El 30 de diciembre del 2019, adelantándose al contexto de lo que es actualmente la peor crisis sanitaria de nuestra historia en el Perú, el Presidente de la República firmaba el decreto de urgencia N° 044-2019 estableciendo que el que deliberadamente infringiera las normas de seguridad y salud en el trabajo y pusiera en peligro la integridad física o cause la muerte de sus trabajadores sería reprimido con cárcel de hasta 8 años. Justamente, el 19 de julio de este año, el Colegio de Abogados de Arequipa, testigo de la catástrofe humanitaria en nuestra ciudad a causa del Covid, exigía a las autoridades de nuestra región «dotar de medios suficientes de atención y tratamiento oportuno a todos los contagiados y enfermos» y de lo contrario asumir «responsabilidades administrativas, civiles y penales» y terminaba su comunicado en mayúsculas con la frase «NO MÁS MUERTES».
Sin embargo, al día de hoy, las muertes directas por Covid o indirectas por falta de atención hospitalaria siguen en aumento y los casos se multiplican. Hay ya más de 60 000 contagiados y alrededor de 1200 muertos a la fecha.
Frente a esta debacle logística que se está traduciendo en estos miles de enfermos y cientos de muertos, el gobierno regional de Arequipa no ha tenido mejor idea que culpar de este desastre a los mismos médicos que actualmente están dando batalla en primera línea afirmando que es «por su falta de compromiso y voluntad».
Pero analicemos la situación. Hay tantos casos de contagio que hemos llegado al punto de haber desbordado completamente la capacidad hospitalaria de la ciudad. Ya no hay camas UCI ni camas de hospitalización. Hasta hace poco, los enfermos se amontonaban a la intemperie delante de los hospitales de la ciudad. La gente está desesperada por no poder internar a sus seres queridos, por la falta de oxígeno o por qué no hay suficientes pruebas diagnóstico. Y no es de extrañar que la tensión suba y que ya haya habido varios casos de agresión verbal y física de parte de pacientes o familiares al borde del colapso, poniendo en peligro la seguridad de todo el personal de salud. Los médicos están evidentemente desbordados y con una presión profesional, física y emocional altísima.
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Sumado a todo lo anterior está la falta de Equipos de Protección Personal (EPP) esenciales en este contexto. Y, sin embargo, hace poco se han encontrado 43 toneladas de EPP y medicinas almacenadas que la GERESA hasta entonces no había distribuido a pesar de la urgencia. Ya van 11 doctores fallecidos y alrededor de 20 actualmente en UCI y todos expuestos al riesgo de contagiarse. Muchos de estos profesionales han sido contratados en medio de la pandemia y pese a las promesas, aún les deben guardias o incluso no han recibido su sueldo y han tenido que renunciar. Faltan computadoras, celulares para poder trabajar correctamente. Faltan saturómetros, tensiómetros, glucómetros y el tomógrafo del Hospital Covid se malogra cada dos por tres.
Algunos médicos se han visto incluso en la obligación de comprar por sí mismos equipos y material. En el resto de hospitales no hay suficientes intensivistas, pocas enfermeras de emergencia, faltan EPP. El sistema primario de atención y de prevención ha tardado en ponerse en marcha. Muchas postas médicas tienen a tan solo uno o dos doctores que se ocupan de miles de pacientes (como en el caso de Paucarpata). Y a pesar de todo este pandemonio y desorganización, médicos, enfermeras y personal de logística siguen ahí dando batalla.
No obstante, las autoridades inmediatamente responsables de la gestión de los recursos para enfrentar esta pandemia, a saber, el gobernador regional Elmer Cáceres Llica y la GERESA no han estado ni están a la altura de las circunstancias. Sí, aquellos que justamente acusan hoy a los médicos de ser los responsables de esta catástrofe. Desde marzo, estas autoridades contaban con un presupuesto de 25 millones de soles para cumplir su rol asignado; es decir gestionar y organizar medios para hacer frente a una tragedia que se anunciaba, que en Arequipa aún no tenía las dimensiones de hoy. La experiencia desastrosa en abril y mayo de Piura, Loreto, Ucayali, Lambayeque y Lima eran suficiente prueba de la necesidad de prever. Y sin embargo hasta bien entrado julio, en Arequipa solo se había ejecutado el 40% del monto.
Frente a esta crisis sin precedentes, además de la reciente intervención del gobierno (que ha construido mal y tarde un hospital de campaña con deficiencias); una parte de la sociedad civil se ha organizado en colectivos y asociaciones de forma espontánea para apoyar y paliar la gran falta de implementos; para conseguir oxígeno o para aportar ayuda psicológica. Labores todas estas que en realidad les corresponden a las autoridades elegidas que se han mostrado incompetentes, ineficaces y hasta ausentes; y cuyo único subterfugio es encontrar un chivo expiatorio en aquellos mismos que hoy nos defienden del virus para poder así, cobardemente, eximirse de sus responsabilidades.
Por eso, repito alto y fuerte: NO más muertes NO más contagios. NO más autoridades incompetentes y oportunistas como la actual que está pretendiendo utilizar el gobierno regional como trampolín a las elecciones presidenciales. NO más improvisación, porque a costa de sus ambiciones políticas son nuestras vidas las que están inmediatamente en juego.
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