La denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides fue elaborada y presentada para provocar la vacancia del presidente Pedro Castillo. Ese es, sin descartar otras figuras legales (inhabilitación, suspensión o destitución) que puedan utilizar, el objetivo de ese alegato “digno de Azángaro” (César Hildebrandt)
¿Ha logrado ese objetivo político la denuncia? Parece que sí. Es evidente que está en curso un realineamiento de las bancadas y congresistas a favor de la vacancia. Que Susel Paredes, Flor Pablo, de los “Niños” Martínez y López, de Salhuana, etc., que antes no estaban a favor y ahora sí, indican ese proceso.
El cambio de estos congresistas, con excepción de los “Niños”, lo hacen convencidos que ya no se debe mantener a Castillo en el gobierno. ¿Por qué? Por el daño que éste está provocando a la gobernabilidad, a las instituciones y convencidos que Castillo, más allá del debido proceso que debe seguir, es cabeza de una organización criminal en el gobierno.
En los casos aludidos, incluído al promotor de la tercera moción, el congresista morado Edward Málaga, es una decisión legítima y comprensible. Y, de hecho, habrán otros congresistas que adopten esa posición. Ese es el dato nuevo de la recolección de firmas de la tercera moción de vacancia.
Pero, esto es necesario decirlo con rotundidad, eso no es lo que anima a la mayoría del congreso. ¿A qué mayoría nos referimos? A las extremas derechas conservadoras que forman la coalición criminal: Fuerza Popular, APP, Podemos Perú, Renovación Popular, Avanza País y una facción de AP. Las tres primeras son narcopartidos y las otras tienen un nítido perfil criminal.
Para estos “partidos” u organizaciones criminales la lucha contra corrupción es una pose, un pretexto. Es el crimen organizado más poderoso y sofisticado que ha cuajado en la era republicana del siglo XXI. El régimen narcofujimorista fue su partida de nacimiento. Esta coalición es, con ciertas diferencias y cambios, su continuacion
¿Qué buscan? Volver a un narco-régimen neofujimorista que fue una combinación de golpe de Estado y copamiento de las instituciones, corrupción galopante, boom del narcotráfico e incontrolado, violación de los DDHH, de “terrorismo” cómo pretexto y una Constitución neoliberal en el papel y mercantilista y monopolica en los hechos.
Eso explica su obsesión desembolsada por la vacancia, por el golpe de Estado, para asaltar y controlar el Ejecutivo, que no ganaron con la señora K en tres elecciones generales: 2011, 2016 y 2021. Es lo que buscaron desde el primer día que el actual Congreso empezó a funcionar, luego de fracasar el invento del “fraude en mesa”.
Ese era y es su objetivo primordial, máximo, absoluto. Las dos mociones de vacancia anteriores, en negativo, lo prueban fehacientemente. Pero ese objetivo y modus operandi subsecuente viene de hace seis años.
Con PPK (marzo 2018) y Martin Viizcarra (noviembre 2020), convirtieron la vacancia en golpe de Estado. A pulso, se ganaron el termino de golpistas.
Volviendo al paisaje actual en el Congreso. Hay, eso es ostencible, una tendencia a lograr los 87 votos que necesitan para la vacancia de Castillo. ¿Quién se impondrá en la nueva correlación de fuerzas que se está configurando en el congreso? Sin temor a equívocos, todo indica que el narco-golpe mafioso. Los demás terminarán sucumbiendo a la maquinaria que, está vez, incluye al Ministerio Público y Poder Judicial.
Y que, ya lo veremos, va a incluir al Tribunal Constitucional, copado en la era del control absoluto del Congreso por el fujimorismo (2016-2020). Esta vez, a diferencia de marzo de 2018, tras la vacancia/golpe no optarán por dejar el gobierno de transición en manos de la vicepresidencia (Vizcarra marzo 2018-noviembre de 2020). Eso no pasará. A Dina Boluarte, igual la vacarán.
De lograrlo, como parece casi inminente, está vez no cometerán ese ‘error”: el “manipulable” Vizcarra terminó disolviendo el congreso fujimorista en setiembre de 2019. Después, supimos lo que hicieron con él. Está vez pondrán a uno de los suyos en el gobierno de transición: al presidente del Congreso, el exgeneral Williams Zapata, un fujimontesinista a carta cabal. Elegido en ese cargo como parte del plan golpista.
Es claro de suyo que los que mueven la maquinaria golpista en funcionamiento no son los “brutos’, como se le llama a la derecha. Ni los “achorados”. Con ellos sería fácil lidiar en el congreso. Los que están moviendo la maquinaria son una élite “fría” y “pensante” de la narco-mafia. Eso explica por qué, junto a la cuasi innata incapacidad de Castillo, ahora hayan casi logrado cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso.
¿Cuál es la salida? Ante ese escenario en configuración recurrir a instrumentos legales, como la acción de amparo o el recurso de tutela de derechos para anular la denuncia constitucional, denota culpabilidad y miedo ante lo que se viene. La solicitud del presidente Pedro Castillo, en un mensaje a la Nación el 19 de octubre, de activar la Carta Democrática de la OEA tampoco parece ser una alternativa. Es revelador que no tienes fuerza interna. Es indicador de soledad.
Ante un escenario en el que tiene el rechazo mayoritario de la sociedad civil y en el que se despliega un narco-golpe parlamentario que apunta a reinstalar un Narcoestado de entraña fujimontesinista, a Castillo solo le queda una salida hidalga: renunciar a la presidencia y convocar a nuevas elecciones generales. Es decir, se tiene que ir su gobierno y el congreso. En suma, ni Castillo ni el golpe pro-narcoestado.
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