Supranacional peruana. Esta última consulta es en el contexto de que en recientes audiencias en la Corte IDH, la representación legal del Estado Peruano, que es elegida por el Ministerio de Justicia y tradicionalmente era delegada a abogados de la Procuraduría Supranacional, ha cambiado.

Con la disposición del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana para publicar la Ley que precisa la aplicación y los alcances del Delito de Lesa Humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, el Estado peruano confirma un segundo desacato. Esto en relación con la medida provisional que dictó la Corte IDH para que el estado peruano se abstenga de darle trámite de la Ley Rospigliosi.

Goebergus también lamentó las nuevas estrategias elegidas por el Estado peruano en sus representaciones ante la Corte IDH. Explicó que la Procuraduría Supranacional está limitada a las indicaciones del actual gobierno, y en consecuencia, el Ministerio de Justicia está optando por sostener alegatos contrarios al Derecho Internacional. Estos desacatos y prácticas litigantes contrarias a los Derechos Humanos afectan las competencias del Estado Peruano internacionalmente:

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Mira este video recomendado:

Le gritaron que se vaya, le dijeron hipócrita, le silbaron mientras hablaba y hasta le mostraron una pancarta. Mientras tanto, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga trataba, este jueves, de dar su discurso por la inauguración de la 28° edición del Festival de Cine de Lima en el Gran Teatro Nacional de Lima.

“Con todo respeto les pido, me dejen terminar el discurso (…) mientras los peruanos y peruanas no nos reconozcamos realmente y podamos respetarnos entre nosotros, lamentablemente vamos a seguir polarizando al país”, dijo la titular del Mincul ante los abucheos.

Leslie Urteaga, ante el público presente para ver la película ‘Frida’, tomó la palabra, pero desde que inició, los ciudadanos comenzaron a silbarle y luego a gritarle que se vaya. Otros fueron con una pancarta que decía ‘En defensa del cine peruano’. Así, interrumpieron su discurso mientras Urteaga pedía por favor que la dejaran terminar.

Cuestionan ley de congresista Adriana Tudela

La reacción del público fue porque cuestionaron que sea la ministra de Cultura, quien presente este evento cuando no defendió este difícil arte. Como se recuerda, el Congreso aprobó una norma propuesta por Adriana Tudela de Avanza País, que regula el financiamiento de las películas peruanas, que no fue consultada a la industria cinematográfica nacional.

Urteaga solo consideró importante que el Ejecutivo la haya observado y que le pidiera al Congreso que tome en cuenta las consideraciones técnicas que realizaron. Esto, para lograr una ley del cine que fortalezca las condiciones de dicho arte. Pero no hubo más cuestionamiento de su parte.

“Seguiremos dialogando con el Congreso y con todos los involucrados. Para tener una ley que fortalezca las condiciones en favor del cine y del arte en general”, dijo, pero no hizo nada para cumplir lo ofrecido.

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El subdirector del Colegio San Luis Gonzaga de Ica, Gino Aparcana Chacaltana, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Penal de Turno contra el director del plantel, Víctor Uchuya Mendoza. Aparcana acusa a Uchuya de encubrimiento personal y omisión de actos funcionales en relación con un presunto caso de agresión sexual que involucra a un trabajador del colegio.

Según la denuncia, el trabajador Miguel Ángel Anchante Injante, quien fue contratado sin un concurso público ni la autorización de la UGEL o la Dirección Regional de Educación de Ica, fue asignado al tópico del colegio. En ese lugar, Anchante habría cometido un delito contra la libertad sexual en agravio de un alumno de 14 años.

El abuso al escolar

La madre del menor, identificada como Saira, presentó como evidencia capturas de pantalla de conversaciones en las que Anchante invitaba al menor a su casa, ofreciéndole dinero a cambio de relaciones sexuales. Algunas de estas capturas habrían sido eliminadas por el menor, pero su madre logró recuperar algunas para presentarlas ante las autoridades.

El incidente presuntamente ocurrió el 25 de julio de 2024, y ese mismo día, a las 5:30 de la tarde, la madre del menor se presentó en el colegio para denunciar el comportamiento inapropiado del trabajador del tópico. Tras la denuncia, tanto Anchante como Uchuya fueron señalados ante el Ministerio Público.

Aparcana también sostiene que el director Uchuya no cumplió con los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación para casos de violencia sexual. Estos protocolos incluyen la notificación inmediata a la Policía o Fiscalía, la protección del menor afectado, la separación del personal involucrado, y el registro del incidente en el Portal Siseve. Según Aparcana, ninguna de estas medidas fue adoptada por Uchuya, lo que podría haber favorecido a Anchante.

El testimonio de la denuncia por caso de presunto acoso sexual en el Colegio San Luis Gonzaga de Ica

En la ciudad de Ica, siendo las 14:00 horas del día 26 de julio de 2024, presentes en el Área de Homicidios y Extorsión del DEPINCRI – ICA, se presentó la persona de [nombre censurado], a denunciar por la presunta comisión del delito de Delitos Contra la Libertad personal – Acoso, en agravio de su menor hijo O. J. R. M. (14), en contra de los que resulten responsables.

Las mismas que refiere que el día 24 de julio a horas 10:00 aprox., en circunstancias que se encontraba en su centro de labores ubicado en el mercado Arenales, ingresa al aplicativo «FACEBOOK» y se percata que había conversaciones con una persona de sexo masculino quien tendría una conversación con su menor hijo,

Ella indica que su menor hijo utiliza su celular cuando llega del trabajo y se había olvidado cerrar dicho aplicativo, por lo cual la denunciante logró ver cuando esta persona le refería a su menor hijo que «quería verlo, vamos a mi casa que yo te voy a pagar», por lo que al llegar a su casa habla con su menor hijo donde este le refiere que si es un joven que trabaja en «tópico» de mi colegio que ya me ha invitado a comer y que me ha propuesto tener relaciones sexuales y que le iba a pagar por lo que él respondió que no» y le indico a su mamá que ya no volvería a hablar con dicha persona.

Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA

VRAEM. Duro golpe al narcotráfico. El Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Depotad) Palmapampa decomisó e incineró 4.6 toneladas de hojas de coca, que se encontraban en proceso de maceración. También se destruyeron 1.5 toneladas de insumos químicos en las inmediaciones del centro poblado de Marintari, ubicado en el distrito Santa Rosa, provincia La Mar, Ayacucho.

Durante la interdicción, se logró ubicar un laboratorio rústico destinado a la elaboración de alcaloide de cocaína constituido por una poza de maceración y una poza de decantación, la cual fue construida con materiales rústicos (maderas, palos, rafias, plástico y alambres).

En estos laboratorios, que se encontraban ubicadas en la frondosa vegetación de la zona, se procesaban las hojas de cocas, las cuales son distribuidas y vendidas en el mercado negro nacional e internacional.

Otros materiales decomisados

Además, los efectivos encontraron otros materiales como galoneras de plástico de diversos tamaños, que contenía una sustancia líquida de color marrón, que dio positivo a la prueba de alcaloide de cocaína.

También, ubicaron otras galoneras conteniendo en su interior una sustancia líquida aceitosa, incolora (al parecer ácido sulfúrico) y otra sustancia marrón oscura, que sería gasolina. Asimismo, los agentes antidrogas del Depotad hallaron 25 sacos de cemento en sacos y hojas de coca en proceso de descomposición.

Diligencias de ley

Durante el operativo, participó el fiscal adjunto provincial especializado en tráfico ilícito de drogas, David Alfredo Pérez Salinas. Todo el material decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Nación, conforme lo señala la ley, para los fines pertinentes.

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, en la provincia de Trujillo, Enrique León Clement Clement advirtió que denunciará a la presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra por omisión de funciones, debido al incumplimiento de promesas para la ejecución urgente de obras viales por motivo del Foro APEC 2024 y que debieron ejecutarse antes de que inicie el importante evento económico.

«La presidencia del Perú no ha cumplido con lo que se comprometió en su momento. El compromiso era mejorar el nivel de las pistas, donde se determinaron 9 zonas de afluencia. Ante ello se habría configurado el delito de omisión de funciones de la presidenta [Dina Boluarte]», señaló Clement.

Documento a Dina Boluarte

El burgomaestre presentó a los medios de comunicación la carta de oficio N° 008-2024-MDVLH/A, con fecha 10 de julio, que envió a la mandataria, exigiendo que en un plazo de horas se dispongan acciones a la altura del APEC PERÚ 2024.

«Estamos frente a una grave negligencia por parte del Gobierno Central, por eso levantamos nuestra voz públicamente. Ya pasó mucho tiempo y no hay absolutamente nada», precisó León Clement.

Además, añadió: «La inacción de lo solicitado podría configurar, contra su persona y quienes resulten responsables del delito de omisión de funciones, conforme con el artículo 337 del código penal».

Inacción de congresistas liberteños

Finalmente, el alcalde reveló que los congresistas liberteños no lo apoyaron en su solicitud, dejándolo abandonado ante el urgente pedido de mejoramiento de vías, entre otros requerimientos: «Debo ser honesto que el canal de comunicación con los congresistas de la República que representan a La Libertad es inoperante».

Además, recalcó que congresistas de otras ciudades lo ayudaron en proyectos como el de gas natural para Víctor Larco, a pesar de que el entonces ministro de Energía y Minas del Perú, Óscar Vera Gargurevich, se negó a brindar apoyo.

«Tanto es así que he tenido que recurrir a otros parlamentarios como Segundo Quiroz Barbosa y Patricia Chirinos, quienes me ayudaron en proyectos como el gas natural», sentenció Clement.

Lea la nota original aquí o visita el medio Noticias Trujillo

Este jueves 8 de agosto se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2022 en el Aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte de Ayacucho. La diligencia se realizó más de un año después del asesinato de diez ayacuchanos durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.

En el lugar estuvieron presentes representantes de la Fiscalía, efectivos policiales, abogados de las víctimas y familiares de los fallecidos. La reconstrucción incluyó una pericia antropológica forense de los investigados, quienes también asistieron al lugar.

Esta medida, dispuesta por el Ministerio Público, se llevó a cabo tras haber sido reprogramada en tres ocasiones anteriores. La reconstrucción abarcó cuatro áreas que protagonizaron los implicados: la pista de aterrizaje en el sector de Conchopata, la pista de aterrizaje en la cabecera sur y exteriores del aeropuerto, la vía Evitamiento y la Avenida Ejército, así como el Parque Alameda Andrés Vivanco Amorín la cual se encuentra frente al cementerio general.

Esta disposición fiscal, la cual figura como fecha el 2 de agosto, fue realizada para verificar si los imputados coinciden con las personas registradas por las cámaras de seguridad el día del ataque.

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada

Recientes datos del Instituto Bicentenario revelan que solo el 3% de la población cusqueña confía plenamente en el manejo de fondos municipales. Esta información proviene de una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), llamada «Ciudadanía, democracia y gestión descentralizada».

El estudio pone de manifiesto una baja confianza en la gestión pública en Cusco. Solo el 30% de los habitantes ha buscado información sobre la administración de su municipalidad en el último año. Este porcentaje supera al promedio nacional de 20%. En cuanto a la gestión del gobierno regional, el interés de los cusqueños también es bajo; el 18% ha investigado sobre este aspecto, frente al 13% a nivel nacional. El estudio muestra que el 80% de la población en Cusco tiene poca o ninguna confianza en la administración de fondos por parte de su municipio. Este porcentaje coincide con el promedio nacional. Sin embargo, el descontento aumenta cuando se trata del manejo de recursos a nivel regional; el 86% de los cusqueños no confía en esta gestión, cifra superior al 83% registrado en el país. Junín y Arequipa tienen aún mayores porcentajes de desconfianza. A pesar de la desconfianza, los ciudadanos de Cusco demuestran un deseo de involucrarse. El 70% está dispuesto a unirse a grupos de vigilancia ciudadana, lo que supera el promedio nacional del 62%. Además, el 79% de los cusqueños se siente motivado a defender los intereses de la comunidad, una cifra también superior al promedio nacional del 71%. Un 83% cree que puede colaborar para que las autoridades trabajen en beneficio de la población, frente al 78% a nivel nacional. En cuanto a la efectividad de la vigilancia ciudadana, el 67% de los cusqueños considera esta opción válida. En contraste con el interés por la política, el 65% de la población cusqueña señala tener poco o nulo interés en ella, aunque esta cifra es menor que el 72% nacional. En regiones como Piura, Loreto, Cajamarca, Junín y Arequipa, el desinterés en la política supera el promedio de Cusco.

Solo el 3% de la población cusqueña confía plenamente en el manejo de fondos municipales

Carolina Trivelli, vicepresidenta del Consejo Directivo del Instituto Bicentenario, destacó que los resultados reflejan una diversidad de situaciones regionales. Trivelli afirmó que, aunque la encuesta muestra desconfianza, también revela un deseo de participación ciudadana. Los ciudadanos requieren más información y herramientas para involucrarse en la gestión pública. En resumen, los datos del Instituto Bicentenario destacan una baja confianza en los fondos municipales en Cusco, con una cifra alarmante del 3% de confianza total. Sin embargo, la voluntad de participar y mejorar la administración pública sigue presente entre los ciudadanos.

Sobre la encuesta:

La encuesta presencial siguió la misma metodología de diseño que utiliza Lapop Lab de la Universidad de Vanderbilt para el Barómetro de las Américas. Fue realizada por el Área de Estudios de Opinión del Instituto de Estudios Peruanos entre noviembre y diciembre de 2023 e incluyó 3000 casos distribuidos en 24 departamentos, 94 provincias y 203 distritos para la muestra nacional y 3036 casos distribuidos en 6 departamentos, 58 provincias y 166 distritos para la muestra regional. El margen de error es de +/- 1.8 puntos para la muestra nacional y +/-4.4 puntos para los resultados de cada departamento.

Sobre el Instituto Bicentenario

 El Instituto Bicentenario es una organización sin fines de lucro liderada por un consejo directivo independiente. Fue fundada en 2022 como una iniciativa del Banco de Crédito y del Grupo Crédito (Credicorp) y busca contribuir al desarrollo institucional, el mejoramiento del Estado y el fortalecimiento de la democracia en el Perú. Apoya proyectos de intervención en temas de interés público y con fines educativos, incidiendo en indicadores relacionados con la cultura democrática, la participación ciudadana y la transparencia en el Estado, con un enfoque especial en regiones fuera de Lima. Para más información, visite www.institutobicentenario.org

Lea la nota original aquí o visita el medio Cusco Post

Los escándalos persiguen a monseñor, Ciro Quispe López. Esta vez, se reveló que el obispo logró erigir un próspero negocio en la ciudad de Cusco, con bienes de la prelatura de Juli.

El diario Sin Fronteras, informó que los muebles de madera de la casa de retiro del distrito de Chucuito, fueron trasladados, en el mes de junio, hasta un local de nombre “Patas arriba”, ubicado en la zona céntrica de la ciudad imperial.

“La infraestructura es de dos pisos; en el primero funciona la pollería y al costado la pastelería. En el segundo nivel existe un salón amplio de eventos. Precisamente, a este ambiente fueron a parar los citados muebles: 5 mesas largas (8 personas), 8 mesas cuadradas (4 personas), 44 sillas con el forro anaranjado y 28 sillas color café. Todos estos bienes estaban dentro de la Casa de Retiro del distrito de Chucuito, adscrito a la Prelatura de Juli, cuyo muro en Facebook de la Prelatura de Juli así lo certifica”, refiere el citado medio.

Socio fundador

De acuerdo a la ficha registral de la Sunarp, monseñor Ciro Quispe, figura como uno de los socios fundadores del negocio. Según la Sunat, Manuel Ángel Bustamante Quispe, figura como gerente general. Sin embargo, este inicialmente negó ser el socio del religioso, aduciendo que solo era el contador de la empresa, pero tras ser confrontado con la información de la Sunat, dijo que era uno de los socios de la empresa, que trabajaba en el área contable.

Niega al obispo, pero registran el mismo domicilio

Respecto a sus vínculos con el obispo, Bustamante Quispe, dijo que solo tenían un trato profesional. Pero, según la Reniec, ambos registran como domicilio la calle Huaynapata n° 253, Cusco.

Sobre estas coincidencias, Manuel Bustamante, solo a tino a decir que la calle Huaynapata era un vecindario.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Objetivo

La Contraloría General de la República informó que encontró evidencia de irregularidades en 13 casos de contrataciones en la Sociedad de Beneficencia de Huancayo en lo que va de este año 2024. 

“Se identificaron contrataciones irregulares, asignación de personal no calificado a puestos importantes y extensión ilegal de encargaturas”, señaló la entidad.

Basada en un informe de control concurrente, la Contraloría señaló que en este año, al menos trece personas fueron contratadas bajo el régimen 728 con contrato indeterminado, sin seguir los procedimientos adecuados establecidos por ley. “Esta práctica no solo viola las normativas vigentes, sino que también pone en tela de juicio la transparencia y equidad en los procesos de selección de personal de la institución”, añade.

Adicionalmente, la entidad dijo que detectó una rotación de personal con memorandos, manteniendo las remuneraciones de las plazas anteriores y dos casos de encargaturas que excedieron el límite legal de seis meses para funcionarios.

Un caso concreto, señala la Contraloría, es que en el Centro de Atención Residencial Gerontológico del Adulto Mayor “San Vicente de Paúl”, “se asignó inadecuadamente a una contadora como tutora, un puesto que requiere formación específica en enfermería, de lo contrario, compromete potencialmente la calidad de atención a los adultos mayores”.

Otro hecho que alertó es el caso de un sepulturero y una trabajadora de servicios que fueron asignados a labores de ventas sin contar con la formación ni experiencia requeridas para estas funciones. 

SBS responde: “Estamos en el marco de la normatividad”

Consultado sobre este tema, el presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo (SBH), Miguel Chamorro Torres, calificó como “falso” lo señalado por el órgano de control y dijo que “todo está de acuerdo con la normatividad”.

“El órgano de control tiene su apreciación y los puestos que se tienen son cargos de confianza y en algunos casos, la oficina de recursos humanos, a través de una plataforma virtual que tenemos, convoca al personal u de ahí se toma. Estamos en el marco de la normatividad”, reiteró.

Chamorro Torres, nombrado presidente de la SBS en enero de 2023, agregó que el informe de la Contraloría no se ajusta a la realidad de una entidad dedicada a prestar su servicio a la población más vulnerable. Pero, dijo, responderá con un plan de acción, en el cual indicará qué aspectos son subsanables y cuáles no. 

Pero insistió que en este caso de las trece contrataciones, “todas están de acuerdo con el procedimiento administrativo”.

Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE

En el marco del aniversario de Arequipa, diez distritos de la Cuenca Sur Oriental se han organizado para participar en la tradicional Entrada de Ccapo. La actividad llevará a cabo el 14 de agosto. Este evento, que busca rendir homenaje a la Ciudad Blanca, destacará la riqueza cultural y ancestral de la región.

Edgard Manrique Sosa, Gerente de la Asociación de Municipalidades Rurales de la Cuenca Sur Oriental de Arequipa, explicó que este año la celebración se ha descentralizado. Con ello, los distritos de Mollebaya, Characato, Polobaya, Pocsi, Quequeña, Sabandía, Yarabamba, Chiguata, Socabaya y José Luis Bustamante y Rivero se unen para presentar una colorida propuesta.

La entrada de Ccapo comenzará desde la altura del Mercado del Pueblo en Bustamante y Rivero y seguirá por la avenida Dolores. Continuarán por Daniel Alcides Carrión, Salaverry, y Álvarez Thomas, culminando en la Plaza de Armas. El evento incluirá la participación de la Asociación de Criadores de Toros de Pelea y de Caballos de Paso, quienes aportarán sus propias tradiciones.

El recorrido iniciará a las 11:30 de la mañana. Manrique Sosa destacó que la intención es que esta actividad se institucionalice para realizarse anualmente. “Queremos que todos los distritos tengan la oportunidad de brindar un saludo a la ciudad. Incluso, estamos considerando la posibilidad de una entrada similar desde Tiabaya, Sachaca y Uchumayo en el futuro”, añadió.

Feriado en Arequipa el 15 de agosto

El 15 de agosto ha sido declarado día cívico no laborable en toda la provincia de Arequipa. Catherine Rodríguez Torreblanca, Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, informó que esta disposición se establece anualmente por usos y costumbres y que aplica tanto para el sector público como privado. Aunque no es un feriado establecido por ley, es de cumplimiento obligatorio debido a la larga tradición de celebrar la fundación de la ciudad.

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El especialista en salud ambiental, Zacarías Madariaga, advirtió que en aproximadamente una semana y media se incrementarán los índices de radiación ultravioleta en Arequipa. Según Madariaga, los niveles actuales de radiación ultravioleta se encuentran entre 11 y 12 en el índice UV. Esto supera el nivel máximo recomendado de 10, lo que representa un riesgo para la salud pública.

El especialista explicó que la exposición continua a estos altos niveles de radiación solar puede causar problemas graves en la piel y en los ojos, que no siempre se manifiestan de inmediato. «Los daños en la piel se acumulan con el tiempo. Entre 5 a 10 años, las personas podrían desarrollar cáncer de piel, resultando peligroso sobretoso para los niños y los adultos mayores», afirmó.

Además, Madariaga advirtió que la radiación ultravioleta también afecta el sistema inmunológico, debilitándolo. Y hace a las personas más vulnerables a otras enfermedades. Recordó que Arequipa es una de las ciudades con mayor exposición a la radiación solar durante todo el año debido a su ubicación en una zona desértica.

En cuanto a la protección ocular, el especialista recomendó el uso de lentes de sol con protección UV de 400 nanómetros para evitar enfermedades oculares como el glaucoma en el futuro. También sugirió el uso de sombreros y la aplicación regular de bloqueador solar. Especialmente durante las actividades al aire libre programadas por el aniversario de Arequipa, como desfiles y pasacalles.

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El Cono Sur de Arequipa también es escenario de invasiones. Inescrupulosos han aprovechado la gran cantidad de terrenos y han construido habitaciones en la parte alta de Mollebaya. Tito Zegarra Lajo, alcalde de dicha jurisdicción, afirmó que 30 hectáreas en el sector de Jirahuaya serán desalojadas próximamente.

Zegarra responsabiliza a Johan Villafuerte Calcina como promotor de las invasiones. El alcalde explicó que Villafuerte vendió terrenos a terceros, quienes, a su vez, continuaron lucrando con las tierras. Entre las promesas que hacen los traficantes está el saneamiento; sin embargo, esto solo se hace con el fin de captar a más socios.

No es la primera vez que ocurren las mismas irregularidades en la zona. En marzo de 2023, acusaron a Villafuerte de intentar apropiarse de 39 hectáreas de la comunidad campesina de Pocsi. En enero de este año, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) le impuso una multa por retirar vegetación en el mismo lugar que se adjudica en propiedad.

Según Zegarra, alrededor de 100 familias vienen ocupando el sector. Sin embargo, los invasores solo van los fines de semana. La denuncia de Zegarra también involucra a Seal, pues la entidad habría facilitado energía eléctrica para una máquina chancadora, cuya existencia es cuestionada. La instalación de un medidor requiere de verificación, por lo que también se deben aclarar versiones por parte de la empresa.

Como ya es habitual en el modo de operar de los traficantes, también intentaron acercarse a la Municipalidad de Mollebaya. Al no obtener el respaldo, los dirigentes amedrentaron a Zegarra, quien ya denunció los hechos y espera que el Gobierno Regional de Arequipa efectúe el desalojo correspondiente.

Más distritos de Arequipa en la mira de traficantes

Chiguata también es escenario de invasiones. En este caso, la construcción de cuartos se da en las faldas del volcán Misti. Gladys Ticona, alcaldesa del distrito, mencionó que es imposible que dichas asociaciones obtengan la habilitación urbana. Al menos durante la presente gestión, los dirigentes no han acudido a realizar trámites en dicha municipalidad.

Otro distrito que sufre con las invasiones es Polobaya. Según Wenceslao Cabana, alcalde de la jurisdicción, el problema se da cerca al poblado de Talamolle, en el límite con Moquegua. En el lugar se habrían dispuesto 200 lotes en un área que originalmente pertenece a una comunidad campesina. El tráfico de terrenos, que usualmente genera titulares periodísticos en Yura y Cerro Colorado, ha encontrado en el Cono Sur una “mina de oro” para avanzar sin control y en silencio.

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El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, genera controversia al minimizar un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que pone a Perú en una situación crítica respecto a la seguridad alimentaria. Afirma que en Perú no se pasa hambre y que hasta en el pueblo más alejado «se come de manera contundente». Lo que falta es calidad alimentaria.

Pese a lo dicho por el ministro de Dina Boluarte, en redes, colectivos de ayuda social muestran a diario la precariedad de personas en estado de abandono que comen lo que pueden, ya sea en la ciudad o en el campo.

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El Poder Judicial, a través de la Primera Sala Constitucional de Lima, declaró improcedente y rechazó la solicitud del Congreso de la República para dejar en suspenso la reposición de los consejeros Inés Tello y Aldo Vásquez en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En la decisión adoptada por mayoría dispone, además, que el expediente de la demanda de Amparo promovida por Tello y Vásquez, con la sentencia emitida en sede de primera instancia, pasé a la Corte Suprema de Justicia, para continuar su trámite y sea, la segunda instancia.

Los jueces dejaron constancia que el Congreso «no presentó observaciones ni cuestionamientos a la resolución administrativa de la JNJ del 3 de julio de 2024 que, en cumplimiento de la sentencia judicial, repuso inmediatamente a los consejeros antes mencionados. Concluyéndose que han convenido en su mérito y están de acuerdo con su contenido», enfatizan los jueces.

Como se recuerda, el 12 de julio, el Procurador Público del Congreso pidió a la Primera Sala Constitucional que “aclare y precise que al admitirse a trámite la apelación a la sentencia de reposición al amparo del Código Procesal Civil, sus efectos queden en suspenso, hasta un veredicto definitivo”.

Sin embargo, esta apelación fue rechazada con esta declaratoria de improcedencia, y tanto Inés Tello y Aldo Vásquez continuarán en la Junta Nacional de Justicia y contará con el quorum respectivo.

Lo urgente es proteger los derechos humanos de Tello y Vásquez

Fueron los jueces superiores Oswaldo Ordoñez Alcántara y Andrés Tapia Gonzales quienes resolvieron que este caso debe ceñirse al Código Procesal Constitucional y no al Código Civil.

Explicaron que el Código Procesal Civil, tutela bienes jurídicos donde es posible suspender la ejecución inmediata de una sentencia. El Código Procesal Constitucional, «se debate la tutela urgente de derechos humanos».

«Este criterio del Tribunal Constitucional está respaldado por el propio artículo 26 del cuerpo legal antes citado. Pues este no prohíbe la ejecución anticipada de oficio al no contener vocablos del tipo ‘únicamente’ o ‘solamente a instancia de parte'», dice el documento.

Por tanto, debe distinguirse entre los fines de un proceso civil y los fines de un proceso constitucional de índole urgente, detallan.

Quien volvió a pronunciarse en contra de la sentencia de amparo, el juez Luciano Cueva Chauca. Considera que la apelación del Congreso debía tramitarse con efecto suspensivo, sin la reincorporación inmediata de Tello y Vásquez a la JNJ.

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Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) como nuevo presidente del Congreso de la República, ordenó este jueves la promulgación de las normas sobre lesa humanidad y organización criminal, al no haberse pronunciado el Poder Ejecutivo sobre ambas leyes.

Ley de prescripción de delitos de lesa humanidad

La llamada ley ‘Alberto Fujimori’ la promovió el ahora fujimorista Fernando Rospigliosi y José Cueto, de Honor y Democracia. Se aprobó en segunda votación el pasado 4 de julio por la Comisión Permanente.

Esta ley se sustenta en que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio del 2002; mientras que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad lo hizo el 9 de noviembre de 2003.

“Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional”, dice la norma que beneficia a Alberto Fujimori y a quienes fueron condenados con él.

Es más, dice a la letra que, “ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”.

La ahora ley, tuvo el rechazo institucional del Ministerio Público y una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

¿Qué dice la ley sobre organización criminal?

Esta ley la presentó el congresista Américo Gonza de Perú Libre, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. Tiene como base un proyecto de ley de Waldemar Cerrón, y beneficia al prófugo Vladimir Cerrón, investigado por presunta organización criminal.

La Comisión Permanente del Congreso la aprobó el pasado 4 de julio. Modifica la definición de organización criminal y obliga ahora a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado.

Según sustenta, ahora se considerará como organización criminal a todo grupo “con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa”, conformado por tres o más personas que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles para la comisión de delitos sancionados con más de seis años de cárcel.

También implica que, la fiscalía no podrá solicitar al Poder Judicial el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias vinculadas a ingresos pensionarios y o relacionadas con bienes y activos de partidos políticos.

Y sobre los allanamientos, establece que el registro se realizará con presencia del interesado y de su abogado, y de no contar con este último, se le proporcionará uno de oficio.

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