Alrededor de 18 millones de soles en reparaciones civiles se han acumulado desde el 2008 en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sin cobrarse. Este dinero se pudo calcular después de que las autoridades del Poder Judicial detectaron que dos servidores judiciales venían apropiándose del dinero. Lo hacían depositando los cupones a cuentas de terceros.
Esta cantidad de dinero permanece depositado en el Banco de la Nación debido a que los procesados no han acudido a cobrarlos, informó el jefe de la Odecma, Jhonny Cáceres Valencia.
Después de que los procesos concluyen, los jueces ordenan al imputado el pago de una indemnización a favor del agraviado. El sentenciado está obligado a depositar el dinero como parte de la sanción. Sin embargo, los agraviados no los cobran porque se olvidan de los procesos.
Frente a esta situación, la autoridad invocó a los litigantes a acudir a los juzgados para consultar si el condenado ha depositado un monto de dinero a su favor. Una vez comprobado, las personas lo solicitan al juzgado y el especialista emite la orden de pago para que los cobre en el Banco de la Nación.
Aceptación de cargos y citan a agraviados
De otro lado, el secretario judicial Jefferson Dalhit Rodríguez Lavado confesó haber cobrado más de 217 reparaciones civiles a su favor, desviándolas a cuentas personales. Él es uno de las cinco personas que fueron detenidas el pasado viernes 10 de enero, tras un operativo sorpresa por este hecho.
El detenido reconoció ante la fiscal Marita Cueva que manipuló el sistema informático del Poder Judicial para endosar los cupones a favor de su practicante Yudi Ccallo Mallqui y la litigante Karen Ranilla Calisaya.
En cambio, el especialista de juzgado y exjuez supernumerario, Roberto Salas Vilca, ha preferido guardar silencio. Según la investigación fiscal, el funcionario emitió el pago de reparaciones civiles a favor del abogado procurador del Ministerio Público, José Luis Portocarrero Bustamante, quien también se encuentra detenido.
Todos ellos son acusados del delito de fraude informático y peculado de uso, ya que los secretarios judiciales desviaban el dinero gracias a su acceso al Sistema Integrado Judicial.
Mientras tanto, la fiscal viene recabando la declaración de las personas que fueron afectadas por el ilícito que cometieron estas cinco personas. Las diligencias continuarán hasta que venzan los 7 días de la detención preliminar.
Actualmente se encuentran bajo prisión preliminar por cinco días más. La pena por la comisión de este delito es de siete años de prisión como mínimo. Sin embargo, mientras Marita Cueva, la fiscal del caso, evalúa solicitar prisión preventiva, Rodríguez Lavado podría ser procesado en la modalidad de terminación anticipada, luego de su confesión.
Respecto al procurador público, José Portocarrero, se tomarán las medidas administrativas, según indicó el presidente de la Junta de Fiscales, Franklin Tomy López. Por lo pronto, el proceso penal continuará en Arequipa.
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