Sin saberlo, en el año 2018, los peruanos elegimos a las autoridades locales que tendrían que lidiar con la crisis pandémica. Gobernadores y alcaldes que asumieron cargos en 2019 tuvieron poco más de año ordinario, hasta antes que llegara la Covid-19 y la emergencia sanitaria. Si hubiéramos sabido cuántas vidas iban a depender de sus capacidades de gestión, quizás – solo quizás- habríamos elegido con algo más de astucia. En el caso específico de Arequipa, nunca antes nos había ido tan mal. Y no es que no hayamos tenido peores autoridades; sino por las circunstancias que han marcado la salida de sus cargos: un gobernador regional tras las rejas y un alcalde provincial sentenciado a prisión.
Lo más lamentable de esta situación es que, antes de elegirlos ya sabíamos de qué pie cojeaban. El proceso judicial que terminó condenando a Omar Candia a seis años de pena privativa de la libertad efectiva, se remonta al periodo en que fue alcalde de Alto Selva Alegre (2011-2018). En el caso de Elmer Cáceres Llica también se conocía sus antecedentes negativos con denuncias por corrupción y por violación sexual. Pero, nada de eso les impidió contar con el apoyo de miles de electores, quizás porque algunos ciudadanos les dieron el privilegio de la duda o, desgraciadamente, porque el delito está normalizado. Lo cierto es que ambos estuvieron allí, para recibir a la pandemia y no dieron más de lo que podía esperarse de ellos: ineficiencia, negligencia y corrupción.
Es importante mencionar que Cáceres sí está preso por delitos presuntamente cometidos durante su gestión como gobernador regional. Esto es, prebendas a los consejeros regionales a cambio de una presunta complicidad en licitaciones fraudulentas. En el caso de Omar Candia, si bien el delito proviene de una anterior gestión, la actual también está en tela de juicio. Existen ya investigaciones en curso por obras viales que demoraron cuatro veces el tiempo calculado y costaron 50% más que el presupuesto inicial.
Pero, todavía podemos ver el vaso medio lleno en esta historia, en el hecho de que el brazo de la ley los haya alcanzado. Y que su accionar no haya quedado impune. Aunque Candia ha escapado y Cáceres Llica podría salir libre por exceso de carcelería, deberíamos esperar que la vergonzosa y precaria situación de ambos sirviera de escarmiento. Y así, las autoridades, que iniciarán funciones el próximo año, hagan mejor las cosas.
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