Autoridades de Arequipa conminan a minera Cerro Verde pagar regalías

 

La Gobernadora Regional, Yamila Osorio Delgado, y 24 alcaldes distritales de la provincia de Arequipa, emitieron un pronunciamiento en el que se exige a Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) el pago de los 286 millones de soles por concepto de regalías que la empresa ha dejado de pagar desde el año 2006 y que, según reciente fallo judicial, está dentro de sus obligaciones, evitando dilatar el pago acudiendo a nuevas medidas judiciales.

En el pronunciamiento publicado se sostiene que desde hace 10 años el estado le viene requiriendo este pago a SMCV y que, el 29 de enero pasado, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo  en Lima, declaró válidas las resoluciones de SUNAT que determinan esa deuda (la empresa se acoge a su contrato de estabilidad tributaria firmado durante el régimen fujimorista para evitar pagar regalías).

Asimismo señalan que la mina Cerro Verde es la mina de cobre más grande del Perú y está en camino a producir 500 mil toneladas de concentrado al año, actividad que esta ubicada “a escasos 20 kilómetros de la ciudad de Arequipa”.

“Teniendo en cuenta esta ubicación estratégica, es importante resaltar que la empresa es el mayor usuario de recursos e infraestructura regional (agua, energía, carreteras, servicios, logística, conectividad, etc.) y debe asumir un rol protagónico en el desarrollo regional”, señalan.

Agregan en un tercer punto que en los últimos 15 años el mercado ha experimentado récords en los precios de los metales llevando a las empresas mineras a obtener sobre ganancias históricas y que, incluso en el contexto actual (de baja de precios del metal), sus precios son superiores al promedio garantizando la rentabilidad de inversiones en industrias extractivas y recursos naturales.

Por último mencionan que, en este contexto, y de acuerdo al Art. 66 de a Constitución que dispone que los recursos naturales son patrimonio de la Nación, “las autoridades de Arequipa y la sociedad civil realizan un enfático llamado a la reflexión a Sociedad Minera Cerro Verde SAA para que cumpla con el pago de sus obligaciones legales, y desista de acciones legales nacionales e internacionales que buscan dilatar el pago y retrasen el desarrollo de Arequipa”.

“Esperamos que Sociedad Minera Cerro Verde , en el más breve plazo, pague los 286 millones ordenados por el Poder Judicial”, finaliza el comunicado fechado en 3 de febrero.

Entre las firmas está la de la gobernadora regional y 24 de los 29 distritos de Arequipa, incluyendo todos los urbanos como Cerro Colorado, Yanahuara, Mollebaya, Uchumayo, Yura, Miraflores, Tiabaya, Socabaya, José Luis Bustamante y Rivero, Vítor, Mariano Melgar, Sabandía, Alto Selva Alegre, Characato, Cayma, Sachaca, Hunter, Paucarpata, San Juan de Siguas, Yarabamba, Santa Isabel de Siguas, Polobaya, Santa Rita de Siguas y Pocsi.

El alcalde de Quequeña, José Palomino Aguilar, ha expresado siempre su apoyo a la minera Cerro Verde, de la que dice lo ha apoyado en su gestión con recursos financieros que le han permitido una serie de mejoras. En efecto, Aguilar fue parte de la Coordinadora Político Social, una agrupación de dirigentes populares que, inexplicablemente, apoya a la minera, luego que en 2006 se firmara un convenio marco que la empresa no ha cumplido en todos sus puntos.

Sorprende la ausencia de la firma del alcalde de La Joya, Christian Cuadros Treviño, debido a que es precisamente ese distrito el que mayores conflictos tiene con la minera Cerro Verde, por la entrega de 1 metro cúbico a la empresa para ser tratada y reutilizada en la ampliación de sus operaciones lo que, sin embargo, disminuye la cuota de agua que los agricultores de ese distrito han venido utilizando para regar sus cultivos. En semanas previas, los agricultores de La Joya antigua y la Joya nueva, han encabezado las protestas por la distribución de agua que privilegia a la minera y han denunciado privilegios.

En el caso de Chiguata, el alcalde Gregorio Corrales Delgado, debe explicar su ausencia en este pronunciamiento a la luz de insistentes rumores que señalan que existen conexiones clandestinas desde ese distrito que derivan hacia el campamento minero de Cerro Verde.

Y en el caso de municipio provincial, el alcalde Alfredo Zegarra Tejada, líder del movimiento político Arequipa Renace, cuyos alcaldes han suscrito en gran mayoría el pronunciamiento, solo puede explicarse su ausencia en el marco del pedido que ha hecho, hace algunas semanas, de una donación o aporte de 500 millones de soles para obras de alcance provincial que quiere ejecutar desde el municipio. La minera, a pesar de haberle advertido que no está en posibilidad de hacer esa donación, ha mantenido conversaciones con el burgomaestre, en espera de llegar a un arreglo en la modalidad obras por impuesto u otro, pero que no implique un desembolso directo.

Tras varias postergaciones, el tema no se ha definido aún y, todo hace prever, que el alcalde mantiene la esperanza de obtener algún tipo de aporte directo a su gestión, de parte de Cerro Verde, por lo que no ha querido comprometerse con una firma en el pronunciamiento conjunto.

Bajo este título, la edición impresa de El Búho, Nº 29, de noviembre de 2014, alertaba de esta acción de amparo, primero presentada en Arequipa y luego en Lima, con el fin de evitar pagar las regalías que, de acuerdo a la resolución judicial, no constituyen un nuevo tributo, por lo ese pago no está comprendido en el acuerdo de estabilidad tributaria firmado con el gobierno peruano en 1998 y renovado en 2014 por el ministro Jorge Merino Tafur.

Este fallo judicial ordena el pago de regalías por lo extraído en materia prima durante los años 2006 y 2007, pero con esa jurisprudencia debería aplicarse a todos los años posteriores, lo que suman más de 800 millones de soles. Más aún, si se considera que este proyecto es diferente de la primera etapa que sí estaba protegida por el contrato de estabilidad tributaria, falta cobrar las Regalías Mineras del Proyecto de Lixiviación y el Impuesto a la Renta defraudados por más de US $ 3,000 millones, por que al reconocerse que efectivamente son distintas las concesiones del Proyecto de Lixiviación respecto a las del Proyecto de Sulfuros Primarios, Cerro Verde no podía reinvertir las utilidades generadas por una concesión en otra, exoneradas del Impuesto a la Renta, como se hizo, lo que elevó extraordinariamente sus utilidades.

Asimismo, en aquella publicación, El Búho dio cuenta de las condiciones ventajosas en que SMCV hace uso de los servicios urbanos, los insumos y facilidades que emplea por su cercanía a la ciudad, sin que ello signifique alguna ventaja para la urbe, lo que no le ha bastado para desechar estas acciones dilatorias para el pago de sus obligaciones y, en cambio, la ha envalentonado al punto de ejercer presión sobre “autoridades rebeldes” y medios de comunicación insumisos a los intereses que quiere imponer en base a su poder financiero.

Territorio, terrenos y subsuelo 

Como un presente navideño, el 24 de diciembre de 2013, el presidente regional, Juan Manuel Guillén, suscribe y manda a publicarse la Ordenanza Regional N° 254 que declara de “Necesidad e Interés Público Regional el proyecto ´Expansión de la Unidad de Producción Cerro Verde´”, aprobada días antes por el Consejo Regional, bajo la presidencia de José Cárcamo.

El objetivo de esta declaratoria era, entre otros, transferir en Propiedad más de 8 mil 200 hectáreas de terrenos ubicados en las cercanías de su concesión minera, dentro de los distritos de Yarabamba, Hunter y Tiabaya, con el fin de facilitar sus operaciones. El irrisorio precio en el que se había tasado los 16 terrenos inscritos en registros públicos como propiedad estatal, fue de S/. 0,57x m2 (57 céntimos de nuevo sol por metro cuadrado). Los más de 82 millones de metros cuadrados, constituyen el 17% de la superficie total de Yarabamba.

Para proceder a la transferencia, en abril de este año el GRA emitió 16 resoluciones ejecutivas suscritas por el presidente regional en las que se adjudica a sí mismo (al Gobierno Regional) estos 16 predios, con el objetivo de destinarlos al proyecto de Expansión de Cerro Verde. Ese era el fin de la tasación.

Esteban Valdez, Jefe de la Oficina de Ordenamiento Territorial hasta el mes de febrero, señala al respecto que mientras ocupó el cargo se opuso a esta transferencia por dos razones: la transferencia directa era ilegal, pues la normativa indica que todo terreno del estado debe ser transferido por subasta pública, además de no haberse consultado a los municipios afectados; y en segundo lugar, porque el monto al que se había tasado los terrenos, no correspondía a la realidad. “Era un regalo”, dice.

También cuenta que los arreglos para esta transferencia se hicieron en conversaciones directas entre una comisión del GRA presidida por el entonces asesor Carlos Leyton, y la funcionaria de Cerro Verde, Julia Torreblanca Marmanillo, acompañada de un numeroso equipo de técnicos que facilitaron el arreglo.

La transferencia no se concretó debido a la oposición de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales que apeló las resoluciones señalando que no se le había pedido opinión técnica como es obligatorio, por lo que hubieron de retroceder y emitir otras 16 resoluciones ejecutivas donde declaran la nulidad de las anteriores, devolviendo al estado la propiedad de los 16 terrenos. El tema está en stand by y será la nueva administración regional la que decida su destino, aunque SMCV ya ocupa varios de estos terrenos precariamente.

Esta pretendida venta de terrenos al Estado es diferente e implica otro tipo de derechos respecto a los que le otorga su concesión sobre suelo arequipeño, que para el proyecto de expansión creció en 800% respecto a la concesión otorgada para el proyecto de lixiviación en 1994 y en 300% respecto al proyecto de sulfuros primarios, en 2004. Así, desde el 2012 tiene una concesión que supera las 60 mil hectáreas y está a muy pocos kilómetros del centro de la ciudad. Como lo han reconocido ya en diversos foros, Arequipa es la única ciudad en el mundo que tiene una mina tan cercana, prácticamente en las afueras de la ciudad o, mejor dicho, Cerro Verde sería la única mina en el mundo que tiene una ciudad dentro de su concesión.

Pura energía 

En el año 2004, la empresa de generación eléctrica, Egasa, y Cerro Verde firmaron un contrato para la construcción de la represa de Bamputañe, estimando su costo en 5 millones de dólares. La minera financiaría el costo a cambio de que Egasa se comprometa a mantener la tarifa plana por los próximos 9 años, a partir de 2007 hasta diciembre de 2015.

Además de algunos cargos, el Precio Medio de Venta ha sido fijado en 2.898 centavos de dólar por kilowatt/hora. En soles, sería 0,081144 por kWh. Un usuario comercial paga por esa misma cantidad de energía, entre 5 y 6 veces más, esto es, S/. 0,4566 por kWh. Además de eso, Egasa le reconoce una inversión reembolsable de más de 7 millones de dólares.

Pero esa no fue su única ventaja. En el año 2007 Egasa consideró que la minera no había cumplido los términos del contrato y lo resolvió, solicitando un pago por lucro cesante. La minera argumentó que la obra costaba mucho más de lo estimado por lo que pidió una adenda que le permitiera obtener mejores condiciones. Y así se lo concedieron. Egasa, bajo la presidencia de Adolfo de Córdova, no exigió ningún pago y aceptó que el valor de la represa no era 5 sino 11 millones 390 mil soles. Los perjuicios reales para Egasa son incalculables, pero la empresa seguía obligada a venderle energía a un costo irrisorio, hasta diciembre de 2015.

¿Cuál es la situación en este momento con la venta de energía, escasa por la falta de lluvias?, habría que preguntarse.

Cerro Verde, que toma directamente del Río Chili, paga la cifra promedio de 0,018 céntimos de nuevo sol. Un usuario cualquiera de Sedapar paga, en cambio, S/. 0,56 nuevos soles por metro cúbico de agua.

 

Agua bendita

Actualmente la dotación de agua fresca a Cerro Verde, que toma directamente del Río Chili, es de 1,160 metros cúbicos por segundo (reducida temporalmente por la sequía en 200 metros), por la cual paga la cifra promedio de 0,018 céntimos de nuevo sol. Un usuario cualquiera de Sedapar paga, en cambio, S/. 0,56 nuevos soles por metro cúbico de agua. Si esto ya es desventajoso, lo que resulta inadmisible es el convenio específico que el gerente de Sedapar, Xavier Zagaceta (hoy alto funcionario de Otass), firmó prácticamente en secreto con Cerro Verde, por el cual desiste de cobrar por el agua tratada que entregará a la minera a cambio de que ésta construya la Planta de Tratamiento de La Enlozada. A pesar que el convenio marco para esta obra dice que Cerro Verde deberá pagar por el agua tratada que utilizará para triplicar sus operaciones, Zagaceta decidió no cobrarle nada, a espaldas de los propios alcaldes, integrantes de la Junta de Accionistas de Sedapar. El tema fue motivo de un escándalo a mediados del año pasado, pero ahora ya todos parecen haberse resignado al “faenón” como fue denominada aquella negociación. La peor consecuencia sería que, gracias a su convenido de estabilidad tributaria, los 943 millones de soles en los que ha valorizado la planta (y que ahora se habrían elevado a 1,300 millones, según la empresa), sean descontados íntegramente de sus obligaciones tributarias, dado que se trata de una obra declarada de “interés público”, con lo que el gran perdedor sería nuevamente la ciudad.

Ahora señor lector o lectura, pregúntense si habían razones suficientes para estas denuncias y si pedir que la minera pague sus obligaciones a la ciudad es un “acto subversivo”.