El Juzgado Constitucional de Arequipa ordenó paralizar las obras en el cementerio COVID y prohibir más inhumaciones en el lugar hasta que el Gobierno Regional de Arequipa consiga las autorizaciones para su ejecución. De esta manera, se da un ultimátum al gobernador Elmer Cáceres Llica para que presente los permisos y seguir adelante con este proyecto.
La jueza Karina Apaza ratificó su posición y dijo en su resolución que la obra no debe violar ninguna norma que proteja los derechos fundamentales. Esto, después que la Sala Mixta de Urgencia anuló la medida cautelar dictada por Apaza y le ordenó emitir un nuevo pronunciamiento.
En la última resolución, emitida el 17 de agosto, la jueza le concede 10 días al Gobierno Regional de Arequipa para entregar la documentación que acredite que se ha subsanado las observaciones que presenta la obra. En caso no cumpla, tendrá que construir el camposanto en otro terreno.
Discusión por el Cementerio Covid
El Gobierno Regional de Arequipa comenzó en abril a ejecutar la obra del cementerio Covid con el fin de apoyar a familias pobres que no podían pagar por un sepelio digno. Sin embargo, las buenas intenciones del gobernador Elmer Cáceres Llica presentaron oposición. El Municipio de Uchumayo, el Colegio de Turismo y las asociaciones de Turismo y Gastronomía interpusieron una demanda judicial. Ellos señalan que la obra se ejecutaba sin cumplir ningún tipo de norma, además afectando un sitio arqueológico considerado Patrimonio Cultural de la Nación.
El cementerio Covid se pretende ejecutar al margen izquierdo de la “Quebrada de Culebrillas”. Este es un sitio con valor arqueológico e histórico y declarada Patrimonio Cultural de la Nación mediante R.D. 081-2006-INC, el 19 de enero de 2006. Aquí se encuentran petroglifos que corresponden al periodo Horizonte Medio. Además, junto a las “Canteras de Añashuayco”, forman parte de la ruta turística “La Ruta del Sillar”.
El proyecto tendría una inversión de 9 millones 415 mil soles y sería ejecutado por administración directa. El cementerio se edificará en un área de 30 mil 893 metros cuadrados.
La magistrada ha señalado que el Gobierno Regional de Arequipa no ha presentado documentación que compruebe que el proyecto se realiza según norma. Por el contrario, al revisar el legajo observó que carece de autorizaciones del Ministerio de Salud y Medio Ambiente. Tampoco hay garantía de que la obra no atente contra un sitio histórico importante para la región.
Para empezar, la primera observación que se hace a la obra del cementerio Covid es la condición del proyecto. Al inicio se planteó que el camposanto tendría un uso temporal por la pandemia. Así se acordó en la reunión del Comando Covid del 26 de abril pasado. Sin embargo, el Gobierno Regional presentó un proyecto para construir un cementerio público permanente. En él se ofertaba 5 mil 840 nichos, de los cuales 640 serían para uso gratuito y estaría administrado por la Beneficencia Pública. Por tanto, habría una afectación permanente en el área.
Obra sin autorizaciones
Para iniciar la construcción del cementerio se requiere contar con Certificado de Habilitación otorgado por el Minsa y tener autorización de Digesa. Empero, estos dos documentos no se han tramitado hasta la fecha por el Gobierno Regional, advirtió el despacho de la magistrada.
Además, el cementerio debió contar con autorizaciones ambientales como la Declaración de Impacto Ambiental ante el Ministerio del Medio Ambiente (Minam) con el fin de implementar medidas de mitigación necesarias.
Tampoco se cuenta con un certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) y con un plan de monitoreo arqueológico. Asimismo, cualquier proyecto que pudiera afectar o alterar un sitio arqueológico debe contar con la aprobación del Instituto Nacional de Cultura, que tampoco tiene.
“Nos lleva a determinar que este planteamiento, oculta un argumento falaz, en tanto que, para la protección de la salud del personal de primera línea, no resulta una medida adecuada, la construcción de un cementerio que no cuente con requisitos mínimos, por el peligro que esto representa para los derechos constitucionales a la salud, el medio ambiente y el patrimonio cultural, principalmente”, señala la jueza.
Municipios deben ceder espacios
La magistrada recalcó que, de acuerdo a la Ley de Cementerios, los municipios tienen la obligación de destinar un 5% del área total del cementerio a entierros gratuitos y fosa común. Sin embargo, los alcaldes no cumplen con disponer de espacios para los fallecidos por covid-19, la mayoría argumenta que se encuentran saturados desde hace años.
No obstante, el juzgado señala que, ante la ejecución de esta obra de interés público, el Gobierno Regional debe realizar las gestiones en un breve plazo para que se determine la continuación de la obra, cumpliendo la norma, o de lo contrario buscar otro terreno.
Hasta el cierre de esta informe ningún representante del Gobierno Regional quiso declarar a este medio sobre lo emitido por el Poder Judicial.
En tanto, el Juzgado ha indicado que ante el incumplimiento de la medida cautelar, se le impuso una multa de 5 Unidades de Referencia Procesal contra el GRA, Gerencia de Salud y Dirección Desconcentrada de Cultura. También se les abrirá investigación penal por desobediencia a la autoridad y omisión de funciones.
Resolución Judicial Cementerio Covid by Ibón Silvia Machaca on Scribd
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