La cancha electoral de las 7 elecciones del 2026 está inclinada en favor de la reelección de las organizaciones criminales y sus líderes que nos gobiernan. Las normas políticas electorales de los últimos años van en su beneficio y contra sus adversarios, tienen extorsionada a la ONPE y su jefe que organizarán las elecciones, al RENIEC que elabora el padrón electoral y al árbitro de las elecciones (JNE). Han copado el sistema de justicia para salvar a sus procesados líderes, facilitar sus candidaturas y, perseguir y enjuiciar a sus opositores para evitarlos postular. Tienen la cancha, las reglas de juego, a los organizadores de las elecciones, a las autoridades detrás de ellas, al árbitro y a los que cuidarán la realización del acto electoral (PNP y FFAA); pero no tienen el voto ni la voluntad popular. No serán elecciones libres y justas como mandan los estándares internacionales.
La cancha está inclinada, no habrá juego limpio.
Los 41 partidos inscritos (excluyendo al eliminado ANTAURO), 31 en proceso de inscripción y cerca de 100 partidos regionales falsea una competencia equilibrada, la sobreabundancia de partidos no garantiza más y mejor competencia, por lo contrario, la enturbia, oscurece, además de hacerla inviable en términos logísticos y organizativos. El ciudadano conoce los partidos que están en el congreso, quizás, hasta a las bancadas mixtas desmembradas de ellos; y, desconoce a los partidos nuevos creados luego de las elecciones del 2021, son un recital de nombres parecidos, frases, siglas y logos confusos; colores y figuretis para todos los gustos; quizás, en algunos, destaque alguien conocido con pasado no tan bueno; nadie sabe que proponen porque carecen de programas y, todos, son mudos.
La abundancia y confusión de partidos y candidatos, centrará la competencia en los malos conocidos más que en la sombra de los desconocidos. No habrá contienda equitativa en un escenario pulverizado políticamente. Lo han provocado y es lo que conviene a las organizaciones criminales que gobiernan y buscan su reelección. La excesiva fragmentación producirá una competencia desequilibrada, autoridades de inusitadas minorías, inestabilidad política e ilegitimidad gubernamental garantizada. Las mafias gubernamentales han creado este chongo político electoral porque les conviene: ganan ellos y aseguran su reelección.
La legislación política electoral dada últimamente, con inimaginables reformas constitucionales y legales, ha redefinido y deformado nuestro régimen político; las mafias congresales han modificado la constitución para reelegirse en el congreso; han creado un senado de 60 miembros y ampliado en otros 50 el número de diputados, de 130 congresistas pasaremos a 240; han acotado, mediante ley y resolución del TC, la disolución del congreso, han redefinido la designación y sanción de los jefes de los organismos electorales para controlarlos; realizan una agresiva campaña para sancionar, inhabilitar y sacar de contienda a quienes consideran potenciales adversarios fuertes. Tienen todo a su favor, aun así, temen perder, por ello, son más peligrosos.
La institucionalidad del Estado de derecho está intervenida para inclinarla en su favor. Si algo saliera de su control electoral: tienen al TC que siempre falla a favor del congreso y ejecutivo, al Defensor del Pueblo que es un peón gubernamental, a la Junta Nacional de justicia que parece una oficina desconcentrada del Congreso. Y tienen rajados, parcialmente controlados, al Ministerio Público y Poder Judicial. La justicia está intervenida e inclinada para liberar de sus juicios a los líderes de las mafias gubernamentales y permitirles postular; para perseguir, acusar, inhabilitar a sus potenciales adversarios, así sea con acusaciones cuestionables o falsas. Intervenir los sistemas de justicia y electoral es garantía de mantener inclinada la cancha de las elecciones del 2026 y garantizar su reelección criminal.
Otro factor, gravísimo, que inclina más la cancha electoral, es la vocación del congreso y gobierno de aprobar leyes favorables a organizaciones criminales, delincuentes comunes e implicados en crímenes de lesa humanidad. Nuestras leyes penales benefician a los delincuentes y penalizan a las víctimas. Las mafias gubernamentales han excluido a los partidos de ser considerados organizaciones criminales. Han excluido a acusados de crímenes de lesa humanidad para permitir sus candidaturas (un partido desconocido ha integrado a Vladimiro Montesinos y lo ha anunciado como probable candidato presidencial). Han eliminado las detenciones preliminares de delincuentes y han mutilado a la fiscalía de la investigación preliminar otorgándola a la policía. Las leyes pro crimen jugarán un rol clave en la campaña electoral, la criminalizarán legal y mortalmente. Muchos, por estrategia o temor, piden callar estos temas; lamentablemente, es ilusión, tapar el sol con un dedo.
La última ley de las mafias gubernamentales (Ley 32254), del 31 de enero, restituye el financiamiento privado de personas jurídicas en las elecciones. Lo hace arbitraria y parcialmente, solo para empresas. Excluye a personas jurídicas sin fines de lucro: asociativas, gremiales o de cualquier tipo institucional. Impulsa el aporte de quienes lucran con la política y elimina el aporte de quienes no tienen fines lucrativos. Más allá de aspectos buenos de la norma, parece pensada para facilitar el dinero del crimen y las economías criminales en la campaña, para inclinar más la balanza antes que para propiciar una competencia equilibrada. Las campañas electorales del 2026, además de irregulares, confusas, inseguras, criminalizadas, serán un festín de dinero limpio y sucio inclinando más la cancha electoral.
Insisto, aun con esa cancha inclinada, debemos jugar ese partido, donde buscan la reelección. No a ciegas ni ingenuamente. En Perú se puede ganar aún con todo en contra. Impulsar frentes sociales es clave, muchas organizaciones sociales y gremiales son más fuertes, estructuradas y con presencia nacional que varios partidos conocidos y desconocidos. Formar alianzas políticas electorales es necesario, sobre todo, para los partidos nuevos, si quieren ser alternativa de gobierno. Tener bancada (que ya es un poder) y pasar la valla electoral. Integrar los frentes sociales con las alianzas sería mejor aún para canalizar el desprecio ciudadano a los líderes políticos y autoridades.
Propiciar la presencia de observadores nacionales e internacionales para que observen el proceso electoral desde que se convoca y no solo el día de lecciones. Organizar un multipartidario comando nacional de personeros que permita acreditarlos en todas las mesas de sufragio. Y reporten a una sola central todo lo acontecido el día de las elecciones (su reelección). Creativamente, podemos jugar en la cancha inclinada, con empuje y dedicación, por el bien del Perú. En su cancha, con sus reglas, con su público y árbitro a favor, podemos ganarles a las mafias gubernamentales. A quienes dudan, vuelvo a motivarlos, “en Perú nada es imposible”, si trabajamos unidos, duro, con fe e identidad patriótica. A tiempo estamos.
Publicado en Otra Mirada.pe
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