“Una nueva convivencia” también incluye a la migración de venezolanos

Quinta Columna Alfredo Quintanilla

Los peruanos más viejos estamos reviviendo en estos meses, aquellos meses finales de 1988, cuando, en medio del enfrentamiento al senderismo, el fracaso de la estatización de la banca y la inflación galopante, el gobierno de García aprobó varios “paquetazos” de medidas económicas que fueron peor que la enfermedad: hubo escasez generalizada de alimentos y una hiperinflación pocas veces vista en el mundo, que diluyó sueldos y salarios y lanzó a millones a la lucha por la sobrevivencia, a comer una sola vez al día, al terror y al ¡sálvese quien pueda!

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Ese individualismo generalizado, producido por el miedo, hijastro de la violencia y la hiperinflación, fue la base social del apoyo a la privatización de las empresas estatales y al “emprendedurismo”, que tanto éxito político le dio y le sigue dando al neoliberalismo.

El miedo[1] que lleva al límite al individualismo y niega la solidaridad puede regresar, como ya se ha visto en el reclamo de los extremistas de derecha de Italia, España o Brasil que proclaman: curación y libertad para los que puedan sobrevivir y los que no, que se mueran. Menos mal que tenemos Estado y administradores de turno que están poniendo reglas, y actuando para atender a todas las víctimas del virus, aunque las capacidades de atención hayan sido sobrepasadas.

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Para combatir al Covid-19, que ya ha matado en ocho semanas tantos peruanos como mató el cólera en el primer semestre de 1991, no basta la movilización de los profesionales de la salud ni las investigaciones de los infectólogos. Se necesita comprender el comportamiento de los peruanos frente a la expansión de este feroz enemigo invisible y cambiante. Conocer cuáles son los grupos sociales más desprotegidos para corregir acciones, o definir nuevas, que traten de frenar la mortandad; pero a la vez, conocer cuáles serán los cambios en la vida social que está trayendo este virus y cómo prefigurar el futuro cercano y las respuestas del Estado frente a ellos.

Entendiéndolo así, el ministro de Salud, Víctor Zamora, convocó al Grupo Temático de Ciencias Sociales, formado por veinte intelectuales y especialistas que, a su vez, han consultado alrededor de 60 expertos para producir el informe “Por una Nueva Convivencia. La sociedad peruana en tiempos del Covid-19. Escenarios, propuestas de política y acción pública”

Como dice el ministro en la Presentación, “el informe ofrece un diagnóstico rápido y recomendaciones de política y de acción pública para enfrentar los cambiantes escenarios que continuarán modificándose a lo largo de los próximos meses y quizás años”. Y tiene como objetivo “reflexionar sobre los comportamientos sociales posibles de algunos grupos sociales clave que ayuden a discernir las mejores intervenciones públicas disponibles para mitigar los devastadores efectos que podría tener la pandemia sobre ellos”.

El informe, parte de la pregunta ¿cuáles son las necesidades prioritarias de aquellos sectores de la población más vulnerables y en los que el riesgo de contagio permanecerá como parte de sus vidas durante un plazo todavía indeterminado? Esos sectores son los trabajadores informales; mujeres; migrantes venezolanos; niños, niñas, adolescentes y jóvenes; población penitenciaria; de la tercera edad; y pueblos indígenas y amazónicos, sobre cada uno de los cuales se presenta un diagnóstico y recomendaciones de acción inmediata y al mediano plazo.

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En particular, me quiero referir al trabajo “Migrantes venezolanos y Covid-19” de Luisa Feline Freier y Gustav Brauckmeyer que pinta, en lenguaje sucinto y preciso, la muy frágil situación de quienes están más desvalidos. Porque, si los pobres peruanos, mal que bien, tienen acceso al Seguro Integral de Salud-SIS, les llegará al bono familiar y podrían conseguir trabajos eventuales en la fase de la apertura; los venezolanos sólo serán afiliados al SIS si son sospechosos de contagio, como reza el Decreto Legislativo 1466; no han sido considerados en los padrones de ningún bono; y porque, estando indocumentados, sus oportunidades laborales se reducen a ser vendedores callejeros u opciones peores. En una encuesta aplicada el 18 de abril, el 77% responde que no está abastecido de alimentos o  no tiene el dinero suficiente para comprarlos; mientras el 16% confiesa que pasa hambre.

El Perú pasó de una política de puertas abiertas a la migración en el bienio 2016-17, al cierrapuertas y al abandono burocrático. Baste un botón de muestra: de 350,000 solicitudes de asilo, sólo 1,225 han sido aprobadas, porque la Comisión Especial de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores está paralizada  desde mucho antes de la pandemia y, por supuesto, no tiene idea de dónde están, porque no ha encargado ningún trabajo de mapeo de esa población. Curiosamente, cuando los estudios de las entidades financieras tienen gran audiencia, el informe del BBVA Reserch que señala que el impacto de la migración venezolana en la economía peruana ha sido positiva, parece no haber interesado a los que toman las decisiones en Palacio y Torre Tagle.[2]

La situación puede tornarse explosiva si las autoridades no hacen algo, pues los desalojos se están generalizando, frente a lo cual, los autores advierten. “Podría existir un riesgo de saqueos y delincuencia, producto de la desesperación por no poder cumplir con las necesidades de sus familias (p. 47) Tentación en la que no han caído los peruanos, pero que, de ocurrir sería un escenario deplorable, si se llega, además, a la represión policial. Sería la profecía autocumplida de muchos políticos xenófobos, de derecha e izquierda, que son muy duros con los inmigrantes pobres; pero muy blandos cuando otros extranjeros vienen a comprar minas y concesiones en la selva.

Dado que las tensas relaciones con el régimen de Maduro hace imposible que el gobierno organice viajes de retorno, urge una atención humanitaria (con el apoyo de ACNUR) con refugios y alimentación para los venezolanos desalojados o que viven en situación de hacinamiento y hambre. Pero esa acción eficaz depende de la capacidad de Vizcarra para tomar distancia del chantaje de políticos y periodistas xenófobos que impactaron la opinión popular.

Igualmente, se necesita la Superintendencia de Migraciones prorrogue automáticamente las calidades migratorias por seis meses y dé una amnistía para las multas. Que la SUNEDU agilice los trámites para reconocer títulos universitarios venezolanos, y la incorporación de médicos y profesionales de salud al combate contra el virus. Que los ministerios de Cultura y Educación lancen una campaña mediática contra la xenofobia.

Viendo los graves problemas de millones de peruanos vulnerables (y al 90% de 860,000 venezolanos) luchando contra el virus y por ganar un pan; dicen, con razón, los coordinadores del Grupo: “Podemos marchar hacia otro período de oscuridad, escasez y autoritarismo, quizás más profundo que los varios que ya hemos atravesado en las últimas décadas. Pero también podríamos estar en camino hacia un nuevo espacio que nos permita acelerar el paso en la maduración de cambios, en la mentalidad colectiva; y, su correlato, en reformas institucionales largamente postergadas.” (p. 18)

Para escoger el camino en esta encrucijada ¿contamos con la voluntad de los gobernantes? ¿Podrá el gobierno girar hacia una mayor intervención en la economía para asegurar servicios sociales básicos como salud, vivienda y educación para todos? ¿Será el mundo de los negocios objeto de un mayor escrutinio y de mayores regulaciones estatales, para cerrar los abismos de la desigualdad? Por lo pronto, hay que apoyar las miles de iniciativas ciudadanas de solidaridad porque en esta pandemia, nadie se salva solo.

***

[1] “Pero sobre todo el miedo frente: (1) a las fuerzas incontroladas de la naturaleza; (2) al ‘otro’ que no ha nacido en el mismo territorio y no comparte la misma lengua y cultura; (3) a las enfermedades de todo tipo…; (4) a hundirse en la miseria producto de la supresión repentina de la única fuente de trabajo … o de experimentar la pérdida de los ahorros acumulados…; (5) a no contar con la seguridad de que la vida de todos… será defendida ante un eventual brote de violencia..” Por una Nueva Convivencia, p. 15

[2] Más aún, Inés Agresott en el portal Mano Alzada llama la atención sobre el drama de las mujeres migrantes exesposas de peruanos con hijos peruanos. Venezolanos no pueden recibir la nacionalidad porque la Ley no lo permite y viven en una precariedad jurídica sin nombre, indigna de un país civilizado.

Publicado en Noticias Ser

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