En Ayacucho “muertes de manifestantes tienen un patrón. Se disparó a matar”

Según actas fiscales con información de protocolos de necropsia de fallecidos en protestas del 15 de diciembre, evidencias son contundentes

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En el enfrentamiento entre civiles y militares en Ayacucho hubo un “patrón” a seguir para los disparos según las necropsias.

De acuerdo a las actas fiscales que contienen los protocolos de necropsia de los fallecidos en Ayacucho, éstos recibieron impactos de bala en zonas vitales, lo que evidencia que les dispararon a matar durante las protestas del 15 de diciembre pasado, cuando pedían la renuncia de Dina Boluarte y nuevas elecciones.

Las evidencias son contundentes según afirmó la antropóloga forense Carmen Rosa Cardoza, fundadora del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). Dijo que, “de las diez víctimas, seis registran disparos en el tórax, tres en el abdomen y uno en la cabeza, considerados letales”.

“El acta de Edgar Prado Arango, de 51 años, refiere que tiene un traumatismo toracoabdominal abierto” ocasionado por un proyectil de arma de fuego (PAF). “Este tipo de lesiones es resultado de proyectiles de alta velocidad. Tienen una entrada discreta y pequeña —el diámetro del proyectil—, y la salida es muy grande”, detalló.

En el caso de Raúl García Gallo, de 35 años, quien según su acta recibió dos balazos: tenía un “traumatismo abdominal abierto” y una “perforación femoral arterial derecha”. “Estas lesiones habrían sido ocasionadas por municiones de alta velocidad. Son dos disparos. No se sabe si los dos fueron hechos por la misma persona, pero por la evidencia se podría sugerir que se trata de dos personas disparando al mismo blanco”, refirió.

Otros cuatro cuerpos tenían las mismas condiciones

Asimismo, estas actas fiscales de necropsia muestran que otros cuatro fallecidos presentaban lesiones abiertas por PAF. Los cuerpos de Luis Miguel Urbano Sacsar, de 22 años; Leonardo Hancco Chaca, de 32 años; Josué Sañudo Quispe, de 31 años; y Jhonathan Alarcón Galindo, de 19 años, tenían la misma condición. Todos ellos tenían heridas mortales en abdomen o tórax.

José Luis Aguilar Yucra, de 20 años, murió por un disparo en la cabeza. Y según el documento fiscal, el proyectil le causó un “trauma craneoencefálico y tenía una fractura de la bóveda y base craneal, con laceración del cerebro”. El médico legista dio cuenta de que recuperaron un cuerpo metálico, el cual fue entregado a la Fiscalía.

“No especifican que sea un fragmento de bala, pero esto quiere decir que, sea lo que sea lo que le impacta, hay un pedazo que queda adentro. Los proyectiles de armas largas suelen fragmentarse al impactar. No puedo afirmar que lo sea, solo es una observación. Se necesita saber el tipo de bala que lo impactó para confirmarlo”, remarcó la antropóloga forense.

Las armas de fuego, son “armas de voluntad”

La antropóloga forense Carmen Rosa Cardoza explicó que las armas de fuego son “armas de voluntad”, según la definición del antropólogo José Pablo Baraybar, también fundador del EPAF. Esto, porque se le usa apuntando a un blanco.

Por lo tanto, las lesiones encontradas en los cuerpos son el resultado esperado de quien opera el arma. Igualmente, si la distribución de las lesiones fuera la misma, nos encontraríamos frente a un patrón y por lo tanto la intencionalidad de quien opera el arma”, comentó.

Vemos un patrón de lesiones en áreas vitales

Según la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano Legua, las muertes en Ayacucho han seguido una pauta que se evidencia en el hecho de que la mayoría de las lesiones de los fallecidos, así como de algunos heridos, están en el segmento superior del cuerpo. “En las actas vemos un patrón de lesiones en áreas vitales, que son el abdomen, tórax y cabeza”.

“Para dispersar algún tumulto o protesta, los efectivos policiales deben recibir indicaciones de apuntar al piso para evitar daño o lesiones graves. Sin embargo, en el caso de las protestas de Ayacucho participaron militares, a quienes les enseñan a disparar a las áreas vitales, porque el Ejército está hecho para la guerra. Por eso, dispararon a matar, tomando en cuenta que iban a lesionar lugares del cuerpo que podían llevar a la muerte”, afirmó.

“Debieron explicarles que en caso de necesidad tenían que disparar al aire, a la tierra. Ya había pasado lo de Andahuaylas, donde había muertos con disparos en la cabeza, tórax y cuello. Debieron tomar todas las previsiones para que no ocurriera lo mismo. “O no se tomaron las previsiones o se ordenó disparar para evitar cualquier toma de instalaciones a sangre y muerte”, lamentó.

¿Hasta dónde podían movilizarse los militares en Ayacucho?

Finalmente, Cano legua señaló que otro patrón importante es identificar las calles donde se produjeron los disparos, pues en algunos casos los hechos se dieron en los alrededores del aeropuerto de Huamanga, instalaciones que intentaban tomar, pero otros no fueron tan cerca.

“Un menor de edad falleció cerca del cementerio, que no está muy cerca del aeropuerto. Hay videos donde se ve a los militares corriendo fuera del aeropuerto, desplazándose más allá de sus límites. Las órdenes eran proteger el aeropuerto, pero los disparos no han sido adentro, sino en calles aledañas o vecindarios cercanos y eso quiere decir que la fuerza militar se trasladó a esos anillos de seguridad.

Deben establecerse cuáles eran los anillos de seguridad para la policía y los militares. Porque lo que se dijo era que estaban protegiendo los activos, como el aeropuerto. La Fiscalía tiene que recoger los partes, las órdenes que se dieron”, dijo.

Sobre los responsables de este tipo de crímenes, no siempre se puede saber quiénes dispararon, por lo que los responsables son quienes estuvieron a cargo de la conducción de la tropa y quienes autorizaron la salida de los militares. “Me refiero a Dina Boluarte, el premier y el ministro de Defensa, el jefe de la región o de la zona de seguridad a la que pertenece Huamanga. Todos ellos deben ser investigados en la carpeta fiscal”, acotó.

Con información de La República y Latina

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