Matanza en Caravelí: Fiscalía postula penas mayores a 30 años para 31 investigados

La audiencia de prisión preventiva para los 31 investigados por la matanza de 14 personas, durante un violento desalojo a mineros informales en Caravelí, va llegando a su recta final. Tras dos semanas de extenso debate entre la Fiscalía y los abogados defensores, el juzgado podría comenzar a dar lectura a su decisión esta misma semana.

El proceso es sumamente complejo. Por esa razón, la Fiscalía contra el crimen organizado de Arequipa ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para todos los imputados, por los delitos de organización criminal, sicariato, tentativa de sicariato, entre otros cargos.

Una de las justificaciones que sustentan este pedido es la prognosis de la pena. De acuerdo al Ministerio Público, los investigados podrían recibir penas mayores a los 30 años en el hipotético caso de que sean encontrados culpables. Y es que una de las razones que se postula es la tenencia compartida en el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y coautoría aditiva en el de sicariato.

¿Qué evidencias ha mostrado la Fiscalía hasta el momento?

A lo largo de las audiencias, el Ministerio Público ha expuesto una serie de evidencias que vinculan a los investigados con la masacre ocurrida el 2 de junio pasado. Está la cantidad de municiones y armamento que se encontraron tras el enfrentamiento. También las armas incautadas a los imputados y las que se hallaron escondidas entre los cerros de Huanaquita, en Atico.

Asimismo, se encuentran las pruebas de absorción atómica que arrojan que los investigados tenían plomo en las manos. Y la prueba balística a las armas que demuestran que fueron percutadas. Así también, las declaraciones de los cinco testigos protegidos, los videos y mensajes hallados en los celulares, entre otros elementos recabados.

Por lo pronto, todas estas evidencias apuntan a que Juan Tejada Alonso, Albert Vilcapuma Aragonez y los otros 29 detenidos, habrían participado del violento enfrentamiento. Asimismo, la investigación bosqueja que detrás de estos actos está la empresa minera Intigold Mining que ha intentado desalojar anteriormente a los mineros de Calpa Renace. Según esta hipótesis habría utilizado incluso a los mineros de Atico Calpa, a quienes les permitieron ingresar a la misma concesión minera donde se encuentra Calpa Renace.

Con relación a los 14 fallecidos, los mineros de Calpa Renace alegaron que solo cuatro de ellos pertenecían a su asociación. Entre las víctimas se encuentra su dirigente Alex Castañeda Rivera. Mientras que sigue sin determinarse si los otros 10 muertos pertenecían a la asociación Atico Calpa o trabajaban para Intigold Mining.

La fiscalía llamará a declarar a los familiares de las víctimas para que testifiquen. Por lo pronto, se ha determinado que algunos residían en la ciudad de Lima. Asimismo, la Policía de Alta Montaña continúa con la búsqueda de los tres desaparecidos que se reportaron desde un inicio.

Se investiga el último atentado en Caravelí

En relación al último atentado que denunciaron mineros de Calpa Renace, el fiscal de Caravelí, Wilfredo Sánchez, lleva a cabo las averiguaciones. Los mineros han acusado a Intigold Mining de ingresar al socavón y provocar un incendio en una de las galerías, el último 28 de junio. Como consecuencia, una veintena de mineros casi termina asfixiado con los gases del humo, pero el incidente no pasó a mayores.

En caso de que exista vinculación con la investigación se podría solicitar una acumulación del caso. El Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron un día después una inspección al socavón para recabar evidencias. Por el momento, todo se encuentra en indagaciones.

Entre tanto, los abogados de los acusados han rechazado la imputación de la fiscalía. Entre sus argumentos, señalan que los detenidos fueron contratados como personal de seguridad de Atico Calpa. A eso agregan que el ataque provino de los mineros de Calpa Renace.

También han señalado que la Fiscalía presenta pruebas que no son concluyentes y expone denuncias que ya fueron archivadas. En lo que respecta al pedido de prisión preventiva, algunos de los letrados han ofrecido una suma de dinero de hasta 5 mil soles para garantizar que los investigados no evadirán el proceso.

A continuación, la relación de los 31 imputados: