Alcaldes de Arequipa contemplan vía judicial si gobierno de Pedro Castillo les recorta regalías mineras

Persiste la incertidumbre por el destino de regalías mineras pagadas por Cerro Verde y Buenaventura, tras aprobación de decreto de urgencia que usaría ese dinero para gastos por la emergencia sanitaria.

Regional
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No hay certezas sobre el destino final de las regalías mineras pagadas por Cerro Verde y Buenaventura al gobierno peruano. La situación es de incertidumbre luego que el Ejecutivo aprobara el decreto supremo 086-2021, que aprueba el uso de 2 mil 900 millones de soles para gastos por la emergencia sanitaria y la reactivación económica. Una partida a descontarse, presumiblemente, del dinero que correspondería a Arequipa por el pago de las mineras.

Al respecto, el alcalde provincial Omar Candia Aguilar expresó su confianza en que el gobierno distribuirá los 3 mil 164 millones de soles pagados por ambas empresas de acuerdo con la Ley de Regalía Minera.

Asimismo, durante el viaje de burgomaestres de Arequipa a Lima, el premier Guido Bellido les indicó que se harían las transferencias según la citada norma. No obstante, el mismo día se promulgaba la norma excepcional. Por esta razón, las autoridades locales esperan reunirse con Bellido este 12 de octubre, cuando llegue a la ciudad para escuchar sus demandas.

En caso las promesas del gobierno no se cumplan, los alcaldes de Arequipa contemplan adoptar la vía legal. Así lo reconoció Candia este jueves. “Vamos a agotar el diálogo. Se puede judicializar como bien han manifestado, porque evidentemente hay una ley de regalías mineras que establece cómo invertirlas”.

Del mismo modo, recalcó que las normativas son claras respecto a estos ingresos. Aunque aclaró que lo que menos desean es generar tensiones, solo exigir lo justo para el pueblo de Arequipa. “Nadie puede ir en contra de la ley y darle un uso diferente a unos recursos que están vinculados a la actividad extractiva minera”.

Alcalde de Arequipa defiende su ejecución presupuestal

Finalmente, aseguró que los cuestionamientos por el bajo índice de ejecución presupuestal se basan en malas interpretaciones. Arguyó que se debe observar los montos comprometidos y certificados en lugar de lo devengado, como propone el Ministerio de Economía y Finanzas.

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