Desde esta mañana, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) retoma la revisión de las apelaciones presentadas por Fuerza Popular para la nulidad de 270 mesas de sufragio. De estas, 11 provienen de locales de votación en la región Arequipa, donde Pedro Castillo Terrones se impuso a Keiko Fujimori Higuchi por 255 mil votos de diferencia.
Las 11 apelaciones que llegaron al JNE provenientes de Arequipa son poco más de la tercera parte de las que en un inicio pretendió anular el fujimorismo (32). Todos declarados improcedentes en primera instancia por extemporáneos, por no ajustarse al derecho electoral, o por carecer de medios probatorios suficientes.
Los votos de Arequipa, en riesgo de ser anulados, son apenas 2 mil 415. De estos, 1 mil 623 favorecieron a Castillo Terrones; mientras que 792 se inclinaron por Fujimori Higuchi. En el hipotético caso que prosperaran estas pretensiones impugnatorias de Fuerza Popular, servirían para que recorten en 831 la diferencia de 44 mil 176 votos que ostenta Perú Libre.
En caso se aplique el mismo supuesto a las 270 actas apeladas a nivel nacional, tampoco sería suficiente para que se revierta el resultado. Solo se lograría que la ventaja del virtual presidente electo disminuya hasta los 16 mil 436 votos.
No obstante, la primera audiencia de nulidades en el JNE hace presumir que los pedidos del fujimorismo correrán la misma suerte que en los jurados electorales especiales. Las primeras 10 apelaciones -una de ellas de Arequipa- fueron desestimadas por voto mayoritario, para molestia del renunciante magistrado Luis Arce Córdova.
Los motivos que sustentan los pedidos de nulidad de actas de Arequipa
La primera de las once de las apelaciones referentes a Arequipa que revisó el pleno del JNE fue rechazada. El caso correspondía a la mesa de votación 005960 del colegio Francisco Javier de Luna Pizarro, del distrito de Miraflores.
De acuerdo con el pedido tramitado ante el JEE Arequipa 1, se trataba de “un caso sumamente grave”. Señalaron que en los datos de un miembro de mesa encontraron “una firma y documento nacional de identidad que no pertenecen a ninguna de las personas que votaron en dicha mesa de sufragio”. Esto los llevó a concluir que se trataba de un caso flagrante de suplantación. Graves acusaciones sustentadas en una mala lectura del documento del aludido.
En la apelación, solo se enfocaron en supuestas incongruencias en la firma del miembro de mesa. Incluso, adjuntaron un extenso informe pericial que respaldaba sus pretensiones. Empero, los integrantes del jurado desestimaron el pedido de nulidad, pues quedó en evidencia que se trataba de un error de transcripción por mala caligrafía de uno de los ciudadanos que actuó como miembro de mesa.
Las diferencias en las firmas son un argumento reiterativo entre los 11 recursos de apelación interpuestos por Fuerza Popular para mesas de sufragio en Arequipa. Lo mismo ocurre con los señalamientos de apellidos iguales entre miembros de mesa. Un hecho que, si bien es irregular, no es causal de nulidad como denuncia Fuerza Popular.
También se ha apelados por actas con varios tipos de error material, como omisión en el llenado de recuadros de consolidados, falta de firmas o número de DNI. Además del caso de una mesa que se cerró con minutos de anticipación al horario oficial y a la que desde el fujimorismo tipifican de privación al derecho al voto.
Empero, ninguna de estos pedidos es acompañado de la observación de los personeros de Fuerza Popular o del personal de la ONPE. Por el contrario, varios tienen la firma de conformidad de los representantes del partido, que in situ no detectaron las irregularidades que se denuncian en los pedidos de nulidad.
Los vouchers para las nulidades
Para tramitar los pedidos de nulidad y sus apelaciones, la agrupación de Keiko Fujimori debió abonar las tasas de ley. Para estas últimas, el pago estipulado es de 660 soles, los que se abonaron en forma mixta.
Cuatro las pagó el empresario limeño Rafael Franco Montes, vinculado a la familia Belmont Graña, una de las más ricas del país. Otros tres corrieron por cuenta de la excongresista fujimorista Alejandra Aramayo Gaona. Las cuatro restantes las subvencionaron el personero arequipeño Adolfo Laura Chirinos y Manuel Márquez San Roman, otro empresario capitalino.
Ninguno de ellos solventó los 32 vouchers de 1 mil 100 soles para el derecho de nulidad de actas que se tramitó ante los JEE. De ese grupo, 13 se pagaron por personas que votan en Arequipa. La mayor parte (11) la abonó otro personero de la organización, el abogado Fredy Gutiérrez Yabar.
Los 19 restantes los pagaron ciudadanos que votan en Lima. Más de la mitad vino de David Chlimper Ackerman, hermano de José Chlimper, actual miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) e investigado por lavar dinero en las otras campañas electorales de Fuerza Popular. Le siguen José Estremadoyro Ramírez, con 5 vouchers, y Germán Kruger Peschiera (1), entre otros.
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