Desde las masacres del VRAEM en 2021 hasta las recientes pintas subversivas en Piura, el fantasma de Sendero Luminoso reaparece estratégicamente en cada proceso electoral
Cada vez que el Perú se acerca a las urnas, un viejo fantasma parece despertar de su letargo. No es una coincidencia, sino una constante histórica que ha marcado nuestra democracia desde aquel 17 de mayo de 1980 en Chuschi, cuando la quema de ánforas marcó el inicio del conflicto armado interno. Hoy, en pleno 2026, la pregunta que recorre las calles no es solo quién ganará las elecciones, sino si el terror que vemos es una amenaza real de SenderoLuminoso o una puesta en escena diseñada para manipular nuestro miedo colectivo.
El antecedente de 2021: sangre y propaganda en el VRAEM
Hace apenas cinco años, la actividad subversiva se concentró en el VRAEM, Ayacucho y Huánuco, zonas de influencia histórica de los remanentes dirigidos por Víctor Quispe Palomino. El ciclo de violencia comenzó el 23 de marzo de 2021 en Huarcatán, Ayacucho, donde una columna asesinó a cuatro miembros de una familia de comités de autodefensa pocas semanas antes de la primera vuelta.
Sin embargo, el golpe más duro ocurrió el 23 de mayo de 2021. A solo dos semanas del balotaje, la selva central se tiñó de sangre con la masacre de 16 personas, incluidos dos niños, en San Miguel del Ene. En la escena se hallaron panfletos del «Militarizado Partido Comunista del Perú» que exigían un boicot a las «elecciones burguesas» y lanzaban amenazas directas contra la candidatura de Keiko Fujimori. En ese momento, el país se fracturó: para unos era la prueba de que el terrorismo nunca se fue; para otros, un «psicosocial» sangriento para inclinar la balanza de una campaña polarizada, muy al estilo del fujimorismo de los 90.
2026: las pintas subversivas se trasladan
En abril de 2026, el escenario, aunque menos letal, se trasladó al norte del país. En los caseríos de Maza y Casaguay, en Piura, las paredes de dos escuelas públicas (N.° 20119 y N.° 14591) aparecieron cubiertas con pintas subversivas. Con pintura roja, los mensajes gritaban consignas como “Muerte a los soplones”, “Viva el comunismo” y “Viva la patria roja”.
Lo sospechoso es el timing: estas amenazas aparecieron mientras el recuento oficial de la ONPE superaba el 96%, mostrando a Keiko Fujimori liderando el conteo presidencial. La consecuencia inmediata fue la parálisis educativa por el temor de padres y docentes, suspendiendo las clases preventivamente. Aquí el debate resurge: ¿Es un remanente real de Sendero expandiéndose o el uso deliberado de simbología terrorista para generar caos social durante un conteo crítico?
El miedo como producto electoral
La veracidad de estos actos es el terreno más fangoso. Mientras la DIRCOTE investiga, crece la convicción ciudadana de que estos hechos son operaciones psicológicas intencionales. Se trata de una estrategia para que la población crea que la amenaza es omnipresente, justificando medidas de fuerza o influyendo en la percepción política a través del «terruqueo».
En el momento actual, las redes sociales actúan como catalizadores de este caos. Un video de una pinta o una noticia sin confirmar se vuelve viral en segundos, generando una inestabilidad que los grupos de poder saben aprovechar. ¿Es casualidad que estas sombras aparezcan siempre cuando el poder está en disputa?. Sea un enemigo real escondido en las montañas o un montaje oportunista, el efecto es el mismo: una polarización extrema que debilita la república en su momento más frágil.
Al final, el terror en época de elecciones no es un accidente del destino. Desde hace décadas, el miedo se ha vuelto el producto estrella de nuestras campañas, y mientras el ciudadano no desarrolle un juicio crítico ante estas pintas subversivas, seguiremos siendo rehenes de un fantasma que se resiste a morir para seguir dictando nuestro voto durante las elecciones.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) ha proyectado una transformación radical en el sistema de transporte de Arequipa al incluir formalmente la planificación de un metro y un sistema de teleféricos en el nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM). Patricia Muñoz, gerente de la institución, señaló que la ciudad requiere un enfoque multimodal para solucionar el caos vehicular ante la. El objetivo es integrar diversas alternativas de transporte para que los ciudadanos reduzcan los tiempos de traslado que actualmente afectan su calidad de vida.
Muñoz indicó que la propuesta técnica se está desarrollando con especialistas que tienen experiencia en el metro de Lima y la red de teleféricos de La Paz, Bolivia. Debido a la alta sismicidad de la región, se descarta inicialmente un sistema totalmente subterráneo, optando por tramos a nivel de superficie o elevados en las zonas geológicamente más complejas. De esta manera, el PDM estableceria la hoja de ruta técnica necesaria para que las municipalidades ejecuten inversiones públicas bajo una cartera de proyectos priorizada.
La implementación de estos megaproyectos se plantea en un horizonte de 14 años, con el objetivo de que estén operativos para el quinto centenario de la fundación de la ciudad. Para ello, la ejecución de estor proyectos y su presupuesto dependen de la coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, gestionada en conjunto con el gobierno regional y los gobiernos locales y futuros congresistas por Arequipa.
El plan contempla la creación de paraderos estratégicos donde se encuentren los servicios de metro teleférico y de colectivos para facilitar el transbordo de pasajeros. Estos puntos de conexión se ubicarán preferentemente en zonas que pertenecen al Estado o áreas liberadas, evitando así procesos de demolición de viviendas o expropiaciones masivas. Se espera que para fines de junio se presente un avance detallado de la ubicación exacta de estos nodos y las vías que se habilitarán para el tránsito masivo.
Factibilidad y plazos de inversión
Aunque proyectos de esta envergadura suelen demorar décadas, Muñoz sostiene que la escala de Arequipa permite una gestión más manejable que la de otras metrópolis como Lima. Especialistas en transporte indican que, con el apoyo político y económico adecuado, las primeras mejoras y sistemas de transporte podrían implementarse en un plazo de 10 años. El éxito de esta visión depende de la aprobación del PDM antes de agosto, lo que permitirá a las entidades correspondientes evaluar la propuesta y darle luz verde.
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Antes de campaña tuvo expresiones racistas contra la región altiplánica sobre las protestas que acabaron en una masacre con un saldo de 18 fallecidos. Niega ser una persona anti derechos humanos, pero prometió renunciar a la CIDH. Se considera hispanista y está de acuerdo en eliminar el delito de feminicidio. Un perfil sin velo del virtual diputado de Renovación Popular.
“¡No-al-fraude! ¡No-al-fraude!”, coreó un grupo de ciudadanos el pasado 19 de abril en la ciudad de Arequipa. La movilización buscó dar un espaldarazo al candidato presidencial Rafael López Aliaga de Renovación Popular (RP) en su narrativa de que le “robaron” la elección del 12 de abril. Entre los asistentes y convocantes a la marcha, estuvo Christian Aranda Vásquez, virtual diputado de la región Arequipa del mismo partido.
“No vamos a permitir que nos roben el voto. Ya lo hicieron en el 2021”, sostuvo esa noche. En su última publicación para redes sociales, el político replicó las últimas acusaciones de López Aliaga. El empresario puso en tela de juicio los resultados de las actas con serie 900 mil, considerándolos “atípicos”, solo porque en dichas mesas de sufragio perdió López Aliaga. Ese código se asigna a mesas en zonas de difícil acceso geográfico. Pese a ello, Aranda niega ser un “fraudista”. “Señalé que no se puede hablar propiamente de fraude en la medida de que no hay un dolo demostrado”, admitió.
Por los cuestionamientos al proceso electoral, se podría creer que el político no juramentará. Sin embargo, manifestó que “entiende que sí” lo hará. Su partido obtuvo una curul para la Cámara de Diputados con 71,376 votos, la cuarta preferencia en Arequipa, al 94.6% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Le correspondería a Aranda ocupar ese puesto al ser el más votado (15,315) entre los de Renovación. Su más cercano perseguidor, el actual congresista Esdras Medina Minaya, se estancó en 12,496 votos.
Presente. Virtual diputado participó de marcha que acusa fraude en las elecciones de abril.
Aranda se afilió a la organización política de Aliaga desde mayo del 2024. Durante los últimos años, el excandidato tuvo una actividad frecuente en sus redes sociales. No solo para dar a conocer opiniones, sino también sus posturas políticas.
La relación de Aranda con Puno
El excandidato tiene una mirada particular sobre Puno y sus habitantes. En referencia a la masacre por el asesinato de 18 personas durante protestas en la ciudad de Juliaca, en 2023, refirió: “Luego del golpe de Pedro Castillo (…) muchos peruanos nos quedamos impactados por la forma en que se comportó la región Puno. Los niveles de salvajismo, crueldad y violencia que experimentó esta ciudad no los habíamos visto antes”, indicó para un video de Tik Tok de enero del 2025.
Aranda realizó un viaje a dicha región, según él, con el propósito de “reconciliarse”. “Para quien no participa de la cultura quechua o aymara, poder establecer una comunicación genuina, es sumamente difícil. Puede sonar desalentador, pero para comunicarnos mejor, tenemos que hacer el esfuerzo de entender estas otras culturas, que en el caso puntual de Puno predominan”, añadió a su discurso.
Mientras que, tras los ataques que padeció el ex precandidato de la derecha Phillip Butters en Juliaca, por pedir que se meta un “balazo en la cabeza” a los que protesten contra la entonces presidenta Dina Boluarte; Aranda volvió a la carga: “La violencia tenemos que denunciarla en todas sus formas, contra quien fuera. Juliaca no es así contra la derecha. Juliaca es así. Lo que el Gobierno entrante necesita es un ejército, pero de antropólogos y entiendan que Juliaca es otra civilización, son aymaras”, sostuvo en octubre del 2025.
Remató con un ejemplo endilgándole una actitud violenta al juliaqueño: “En Lima tú cierras un contrato por escrito y si la otra parte incumple, lo demandas. En Juliaca tú cierras un contrato oralmente, mirándole a los ojos, y si la otra parte incumple, machetazo”, indicó.
Todo por el voto. Imagen publicada por el ex candidato durante la campaña electoral.
En su defensa, Aranda puntualizó que “no debería ser ofensivo el mencionar la necesidad de que haya investigaciones antropológicas para comprender las distintas cosmovisiones en el Perú”. Incluso adujo que no deberíamos fijarnos en las formas que utiliza para hacer “más digestivo” su mensaje, sino en lo esencial. Agregó que hay “una falta de entendimiento y empatía entre unos con otros” que “muchas veces deviene en violencia”.
El político en su mensaje se refiere a los hispanos como civilizados y que las personas en Juliaca (aymaras, quechuas) serían “otra cultura, violenta y menos civilizada”. Todos nosotros -las personas y diferentes grupos étnicos- no somos iguales, precisó Noles Cotito, anotando que esta es una observación de la realidad. No obstante, señaló que “cuando uno clasifica a un grupo, cultura, cosmovisión y luego establece una jerarquía como que uno es superior o inferior a otro, ahí es que estamos en el campo del racismo”.
El hispanismo y la CIDH
“¡Viva la hispanidad! ¡Viva Lima! ¡Y viva el Perú!”. Con esta arenga concluía Aranda otros de sus videos de Tik Tok. Esta vez para felicitar a la capital por un aniversario más de fundación. ¿Este tipo de intervenciones podrían explicar su mirada prejuiciosa y racista de Puno?
“Me considero un hispano y defiendo el sincretismo que hubo entre dos culturas. No interpreto la realidad en términos de suma cero, donde unos son absolutamente buenos y otros absolutamente malos. Somos de una madre indígena y de un padre español, si lo queremos simplificar”, declaró.
Matanzas. Masacres, torturas y hasta mutilaciones fueron comunes durante la conquista española.
Fuera de la definición literal del hispanismo (estudio de la lengua española), el sociólogo José Luis Ramos advierte que también se trata de una corriente que valora el vínculo con España en cuanto a su herencia cultural. “La tendencia en el Perú hasta finales de los 60 era entender que lo bueno llegó con la conquista. ‘Antes éramos un pueblo más bien atrasado, sin verdadero arte, sino con artesanía, sin verdadero idioma, sino con dialectos, sin verdadera religión, sino con idolatría, etcétera’”, explicó.
Ramos indicó que las posiciones de Aranda pertenecen a una corriente muy fuerte en el mundo.Advirtió que el peligro está en que se posicione cada vez más. El especialista añadió que en medio se encuentra una posición hegemónica acerca de la violencia. “Si uno mata de hambre a las personas, porque el sistema económico no brinda empleo, eso no es salvajismo. Pero, si hay personas que protestan precisamente porque se están muriendo de hambre y recurren a la violencia, eso sí es salvajismo”, subrayó.
Ensalzar a la cultura hispana, no es el único tema que aborda el conservador. Anunció que promoverá la salida del Perú de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) desde el Parlamento. En campaña se comprometió modificar la Constitución con el objetivo de que sus sentencias no sean vinculantes para el Estado. “Lo que nos ordena (la CIDH) vale lo que vale un billete de monopolio, es papelería…”, manifestó en otra de sus grabaciones.
“¿Es una persona anti derechos humanos?”, se le preguntó a Aranda. “De ninguna manera”, respondió. Arguyó que muchos países se desafiliaron del Pacto de San José y “no por ello son naciones anti derechos”. Contradictoriamente en un video anunció con entusiasmo la liberación otorgada el dictador Alberto Fujimori, culpable de violar justamente derechos humanos con la matanza en Barrios Altos y La Cantuta. “En hora buena por el TC”, dijo sobre la disposición del Tribunal Constitucional (TC) aquella ocasión.
También calificó de “buena noticia” la promulgación de la Ley de Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa, procesados por asesinatos extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, ocurridos entre 1980 y el 2000. Una norma que fomenta la impunidad. “Ha sido aprobada esta ley contra todos los intereses caviares y zurdos”, afirmó en ese Tik Tok.
Círculos. El político es cercano a personajes con pensamiento extremo como Jorge Ugarte denunciado por el JNE de sedición y acoso.Panelista. Aranda tras participar en Comisión de la Mujer del Congreso donde asistieron ultraconservadores Milagros Aguayo y Alejandro Muñante.
Anticaviar
El conservador también encaja en otras creencias propias de varios integrantes de su partido y de la derecha. Es parte del sector que considera que quién maneja los hilos del país en las sombras es el periodista Gustavo Gorriti. “Es el sujeto más nefasto que ha tenido el Perú”, sostuvo. “Todos los peruanos merecemos justicia y este sujeto (Gorriti), que le ha hecho tanto daño al Perú, tiene que pagar”, remató cuando se hizo públicas las acusaciones de Jaime Villanueva, ex asesor de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el hombre de prensa, en 2025.
También sostiene que el delito de feminicidio debe eliminarse. “Por donde lo vean este delito (del feminicidio) es tonto, absurdo, caprichoso, puramente ideológico”, dijo en un video de Tik Tok sobre la propuesta de ley para reemplazar la figura del feminicidio por “asesinato de la pareja”. Aranda dijo a El Búho que “es muy difícil demostrar que el móvil del asesinato sea porque la víctima es mujer”. Contrario a su postura, hay un rechazo de organizaciones de derechos humanos que señala que la propuesta debilitará la capacidad sancionadora del Estado.
Igualmente está alineado al pensamiento de su partido contra lo caviar. Los caviares, según define el propio exfuncionario, son burócratas del Estado que, con el tiempo, obtienen dominio para usarlo en provecho propio. El conservador venía trabajando para el Estado. Fueron sus mayores ingresos según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Su experiencia en el sector público está en la Municipalidad Distrital de Yanahuara, durante la gestión de Sergio Bolliguer, de Renovación Popular. Primero como coordinador de la Agencia Local de Empleo (2023-2025); y luego como jefe de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo, de marzo a noviembre del 2025. El último es un puesto de confianza que le otorgó el alcalde que está siendo investigado por que habría recibido una coima.
Ámbito familiar. La experiencia laboral privada del excandidato se dio en empresas de sus padres.
En su currículo vitae, Aranda informó que su experiencia en el ámbito privado fueron en dos empresas que pertenecen a sus padres. La primera es de su madre Cecilia Beatriz Vásquez Azpilcueta y la segunda es Arva Negocios Servicios Generales y Representaciones S.R.L. cuyo gerente general es su padre, Oscar Aranda Veliz. Precisamente sus progenitores están entre los principales aportantes a su campaña, según su primer informe de rendición dada a la ONPE.
Por último, es accionista de personas jurídicas como la Compañía de Comunicación Integral FullTeVe S.A.C. Se trata de una empresa de comunicación para redes sociales en que Aranda es panelista y donde se comparten similares comentarios por parte de algunos invitados y conductores. “El derecho a la opinión es totalmente lícito. Independientemente de si uno puede estar de acuerdo, no dejan de ser opiniones”, señaló el ultraconservador.
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Elmer Mamani Quispe, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, es periodista de investigación con más de 10 años de experiencia, habiendo laborado en los medios La República y El Búho, principalmente. También practica la cronica y la entrevista como géneros periodísticos.
Cultivos ilegales de coca en Unipacuyacu, Amazonía de Perú. Foto: cortesía Amazon Watch
Por: Yvette Sierra Praeli. Fuente: Mongabay Latam. El informe Amazonía bajo asedio: cómo el crimen y la militarización amenazan a los pueblos indígenas pone sobre la mesa los impactos de las economías ilegales y las respuestas militarizadas de los Estados en los territorios indígenas. A través de siete casos de estudio en cinco países amazónicos —Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela—, el documento describe cómo las actividades ilícitas y la represión estatal transforman la forma de vida y la cultura de los pueblos indígenas y afectan su autodeterminación y sus derechos colectivos.
“La minería ilegal de oro, el narcotráfico, la tala ilegal y las redes de tráfico han evolucionado hasta convertirse en sistemas interconectados que controlan la tierra, remodelan las economías locales e impulsan una violencia sin precedentes”, señala el informe.
La minería ilegal destruye bosques y afecta a las comunidades indígenas de la Amazonía. Foto: cortesía Amazon Watch
Como consecuencia de esta espiral de violencia, desde 2012, al menos 296 defensores terminaron asesinados en la Amazonía. Colombia y Brasil son los países más peligrosos para quienes la defienden. Según este estudio, las redes criminales afectan 67 % de municipios amazónicos y ponen en disputa 32 % de los territorios indígenas con actores armados.
El informe también señala que las estrategias de los Estados basadas en acciones militarizadas para enfrentar al crimen organizado han fracasado repetidamente. “La respuesta de los Estados muchas veces empeora las cosas. Cuando optan por la militarización y la represión terminan tomando los territorios y generando otros tipos de violencia y control. Esto, en lugar de fortalecer las respuestas propias de los pueblos indígenas”, explica Raphael Hoetmer, director del Programa Amazonía Occidental de la organización Amazon Watch y uno de los autores del documento.
El estudio se presentó el lunes 20 de abril en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (ONU). El evento se realizó en Nueva York, Estados Unidos. El reporte lo elaboró Amazon Watch con la participación de 15 organizaciones indígenas de cinco países amazónicos. Ademas, una red de periodistas e investigadores independientes.
Los hallazgos en los territorios
“El modo de vida de los pueblos indígenas en la Amazonía está siendo alterado de una forma dramática por estas actividades ilícitas”, comenta Hoetmer en una entrevista con Mongabay Latam. En ese sentido, destaca tres temas clave que se han hecho visibles a través de este estudio.
El primero se refiere a la violencia que deben enfrentar las mujeres ante la trata de personas y la violencia sexual. Pero también porque tienen que lidiar con los problemas de salud en la comunidad, con el acceso al agua, entre otras situaciones. Un segundo tema clave aborda la situación de los niños y adolescentes. “En todos los casos hemos visto reclutamiento, trabajo forzoso y hasta esclavitud”, comenta Hoetmer.
El mapa muestra la ubicación de los territorios indígenas con presencia de economías ilegales en la Amazonía. Fuente: cortesía Amazon Watch
El análisis también expone los impactos específicos para los pueblos en aislamiento. “Estamos viendo que los espacios que protegen a los pueblos indígenas en aislamiento se han convertido en lugares ocupados por el crimen organizado. Así sucede, por ejemplo, con el pueblo kakataibo y los pueblos transfronterizos”, dice el investigador.
Los hallazgos del estudio toman como base el análisis que hicieron en siete escenarios territoriales en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela así como los testimonios recogidos durante el Encuentro Internacional de Defensores y Defensoras de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, que se realizó en febrero en la ciudad de Pucallpa, en la Amazonía peruana.
“Se escogieron siete casos distintos en cinco países diferentes para poder hacer un análisis sistemático sobre la vulneración de derechos, el rol de los Estados, las dificultades en sus políticas y las respuestas de los pueblos indígenas frente a todo esto”, aclara Hoetmer.
A través de estos casos se identificaron algunos patrones de la violencia y los cambios que ocurren en los territorios étnicos. En cuanto al derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, estos son violados sistemáticamente. Esto, por actores armados, redes criminales y actividades extractivas, tanto legales como ilegales. “La defensa del territorio suele tener un alto costo que incluye amenazas y violencia”, señala el informe.
Los pueblos indígenas enfrentan cambios en su forma de vida debido a las economías ilegales. Foto: cortesía Amazon Watch
El desplazamiento forzado, el confinamiento y el control territorial que restringe la movilidad en los territorios indígenas son también consecuencias de la presencia de las economías ilegales que fragmentan la vida comunitaria y socavan la autogobernanza indígena.
“Nuestros territorios son territorios de vida, son territorios de buen vivir. Conservamos nuestros territorios porque es la gran fortaleza para la vida humana”, señala la lideresa indígena ecuatoriana Josefina Tunki, vicepresidenta del Consejo Directivo de la Red Territorios de Vida (TICCA) Latinoamérica.
Tunki también habla de otros impactos en los territorios como el desplazamiento de las poblaciones y la contaminación de los ríos. “En la Cordillera del Cóndor [en la frontera entre Ecuador y Perú] los ríos están contaminados. Y los líderes estamos en resistencia para proteger la biodiversidad, pero estamos siendo perseguidos para callarnos. Los pueblos originarios estamos siendo desplazados de nuestros territorios por los grupos organizados en Ecuador”.
Entre los casos analizados en el informe se encuentra el del pueblo indígena munduruku, en Brasil, cuyo territorio en la última década se ha convertido en uno de los principales focos de minería ilícita de oro con presencia de redes criminales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Un segundo caso en Brasil, en la frontera con Perú, expone la situación de los pueblos indígenas del territorio transfronterizo Yuruá-Jurúa-Alto Tamaya. Ellos enfrentan crecientes amenazas como la expansión de economías ilícitas, incluyendo el narcotráfico, el cultivo de coca y la tala ilegal.
Según el estudio la mejor estrategia de seguridad en territorios indígenas es el respeto de sus derechos, la autodeterminación y la participación de los pueblos. Foto: cortesía Amazon Watch
El territorio de los pueblos indígenas del Putumayo, en Colombia, en los límites con Ecuador y Perú, es otro de los casos presentados. Se trata de un centro clave para las economías ilícitas. En particular para la producción y el tráfico de cocaína, con presencia de grupos armados como Comandos de la Frontera (CDF), el Frente Carolina Ramírez y el Frente Raúl Reyes.
Para Ecuador se tomó el caso de la Nacionalidad Kichwa del Napo, una zona con minería ilegal de oro y cuyos ríos sirven de corredores logísticos para las operaciones mineras, el narcotráfico, la extracción de madera y otras actividades ilícitas, con presencia de grupos criminales como Los Lobos y Los Choneros.
Dos casos de Perú se suman al estudio. El primero corresponde al pueblo kakataibo, sometido a una creciente presión debido al narcotráfico, tala ilegal, la apropiación de tierras y minería ilegal de oro. El segundo es el territorio de la Nación Wampís, que enfrenta una creciente presión de la minería ilícita, tala ilegal y actividades asociadas con narcotráfico. Tienen presencia de grupos criminales como los Trujillanos y los Huanuqueños.
El último caso es el de las tierras indígenas de los pueblos pemón, kariña, akawayo, piaroa y warekena, en el sur de Venezuela. Territorios ricos en oro, coltán y otros minerales estratégicos que se han convertido en importantes epicentros de economías ilícitas, con presencia de grupos armados colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La violencia en los territorios
Jackeline Odicio, presidenta de la Federación de Mujeres Kakataibo (Femuka), en Perú, pidió, durante la presentación del estudio en el Foro Permanente, que cese la violencia y la criminalización contra los pueblos indígenas. “No somos violentos, solo defendemos nuestros territorios. Vengo de un territorio con seis asesinados y nosotras también estamos siendo criminalizadas y amenazadas”.
Odicio también habla de las consecuencias en los niños, jóvenes y mujeres de las comunidades indígenas. “La violación a niños y niñas indígenas en los territorios, el embarazo de adolescentes, la prostitución, el reclutamiento, todo esto afecta en nuestros territorios. Las consecuencias son muy graves”, asegura.
Las economías ilegales afectan al 67 % de los municipios amazónicos. Foto: cortesía Amazon Watch
Las diferentes formas de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes indígenas quedan reflejadas en las dinámicas de reclutamiento, explotación sexual, trabajo forzoso y coerción. “Estos abusos tienen su origen en desigualdades estructurales de género y patrones históricos de despojo, ahora exacerbados por la expansión del crimen organizado”, señala el informe.
El reclutamiento y la explotación de niños y adolescentes son estrategias fundamentales para el sostenimiento de grupos armados y economías ilícitas. En toda la Amazonía, los menores son reclutados para actividades mineras, de narcotráfico y de control territorial, a menudo mediante coacción, engaño o la ausencia de alternativas económicas viables.
Hoetmer comenta que la falta de oportunidades económicas es una de las razones por la que los jóvenes terminan involucrándose en las economías ilegales. “Muchas veces el trabajo en la coca o en la minería es la única oportunidad que tienen, esto lleva a que muchos jóvenes se sientan atraídos por estas actividades”. Sin embargo, estas transformaciones en las nuevas generaciones, asegura Hoetmer, afectan las formas de transmisión cultural y espiritual intergeneracional. “Las restricciones de movimiento por los territorios pueden impedir el acceso a lugares sagrados y a recorridos territoriales que son claves para la reproducción de la vida de los pueblos”.
El manejo territorial
En el estudio se mencionan las operaciones a gran escala que realiza el crimen organizado en los territorios de toda la región. También se señalan las intervenciones policiales y militares para desmantelar infraestructuras mineras ilegales, así como incautaciones y arrestos, pero sin abordar las causas estructurales que sustentan las economías ilícitas.
Ricardo Soberón, ex presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), señala que “la retórica con la cual muchos actores describen la expansión de las economías extractivas abona en favor de una mirada criminalista o militarista de las economías extractivas ilícitas. Esto distorsiona cualquier posibilidad de afrontar los problemas que se encuentran detrás de los campamentos mineros, de las pozas de maceración, de la deforestación de bosques”.
Los pueblos indígenas amazónicos enfrentan a la minería ilegal. Foto: cortesía Amazon Watch
Soberón sostiene que “nos encontramos en una situación en la que se exagera en el uso de las respuestas represivas, como es el caso de la erradicación y la criminalización de los cocaleros, o se mantiene una tibia y tímida posición como Estado de Derecho”.
Para Hoetmer, se debe proponer una mirada distinta sobre la seguridad en los territorios indígenas. “El camino es una transformación territorial necesaria para contener a las economías ilegales porque la historia muestra que las respuestas exclusivamente militares no funcionan”.
Hoetmer también menciona que la mejor estrategia de seguridad en territorios indígenas es el respeto de sus derechos, la autodeterminación y la participación de los pueblos. “Se debería ver a los pueblos indígenas como una parte central estratégica para poder enfrentar el problema. Pero obviamente los pueblos no lo pueden hacer solos, necesitan ser respaldados, apoyados, complementados por los actores del Estado”.
Herlin Odicio, vicepresidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), señala que entre los mecanismos que han desarrollado para enfrentar a las economías ilegales están las guardias indígenas. “Dentro del territorio solo nos queda autoprotegernos para seguir existiendo. Los guardias indígenas son hermanos de las comunidades que vigilan sus territorios. Trabajamos con aliados en la implementación de equipos como drones y cámaras que pueden ayudar a monitorear los territorios, pero necesitamos más recursos”.
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La convocatoria de Rafael López Aliaga, alias Porky, para manifestaciones en contra de un supuesto fraude electoral en la primera vuelta de los comicios presidenciales, no tuvo eco. En diferentes ciudades del interior del país, las manifestaciones convocaron escasa cantidad de ciudadanos. Mientras, las poblaciones del sur del país están convocando otras manifestaciones llamadas a defender el voto por el candidato Roberto Sánchez quien, según los conteos es el que pasa a la segunda vuelta.
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Luego de cinco días de agonía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo, falleció Juan Martínez Torres, el vigilante de 54 años que fue brutalmente atropellado por una camioneta conducida por la empresaria Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien manejaba en presunto estado de ebriedad y con la licencia de conducir […]
Luego de cinco días de agonía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo, falleció Juan Martínez Torres, el vigilante de 54 años que fue brutalmente atropellado por una camioneta conducida por la empresaria Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien manejaba en presunto estado de ebriedad y con la licencia de conducir vencida.
Trágico final
La muerte del trabajador fue confirmada por el gerente regional de Salud de La Libertad, Gerardo Florián, quien reveló que horas antes de su deceso los médicos le habían diagnosticado muerte cerebral debido a la gravedad de sus lesiones. “En la mañana se le diagnosticó muerte cerebral y, lamentablemente, hizo un paro”, declaró el funcionario.
Este fue el momento en el que camioneta conducida por Maricsa Polet Alfaro Cerna aplastó al vigilante quien finalmente falleció.
Según el reporte médico, Martínez Torres presentaba múltiples fracturas en las costillas, la columna vertebral y la pelvis, daños ocasionados por el violento impacto que sufrió la noche del pasado 3 de mayo en la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera.
Juan Martínez Torres, el vigilante de 54 años, sufrió severes lesiones. La actuación de la Policía, que consignó primero que había sifrido un caída, y de la Fiscalía que decidió que pese a la gravedad y los agravantes, dejó en libertad a Maricsa Alfaro, ha sido duramente criticada por la población.
Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que la camioneta, lejos de girar en una intersección, avanzó directamente contra el vigilante, quien se encontraba sentado en su puesto de trabajo, y terminó aplastándolo contra la pared de una vivienda. Testigos señalaron que en el vehículo viajaban dos mujeres y que ambas intentaron retirarse tras el accidente, pero fueron retenidas por vecinos hasta la llegada de la Policía.
Fiscalía ahora dice que sí solicitará prisión para responsable
Las diligencias fiscales determinaron que Maricsa Polet Alfaro Cerna tenía 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuadruplicando el límite permitido para conducir. Además, se conoció que manejaba con la licencia vencida desde el año 2022.
Maricsa Polet Alfaro Cerna manejaba ebria de acuerdo al dosaje etílico y con licencia vencida, al momento del fatal accidente.
Tras confirmarse el fallecimiento del vigilante, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad reformuló la investigación y ahora solicita 5 años y 4 meses de prisión efectiva para la empresaria por el presunto delito de homicidio culposo. Asimismo, exige el pago de S/ 329,280 como reparación civil para los familiares de la víctima y la inhabilitación definitiva para conducir vehículos.
Cuestionables decisiones
El caso ha generado indignación en Trujillo y serios cuestionamientos de la población hacía la actuación de la Fiscalía debido a que inicialmente solicitaron que la imputada afronte el proceso en libertad bajo comparecencia con restricciones, pese a serios agravantes.
A respecto, el Ministerio Público explicó que inicialmente no se solicitó prisión preventiva porque el caso estaba tipificado como lesiones culposas, cuya pena no superaba el mínimo requerido para pedir dicha medida coercitiva. Pero, que ahora, tras el fallecimiento del vigilante, sí solicitarán la prisión de Alfaro Cerna.
Familiares, vecinos y usuarios en redes sociales han cuestionado que la conductora permanezca libre pese a la gravedad de los hechos y exigen sanciones más severas para quienes manejen bajo los efectos del alcohol y provoquen tragedias en las vías públicas.
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La dirección del Glorioso Colegio Nacional San Carlos de Puno confirmó que viene realizando coordinaciones permanentes para lograr el retorno seguro de la delegación de estudiantes, docentes y padres de familia que permanece varada en Bolivia debido a las protestas y bloqueos registrados en distintas carreteras del vecino país. Según informó la institución educativa, apenas […]
La dirección del Glorioso Colegio Nacional San Carlos de Puno confirmó que viene realizando coordinaciones permanentes para lograr el retorno seguro de la delegación de estudiantes, docentes y padres de familia que permanece varada en Bolivia debido a las protestas y bloqueos registrados en distintas carreteras del vecino país.
Según informó la institución educativa, apenas se conoció la emergencia se activaron acciones inmediatas junto a diversas entidades nacionales e internacionales para garantizar la integridad de los escolares y encontrar una pronta solución al problema.
La directora Teresa Pilco señaló, a través de una comunicación telefónica, que actualmente mantienen coordinaciones con la embajada peruana, el consulado, Migraciones, el colegio Pichincha y otras instituciones involucradas para concretar el retorno de la delegación hacia territorio peruano.
Asimismo, precisó que se evalúan diferentes alternativas de traslado, entre ellas una posible salida terrestre por Chile o vuelos escalonados, dependiendo de las condiciones de seguridad y las autorizaciones correspondientes.
La institución también pidió tranquilidad a los padres de familia y aseguró que todos los estudiantes se encuentran en buen estado de salud, mientras la comitiva permanece acompañándolos de manera permanente.
Como se recuerda, la delegación del Colegio San Carlos viajó el pasado lunes 4 de mayo a la ciudad de Potosí, Bolivia, para participar en actividades académicas y culturales. Sin embargo, las movilizaciones y bloqueos registrados en ese país impidieron su retorno programado a Puno.
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«Hay un racismo estructural y una degradación de los partidos políticos. El respeto a los resultados del 7 de junio será la prueba de fuego para la democracia peruana»
Existe un racismo latente que aflora con fuerza en los procesos electorales, donde se pretende que el voto de las regiones no tiene el mismo valor que el de la capital.
La actual coyuntura política, tras las Elecciones Generales del 12 de abril, ha puesto nuevamente a los ciudadanos frente a la profunda fractura social que existe en el Perú. Sectores políticos, centrados mayoritariamente en Lima, no aceptan otra vez, los resultados electorales inminentes, evidenciando un preocupante menosprecio a reconocer la voluntad de los peruanos que viven en las regiones, especialmente en el sur y zonas rurales del país.
Para analizar esta situación, la Red de Medios Regionales del Perú invitó a Germán Vargas, secretario ejecutivo adjunto de la CNDDHH y a Amador Núñez, presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno (FOP), quienes consideran preocupante también la violencia de las palabras y los hechos de quienes no aceptan los resultados, la impasividad selectiva de las autoridades cuando se pide hasta la muerte de un funcionario del Estado o se terruquea sin más a quienes votaron diferente a sus intereses partidarios.
El problema es la incapacidad de ciertos sectores urbanos para reconocer la ciudadanía de sus compatriotas
Para Germán Vargas, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), esta resistencia no es solo una disputa de cifras, sino que refleja un desprecio histórico hacia un electorado considerado «contestatario» o «antisistema».
Según explica, «existe un racismo latente que aflora con fuerza en los procesos electorales, donde se pretende que el voto de las regiones no tiene el mismo valor que el de la capital. El problema principal radica en la incapacidad de ciertos sectores urbanos para reconocer la ciudadanía de sus compatriotas».
Germán Vargas Farías, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
El experto sostiene que: «Hay un problema que no es de ahora, que viene de hace mucho tiempo atrás, pero que ahora se expresa de una manera más descarnada, más desembozada, más brutal, incluso con expresiones que llegan a ser flagrantemente racistas».
Se advierte una peligrosa escalada de violencia verbal y llamados a la agresión directa
Esta autojerarquización de la ciudadanía se ha manifestado trágicamente en la historia reciente, donde incluso el valor de la vida parece depender de la ubicación geográfica. Vargas Faría señala que durante las masacres de finales de 2022 y principios de 2023, la respuesta institucional y social no fue tan firme como cuando las tragedias afectan a residentes de Lima.
La falta de reconocimiento de la dignidad del «otro» es un lastre estructural que ni siquiera la formación académica de élite ha logrado superar en la sociedad peruana.
En el ámbito político, se advierte una peligrosa escalada de violencia verbal por parte de candidatos como Rafael López Aliaga, quien ha atacado sistemáticamente a los organismos electorales sin enfrentar consecuencias legales proporcionales.
La narrativa del fraude ha sido alimentada por discursos que «terruquean» a las autoridades y llaman a la agresión directa.
Vargas Faría es enfático al señalar los límites de la libertad de expresión: «Nuestro derecho a la opinión no nos permite ofender la dignidad de los demás, de las demás personas. Hay un límite, pero se ha permitido pasarlo, una y otra vez».
Germán Vargas Farías, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
El fraude es una estrategia de grupos de poder que no aceptan que el país vota de forma distinta a sus intereses
Por otro lado, desde la región Puno, el sentimiento es de profunda indignación. Amador Núñez, presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP), denuncia que los intentos de desconocer el voto regional son una repetición de tácticas del pasado, como las ocurridas en 2021.
Para el dirigente puneño, «las acusaciones de fraude no son más que una estrategia premeditada de grupos de poder que se niegan a aceptar que el país vota de forma distinta a sus intereses».
Amador Núñez Mamani, presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP)
La frustración en el sur se agrava por lo que consideran un doble estándar en la aplicación de la justicia. Núñez resalta que, mientras candidatos de derecha insultan a la población o amenazan a funcionarios con total impunidad, los dirigentes sociales son perseguidos y procesados judicialmente solo por levantar la voz en protesta.
Al respecto, el dirigente expresó con dureza: «Dijeron que nuestra votación era un fraude… están haciendo lo mismo, la ‘pataleta’ correspondiente. Pareciera que todo está premeditado, pareciera que esto lo han planeado mucho más antes».
Amador Núñez Mamani, presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP)
Ante este escenario, las organizaciones de Puno han decidido tomar un rol activo en la vigilancia del proceso electoral. Núñez anunció que la población se está organizando para actuar como personeros y recorrer diversas regiones para garantizar que cada acta sea entregada y respetada, evitando cualquier manipulación en el traslado de los votos.
Su postura es clara: «Basta ya de fraudes. Basta ya de que se hablen muchas cosas. El pueblo velará por el voto popular del pueblo. Solamente el pueblo salva al pueblo».
La crisis es producto también de la degradación de los partidos políticos que abandonaron su rol formativo y doctrinal
Vargas Faría coincide en que la participación ciudadana y la vigilancia son fundamentales para sostener la democracia. Destaca la labor de organizaciones como Transparencia, que mediante la observación directa ha confirmado la ausencia de indicios de fraude sistemático.
Sin embargo, advierte que existen fuertes presiones sobre organismos como el Tribunal Constitucional o la Junta Nacional de Justicia que buscan revertir la voluntad popular expresada en las urnas.
El análisis de la crisis también apunta a la degradación de los partidos políticos, que han abandonado su rol formativo y doctrinal para convertirse en maquinarias electorales que utilizan «streamers» y desinformación para ganar a cualquier costo.
«Esta ausencia de valores democráticos básicos dentro de las propias organizaciones políticas es lo que permite que el racismo y la violencia se conviertan en herramientas de campaña legítimas para algunos sectores».
Germán Vargas Farías, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
La situación en Lima también ha mostrado deficiencias logísticas por parte de la ONPE, lo cual ha servido como pretexto para alimentar las teorías del fraude que ya se anunciaban desdenoviembre del año pasado.
No obstante, Vargas Faría insiste en que el problema de fondo es la falta de apego a los valores democráticos y la pretensión de que «no vale la opinión del otro si no coincide con la mía».
Esta intolerancia es el combustible de la inestabilidad que atraviesa el país.
El respeto a los resultados del 7 de junio será la prueba de fuego para la democracia peruana
De cara a la segunda vuelta, el llamado de los especialistas es a la responsabilidad ciudadana y al cese de la violencia, provenga de donde provenga. Es imperativo no repetir los episodios de violencia que en el pasado costaron miles de vidas en el Perú.
La vigilancia electoral no debe ser vista como un acto de confrontación. Más bien, como un ejercicio de defensa de un derecho fundamental: que todos los votos valgan lo mismo, sin importar la región de procedencia.
Finalmente, el panorama para los próximos cinco años se vislumbra complejo y de gran inestabilidad. El respeto a los resultados del 7 de junio será la prueba de fuego para la democracia peruana.
Como concluyen los participantes, solo mediante una educación basada en valores, el respeto a la diversidad cultural y el fin de la impunidad ante los discursos de odio, podrá el Perú superar este ciclo de desprecio y exclusión que hoy asedia las urnas.
No se pierda la entrevista completa. Puede verla aquí.
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La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero dispuso el cierre temporal de la avenida Cementerio durante el sábado, debido a la gran afluencia de visitantes que se espera en la zona con motivo de las celebraciones por el Día de la Madre.
Con motivo de la celebración del Día de la Madre, y debido a la gran afluencia de personas que se reunirán en el cementerio general La Apacheta, se dispondrá el cierre de la avenida Cementerio para que los comerciantes que se dedican a la venta de flores naturales y artificiales puedan instalarse.
Como parte de las medidas adoptadas por el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el sábado desde las 5:00 a.m. se cerrará la avenida Cementerio, desde la isla hasta el ingreso del camposanto. El tránsito será desviado hacia la avenida Perú y Garcilazo, a fin de que los conductores puedan dirigirse a otros distritos como Socabaya.
Para el domingo, día central de la celebración, se cerrará todo el frontis del cementerio, con el fin de facilitar el acceso y el desplazamiento de los visitantes que acudirán al camposanto. Ante ello, los conductores deberán tomar las precauciones correspondientes y utilizar las rutas alternas habilitadas.
El objetivo de estas disposiciones es facilitar la instalación de los comerciantes que ofrecerán diversos productos, entre ellos flores naturales y artificiales. Asimismo, los puestos de flores que actualmente operan en la zona continuarán atendiendo con normalidad.
Raúl Medina Monroy, gerente de Fiscalización y Sanciones de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, informó que también se instalarán vendedores autorizados de comida y otros productos. Estos ocuparán espacios previamente establecidos por la municipalidad.
Asimismo, para garantizar la seguridad de los visitantes durante esos días, se contará con 15 efectivos policiales de la municipalidad, quienes estarán encargados de supervisar el orden y evitar el comercio ambulatorio informal.
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El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa señaló que una de las posibles causas es la filtración de agua depositada en el subsuelo del terreno.
Un nuevo deslizamiento de tierra en el distrito de San Juan de Siguas mantiene en alerta a las autoridades de la región Arequipa. El movimiento de tierra ocurrió a solo 34 metros de la carretera Panamericana Sur, lo que representa un riesgo para la transitada vía. Sin embargo, la preocupación aumenta debido a la frecuencia con la que estos eventos se vienen registrando en la zona.
José Carrera Paulette, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa, informó que el deslizamiento ocurrió el jueves 8 de mayo en el sector de Santana. Según explicó, este tipo de fenómenos se viene registrando en la zona desde hace aproximadamente entre 20 y 30 años.
Afectaciones en la zona
El deslizamiento ha afectado 15 hectáreas de cultivos, de las cuales cinco se perdieron por completo al quedar enterradas.Asimismo, el derrumbe bloqueó el cauce de un río, generando un embalsamiento que aumenta el riesgo de inundaciones en el sector. Este evento ocurrió cerca de la Panamericana Sur, una vía de gran importancia para la conectividad de la región.
Operativo de emergencia
Ante la emergencia, el COER coordinó acciones junto con la alcaldesa del distrito de San Juan de Siguas. Como parte de la respuesta, la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA) destinó maquinaria pesada, entre ella una excavadora, un tractor sobre oruga y un volquete. El objetivo inicial es desbloquear el cauce del río para que recupere su flujo normal y evitar consecuencias mayores.
Antecedentes y advertencia del IGP
Cabe recordar que en marzo de este año ocurrió otro deslizamiento en la zona de Altos Siguas, el cual acercó peligrosamente los derrumbes a la Panamericana Sur.
Debido a la frecuencia de estos eventos, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) advirtió que la situación representa un alto riesgo y exhortó a las autoridades a tomar acciones inmediatas.
Asimismo, Carrera advirtió que una de las principales causas de estos deslizamientos serían las filtraciones de agua. Debido al peligro que representan estos eventos, indicó que ya se realizaron reuniones con las instituciones responsables, a las que se les expuso la problemática existente.
“Ya tienen un compromiso de que este 27 deben expresarnos todas las soluciones y se pueda ir trabajando para buscar una solución a este problema”, señaló.
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La tensión aumentó cuando varios parlamentarios cuestionaron que un tema tan sensible para las universidades públicas se intentara debatir casi de improviso y sin mayor discusión previa.
Susel Paredes perdió los papeles en el último pleno del Congreso debido a una polémica propuesta que permitiría la reelección inmediata de rectores universitarios.
La iniciativa habría ingresado de forma irregular a la agenda, precisamente después de que el presidente del Congreso rindiera homenaje a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por su aniversario, teniendo como invitada principal a la rectora Jeri Ramón.
Junto a ella, otros congresistas también manifestaron su indignación, denunciando la irregular manera en la que se vienen manejando los acuerdos dentro de la Mesa Directiva. La tensión aumentó cuando varios parlamentarios cuestionaron que un tema tan sensible para las universidades públicas se intentara debatir casi de improviso y sin mayor discusión previa.
La iniciativa busca modificar nuevamente la Ley Universitaria 30220, aprobada en 2014, que actualmente prohíbe la reelección inmediata de rectores y vicerrectores. La norma establece que las autoridades universitarias solo pueden ejercer un mandato de cinco años sin posibilidad de postular consecutivamente. Esto, justamente para garantizar la alternancia en la conducción de las universidades públicas.
Los defensores de la propuesta sostienen que esto permitiría dar continuidad a gestiones consideradas exitosas y fortalecer la autonomía universitaria. Pero sus críticos advierten que abriría la puerta a redes de poder enquistadas dentro de las casas de estudio.
El debate cobró aún más relevancia porque semanas atrás la propia Jeri Ramón no descartó postular nuevamente como rectora de San Marcos.Esto, si la ley cambiaba. Incluso reveló que el político Carlos López Chau la invitó a sumarse a su agrupación política Ahora Nación, comentario que incrementó las sospechas sobre los intereses políticos alrededor de la reforma.
Durante el pleno, Susel Paredes acusó a la Mesa Directiva de intentar favorecer determinados intereses universitarios “por debajo de la mesa”, mientras otros legisladores reclamaban transparencia en el manejo de la agenda parlamentaria.
La discusión revive además un viejo fantasma dentro del sistema universitario peruano. Antes de la Ley 30220, la antigua Ley 26302 sí permitía la reelección de rectores, situación que fue modificada tras años de críticas por permanencias prolongadas en el poder y denuncias de clientelismo dentro de algunas universidades públicas.
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Congresistas por Arequipa se enfrentaron por la polémica ley que permitiría modificar nuevamente la Ley Universitaria y habilitar la reelección de rectores.
Esdras Medina y Alex Paredes (ambos postulantes no reelegidos en estos comicios) cuestionaron las críticas contra la propuesta, asegurando que lo que se busca es “reinstalar la democracia” dentro de las universidades.
“El ladrón cree que todos son de su misma condición”, lanzó Alex Paredes contra los congresistas que cuestionaron la medida y advirtieron posibles intereses detrás de la reforma.
Sin embargo, Jaime Quito, elegido por la misma región, se opuso a sus colegas y recordó que fueron los propios estudiantes quienes protestaron durante años para eliminar ese beneficio, cuestionando que ahora el Congreso intente traerlo de vuelta.
En los pasillos del hemiciclo, fue ampliamente comentada la cercana relación de Medina con Jerí Ramón, actual rectora de la Universidad San Marcos, quien busca la reelección.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
La Corte Suprema exhortó a todas las instituciones del Estado a proteger y respetar la independencia judicial. La Sala Plena del Poder Judicial como máximo órgano de deliberación judicial afirmó que la autonomía de jueces y juezas es indispensable para garantizar la democracia y la defensa de los derechos de la ciudadanía.
En el pronunciamiento oficial emitido este viernes 8 de mayo y firmado por la Sala Plena del Poder Judicial este 8 de mayo, recuerdan que se solicitó una opinión consultiva a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, para evaluar la situación de la justicia peruana.
Dicho organismo internacional elaboró y emitió un informe en marzo de este año y analizó reformas constitucionales y legislativas relacionadas con el Poder Judicial, tras un pedido formulado por el propio Poder Judicial durante su Décima Sesión Extraordinaria de 2025.
“La Comisión de Venecia identificó una ‘señal de alarma preocupante’ debido a los casos de críticas públicas, campañas de desinformación y discursos dirigidos contra magistrados y tribunales”. Estas acciones pueden deteriorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones independientes, refieren en el comunicado.
La Corte Suprema en su pronunciamiento también defendió el principio de que los jueces no deben enfrentar responsabilidad disciplinaria o penal por el contenido de sus resoluciones, salvo casos de dolo o negligencia grave establecidos por ley y conforme a estándares internacionales.
“Para el Poder Judicial, cualquier presión externa sobre las decisiones judiciales pone en riesgo el equilibrio democrático”, advierten.
«Las sanciones a los jueces deben definirse en la ley y no pueden aplicarse por el contenido de sus resoluciones»
También destacaron que la Comisión de Venecia analizó las reformas constitucionales y legislativas relacionadas con el sistema de justicia peruano. El organismo europeo emitió su opinión en marzo de este año,
Destacan la posición de la Comisión respecto a las responsabilidades disciplinarias y penales de magistrados. De acuerdo con el informe, “las sanciones contra jueces deben estar definidas de manera precisa en la ley y no pueden aplicarse únicamente por el contenido de sus resoluciones, salvo casos de dolo o negligencia grave”.
Sostienen que la independencia de jueces y juezas constituye un elemento esencial dentro de cualquier sistema democrático. En esa línea, afirman que la protección de los derechos ciudadanos depende de que los magistrados actúen sin presiones políticas ni interferencias externas.
La Sala Plena afirmó que seguirá defendiendo la autonomía del Poder Judicial frente a cualquier medida que afecte su funcionamiento. El pronunciamiento hace un llamado a las instituciones públicas para asumir un compromiso firme con el respeto al sistema de justicia y el equilibrio de poderes en el país.
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Entérate además que sancionan a Fuerza Popular por gastar 143 mil soles en supuestas “capacitaciones” que terminaron en catas de vino, almuerzos y viajes a EE. UU y Europa
El expresidente Pedro Castillo debe seguir armando paciencia (y quizás un currículum carcelario más extenso) porque su solicitud de indulto, presentada el 18 de febrero, choca contra una pared burocrática y jurídica bastante sólida.
Resulta que el Ministerio de Justicia, en un comunicado digno de un manual de relaciones públicas defensiva, calificó como “falsa y tendenciosa” la sospecha ciudadana de que la reciente “actualización” de la Comisión de Gracias Presidenciales es en realidad una jugada maestra para liberar al profesor. Pero, como si el universo jurídico se hubiera puesto de acuerdo para amargarle el día a Castillo, el presidente José Balcázar ya descartó el indulto y, para rematar, el sentenciado por conspiración para la rebelión tiene una condena de once años que aún no es firme porque está impugnada, sin olvidar otras seis carpetas fiscales que lo mantienen con medidas coercitivas vigentes.
El abogado penalista Julio Rodríguez dio más luces sobre este ‘chisme’ palaciego, “todavía no ha sido evaluada esta apelación y, por lo tanto, cualquier gracia presidencial solo puede ser otorgada una vez que esa sanción ya no pueda ser más apelada”.
En buen romance: aunque cambien las sillas de la comisión, mientras no haya sentencia firme y los tratados internacionales contra delitos graves (como desestabilizar el orden constitucional) miren feo, el indulto seguirá siendo una leyenda urbana.
Sancionan a Fuerza Popular por gastar 143 mil soles en supuestas “capacitaciones” que terminaron en catas de vino, almuerzos y viajes a EE. UU y Europa
Como para cerrar la semana con una pequeña chispa de justicia social, Fuerza Popular fue sancionada y multada por la ONPE tras detectar el uso irregular de fondos públicos destinados al fortalecimiento de partidos políticos.
Ese dinero, que sale del bolsillo de todos los peruanos y que debería servir para capacitación, formación política y fortalecimiento institucional, terminó financiando reuniones espirituales, almuerzos, catas de vino, misas y sesiones matutinas de salud en Estados Unidos. O sea, más retiro de bienestar premium con visitas al spa que escuela de cuadros políticos.
Según la investigación, el gustito le costó al país más de 143 mil soles. Por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales decidió ponerles freno: les impuso una multa de 36 UIT, equivalente a 198 mil soles, además de reducirles el 50% de los fondos públicos que reciben, por destinar dinero del Financiamiento Público Directo a actividades no contempladas en la Ley de Organizaciones Políticas.
En otras palabras, el dinero para fortalecer la democracia terminó convertido en una especie de paquete “all inclusive” naranja con vino, espiritualidad y brunch incluido.
Al cierre de esta edición, el partido no ha emitido ningún pronunciamiento. Mientras tanto, Keiko Fujimori sigue de gira nacional vendiendo la idea de que su partido es «lo mejor que le puede pasar al país».
JP pide que se impongan multas económicas contra López Aliaga y su abogado por pedir anulación de las mesas 900 mil
Rafael López Aliaga piensa llevar su relato fraudista hasta las últimas consecuencias. Pese a que ya se han desestimado varios de sus recursos, el ultraconservador y sus huestes no paran de empapelar al Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE. En medio de la ofensiva fraudista, Juntos por el Perú ha salido a pedir sanciones en contra de Porky y sus amigos por pedir anular las mesas 900 mil, que corresponden a localidades recónditas de nuestro país.
El personero político de Juntos por el Perú pidió que se impongan multas económicas en contra de López Aliaga y de su abogado Wilber Medina, equivalentes a 5 mil 500 y 11 mil soles respectivamente. Para los abanderados del castillismo, tanto RLA como su defensa están actuando con temeridad y mala fe al pedir nulidades que son claramente improcedentes al no contar con fundamento jurídico.
Mientras tanto, los malos perdedores de Renovación Popular continúan con sus amenazas sin importarles la democracia y el estado de derecho. Llamarlos pecadores es quedarse corto.
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El Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno fue escenario de un vergonzoso incidente, luego de que cuatro trabajadores fueran captados aparentemente en estado de ebriedad ingresando al área de quirófano y tambaleándose dentro del establecimiento.
Las imágenes generaron profunda indignación debido a que se trata de una zona restringida y crítica para la atención de pacientes. El video no tardó en viralizarse en redes sociales.
Ante ello, el director del nosocomio, Jean Paul Valencia Reinoso, informó que se inició un proceso administrativo para identificar a los involucrados y determinar las sanciones correspondientes.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
Médicos de Arequipa rechazan acusaciones de sabotaje del gobernador Rohel Sánchez y denuncian falta de inversión en los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche.
La Federación Médica Peruana y los cuerpos médicos de Arequipa han manifestado su frontal indignación ante las recientes declaraciones del gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez. En una entrevista televisiva, la autoridad acusó al personal de salud de un presunto «sabotaje intencional» contra equipos médicos para favorecer intereses privados, señalamiento que el gremio califica como difamatorio y carente de pruebas.
Para los representantes médicos, estas acusaciones pretenden criminalizar su labor con el fin de distraer a la opinión pública de lo que consideran una incapacidad de gestión regional. Sostienen que el precario estado de los servicios de salud se debe a la pobre inversión del presupuesto regional y a la falta de mantenimiento preventivo de una infraestructura que ha superado su vida útil.
El gremio recordó que más del 60% del equipamiento biomédico en los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche tiene más de 15 años de antigüedad. Denuncian que muchos equipos operan en ambientes que no cumplen con normas técnicas de climatización o protección eléctrica, responsabilidad que recae exclusivamente en la Gerencia Regional de Salud (Gersa) y el Gobierno Regional.
Ante la gravedad de las afirmaciones, los médicos exigieron al gobernador que, de tener pruebas reales de sabotaje, presente las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público con nombres y apellidos. Señalaron que lanzar acusaciones generalizadas solo daña la honra del personal que sostiene un sistema colapsado utilizando, muchas veces, sus propios recursos para atender pacientes.
La federación advirtió que no tolerará que se utilice la honra de los profesionales como escudo para tapar cuestionamientos administrativos y la falta de resultados eficientes. En ese sentido, denunciaron una alarmante incapacidad para ejecutar el presupuesto destinado a la reposición de equipos, prefiriendo culpar al trabajador antes que agilizar licitaciones transparentes.
Finalmente, exigieron una rectificación inmediata por parte de la máxima autoridad regional bajo la amenaza de interponer denuncias por los presuntos delitos de difamación y calumnia. Asimismo, solicitaron la presencia del Fiscal de Prevención del Delito y de la Contraloría General de la República en los establecimientos de salud para que procedan conforme a sus atribuciones legales.
La Federación Médica Peruana exige una rectificación inmediata al Gobierno Regional de Arequipa y advierte acciones legales por presunta difamación y calumnia.
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La Municipalidad Provincial de Arequipa pondrá en marcha un plan de intervención vial este sábado 9 de mayo para mejorar el estado de la calzada en el centro de la ciudad. Las cuadrillas de obreros iniciarán las labores de recapeo a partir de las 08:00 horas, concentrándose específicamente en la intersección de las calles Don Bosco y La Paz.
Esta medida forma parte de un cronograma de mantenimiento de infraestructura que busca recuperar las vías más desgastadas por el alto flujo vehicular. Las autoridades municipales confirmaron que los trabajos consisten en la colocación de una nueva capa asfáltica, lo que permitirá optimizar el desplazamiento de las unidades de transporte público y privado.
Debido a la naturaleza de las obras, el tránsito vehicular en este sector estratégico se verá restringido de manera parcial durante varias horas. La gerencia de Transportes ha dispuesto que el cierre se realice por segmentos, con el objetivo de minimizar el impacto en la fluidez de las calles adyacentes y evitar un bloqueo total innecesario.
Se recomienda a los conductores y transportistas que circulan habitualmente por esta zona tomar las previsiones del caso o utilizar rutas alternas para llegar a sus destinos. La presencia de inspectores de transporte y personal de seguridad ciudadana será constante para orientar a los usuarios y mitigar las congestiones que suelen generarse en estos puntos.
Finalmente, la comuna provincial instó a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar la señalización provisional instalada en el perímetro de la obra. Se espera que las labores concluyan antes del cierre de la jornada del sábado, permitiendo que la transitabilidad en la zona de Don Bosco y La Paz se normalice completamente para el inicio de la próxima semana.
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Soy responsable de Audiencias y SEO en El Búho; además colaboro con artículos sobre periodismo de datos. Vivo en Arequipa. También escribo para Qué fue.pe
