Invitados por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, seis expertos analizaron los tres proyectos de ley que se presentaron para denunciar a la Convención Americana de DDHH (CIDH). Ernesto Blume, Ántero Flores-Aráoz, José Luis Lecaros, Luis Sardón, Enrique Ghersi y a Sebastián Martin Schuff dieron opiniones divergentes.
Ernesto Blume Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional (TC) dijo que se cometería un error monumental porque dejaría desguarnecidos de una protección supranacional a los más de 33 millones de habitantes que tiene nuestro país”.
Blume dejó sentada su discrepancia con los tres proyectos presentados a este grupo de trabajo. “Quiero señalar en primer lugar, mi posición absolutamente discrepante de los tres proyectos. Dos de ellos proponen denunciar a la convención americana de derechos humanos (CIDH) y otro declarar de interés nacional dicha denuncia”.
Le ha costado mucho a la humanidad lograr un sistema de protección para la que hay razones filosóficas e históricas que tienen que ver con las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, especialmente por el nacionalsocialismo nazi. La humanidad presenció de lo que era capaz el ser humano cuando se acabó con la vida de más de 6 millones de personas, básicamente de origen judío, recordó.
Que el Congreso rechace los tres proyectos para salirse del sistema
Por todo lo que hemos recorrido, yo siento en lo más profundo de mi conciencia y en mi corazón, un rechazo completo a que el Perú en el siglo XXI se retire de un sistema de protección de los derechos fundamentales y de tan mal ejemplo a la humanidad.
“El que asuma una actitud como Venezuela, Nicaragua o Cuba, por personajes equivocados que hoy conducen el sistema interamericano y confunda lo qué es el sistema, sus bondades y trascendencia de ese sistema y lo que significa para todos hoy y mañana, porque hoy estamos en democracia y mañana podemos estar en otra situación. Y qué pasaría si viene un gobierno avasallador que nos pisotee y no tengamos dónde ir. Veamos este tema en términos históricos.
Blume Fortini propuso que el Congreso de la República rechace estos tres proyectos porque van contra la historia, nuestra filosofía y principios, que es una filosofía humanista que piensa que el ser humano es el fin supremo de la sociedad y del Estado y el núcleo del desarrollo social, económico y se dicten normas para hacer frente a este embate desnaturalizador que se está produciendo en el mismo sistema.
“Que tengamos un equipo altamente especializado, organizado y coordinador que salga al frente, que esté al tanto, que haga seguimiento que denuncie y seamos un país participativo y activo”, dijo.
En cambio el resto de juristas, convocados por la mayoría congresal opinaron en consonancia a su posición. Es decir, a favor del retiro de Perú de la CIDH.
Otras opiniones: Flores-Aráoz, Ghersi
Ántero Flores-Aráoz dijo que la Comisión y la Corte de Derechos Humanos (CIDH) actuaron en forma no siempre prolija y no siempre adecuada a lo que decía la Convención americana y que existe un sesgo a favor de quienes irrumpen el sistema democrático. También opinó que tienen una actitud contraria a las fuerzas del orden, que las consideran todas represivas.
Flores-Aráoz dijo que la Comisión se ha irrogado la facultad de emitir resoluciones precautorias y lo han tomado per se. Frente a esto, el Perú tiene varias opciones. O no hacer nada en cuanto a las recomendaciones y visitas que realizan o la otra es, alejarse de la corte. “Sí se puede salir. El Congreso tiene la facultad para hacerlo y los presidentes son los llamados a denunciar el tratado”.
Enrique Ghersi dijo que frente a la CIDH y al sistema su posición es crítica porque han desnaturalizado su rol. No es lo que pretendió ser. “Es el Congreso de todos los países miembros y trata de legislar, se lo ha tomado de facto”. Refirió que con el avance del derecho constitucional hay una permeabilidad de los derechos humanos. “No hay ningún tema que sea ajeno y ha ido apoderándose de actos de gobierno. Como la política de género”.
Ghersi Silva dijo que quien tiene competencia en el Péru para salirse del sistema es el presidente de la República. ¿El Congreso puede tomar esta decisión? No. Lamentablemente no puede hacerlo. Al Congreso no le corresponde hacer la denuncia. Lo que se debe hacer es una reforma profunda del tratado. Por el control político el Congreso tiene todo el derecho del mundo de tomar cuentas de los casos que han defendido desde la Corte y eso va a provocar que el Poder Ejecutivo tome alguna iniciativa.
Lecaros Cornejo: El Perú debe denunciar el tratado
Para José Luis Lecaros, expresidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial, el Perú ha adquirido una madurez suficiente para tomar justicia. Estar dentro de una corte internacional de este tipo es una renuncia de su soberanía judicial y es una afrenta constitucional porque nuestros jueces están supeditados a una revisión por jueces extranjeros violando la Constitución. La Carta Magna dice que para ser juez supremo se debe ser peruano de nacimiento. Y para administrar justicia se tiene que conocer la realidad de su país, de su comunidad. ¿Qué pueden conocer esos señores extranjeros, los chismes que les llevan?
Se dice que la CIDH es una garantía contra las dictaduras porque puede haber abusos y no tenemos a quién recurrir. Eso quiere decir que en democracia no los necesitamos y en dictadura ¿van a respetar su fallo? Es ineficaz. Para los delitos de lesa humanidad que son casos que rebasan las fronteras sí es necesaria la creación de tribunales especiales y no para que vean casos particulares.
Lecaros Cornejo cuestionó también sobre quién controla a la Corte IDH. “Los jueces peruanos están sujetos a varios controles y se tiene que responder ante alguien, a los de la corte no los controla nadie y no los pueden sancionar. Es un organismo omnívoro, sin ningún control. Mi opinión es que el Perú debe denunciar el tratado. Y de las tres propuestas presentadas, la más interesante es la del almirante Montoya que va a obligar al Ejecutivo a tomar posición sobre este asunto. O nos salimos o nos quedamos.
Sardón de Taboada y Schuff
Luis Sardón de Taboada, exmiembro del Tribunal Constitucional consideró que cuando se trata de administrar justicia es muy importante el cómo y el por qué. Mostró su discrepancia con su ‘amigo’ Ernesto Blume. Dijo que, “todos estamos de acuerdo con que hay que proteger los derechos”. Pero que, según el World Justice Project Rule of Law Index, los países que no han firmado el tratado están mejor que los que sí firmaron para estar dentro de la CIDH. Como Estados Unidos y Uruguay.
Sardón de Taboada fue enfático en decir que no es solo un problema de personas sino de estructura. Porque se ha permitido que los países que son miembros de la OEA intervengan en la elección de los miembros de la Convención. “A la Corte se le eligió para que protegiera los derechos humanos y para que cuidara la aplicación de la convención americana de derechos humanos y la corte ha terminado desapegándose del texto”.
Por su parte Sebastián Schuff presentó el informe “Balance del financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana 2009-2021. Opacidades e influencias en una financiación condicionada”. Una investigación del Global Center for Human Rights sobre un período de 13 años en el que explican la forma en que lobbistas externos al sistema interamericano de derechos humanos inciden en la orientación y temática de sus informes e incluso de sus sentencias.
Lo hacen aportando al sistema y “así lo obligan a destinar los fondos para proyectos que ellos definen y deciden”, dijo. Dijo que incluso aportan organizaciones de Europa que no están comprendidos en el ámbito interamericano.
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