Hace 7 años: La última vez que se vieron barricadas de adoquines en las calles de Arequipa

En abril del 2015, Arequipa vivió uno de los episodios más álgidos del inacabable conflicto minero Tía María. Aquí una crónica de los hechos, publicada en ese momento en la Revista El Búho, tras producirse el primer fallecido de ese momento del conflicto.

Historia
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Texto: Priscilla Mamani

Inacabable Tía María: recetas para no solucionar un conflicto anunciado (Publicado en la Revista El Búho, mayo del 2015). El rostro oscuro y cínico del racismo asoma en cada uno de los comentarios que descalifican las protestas contra Tía María. Esa tara social aparece nítidamente en las expresiones, tanto en la radio, como en las omnipresentes redes sociales. Además, el abuso policial documentado e ignorado por las autoridades y una violencia reprimida que ha estallado en actos salvajes de parte de hordas de manifestantes, aparentemente sin control, como ocurrió en la agresión a dos policías, uno de los cuales falleció con la masa encefálica expuesta.

En esto se ha convertido Arequipa, la “cuna de la juridicidad”, la guardiana de la democracia, el paraíso del civismo y la ciudad más culta del Perú, después de Lima. Además de la clamorosa falta de liderazgo de sus autoridades, quedó en evidencia el doble discurso, la improvisación, la falta de compromiso y el sometimiento del gobierno a la gran empresa, todo lo cual hizo crecer el conflicto hasta las monstruosas dimensiones que hoy exhibe, impúdicamente, como disputa de intereses, económicos y políticos, que ocultaron el tema de fondo: la conservación del valle y el respeto a la voluntad popular.

El inicio anunciado

Tres días antes del inicio del larguísimo paro que no tiene fecha de término, se instalaba en Mejía, acordonada por 400 policías, la Mesa de Desarrollo en favor de la provincia e Islay que, ofrecía en su agenda, una submesa para tratar los temas de minería y, en particular, el del proyecto Tía María. Así, el Gobierno Nacional y el Regional, pensaron que neutralizarían el paro indefinido, anunciado desde enero, contra el proyecto minero.

Dos semanas antes, una reunión de urgencia gestionada por la gobernadora, Yamila Osorio, con la presencia de todos los alcaldes de la provincia, tuvo lugar en el despacho de la Ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz. Allí se le explicó el malestar que había provocado entre la población los anuncios que se hacían desde Lima y México, de una pronta iniciación del proyecto Tía María, algo que la población rechaza desde el año 2009. La gobernadora, quien todavía no había sido atacada por la indecisión, explicó a Ortiz que las condiciones sociales no permitirían el inicio del proyecto, que había que hacer un receso temporal y arreglar primero el problema; pero no fue escuchada.

El Ejecutivo, ya notificado del anuncio de paro, decidió impulsar la Mesa de Desarrollo con el ofrecimiento de tratar el tema ambiental y explicar, las veces que fuera necesario, las bondades del Estudio de Impacto Ambiental a la población. Sin embargo, advirtieron que el documento no sería revisado, pues ya había cumplido los requerimientos legales y lo habían aprobado los calificados técnicos del Minem. Una postura que no ha variado a lo largo de los siguientes 60 días, aunque en determinado momento se intentó darle algunos matices.

Los alcaldes opositores al proyecto Tía María y los agricultores organizados, no acudieron a la cita, pero el gobierno no se dio por notificado y continuó su enceguecido discurso, sin escuchar. Y el paro dio inicio el lunes 23 de marzo. La semana transcurrió en calma, pero con el valle paralizado por completo, hasta que el viernes 27, el vocero y Gerente de Relaciones Institucionales de Southern, Julio Morriberón, dijo en cadena nacional que la empresa se iba de Arequipa, debido a que el gobierno no le ofrecía las condiciones mínimas que aseguren su inversión, ante la arremetida de un nuevo tipo de terrorismo al que llamó “terrorismo antiminero”. La mayoría no entendió el término que solo tomaría significado dos semanas después, cuando una horda apedreó e intentó quemar media docena de casas en una extraña y sincronizada campaña de terror cuyos autores aún se desconocen.

Tampoco se sabe si fue por reacción instintiva, o por acuerdo previo, la inmediata salida de la ministra Ortiz a los medios para anunciar que había hablado con la empresa y ésta no se iba. Horas más tarde, el presidente de Southern, Oscar Gonzáles Rocha, ratificó lo dicho por la ministra desautorizando a su vocero, pero reiteró  el término de “terroristas antimineros”  hacia los protestantes, ante la pasividad gubernamental.

Escalada previsible del conflicto por Tía María

Tras esta evidente manipulación, ya fuera por parte de la empresa, o resultado de un acuerdo entre empresa y gobierno nacional, el conflicto entró en una nueva fase abiertamente confrontacional. Hasta entonces, los protagonistas habían sido 4 alcaldes: el burgomaestre provincial, Richard Ale y los distritales de Cocachacra, Punta de Bombón y Dean Valdivia; Helard Valencia, José Ramos Carrera y Jaime de la Cruz. Éste último le mandó decir a Humala que no le importaba ser vacado, que se guardara la alcaldía en algún lugar de su anatomía porque no le preocupaba perderla. El 31 de marzo todos ellos llegaron en marcha de sacrificio hasta Arequipa, el 1 de abril La Joya paralizó en su apoyo; y el 2 de abril, feriado por jueves santo, Yamila Osorio y dos viceministros fueron hasta Cocachacra a escuchar a la población. La reunión se hizo inmanejable por momentos, la multitud estaba enardecida por los acontecimientos recientes. El pedido fue, de nuevo, unívoco: anulación del proyecto y retiro de la compañía del valle. La apertura inicial hacia el diálogo se había perdido, al parecer, para siempre.

El paro transcurrió de la misma manera, con vías bloqueadas, ollas comunes y marchas pacíficas. Los enfrentamientos con la policía eran insignificantes, si nos atenemos a las escenas vistas recientemente; pero el 9 de abril se produce otro hito que marca el trayecto del paro: el general Enrique Blanco, Jefe Regional de la Policía, dice que un grupo de manifestantes había realizado un atentado contra el canal de agua que conduce el líquido a la ciudad de Mollendo, por lo que esta ciudad se quedaría sin agua 6 días. Acusa, sin atenuantes, a los huelguistas y reitera lo que había dicho antes: hay elementos típicos del terrorismo en la protesta, como éste de atentar contra una instalación de agua, que había sido destruido con cinceles, ex profeso, en una longitud de 15 metros aproximadamente. La información rebotó instantáneamente en Lima y en los medios que, conforme avanzaba el problema se revelaban como parte integrante de una bien sincronizada cadena de retransmisión de psicosociales como éste, todo indica, ideado por el publicista de Fujimori, Carlos Raffo, y un grupo de parlantes retransmisores compuesto por Juan Carlos Eguren, Jaime de Althaus, Luis Iberico, Lourdes Alcorta, entre otros actores políticos y mediáticos.

Días después se comprobó que el daño no dejaría sin agua a Mollendo más que algunas horas, que no fue a lo largo de 15 metros sino 2; y que no había huella de la operación de cinceles, sino más bien, de la caída de una piedra de gran tamaño que había aplastado parte del canal y que aún estaba a la vista, igual que sus huellas. La policía, a pesar que dijo tener prácticamente identificados a los autores del atentado, nunca presentó ninguna acusación formal a la fiscalía.

El gobierno daba por toda respuesta su oferta de sentarse en la mesa de desarrollo y anunció una ronda de explicaciones del EIA, en múltiples foros, conferencias y reuniones, de manera que todos pudieran participar y hacer sus observaciones. Solo se realizó una audiencia, en Arequipa, el día 10 de abril. Y la Mesa de Desarrollo se instaló, sólo una vez más, en Mollendo, el 14 de abril, oportunidad que usó el flamante premier, Pedro Cateriano, para pedir que se encarcele o se pida la revocatoria de los alcaldes violentistas que estaban azuzando el paro. Al día siguiente, 15 de abril, la policía obedeció deteniendo, sin ninguna prueba en mano, al dirigente de los agricultores Jesús Cornejo, quien fue traído a Arequipa. Cateriano retrocedió y quiso dialogar el sábado 18 de abril pero como Cornejo aún estaba detenido, la dirigencia se negó. Al día siguiente, los protestantes vinieron hasta Arequipa a dialogar, pero Cateriano ya no volvió y, en ese contexto, se habría producido el primer diálogo entre Pepe Julio Gutiérrez y Jesús Gómez Urquizo. Con cerca de un mes de paro, la alternativa parecía, inevitablemente, buscar el diálogo. Pero no ocurrió.

Los frentes de Arequipa habían convocado ya un paro para el miércoles 22 de abril. Un día antes se produce la segunda conversación entre Gutiérrez y Gómez para poner fin a la protesta a cambio de “lentejas al contado”. En el quinto “pepeaudio”, ambos acuerdan dejar pasar el paro en Arequipa y buscar, cada uno por su lado, el arreglo: Gutiérrez haría que el paro se levante y Gómez trasladaría sus demandas monetarias a la empresa que ya había accedido –según dijo- pero a cambio de un acuerdo “sostenible en el tiempo”.

El paro del día 22 pasó casi desapercibido en Arequipa, pero en Cocachacra se desató la violencia y se produjo el primer muerto, por disparo de la policía. Esa misma noche, una docena de viviendas habían sido atacadas, rotos los vidrios y algunas puertas quemadas. El Colectivo por el Desarrollo de Islay, un grupo muy cercano a Southern, se encargó de hacer la denuncia de estos destrozos con fotos, entre las que incluyeron la famosa foto del “miguelito” sembrado al agricultor Antonio Coasaca. Esas mismas personas, junto a otras que han sido agredidas, son las que figuran hoy entre los 60 refugiados que el Gobierno Regional aloja y alimenta por, supuestamente, haber recibido amenazas de muerte. No obstante, salvo dos casos debidamente comprobados, no hay denuncias concretas ni señalamientos determinados de quiénes habrían estado detrás de estas agresiones. 

El diálogo se había previsto para el 29 de abril, en la sede del GRA, pero los protestantes, incluido Pepe Julio Gutiérrez, quien ya había “conversado” con Gómez Urquizo, se sintieron víctimas de una celada por la masiva presencia de funcionarios afines al proyecto minero y se retiraron del lugar. El 5 de mayo hay manifestaciones violentas en Mollendo y la turba masacra a dos policías, se produce también el segundo muerto por disparos de las fuerzas del orden. Se hace entonces un nuevo intento fijándose el nuevo encuentro para el 6 de mayo, en la Defensoría del Pueblo, que actuaba como mediador. Las posiciones encontradas e irreductibles, vuelven a producir el mismo resultado: el retiro abrupto de los alcaldes de la mesa. Pepe Julio Gutiérrez luce desencajado, fue el último en salir, después de que varios alcaldes habían abandonado la reunión mediante un portazo. No hubo acuerdo y PP Julio fue sentenciado. Al día siguiente, 7 de mayo, sería sepultado por los medios afines a Southern, que accedieron al audio en el que pide sus lentejas. Dos días después, el 9 de mayo, las fuerzas armadas hacen su ingreso a la provincia, para apoyar a la Policía Nacional.

Entretanto, ya se había convocado a una paralización de 72 horas en Arequipa, que transcurrió sin problemas mayores los días 12 y 13, pero el 14, se desató el caos. Ataques a edificios privados, explosión de un cartucho de dinamita, hordas de manifestantes con palos obligando a cerrar comercios y formación de barricadas con los adoquines de la plaza de armas, hicieron repetir las acusaciones de “terrorismo”.

Al día siguiente, 15 de mayo, Ollanta Humala da un mensaje anodino a la Nación y se somete a la decisión de Southern, que ofrece una pausa de 60 días “para beneficiar a la población”. Ese mismo día Pepe Julio Gutiérrez es detenido y el gobierno presiona a la jueza Janet Lastra a variar la pena suspendida que tenía por los desmanes ocurridos en 2011, y dictarle una pena efectiva. La audiencia se lleva a cabo el lunes 18 y eso no ocurre, por lo que las reacciones gubernamentales se salen de tono condenando a la jueza por, supuestamente, haber sido sobornada por Pepe Julio. Para corroborarlo, el 20 de mayo se hace público un nuevo audio de otra conversación entre Gómez Urquizo y Pepe Julio Gutiérrez, que no deja dudas de lo avanzado del trato económico que estaba; no obstante, una escucha atenta del diálogo deja libre a la jueza de sospechas.

Dos días después se produce un enfrentamiento en Cocachacra y la tercera víctima mortal, pero una nueva denuncia estremece al país: se habría dinamitado la comisaría de Cocachacra. Así lo dijo en plena audiencia judicial la fiscal que acusa a Gutiérrez, Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz por el caso conocido como “pepeaudios”. Esa noche se anuncia la Declaratoria del Estado de emergencia en toda la provincia de Islay. Gutiérrez, hundido hasta el cuello por las pruebas, fue enviado a prisión por 9 meses en tanto se realizan las investigaciones. No así Cornejo y De la Cruz que, aseguran, ignoraban los tratos de Gutiérrez con Southern. Al día siguiente, otra vez, vuelve la sospecha sobre la verdadera autoría del “escenario terrorista” en el valle, puesto que testigos aseguran que fue la propia policía que hizo detonar el explosivo. 

La población de Cocachacra, a pesar de todo, ha ratificado la continuidad del paro y aunque ya comenzaron los allanamientos de domicilio y detenciones, anuncian su intención de resistir. El paro macroregional del Sur previsto para el 27 y 28 puede traer nuevos rumbos a este inacabable conflicto, empujado desde dos frentes, con igual tozudez: los que protestan y el gobierno, con su cadena de actos inexplicable, contradictorios, desleales y, aparentemente, parcializados, en su afán de imponer el proyecto Tía María en el legendario Valle de Tambo.

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