Patricia Benavides pide que JNJ no la investigue porque investiga a algunos de sus miembros y congresistas presentan moción para investigación express
A Patricia Benavides le han salido dos entusiastas huachimanes en el Congreso de la República. Juan Burgos y Esdras Medina salieron a poner el pecho por la Popis y quieren entregarle la cabeza de la JNJ en bandeja de plata. Los legisladores presentaron una moción que busca volver a someter a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia a una investigación por falta grave al osar investigar a su fiscal engreída. Con ese fin plantean una investigación sumaria de 10 días hábiles en base a la última argucia de Paticita, que pide que la JNJ no la investiguen porque ella lleva casos en contra de los magistrados. Benavides asegura que dos miembros deben inhibirse, de lo que se hacen eco tanto Juanito como Esdras para asegurar que hay conflicto de intereses. El Hemicirco se entrega al sicariato político.
Agente que colaboró con equipo especial era denominada ‘La Chalaca’ e inició su colaboración en mayo
Miembros del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder revelaron que la investigación inició en mayo, cuando el coronel Harvey Colchado consiguió captar a una “agente especial” que labora en el Congreso. Ella coordinó acciones ilícitas con el exasesor de Benavides. Todo contacto entre ella y Javier Villanueva fue monitoreada por el equipo especial, ya sea documentación, comunicaciones por Whatsapp, entre otros. La mujer fue llamada como “La Chalaca”. El programa Punto Final reveló que la mujer entregó las comunicaciones que mantenía con Villanueva desde una casa en Surco, donde operaba la Diviac. Así empezó a armarse uno de los casos más escandalosos, ocurrido en el Ministerio Público. Pero Patricia Benavides aún no entiende cuál es el asunto de interés público en este caso.
Gobierno publica decreto legislativo que impondrá hasta 15 años de cárcel para quienes bloqueen carreteras
Dina Boluarte se quiere asegurar que nadie se levante en su contra. Alberto Otárola anunció que el gobierno castigará con hasta 15 años de cárcel a quienes participan y organizan bloqueos de carreteras para ‘garantizar la seguridad pública’. El mismo Otárola confirmó que la medida se tomó como prevención a las convocatorias de protestas sociales que se avecinan por cumplirse un año de la toma del poder de la doña en reemplazo del chotano.
De hecho, diciembre había arrancado con protestas en varios puntos del país y por diferentes demandas y ahora Boluarte quiere impedir cualquier reclamo social en su contra “En estos días se va a cumplir un año del golpe de estado dado por el expresidente Pedro Castillo. Existe un intento de tomar y bloquear nuevamente la zona del Barrio Chino (Ica). Se anuncian algunas protestas, que son constitucionales, siempre que no se afecten los bienes públicos y privados”. Así que advertidos estamos.
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