El fiscal José Domingo Pérez solicitó a su homólogo, Freddy Niño Torres, del Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), le informe sobre presuntos actos de obstrucción a la justicia cometidos por el procurador general interino, Javier Pacheco, nombrado por Boluarte.
Mediante un oficio remitido a Niño Torres el último viernes 22, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato le solicitó “se informe (….) sobre posibles actos obstruccionistas en las investigaciones fiscales seguidas en (…) etapa de juicio oral” de los casos “Metro de Lima-Línea 1”, “IIRSA Sur-Toledo”, “Aumentar Keiko 500” y “No revocatoria-Susana Villarán”.
Según se explica en el documento, lo solicitado por José Domingo Pérez es en atención a la información que se ha conocido públicamente sobre posibles actos de obstrucción e interferencia con el sistema de administración de justicia “que viene cometiendo Javier Pacheco Palacios”.
Entre ellos está la desactivación de la Unidad de Defensa Jurídica contra altos funcionarios de la Procuraduría General del Estado que ve justamente los procesos contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola, entre otros (…)
Además, esta unidad contra altos funcionarios tiene 89 carpetas de investigaciones y procesos, e investiga a 72 congresistas, 34 ministros y exministros, 6 presidentes y expresidentes del Consejo de Ministros y otros 10 funcionarios.
Cambios se dan a partir de designación de nuevo procurador general del Estado interino
Como se informó, Javier Pacheco fue nombrado procurador interino por la presidenta Dina Boluarte el 16 de diciembre, tras la suspensión temporal de Daniel Soria. Es así que, con poco más de una semana en el cargo, ya ha realizado varios cambios estructurales en la entidad. Como, precisamente, la desactivación de dos unidades funcionales.
Las unidades son: de Defensa Jurídica del Estado en casos seguidos contra altos funcionarios; y la Unidad Funcional de Articulación Territorial. Esta atiende los requerimientos de las procuradurías públicas regionales y municipales, y absuelve directamente sus consultas.
En un memorando enviado el último jueves 21, a la gerente general de la PGE Aída la Rosa Sánchez, el procurador encargado explicaba que era necesario desactivar ambas unidades. “Y así, centralizar y consolidar los recursos especializados en la defensa de estos casos”. Según refiere, con el fin de optimizar recursos y esfuerzos.
Como señala la norma, es facultad del procurador general del Estado denunciar a altos funcionarios.
La gerente general, apenas hecho el requerimiento, al día siguiente emitió la resolución que desactiva las referidas unidades. Y a los responsables salientes se les indicó que adopten “las acciones necesarias para la transferencia de los documentos de los archivos de gestión. Esto, en el plazo máximo de cinco días hábiles” a la presidencia ejecutiva de la PGE.
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