Los abogados que representaron al Estado Peruano en la audiencia de lal CIDH, hicieron una defensa férrea del proyecto Rospigliosi, que busca amnistiar a autores de crímenes de lesa humanidad. Los encargados fueron los abogados de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, Jorge Luis Cáceres Arce y César Fernando Pastor Briceño.
Este último mostró como fondo de pantalla la bella catedral de Arequipa, aunque no necesariamente fue motivo de orgullo. En su intervención, responsabilizó a las víctimas de violaciones de derechos humanos de esperar a que el Congreso avance hasta la segunda votación del Proyecto Rospigliosi para solicitar la intervención de la Corte IDH, “de urgencia”.
“Los representantes de las víctimas que quienes pese a conocer que desde febrero ese proyecto de ley venía tramitándose en el Congreso y que había recibido en marzo dictamen favorable en comisión. Esperaron hasta que el pleno del 6 de junio adopte una primera votación para solicitar la intervención de esta Corte Interamericana. Ello con el afán de alegar una supuesta urgencia de segunda votación que se llevaría una semana después”.
César Fernando Pastor Briceño, defensa del Estado, sugiriendo una presunta impertinencia de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta al comunicar a la Corte IDH sobre el Proyecto Rospigliosi.
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Defensa del Estado Peruano manifestó “incomodidad” y “molestia” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Pastor Briceño justificó un pedido de prórroga a la Corte IDH, alegando que lo notificaron un sábado, “causándole incomodidad”:
“Nos causa incomodidad y molestia al Estado Peruano que el sábado 8 de junio al mediodía se nos notifique con esta solicitud”.
El jurista también alegó un estado de “indefensión” de la república de Perú, ocasionado por el pedido de las víctimas:
“El Estado Peruano no puede dejar de manifestar su preocupación por la indefensión en el que se le ha puesto producto de esta solicitud de medidas provisionales por parte de los representantes de las víctimas”.
César Fernando Pastor Briceño contra el pedido de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Jorge Luis Cáceres Arce, otro de los abogados que participó en la defensa del Estado respecto al proyecto Rospigliosi, fue aún más apasionado en sus alegatos. El jurista arguyó que no es parte de la tradición legislativa aprobar segundas votaciones en la comisión permanente. Por tanto, según él, no había riesgo de que el controvertido proyecto de amnistía fuera aprobado finalmente por el Congreso.
El alegato, que más parecía un llamado a la inercia, no explicó cuáles serían las garantías de que no se apruebe la medida. Además, sugirió que el Tribunal Constitucional y el Ejecutivo observarían la norma. Jorge Luis Cáceres Arce omitió el precedente de desacato tanto del Tribunal Constitucional y del Ministerio de Justicia actual al pedido de rendición de información sobre las medidas y garantías solicitadas por la Corte IDH al decidir a favor del indulto irregular al exdictador Alberto Fujimori.
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Las víctimas sustentaron su pedido de justicia ante la Corte IDH
Gisela Ortiz, exministra de cultura, estuvo entre los representantes de las víctimas de La Cantuta. También acompañó Gloria Cano de Aprodeh a representantes de las víctimas de Barrios Altos. Carlos Rivera y Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal, también sustentaron los alegatos de los deudos.
Gloria Cano explicó el contexto en el que se sentenciaron a los responsables intelectuales, por omisión y directos, de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Las víctimas de estos casos ya habían recurrido antes al sistema interamericano para revertir leyes irregulares de amnistías e intentos de impunidad.
“Las leyes de impunidad fueron revertidas al determinarse que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción, establecimiento de excluyentes de responsabilidad […] de las graves violaciones de derechos humanos tales como la tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos”
Gloria Cano, representante de Aprodeh.
Más adelante, la defensa de las víctimas le aclaró a los magistrados de la Corte IDH que Alberto Fujimori fue sentenciado por delitos de Lesa Humanidad gracias a que se acogieron normas del Derecho Internacional, dejando en evidencia la imprecisión de Jorge Luis Cáceres Arce. El abogado de las víctimas, Carlos Rivera, también explicó que Alberto Fujimori fue sentenciado por autoría mediata de secuestro, homicidio y otros delitos, porque en ese momento solo se contaba con esas figuras en la tipificación penal peruana y por eso se recurrió al Derecho Internacional que es lo que consta en la sentencia final.
Una de las juezas de la Corte IDH, Verónica Gómez, cuestionó a la defensa del Estado Peruano del Proyecto Rospigliosi: “Esta es una pregunta muy cándida, pero ¿usted leyó el fallo de Barrios Altos? ¿Usted leyó las opiniones separadas?”. La magistrada le explicó a agente del Estado peruano que precisamente en las opiniones separadas de la sentencia se detalla la aplicación del Derecho Internacional para juzgar y condenar al exdictador Alberto Fujimori de bajo la figura de crímenes de Lesa Humanidad.
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“Los jueces nacionales han condenado a los autores materiales y mediatos, incluyendo a Alberto Fujimori”
Ese fue uno de los recordatorios claves que expuso la defensa de las víctimas. También alertaron que no existe ninguna indicación que el Ejecutivo o el TC veten el proyecto de ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad.
“En la actualidad el Estado [peruano] no solo ha desacatado la disposición de esta Corte de abstenerse de liberar a Alberto Fujimori, sino que el Tribunal Constitucional ha señalado como no vinculante las disposiciones de la Corte IDH”.
Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, sustentando la fragilidad de garantías de protección a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, ante la Corte IDH.
Nancy Hernández López, presidente de la Corte IDH; y Pablo Saavedra Alessandri, secretario de la Corte IDH; escucharon también el recordatorio que el sentenciado y ahora liberado Alberto Fujimori, no cumple con el pago de reparación civil.
“Este proyecto de ley representaría un impedimento para el cumplimiento de las sentencias de los casos de Barrios Altos y La Cantuta […] Si se adopta esta Ley, los condenados de estos casos serían liberados sin garantizar la justicia y sin cumplir las penas que les fueren impuestas por los tribunales nacionales. Notamos además que ellos no han aportado elementos para esclarecer la suerte de los desaparecidos o pagar las reparaciones civiles que aún adeudan a las víctimas”.
Florencia Reggiardo, representante de las víctimas antes la Corte IDH.
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Agentes estatales niegan sentencias de crímenes de Lesa Humanidad en audiencia internacional
Conversamos con el abogado Carlos Rivera para entender los sustentos expuestos en la audiencia en la Corte IDH. También le consultamos si es tradición de derecho internacional la actuación de los defensores del Estado peruano ayer, ante la Corte IDH.
“En Perú hasta el momento hay 107 sentencias dictadas en casos de violaciones de derechos humanos, de esas, al menos en 30 casos el Poder Judicial peruano ha dicho que fueron crímenes de Lesa Humanidad”
Carlos Rivera, abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta
El representante de las víctimas nos comentó que los abogados que el Ministerio de Justicia designó para la defensa de ayer no son de la Procuraduría Supranacional de Perú. Es decir, fueron contratados por el gobierno con este fin. Según dijo, la Procuraduría Supranacional lleva bajo su titularidad la defensa del Estado Peruano ante fueros extranjeros, como se acostumbra hace más de una década.
César Fernando Pastor Briceño se presenta como socio fundador de ‘Becerra Abogados’ en LinkedIn. Jorge Luis Cáceres Arce fue vicerrector de la Universidad Católica de Santa María. Recientemente, participó en un informe del MINJUS ante la Corte IDH que exigía a este Tribunal que se respete su soberanía jurídica.
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