La Contraloría General identificó en la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) un perjuicio económico por 202 mil 043 soles. Esto por la prescripción de 293 papeletas de infracción de tránsito durante el 2021, a raíz de la omisión en el procedimiento sancionador en contra de los conductores que vulneraron las normas y recibieron multas.
El perjuicio se detalla en el informe de Servicio de Control Específico N° 036-2022-2-0353-SCE, que detalla los hechos ocurridos durante el período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2021. En la investigación se identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en 3 exfuncionarios y exservidores de la actual gestión municipal.
De acuerdo con la muestra seleccionada de 293 papeletas por infracción de tránsito impuestas entre los años 2013 y 2017, las cuales fueron remitidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) a la MPA para su cobranza, se estableció que la subgerencia de Fiscalización Administrativa no emitió las resoluciones de sanción administrativa.
Asimismo, la gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial de la MPA no emitió la resolución del inicio de procedimiento administrativo sancionador para el cobro. De este modo se permitió el vencimiento de plazos para la determinación de infracciones. Así se ocasionó que la Subgerencia de Fiscalización Administrativa declare prescritas las infracciones, mediante resolución de 2021.
Montos de papeletas prescritas en Arequipa
Del total de papeletas impuestas que prescribieron el año pasado, 124 corresponden del periodo de imposición de multas por 106 mil 852 soles. Esto en el periodo del 9 de enero de 2013 al 24 de abril de 2014, al no emitirse resoluciones de sanciones. Mientras que 169 sanciones por 95 mil 191.50 soles se aplicaron del 25 de abril de 2014 al 26 de junio de 2017. Al no emitir la resolución de sanción o no iniciar el proceso administrativo sancionador, caducaron.
El informe se notificó al titular de la MPA. Esto para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico. También recomienda a la Procuraduría Pública de la Contraloría General, dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos.
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