Por la norma suprema de la separación de poderes en el Estado, el Poder Judicial debe ser apolítico, absolutamente apolítico. Esto quiere decir que en los casos que juzga debe aplicar solo la ley pertinente a los hechos probados. Primeramente, las normas supremas aprobadas por el conjunto de ciudadanos, titulares del poder originario de mandar en la sociedad, reunidas en la Constitución del Estado. Una sentencia en primera instancia, expedida en París el 31 de marzo pasado por una juez, se ha apartado de esta noción. Esto, en el proceso penal seguido contra Marine Le Pen y otros dirigentes del partido político Concentración Nacional (Rassemblement National).
Por esta sentencia, Marine Le Pen acaba condenada a cuatro años de prisión, de los cuales dos con privación de libertad. Además, a pagar 100,000 euros de multa. Y, lo más importante en este caso, a cinco años de impedimento para presentarse a elecciones, como medida de ejecución inmediata.
Marine Le Pen fue candidata presidencial, en 2002, 2017 y 2022. En las de 2017 y 2022 ganó Emmanuel Macron y ella salió en segundo lugar. En elecciones de junio 2024, para la conformación de la Asamblea Nacional o Cámara de Diputados, su partido alcanzó la primera votación numérica con 33%. Le siguieron el Nuevo Frente Popular, liderado por Jean-Luc Mélenchon, con el 27,9% y Juntos por la República, del presidente Macron, con el 20,9%. Para las elecciones presidenciales de 2027, Marine Le Pen está en el primer lugar en las encuestas.
Por lo tanto, la finalidad de esa condena sería impedir que Marine Le Pen llegue a la Presidencia de la República, en vista de que ella y su partido han terminado estigmatizados por sus adversarios y la prensa de éstos. Calificada como de extrema derecha, según la nomenclatura política europea.
Los temas fundamentales inherentes a esta sentencia son la causa del proceso y la ejecución inmediata de la inhabilitación política.
1) La Fiscalía ha acusado a Marine Le Pen de haber desviado cierta cantidad de recursos de la Unión Europea, pagándoles a algunos de sus asistentes parlamentarios, mientras ella era representante ante el parlamento de esta entidad de 2004 a 2016. A asistentes que trabajaban, según la acusación, para el partido Concentración Nacional. Esta causal va contra lo dispuesto por la Constitución francesa de 1958 en vigencia, la que dice: “La soberanía nacional pertenece al pueblo que la ejerce por medio de sus representantes…” (art. 3º).
Pero para este ejercicio se reconoce la existencia de partidos o grupos políticos que “concurren a la expresión del sufragio (y) se forman y ejercen su actividad libremente.” (art. 4º). Esto quiere decir que los ciudadanos actúan en la administración del Estado por medio de los partidos o grupos políticos representados por los parlamentarios y los titulares del gobierno elegidos.
Por lo tanto, si los representantes de estos partidos y grupos destinan una parte o todos los recursos que les asignan a pagar a asistentes que los ayudan, formando la opinión de sus miembros. O explicando a la opinión pública sus propósitos. O emitiendo consejos o elaborando los proyectos de intervenciones o de normas legales, hacen lo que deben hacer, según los artículos indicados de la Constitución. Si alguna ley dice lo contrario o algo distinto de estas reglas constitucionales, los jueces no deberían aplicarlas. Antes bien, aplicar las reglas de la Constitución. Es evidente que esta prioridad rige también respecto de la Unión Europea, cuyas normas no pueden desplazar a la Constitución francesa. Es, por ello que, en este aspecto, la condena a Marine Le Pen es inconstitucional.
2) Pero, además, la inhabilitación política impuesta a Marine Le Pen infringe también la Constitución que, en este caso, es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, integrada a ella (Preámbulo). En efecto, esta Declaración dispone: “Se presume la inocencia de todo hombre hasta que se le declare culpable; si se juzgase indispensable detenerlo, todo rigor que no sea el necesario para asegurar su captura debe ser severamente castigado por la ley.” (art. 9). Es un precepto general del derecho que la declaración de culpabilidad debe ser firme, es decir, que debe declararse por un tribunal de la máxima instancia. No solo por un juez o tribunal de primera instancia cuya decisión puede terminar revocada. Por ello, la “condena provisoria” a inhabilitación impuesta a Marine Le Pen es inconstitucional.
El defensor jurídico de Marine Le Pen ha apelado de la sentencia dictada contra ella. Pero… esta apelación se verá recién en la segunda mitad de 2026. (Como dicen los policías bravos: si no tiene razón, va preso; y, si la tiene, también).
¿Están los jueces franceses obligados a preferir la aplicación de la Constitución sobre las leyes que no se ajusten a ella? Al parecer, en la práctica, no. Y, entonces, ¿dónde se quedan el Estado de derecho y, su base, el pacto social que difundieron, para bien de la humanidad, los intelectuales del Iluminismo y los revolucionarios de 1789?
Es claro que si la Asamblea Francesa aprobara una ley que ponga las cosas en orden en concordancia con la Constitución, en los aspectos vistos, se podría hacer finalmente justicia. Pero, ¿lo entenderán así los representantes del grupo Francia Insumisa del exsocialista Jean-Luc Mélenchon y los otros grupos calificados como de izquierda, que con Concentración Nacional, a la que pertenece Marine Le Pen, hacen la mayoría?
Una apreciación final. En Francia y, en general, en Europa occidental, una tendencia ideológica interesada y los medios de prensa escrita, TV y radial que les son adictos han impuesto, como un dogma absoluto y casi religioso, la división de los grupos y la opinión políticos en dos bandas principales: la derecha y la izquierda, desde fines del siglo XIX. Al principio, en la derecha fueron colocados los partidarios de los reyes y nobles y luego los partidarios del capitalismo. Y en la izquierda, quienes estaban por el gobierno del pueblo y después quienes apoyaban a los trabajadores.
Pero, ahora, esta división se establece por otros criterios, extraños a las diferencias de opinión por clases sociales. Los que están contra la inmigración indiscriminada y sobre todo musulmana se consideran como de extrema derecha. Y los favorables a esta inmigración como de izquierda. Marine Le Pen y su partido son colocados, por ellos, en la extrema derecha. No importa que estén a favor del capitalismo nacional, que se opongan a la privatización de los servicios públicos y la seguridad social, que critiquen a la Unión Europea por haberse convertido en un superpoder y que discutan la intención del gobierno de Macron de enrolar a Francia en una guerra contra Rusia.
[1] Profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor en Derecho por la Universidad de Paris I (Sorbona).
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