La relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, alertó este lunes sobre la serie de acciones que “parecen destinadas a socavar el funcionamiento independiente” de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) peruana.
Se refirió a la última decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular los efectos de una resolución del Poder Judicial que permitía la restitución de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez como integrantes de la JNJ.
Satterthwaite comentó sobre las “presiones a altos funcionarios a través de acusaciones constitucionales y presuntos intentos de destitución de sus miembros”. Contexto por el que se pronunció manifestando su “preocupación”.
Como se recuerda, en octubre pasado, la consejera de la ONU destacaba la importancia de “garantizar la independencia judicial”.
Medida cautelar del Congreso transgrede flagrantemente la Constitución
Otro de los pronunciamientos anteriores al de la relatora de la ONU fue el de la Sociedad Peruana de Constitucionalistas, integrada por docentes especialistas en derecho constitucional de diversas universidades advirtió que “al conceder el TC la medida cautelar solicitada por el Congreso, en un proceso competencial, transgrede flagrantemente el artículo 139.2 de la Constitución”.
Este dice, “como garantía de la independencia judicial, prohíbe a cualquier autoridad (lo que obviamente incluye al TC) ‘avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones’ ‘[…] ni cortar procedimientos en trámite’”.
Consideran que la resolución del TC no solo es manifiestamente inconstitucional e ilegal, sino que “contraviene más de 20 años de jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (a partir del caso de los tres magistrados del TC arbitrariamente destituidos por el Congreso fujimorista) que siguieron todos los integrantes anteriores del TC”.
Procuraduría del Poder Judicial cumpla con la defensa de la independencia institucional
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) también se pronunció y cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional, denunciando “la afectación al equilibrio y separación entre poderes públicos” con la sentencia del TC.
“Constituye un retroceso en materia de control del poder en una democracia constitucional. Incluso contradice la doctrina que el propio Tribunal Constitucional estableció”, y “la interferencia de la labor del juez natural”.
Frente a esta situación exigen que la Procuraduría del Poder Judicial cumpla con su deber institucional. Este es, ejercer eficientemente la defensa irrestricta de la independencia jurisdiccional. Activando los medios de defensa que la normativa prevé en el marco de un procedimiento cautelar, luego que se levante la reserva.
También se han pronunciado al momento, los Colegios de Abogados de Cajamarca, Lima, Áncash, Ayacucho y Puno. Cuestionan la decisión del TC, porque advierten en general que “está quebrantando la seguridad jurídica en el sistema de administración de justicia”.
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube
