La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra los congresistas que resulten responsables de la presunta comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. Esto, al haber ratificado el acuerdo de la Junta de Portavoces para continuar con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, el día 7 de julio de 2021, pese al mandato judicial de suspensión provisional.
La investigación es de naturaleza compleja, por el número de involucrados, por lo que la Fiscalía ha dispuesto un plazo de cuatro meses. Cabe precisar que este caso se origina porque el Congreso no habría respetado la decisión judicial de suspender provisionalmente la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. “Hasta que el proceso sea resuelto. Mediante un pronunciamiento sobre el fondo del asunto”, y más bien, habría decidido seguir con el proceso de selección de magistrados.
Tanto la identificación de los congresistas que habrían votado a favor de ratificar el acuerdo de la Junta de Portavoces, para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional; así como la recepción de su declaración indagatoria, están entre las acciones de la Fiscalía.
Asimismo, el Ministerio Público solicitará al Congreso el acta de la sesión de fecha 8 de julio, en relación con la elección del TC. Y los nombres de los congresistas integrantes de la Junta de Portavoces, además de los acuerdos y/o comunicados que se hayan emitido en relación al tema.
Presidentes de Cortes Superiores de Justicia del Perú se pronuncian
Por su parte, los 35 presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú, electos para el periodo 2021-2022, emitieron hoy un comunicado. “Ante los hechos recientemente acontecidos que ponen en entredicho la independencia del Poder Judicial”.
En ese sentido manifestaron su respaldo y adhesión al acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, emitido el 8 de julio de 2021; expresando además su solidaridad con la doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial.
Señalaron que toda persona está en el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución; y el ordenamiento jurídico de la Nación, tal como establece el artículo 38 de nuestra Carta Magna.
“Toda persona, sin exclusión, tiene la obligación de dar cumplimiento a las resoluciones expedidas por el Poder Judicial; sin que ello signifique una merma a sus derechos. Pues tiene a su disposición el derecho de impugnación (apelación) que ha sido diseñado por el Poder Legislativo”, remarcaron.
También precisaron que las discrepancias que puedan surgir respecto de las decisiones adoptadas por los jueces de la República, no pueden dar lugar a afirmaciones carentes de verdad, ni menos a la vulneración de la independencia de los jueces del Poder Judicial.
Finalmente, resaltan que “el Poder Judicial es garante del Estado Constitucional de Derecho y de la democracia en el país”.
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