Los dos últimos años fueron complicados para el alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar. Con duras críticas a su manejo de la pandemia y un proceso judicial que resulta un incordio después de ocho años.
El Poder Judicial está por determinar si cumple o no los 6 años de cárcel que el impuso el juez Max Vengoa por actos de corrupción durante su periodo en el municipio de Alto Selva Alegre. La Sala Especial de Extinción de Dominio decidió debatir la apelación interpuesta por la autoridad a partir de este viernes 18 de diciembre.
A mediados de octubre la Sala Penal de Apelaciones de Arequipa reanudó la causa que se encuentra en su fase decisiva. En primera instancia, el juez estableció que el alcalde Omar Candia cometió el delito de colusión agravada durante la adquisición de 40 cámaras de videovigilancia en el 2012. Para esta siguiente etapa resta conocer si la condena de 6 años de prisión persiste o queda nuevamente anulada.
Aunque, en medio del caso se ha presentado una circunstancia impensada. La muerte de uno de los coimputados ha obligado suspender momentáneamente la apelación. Daniel Gómez, exgerente general del municipio y brazo derecho del burgomaestre falleció meses atrás por efectos de la pandemia. Para la Procuraduría de la Contraloría General de la República, la muerte no debe invalidar el resarcimiento civil que están obligados a cumplir todos sentenciados. Los jueces demandaron que un representante de los deudos se apersone al proceso y defienda sus intereses.
Ante este escenario, nos preguntamos sobre lo que podría ocurrir más adelante, ¿Hay posibilidades de que la condena pueda ser reafirmada? ¿Qué sucedería con el cargo que hoy ostenta Candia?
Una última pelea del alcalde de Arequipa
La revisión de la sentencia puede tardar un par de meses dependiendo de las pruebas que se aporten en este proceso, señalaron algunos jurisconsultos. La Fiscalía confía que el caso avanzará por la solidez de las pruebas recabadas. Mientras que los abogados señalan que falta evidencias que demuestren una concertación entre el alcalde, sus funcionarios y la empresa que ganó la licitación.
La Sala Penal de Apelaciones decidió no instalar la audiencia virtual que estaba programada para el 14 de octubre. Entre las principales razones se encontró que la situación legal del fallecido exgerente municipal, Daniel Gómez Benavente, todavía no había quedado resuelta. En ese sentido, los jueces dispusieron que los herederos asuman la responsabilidad del sentenciado y paguen, junto al resto de involucrados, la indemnización de 2 millones 100 mil soles.
El artículo 95 y 96 del Código Penal Peruano establece que en caso se produzca la muerte de uno de los condenados, los herederos deben hacerse responsables de la reparación civil. Por ese motivo, la Procuraduría de la Contraloría General de la República ha pedido el pago de la indemnización. Sobre todo, porque existe una condena de por medio.
De acuerdo al abogado Arturo Salas Vildoso, representante de Solidaria Perú, una asociación civil en Arequipa que promueve la lucha contra la corrupción, las indemnizaciones que tienen un carácter civil que no se extingue con la muerte del imputado. En este caso, la esposa, hijos o incluso los padres se incluirían como sucesores. Procesos de este tipo sirven para evitar la confiscación de bienes, tal como sucedió con el caso del expresidente Alan García, cuyos herederos buscaron impedir que el Estado embargue el departamento y otros activos financieros.
De igual manera, se ha considerado que un caso complejo como este demande un tiempo prudencial en resolverse. Las audiencias que actualmente se desarrollan de manera virtual tardarán al menos unos meses. Eso dependerá de las pruebas que también pueden presentarse en el trayecto, ha mencionado el abogado Jorge Sumari.
¿Qué viene después?
Si la Sala Penal revisora confirma la sentencia, el alcalde puede quedar suspendido en el cargo y el proceso elevarse a la Corte Suprema que también tiene sus plazos para emitir sentencia, alegó Sumari. Sin embargo, solo ante la confirmación de la pena se abre el camino a que pueda plantearse una causal de vacancia, manifestó.
En el Perú se destituyó a 39 autoridades elegidas teniendo como causal una condena consentida por delito doloso, solo en el periodo 2015 a 2018, según data del Jurado Nacional de Elecciones. Entre los cinco procesos que se concretaron en la región Arequipa cobró notoriedad el caso del exalcalde de Quequeña, José Palomino, quien acabó vacado debido a una sentencia condenatoria por delito de fraude procesal, en el 2016.
Mientras que el abogado Crhistian Talavera, sostiene que ante una eventual confirmación de la pena habría una irreparable salida del edil y tendría que asumir inmediatamente el primer regidor que en este caso es Ángel Linares, exalcalde de Characato. El JNE tendría que entregarle las credenciales una vez remitida la sentencia. Llegar a este punto podría demandar que el caso pueda aplazarse un año más.
La evaluación de los profesionales es que separar a una autoridad de sus funciones en este momento no es favorable para la ciudad. La crisis de la pandemia socava la economía de la región Arequipa que difícilmente se podrá recuperar en un corto plazo. Aunque, por otro lado, no sería la única amenaza que hay en el camino. Paralelamente se han iniciado procesos de revocatoria contra autoridades y Omar Candia figura en esta lista. Ya anunciaron haber reunido 26 mil firmas.
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