Lo que muy pocos cuestionan es que el intercambio vial entre las avenidas Mariscal Castilla y Venezuela es necesario y debe construirse. Solo un grupo de comerciantes se opuso inicialmente. Lo que se encuentra en discusión es la forma de ejecución de la obra, de ello dependen la calidad y los costos.
Formas de ejecución
Las formas de ejecución planteadas al interior de la municipalidad son dos: administración directa y licitación pública. El alcalde Yamel Romero defiende la primera a capa y espada, y consiste en utilizar personal y maquinaria de Concejo. Cabe recordar que Romero se comprometo con el sindicato de Construcción Civil y su dirigente, Gerónimo López, a la contratación de sus agremiados para cubrir el 40% del requerimiento de obreros.
Con esto, el alcalde se aseguró el apoyo del belicoso gremio, que incluso -unas semanas atrás- arremetieron violentamente en contra de los regidores que se oponen al proyecto del burgomaestre y exigen la licitación pública de la obra para que sea ejecutada a través de un tercero.
Lo que sorprendió la última semana es que a las filas de los que se oponen al alcalde se sumó su regidor y fiel escudero (ahora ya no tanto), Jorge Lozada, quien tildó de ilegal el inicio de los trabajos en la avenida Venezuela, la semana pasada. Asegura que alcalde no está facultado para realizar la obra sin consultar a los regidores, los mismos que no han tenido acceso al expediente técnico del provecto.
Este expediente llegó hasta los colegios de Ingenieros y Arquitectos luego de iniciado el movimiento de tierras. Las observaciones se irían modificando en el camino y esta es otra informalidad de que adolecen los trabajos. Pues, además, el burgomaestre ha dicho que todavía puede evaluarse un tipo de ejecución mixta. Es decir, no se sabe qué se hará, pero ya se está haciendo.
Entre los principales argumentos que esgrime Yamel Romero, para insistir en la administración directa, está la experiencia de la gestión Guillén, durante la que se ejecutaron obras, como el baipás de Lambramani, bajo esta modalidad. Lo que el burgomaestre olvida es que Arequipa se encontraba en emergencia, debido al terremoto, situación que otorga licencias especiales al municipio. En la actualidad, ese no es el caso.
Lo que preocupa es que en manos de Romero las cuentas no son claras. Se habló inicialmente de 4 millones 200 mil dólares, luego el monto subió a 4 millones 600 mil, para luego sugerir los 5 millones. Según Jorge Lozada, la obra podría costar 3 millones y la prisa se debe a la necesidad de recuperar la popularidad perdida. Mientras que la consuetudinaria regidora de oposición, Zoyla Valdivia, ha dicho que el alcalde quiere terminar la obra para evitar su revocatoria.
Aun entre los menos radicales la duda está sembrada. ¿Qué gana el alcalde? No olvidemos que dictatorial, como se ha tornado su color, tendrá el control absoluto en la compra de material, alquiler de maquinaria y contratación de personal, actividades que siempre se prestan a suspicacias y que, por lo tanto, reclaman la mayor de las transparencias, cualidad que no es característica de estos tiempos.
Texto: Paola Donaire | Publicado en Semanario El Búho No. 104 – 18 de julio de 2003.
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