En el 2006, un documento de la Comunidad Andina analizó el comercio exterior no registrado de sus cuatro países miembros con el objetivo de establecer lineamientos de política que lo lleven a la categoría de “comercio registrado”. Los ítems analizados para casi todos los países: fueron contrabando, cultivos ilícitos, comercio de zonas francas, bienes para uso militar, entre otros. Había problemas para su registro(1).
Pero había un ítem que aparecía como “no registrado” en solo un país: Perú y tenía la siguiente denominación: “Exportaciones de oro lavadero contrabando”. El informe no menciona ni el volumen ni el valor de dicha exportación. Y añadía que se debería evaluar su incorporación a las estadísticas oficiales.
En verdad el “oro lavadero” era oro explotado por empresas informales no registradas en el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Estas empresas “de alguna manera” conseguían llevar la producción de oro a empresas que lo refinaban. Y, mediante un sistema de facturas truchas, conseguían “blanquearlo” y darle un origen lícito. Acto seguido, procedían a exportarlo por los canales regulares.
Por ello, en las estadísticas de Aduanas-SUNAT figuraba una producción bastante mayor a la consignada por el MEM y, claro está, al aumentar el volumen exportado lo mismo sucedía con su valor. Para elaborar la balanza comercial, el BCR consigna las cifras de SUNAT. Como había discrepancia entre los volúmenes de oro del MEM y de la SUNAT, se estableció, informalmente, la denominación de “oro lavadero contrabando». Esta es la que recogió el informe de la CAN.
La controversia con la SUNAT por el oro lavadero yla minería en el año 2000
Las exportaciones de “oro lavadero” se conocían por lo menos desde fines del siglo pasado, en una controversia entre la SUNAT y la empresa Engelhard.
“El problema se suscita cuando Engelhard presenta a SUNAT los documentos de saldo a favor del exportador por US$ 28 millones. Esto, por el pago de IGV a diferentes empresas a las que había adquirido el oro (mayormente de lavaderos). Así también, para elevar su pureza.
Cuando SUNAT efectúa la verificación de los pagos del IGV por las empresas que vendieron el oro y realizaron los servicios a Engelhard, encuentra que éstas no habían pagado a la SUNAT ni el 1% del IGV que constaba en las facturas,. Algo que desnaturaliza el beneficio que constituye el saldo a favor del exportador.
La SUNAT procedió a revisar y analizar las transacciones entre Engelhard y las empresas proveedoras, a la luz de la Norma VIII del Código Tributario. , que permite «tomar en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios». Esta misma Norma VIII permitió acotar a Barrick y empresas eléctricas por objeción a las fusiones y adquisiciones realizadas por miles de millones de soles.
SUNAT encontró que el oro adquirido de lavaderos excedía la producción total de éstos, según información del Ministerio de Energía y Minas. Además, que había vínculos empresariales entre funcionarios de Engelhard y sus proveedores; que los laboratorios habían realizado servicios de refinación ficticios; que las proveedoras virtualmente dejaron de existir después del cese de operaciones de Engelhard, entre otros. Por tanto, SUNAT abrió proceso penal contra Engelhard ante el Juzgado Penal de Delitos Tributarios por el delito de Defraudación Tributaria contra la Fe Pública, en la modalidad de falsificación y uso de documentos falsos, en agravio del Estado”.
Tomado de Cristal de Mira, El caso Engelhard, la Norma VIII y los «pendientes» con EEUU, 09 de octubre de 2003:
La minería ilegal al día de hoy
En el año 2010, un informe del Ingeniero Héctor Benavente para la minera FODAMI, dice que en el 2009 la producción de oro de la minería artesanal fue el 14.6% de una producción total Perú de 211,301 kg. Agrega que había 79,600 productores artesanales en el país, con Puno en primer con 26,800 mineros, seguido de La Libertad, Arequipa, Piura, Madre de Dios, Lima y Ayacucho (con 7,500; 7080; 6,600, 6,000; 5,450 y 4,620). Siguen 12 Regiones más con producciones menores(2).
Agrega que una parte de las actividades artesanales produce deforestación, movimiento de tierras, colmatación de los lechos de los ríos, acumulación de gravas, entre otras. Entre sus principales características, tenemos: “actividad minera al margen de las leyes; ocupación de derechos mineros de terceros; uso ilegal de explosivos; uso ilegal de cianuro. Buena parte del oro producido lo comercializan ilegalmente”.
Todo eso era conocido. Pero estábamos en la época del super ciclo de altos precios de las materias primas (incluido el oro) debido a la industrialización de China. Se consideraba que la economía, en su modo “piloto automático”, seguiría creciendo por varias décadas.
Las preocupaciones económicas se centraron en el sector formal, en casi todos sus aspectos,. Las inversiones permitirían el aumento de la productividad de los otros sectores, lo que aumentaría la demanda de empleo formal. Por eso mismo, la informalidad, que ya rondaba el 75% del empleo de la población peruana, iría descendiendo, poco a poco. El “chorreo” surtiría efecto.
La cuestión es que, desde esa fecha hasta hoy el problema se ha agravado. Según un informe de la SNMPE y V&C Analistas(3), “la minería ilegal se presentó en 25 millones de hectáreas del territorio y el problema se ha extendido tanto que esta actividad se encuentra en 21 regiones del Perú, lo que pone en riesgo no solo la vida de las 600,000 personas que participan de manera directa e indirecta, sino también de toda la población, dada las actividades ilegales conexas (narcotráfico, trata de personas, extorsión, robo de tierras, homicidio, tala ilegal). La presencia de redes criminales facilita el contrabando.”
Es un problema social y no solo de seguridad
Es obvio que políticas de seguridad son necesarias. Pero hay que tomar en cuenta que, incluso dentro de la minería ilegal hay que separar la paja del trigo. Una cosa son los miles de mineros ilegales que se ganan la vida con esa actividad, ya que no tienen demanda de trabajo y por ello son informales que luego son reclutados por la minería ilegal. Y otra cosa son las cúpulas de las organizaciones ilegales que acopian el oro, lo llevan a laboratorios de manera ilegal para “blanquearlo” y exportarlo “lícitamente”. O traspasan las fronteras para hacer lo mismo y, finalmente, apoderarse de la mayor parte de las ganancias ilegales.
Se puede hacer un símil con la cadena de valor del narcotráfico, donde los campesinos cultivadores de la hoja de coca deben distinguirse de los narcotraficantes. También se puede decir que todos los miembros de una organización criminal (digamos, el Tren de Aragua) saben explícitamente que están delinquiendo, lo que no es el caso de los campesinos que cultivan hoja de coca ni de la mayor parte de la población que está en la minería ilegal.
Agregan que la minería no formal en el 2023 produjo 2,2 millones de onzas de oro, el 39.3% de la producción nacional. La valoración anual es de US$ 4,000 millones, de un total exportado de US$ 10,194 millones. Y el costo directo e indirecto para la economía es de US$ 6,000 millones anuales: valor de producción (64%), salarios (13%); costo ambiental (8%); pérdida de productividad (9%) y costo fiscal (6%).
Una parte de esta producción ilegal se exporta de la manera ya analizada aquí. Y ha encontrado otras formas de salir del país. Dice el informe de la SMNPE: las 2,200 onzas reportadas como exportaciones bolivianas en el 2023, solo el 10% fue producida en Bolivia. El 90% se fue de contrabando de Perú a Bolivia, con la consiguiente pérdida de regalías e Impuesto a la Renta.
Pero la minería ilegal también se ha “modernizado”. Dice un informe de la Superintendencia de Banca y Seguros (Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, 2019), de la cual depende la Unidad de Inteligencia Financiera, que está aumentado la utilización de “Activos Virtuales” en una serie de transacciones ilícitas, entre ellas el oro. Estos Activos Virtuales son los “tokens de pago” (o cripto dinero), los “tokens” de activos (análogos a bonos, acciones o derivados). Justamente, ayer jueves se publicó la Resolución SBS-02648/2024 para la prevención del lavado de activos relacionado con los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), bajo supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Aquí estamos
El tema de fondo no es solo que buena parte de la producción de oro es ilegal. El problema real es que esta actividad se ha convertido en un problema de seguridad nacional. En reciente reportaje a RPP, Dante Vera manifestó que esta actividad ilegal ha tenido un importante crecimiento en los últimos años. En parte debido a que el COVID 19 obligó a una parte de la población a buscar cualquier tipo de trabajo para subsistir.
Añadió también que la frontera con Ecuador y Colombia (por la zona del Putumayo), buena parte de Loreto, el triángulo entre Perú, Colombia y Brasil, además, de la frontera con Bolivia y Brasil se ha convertido en “tierra de nadie”, mejor dicho, dominada por los productores de oro ilegal.
Tenemos allí un problema de seguridad nacional. A ello se agrega que los altos precios del oro siguen aumentando la minería ilegal, que llega ya a niveles de organización violenta, como se apreció en la minera Pataz. Pero, como ya lo hemos dicho, hay un tema social que debe encararse y resolverse. Los sucesivos gobiernos han tratado de “formalizar” a los mineros informales a través de diferentes leyes, como el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Pero no lo han logrado.
Las actividades ilegales, no solo la del oro, han encontrado terreno fértil en la representación en el Congreso. No solo se abolió el DL 1607, que permitía a la policía la incautación de explosivos a los mineros ilegales. También la ley Soto-Cerrón dejó de lado las barreras para que no se permita (en adelante) el cambio de uso de suelos para así combatir la tala ilegal. La minería ilegal está protegida al punto que las grandes máquinas empleadas en los lavaderos de oro no necesitan estar en Registros Públicos, como sí sucede con una moto o un automóvil. Y el REINFO, que es un escudo para la minería ilegal, que les permite actuar como informales, ha sido prorrogado hasta diciembre de ese año.
Estamos entonces, en un “país fracturado”, como lo afirmó Francisco Durand: una economía formal, una economía informal y economías delictivas. Hay muchos planteamientos para atacar las economías ilegales (narcotráfico, oro ilegal) como si solo fueran un problema de seguridad y/o delincuencial, para lo cual bastaría apresarlos y construir más cárceles. Eso es un error, porque obvia los problemas sociales ya comentados. Se necesita una estrategia integral.
Se trata, de un lado, de una influencia y un poder ya instalado y que actualmente tiene cierto control del Estado, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, que hay que combatir. Y, de otro, se trata de impulsar políticas que impulsen la creación de empleos productivos que constituyan alternativas a las economías delictivas. Las alternativas no son simples ni se van a conseguir en 5 años.
Todo empezó como jugando. Pero se ha jugado con fuego.
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1) El Comercio No Registrado y su Tratamiento en Estadísticas de Comercio Exterior de la CAN, Lima, 2006
2) Aporte económico y social de la minería aurífera artesanal, formal e informal, y su problemática, 2010, Ing. Héctor Benavente Revilla, Empresa minera FIDAMI
https://cutt.ly/2exaWIHf
3) “Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú”, SNMPE, V&C, Analistas, Setiembre 2023.
Artículo publicado en Otra Mirada
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