De acuerdo a un informe de OjoPúblico, la cancelación anticipada de las deudas fiscales de las mineras Cerro Verde y Buenaventura fue una estrategia. No solo les permitió aprovechar el tipo de cambio favorable (para quien tenía dólares), sino que también las liberó del pago de intereses que habían sido recientemente fraccionados para ser pagados al Estado Peruano en los próximos seis años.
Solo la empresa Buenaventura, propiedad de Roque Benavides Ganoza, dejó de abonar más de S/16,2 millones en intereses por esta operación. Y al mismo tiempo, ambas compañías, impulsan procesos contenciosos, medidas cautelares o demandas internacionales para recuperar el dinero desembolsado e impedir el cobro de otros tributos.
Primer acto: pago anticipado para ahorrar intereses
Hace unas semanas se conoció que dos de las principales mineras del país, Sociedad Minera Cerro Verde y Compañía de Minas Buenaventura, cancelaron por anticipado las deudas tributarias que tenían con el Estado desde hace más de una década. Esta decisión, si bien fue bien recibida por la ciudadanía como positiva para el Estado porque genera mayores recursos, implicó un millonario ahorro por el tipo de cambio y en intereses que recientemente habían sido fraccionados.
Los estados financieros, memorias anuales y balances económicos registrados ante la Bolsa de Valores de Lima y la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos dan cuenta de los compromisos asumidos entre ambas mineras. Y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para que estas paguen sus obligaciones fiscales en cuotas durante un máximo de seis años. Esto, debido a que perdieron los reclamos iniciados en instancias administrativas.
El acuerdo con Cerro Verde se adoptó en 2019, pero parte de la deuda fue sujeta a una última reprogramación en agosto de 2020; mientras que la solicitud de Buenaventura se aceptó en enero de este año, con cargo a que los abonos se empiecen a realizar en julio. Los documentos detallan los montos que debían ser pagados en 66 cuotas y con un interés de 0,8 % mensual a favor del Estado.
Segundo acto: Resultados de Primera Vuelta cambian planes de pago en cuotas
Sin embargo, los planes cambiaron tras las elecciones presidenciales en primera vuelta. Y a fines de mayo, Buenaventura aprobó la búsqueda de fondos para cancelar por anticipado sus deudas fiscales. El pasado 30 de julio y el 13 de agosto, Buenaventura y Cerro Verde, respectivamente, desembolsaron un total de S/ 3.164 millones a favor de la Sunat; por los tributos que mantenían en controversia por sus operaciones del 2007 a 2013.
Solo en el caso de Buenaventura, OjoPúblico pudo identificar que la operación representó un ahorro de S/ 16,2 millones en intereses programados por este concepto. Además, el abono se realizó en un contexto en que la moneda nacional se devaluó a niveles históricos. Un escenario conveniente para los gigantes mineros que exportan y facturan en dólares.
Tercer acto: Cerro Verde y Buenaventura pagan sí, pero en modalidad de protesto
El 30 de julio, Buenaventura comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la decisión de no continuar con el fraccionamiento y saldar la deuda exigida.
Cuando se aprobó el acuerdo de fraccionamiento, en enero de 2021, el dólar estaba S/ 3,6. Y Buenaventura declaró en sus estados financieros que el monto que pagarían en soles bordearía los USD 560,3 millones al cambio. Pero el 30 de julio, el día en que la minera canceló sus obligaciones por anticipado, la moneda extranjera había llegado a un valor de S/ 4,07. Con ello, según los datos de OjoPúblico, el monto estimado en dólares se redujo a USD 524,3 millones. Es decir, se produjo una reducción de USD 36 millones en su contabilidad.
Pero como se sabe, en realidad tanto Cerro Verde como Buenaventura impulsaron un largo litigio a través de sus equipos jurídicos con el fin de evitar el cobro de impuestos, según el análisis de los informes financieros, por parte de OjoPúblico. Una pugna que continúa a través de siete procesos contenciosos administrativos y medidas cautelares en el Poder Judicial; además de dos demandas iniciadas en tribunales internacionales.
Lo que no se dijo al momento de informar sobre el “pronto pago” es que se realizó bajo la modalidad de protesto. Un mecanismo por el que se puede seguir litigando el cobro y posteriormente, en caso obtengan un fallo favorable, recuperar el dinero.
Benavides Ganoza, Buenaventura y Cerro Verde
Minas Buenaventura es una de las principales compañías de extracción de oro, plata y cobre en el Perú, con proyectos activos en seis regiones. La empresa cotiza sus acciones en las Bolsas de Valores de Lima y Nueva York. Y tiene como presidente de directorio a Roque Benavides Ganoza, extitular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
La minera de Benavides Ganoza, además, es dueña del 19,58 % de acciones en Sociedad Minera Cerro Verde. La empresa líder en producción de cobre que opera en Arequipa. Los otros copropietarios son la estadounidense Cyprus Climax Metals Company (53,56 %), registrada en el paraíso fiscal de Delaware. Y subsidiaria de una de las cupríferas más grandes del mundo, Freeport McMoran (53,56 %); y SMM Cerro Verde Netherlands B.V (21 %), constituida en los Países Bajos y parte de la japonesa Sumitomo Metal Mining.
Cerro Verde: Estrategia
La estrategia que adoptó Cerro Verde -la productora de cobre de Arequipa- es que no reconoce las regalías e Impuesto Especial a la Minería que le exige la Sunat. Esto, por las actividades que realizó su planta de flotación Sulfuros Primarios, desde 2006 a 2013, en pleno auge internacional del precio de los metales. La compañía alega que dichas operaciones también están protegidas por el Contrato de Estabilidad que firmó años atrás con el Estado peruano.
Entre 2008 y 2019 el Tribunal Fiscal rechazó sus reclamos y la solicitud de exención de las multas e intereses. Pero la minera decidió no insistir en el Poder Judicial con miras a un plan mayor. “Pese a no estar de acuerdo con la decisión del Tribunal Fiscal, la Sociedad no la cuestionó ante la rama judicial con el fin de dar cumplimiento a los requisitos del APC [Acuerdo de Promoción Comercial] para dar inicio al arbitraje internacional en contra del Perú”, se lee en su memoria anual.
La Sunat y Cerro Verde
Entre octubre de 2018 y enero de 2019, la Sunat aplicó los fallos administrativos a su favor. Y empezó a exigir los pagos de regalías en tres bloques. Cerro Verde consiguió que la deuda fuera prorrogada por seis meses. Luego de lo cual empezó a hacer los desembolsos bajo protesto y a través de cuatro fraccionamientos de 66 meses cada uno. Una parte de los tributos exigidos fue sometido a una nueva reprogramación en agosto de 2020, a razón de 30 cuotas mensuales.
A diferencia de Buenaventura, y debido a los múltiples reclamos tributarios que se estuvieron pagando bajo protesto, en la contabilidad de Cerro Verde no se puede distinguir cuántos millones en intereses ya se abonaron por este concepto y cuántos otros faltaban por honrar hasta el 13 de agosto de 2021, fecha en la que decidieron cancelar en una sola armada los S/ 1.041 millones requeridos.
Pero mientras la minera efectuaba los pagos mensuales bajo protesto, sus principales accionistas llevaban el reclamo a tribunales internacionales. El 28 de febrero de 2020, el socio mayoritario de Cerro Verde, Freeport McMoran Inc., comunicó el inicio de un arbitraje contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por supuestos incumplimientos en el tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos.
Según los registros de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el 13 de mayo, otra de sus accionistas, la holandesa SMM Cerro Verde Netherlands B.V, presentó un segundo arbitraje contra Perú invocando el Tratado Bilateral de Inversiones Países Bajos-Perú. Ambas demandas cuestionan el cobro de regalías y se mantienen vigentes.
Cerro Verde y los otros grandes deudores
Esta semana el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Iván Merino, informó en un medio local que la empresa china MMG Limited, que opera la mina Las Bambas en las regiones de Cusco y Apurímac, empezará a abonar el Impuesto General a las Ventas (IGV) pendiente de los años 2011 y 2012, por un total de S/690 millones. El monto corresponde a los últimos años en que el proyecto estuvo en manos de la suiza Glencore, y el fallo ha sido confirmado por el Tribunal Fiscal en 2020.
Adicional a ello, Merino aseguró que MMG pagará por primera vez el Impuesto a la Renta (IR), y que ello representa un gesto de confianza de la empresa privada. “Según su programación, recién debía ingresar el 2023, pero ahora va a ingresar para que el Estado lo pueda disponer el 2022. No es un logro de nuestra gestión, sino es un gesto de confianza”, dijo. Sin embargo, no es novedad que Las Bambas iba a empezar a generar renta y, por lo tanto, canon en esos años.
Epifanio Baca, economista y coordinador ejecutivo de la ONG Propuesta Ciudadana, explicó que la renta se paga siempre que haya utilidades, no por un acto de voluntad o confianza. “En 2015 Las Bambas se encontraba en fase preoperativa, por lo tanto, no estaba obligado a pagar renta. Luego ha entrado en un periodo de recuperación, entre 2016 y 2020, donde ha empezado a producir y cubrir sus gastos, pero sin poder generar utilidades. Se estima que eso ya le corresponde ahora, es un procedimiento habitual y no debe haber un aprovechamiento político en su ejecución”, añadió.
Banca, transporte, alimentos, salud, entre otros también deben al Estado
Además de Buenaventura, Cerro Verde y Las Bambas, en un reportaje anterior OjoPúblico reveló que hasta setiembre de 2020 había otras 155 empresas, de diferentes sectores económicos, que están registrados como grandes deudores tributarios y mantienen litigios en la Sunat, Tribunal Fiscal o Poder Judicial porque no reconocen el cobro. Un grupo de 26 de estas, entre las que también se encuentra Buenaventura, había solicitado la prescripción alegando que ya transcurrió el plazo previsto en la legislación.
Se trata de compañías líderes en los sectores minería, banca, transporte, alimentos, salud, entre otros, y sus expedientes concentran S/9.256 millones en impuestos que el Estado no puede cobrar. Entre estos encontramos a Scotiabank, una de las cuatro entidades financieras que concentra el mercado de créditos en el Perú, y que el año pasado registraba una deuda de S/1.076 millones en impuestos.
También aparece Compañía Minera Antapaccay S.A., subsidiaria de la gigante suiza Glencore que explota cobre en la región Cusco; y la empresa de capitales españoles Telefónica, que según su memoria anual mantiene litigios por S/ 11.128 millones debido a inspecciones en el pago de Impuesto a la Renta e IGV, efectuadas entre 1998 y 2010, entre otros.
¿Un mecanismo que incentive el pago de las deudas tributarias solo a las grandes empresas?
En este contexto, el presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leonardo López, plantea pedir al Congreso de la República que apruebe un mecanismo que incentive el pago de las deudas tributarias de las grandes empresas. En una nota publicada en su revista institucional, propuso que se les aplique diferentes paquetes de rebajas, en multas e intereses; “a cambio de que el contribuyente pague y se desista de sus procesos administrativos o judiciales”. Cabe la pregunta, ¿y las deudas tributarias de las medianas y pequeñas empresas?
Por el contrario, el Grupo de Justicia Fiscal –integrado por Oxfam, el Grupo Propuesta Ciudadana y CooperAcción– plantea algunos cambios para acabar con los largos juicios tributarios. Entre ellos, identificar la ruta crítica en la cadena de reclamos e impugnación, en sede administrativa y judicial; fortalecer la capacidad de la Sunat y el Tribunal Fiscal; y establecer responsabilidades en los representantes legales de los contribuyentes que dilatan sin sustento los procesos.
Fuente: OjoPúblico
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