El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) sesionó una audiencia pública en Arequipa para abordar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31288. Esta norma, impulsada por la Contraloría General de la República (CGR), establece sanciones firmes para casos de corrupción e inconducta funcional en entidades públicas.
La demanda fue presentada por el Poder Ejecutivo durante el mandato del expresidente Francisco Sagasti, el 26 de julio de 2021. Tras escuchar los argumentos de los abogados de la Contraloría y del Ejecutivo, los seis magistrados decidieron someter este proceso de inconstitucionalidad (Exp. N° 00026-2021-PI/TC) a votación. Conforme al Código Procesal Constitucional, después de la audiencia, existe un plazo de 30 días para emitir un veredicto, aunque la relevancia de este caso podría extender ese periodo. Entretanto, cabe destacar que esta ley mantiene su vigencia.
¿Qué implica esta demanda de inconstitucionalidad para la Contraloría?
La demanda cuestiona que la Ley 31288, promulgada el 20 de julio de 2021, busca ampliar la lista de conductas consideradas infractoras. Esta norma establece 32 conductas infractoras que autorizan a la Contraloría a imponer sanciones.
En defensa de esta normativa, Amado Enco, procurador de la Contraloría, argumenta que mejoró la función de este ente como sancionador. Advierte que, si se declara inconstitucional, se archivarán todas las responsabilidades identificadas. Actualmente, la Contraloría tiene 872 procedimientos administrativos en curso que podrían quedar sin sanción si se aprueba la demanda.
“Si se declara inconstitucional lo que va a ocurrir es que todo el trabajo que ha hecho Contraloría durante este tiempo, que además implica gasto público; acciones de control que terminaron en informes recomendando el inicio y procedimiento administrativo sancionador de servidores públicos; si se declara inconstitucional, todos estos casos quedarán archivados, abogando a la impunidad”, asegura
Amado Enco, procurador de la Contraloría General de la República (CGR)
Por otro lado, Luis Huerta, procurador Especializado en Materia Constitucional y defensor del Ejecutivo, sostiene que dicha ley es vaga y genérica. Además, que no proporciona claridad sobre la conducta que debe considerarse como infractora. Asegura que anular la ley no debilitaría la lucha contra la corrupción. “No es así, por el contrario, se fortalece”.
El abogado de la Contraloría ratifica que la Ley 31288 cumple con los estándares de constitucionalidad y contribuye de manera efectiva a combatir la corrupción. Por lo que considera que esta demanda “no tiene los argumentos técnicos-jurídicos lo suficientemente rigurosos”.
El TC deberá evaluar estos argumentos antes de tomar una decisión sobre la inconstitucionalidad de la normativa, una resolución que podría tener un impacto significativo en la lucha contra la corrupción en el país.
¿Qué casos de corrupción se beneficiarían si se aprueba la demanda?
La Contraloría advierte que existen casos graves, como el favorecimiento a empresas constructoras por parte de 26 funcionarios del Fondo MiVivienda (caso Marka Group). Este resultó en un perjuicio económico al Estado superior a S/ 33 millones y dejaron sin vivienda a más de 2 mil familias.
También se mencionan las irregularidades en la adjudicación del Puente Tarata, en la región San Martín, cuya inversión supera los S/ 300 millones. Estos son solo algunos ejemplos de los cientos de casos que podrían beneficiarse si se aprueba la demanda de inconstitucionalidad.
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