El caso de la pequeña Damaris conmocionó al país, como tantos otros que desatan olas de indignación pasajeras. Pero una vez más puso en evidencia la grave problemática del abuso sexual a menores en el Perú. Números de escalofrío e ineficacia de la política pública para disminuir el problema.
Justicia para Damaris
Luego de que fuera raptada a bordo de una minivan, en la ciudad de Chiclayo, la menor de 3 años fue reportada como desaparecida. Tras la denuncia, personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) inició la búsqueda.
Una cámara de vigilancia de un negocio cerca al lugar donde se registró el secuestro dio la pista. Gracias a estas imágenes, dieron con la minivan abandonada y el responsable. El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Juan Antonio Enríquez García, de 48 años. El sujeto fue trasladado al penal Picsi, tras el veredicto. La víctima se encuentra estable, luego de ser sometida a una intervención quirúrgica en el hospital.
Alarmantes cifras: incremento de abusos sexual a menores
Ya la cifra se había agravo con la pandemia y el aislamiento social en el 2020. Según el Programa Aurora, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de enero a octubre del 2021 se atendieron más de 12,828 casos de violencia sexual en menores de 0 a 17 años. Estas denuncias se registraron en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) e involucran acoso, tocamientos, entre otras manifestaciones.
Además, se registraron 5,728 casos de violación sexual de NNA entre 0 a 17 años de edad. Esto corresponde al 67,5 % de la totalidad. Del total de casos atendidos por los CEM, de enero a diciembre del año pasado, el 86 % correspondió a mujeres, mientras el 14 % eran varones. La modalidad más común es la violencia psicológica (46,3 %), seguida por violencia física (39,6 %), sexual (13,7 %) y la económica y/o patrimonial (0,4 %).
Esto evidencia la situación de desprotección y vulnerabilidad en la que se encuentra este sector de la población.
“Las zonas de Bagua Grande, Bagua y Condorcanqui, son las que presentan una alta incidencia de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Este año tuvimos un caso de violencia sexual por parte de un fiscal. El equipo comprometido, pese a las amenazas y denuncias, continuó hasta lograr que se destituya al agresor de su cargo. Para el Programa Nacional Aurora no importa si el agresor es un servidor público o autoridad”,
Diana Melgarejo Sánchez, coordinadora del CEM Comisaría Bagua, a fines de enero del 2022
Abusos sexuales a menores de enero y febrero del 2022
Según el reporte del Programa Nacional Aurora, entre el mes de enero y febrero del 2022, se han atendido 484 casos y 596 casos respectivamente. Todos en población de 0 a 17 años. La diferencia hace un total de 112 casos. Se nota un incremento preocupante.
Una de las regiones con mayor número de denuncias es Piura, con 99 casos en estos meses. Según manifestó Milagros Mendoza, la directora de la ONG Centro Ideas, estas cifras demostrarían que, cada día, más de una niña o adolescente es víctima de violencia sexual. También añadió que esta tendencia viene desde el 2021, año en el que se reportó que 563 menores de 17 años fueron víctimas de este tipo de violencia.
Otro caso reciente se dio en Ayacucho. Dos hombres de 22 y 17 años abusaron sexualmente de una menor de 14 años. La organización peruana feminista Manuela Ramos se manifestó al respecto. Señaló que todos los casos de menores abusados hablan de un problema estructural que debe ser abordado desde todas las instancias del Estado.
¿A dónde acudir en caso de abuso sexual?
El MIMP a través del Programa Nacional Aurora, exhorta a la ciudadanía a seguir sumándose a la campaña “Haz la diferencia, frena la violencia” llamando a denunciar si saben de un caso o es víctima de violencia. Los padres o apoderados deben llamar a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para recibir apoyo inmediato en caso de un incidente de esta naturaleza.
Se debe denunciar la agresión en la comisaría más cercana y pedir apoyo legal y psicológico para sus hijas e hijos en un Centro Emergencia Mujer (CEM). La denuncia contra los agresores sexuales tiene como objetivo investigar, juzgar y sancionar a los responsables y así evitar más víctimas.
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