“Dime cómo podemos manejarlo, ya sé cómo funciona todo ahí dentro, dime a quien tengo que endulzar”. En esos términos se expresaba la representante legal de la empresa Giant SAC, Fernanda Molina Lazo, hoy detenida por un supuesto pago de sobornos a funcionarios de Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa.
La fiscal anticorrupción Marita Cueva reunió una serie de conversaciones de Whatsapp y audios que pondrían al descubierto actos de corrupción dentro de la institución encargada de defender los intereses de la región. Estas pruebas comprometen directamente a la procuradora pública Rosa Vallejos y a sus adjuntos Rolando Pérez Torres y Alonso Tejada Cuadros.
Sobornos en la Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa
Las conversaciones datan de noviembre de 2020. La empresaria se contacta con el abogado Alonso Tejada, a quien pide ayuda para solucionar el proceso judicial que tenían con la Región. Giant SAC exigía el pago de un cheque por 556 mil 772 soles por un predio expropiado para la ejecución de proyecto Variante de Uchumayo. El desembolso ya había sido aprobado con resolución gerencial regional N°188-2016-GRA.
Según la investigación de la Fiscalía, Molina Lazo habría ofrecido a la procuradora el 10% del valor de la tasación del predio, que es más de 55 mil soles, para que Vallejos coordine con funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa para que se ordene el desembolso del dinero. La procuradora se compromete a gestionarlo el 30 de diciembre del 2020 y se reúne con funcionarios de la Región. Pero al finalizar el encuentro no se logra la aprobación del pago.
Al fracasar este trato, la empresaria ofrece esta vez 25 mil soles a la procuradora si se desiste del proceso contencioso administrativo entablado contra la Región. El Poder Judicial le había concedido la razón en primera instancia y para acelerar el pago y evitar que apele le proponía que desistiera por escrito del proceso judicial. De acuerdo a las conversaciones por chat, Molina le entregó 2 mil soles como adelanto en la oficina de la procuraduría. Sin embargo, para febrero de 2021, el juzgado revoca la sentencia que favorecía a la empresa. Esto motiva a que la empresaria pida la devolución del dinero que había entregado.
Los tres investigados brindarán su manifestación en los próximos días, indicaron fuente de la Fiscalía de Arequipa. Asimismo, se analizarán los documentos y objetos incautados en la casa de la empresaria así como en las oficinas de la procuradora.
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