¿Arequipa dejó de ser una ciudad tranquila y segura? En los últimos años, la delincuencia ha escalado a un ritmo sin precedentes, según muestran las preocupantes cifras de criminalidad registradas por la Policía Nacional.
La actividad delictiva creció hasta un 31% en el 2022 con respecto al año anterior. Según estadísticas de la Policía Nacional, se registraron cerca de 34 mil denuncias (33,930) por diferentes tipos de delitos en la segunda región más importante del país. Aunque durante la pandemia la delincuencia se redujo, los datos revelan que la ciudad está sucumbiendo a una creciente ola de violencia desde el 2020.
Episodios recientes como el asalto a un cambista en una zona céntrica de la ciudad a plena luz del día, o el asesinato de dos ciudadanos extranjeros perpetrada por bandas criminales, son ejemplos de cómo ha escalado la delincuencia en la región.
Las estadísticas de la Policía y Fiscalía revelan un alza significativa de delitos considerados graves como el robo, el homicidio, la extorsión y el secuestro, desde el último año. Estos hechos se concentran especialmente en la provincia de Arequipa y en distritos poblados como el cercado, Cerro Colorado y Paucarpata.
Según la Policía, en Arequipa se registraron 336 denuncias por robo agravado a mano armada, es decir, un 35% más que en el 2021, que llegó a 249. De igual modo, la cifra de homicidios se elevó en un 11% respecto al año anterior, alcanzando 121 casos en total.
La extorsión también es otro delito que experimentó un aumento dramático. En el 2020, la policía recabó 68 denuncias; en el 2021 se registraron 94 casos; pero para el 2022 la cantidad se elevó a 324 casos denunciados.
El problema de la delincuencia
Los especialistas señalan que son varios los factores que han contribuido a este aumento exponencial. El exjefe de la región policial de Arequipa, Enrique Blanco, sostiene que la falta de regulación de ciudadanos extranjeros es uno de ellos.
Explicó que una de las debilidades está relacionada con el control migratorio. Mencionó que la Policía Nacional no puede intervenir más allá de 3 horas a un ciudadano extranjero que está en situación irregular, lo cual no permite su plena identificación. Agregó también que los procedimientos para la emisión de resoluciones de expulsión se tramitan en Lima y demoran en ser respondidos entre 1 a 2 semanas. Para ese lapso de tiempo, varios cambiaron de residencia y se vuelven inubicables.
En su opinión, una modificatoria en la norma, ampliando el periodo de la intervención, permitiría mejorar el control y, de este modo, cuando un extranjero es intervenido pueda iniciársele un proceso de expulsión en caso haya cometido un delito en nuestro país.
Otro factor a considerar son los graves problemas sociales y políticos que arrastra el país y que repercuten en la seguridad. Aunque no se considera, las protestas distraen a la policía de una de sus funciones que es la prevención, añadió.
“La policía tiene entre sus funciones la prevención de los delitos pero, si se los utiliza para temas de orden público, se descuida de sus otras funciones”.
General PNP en retiro Enrique Blanco
A nivel institucional, el general Blanco hace una observación a las deficiencias que hay en estructura policial. Cuestionó que coexisten tres estamentos policiales en una solo región repitiendo las mismas labores, cuando debería tener una configuración más funcional.
“Son muchos policías haciendo las mismas funciones. Hay un jefe de planeamiento en la Macro región, un jefe de planeamiento y operatividad en la Región y un jefe de planeamiento y operatividad en la División de Orden Público. Hago un llamado al general para que pida que se replantee el organigrama policial a Lima”, sugirió.
Asimismo, observó la falta de continuidad de algunas estrategias que en el pasado dieron resultado. Manifestó que en su gestión se instaló la sede de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT) en el Cono Norte, obteniendo como resultado una disminución del índice delictivo en esa zona afectada por la presencia de pandillas callejeras. Sin embargo, su predecesor lo retiró y dispuso que la SUAT retorne a Miraflores, provocando que retorne la inseguridad en esa parte de la ciudad.
Sin embargo, todas las acciones que se tomen frente a la delincuencia no serán suficientes si no se involucran las autoridades y las instituciones competentes. A través del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, el gobierno regional y los gobiernos locales deben aunar esfuerzos para trabajar de manera conjunta frente a la criminalidad. Uno de los grandes pendientes es tener un sistema de vigilancia interconectado con todos los distritos y la policía nacional.
“Si no hay seguridad, no hay desarrollo”, subrayó el general y al mismo tiempo recordó que la tarea es ardua, sobre todo porque Arequipa actualmente es la tercera región con mayor incidencia delictiva, detrás de Lima y Lambayeque, según reporte de la Defensoría del Pueblo.
Acciones contra la delincuencia
Ante la crisis de seguridad, la población demanda que las autoridades tomen acciones con prontitud ante el temor de que la situación se agrave. Y es que la percepción de inseguridad que sienten los ciudadanos arequipeños es elevada.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 87.6% de la población mayor de 15 años de edad siente que será víctima de cualquier hecho delictivo en los próximos 12 meses, de acuerdo a una encuesta realizada en el 2021.
Para ello, contar con un plan de acción regional en materia de seguridad ciudadana se hace urgente y necesario. En ese contexto, el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, convocó hace poco a la primera reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), en que la asistieron alcaldes y representantes de las instituciones involucradas como la Policía Nacional, Fiscalía, Poder Judicial, entre otros organismos.
Asimismo, nombró como secretario técnico del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana al excoronel de la PNP, José Miguel Briones Silva, un aliado político que consiguió en la campaña electoral.
El coronel Briones dijo a El Búho que, entre diversas acciones, contemplan construir una base de datos de ciudadanos migrantes que residen en la ciudad. Esto con el apoyo de instituciones como Migraciones, Gerencia de Educación, Gerencia de Trabajo, Sunafil, etc.
A eso, sumar la ejecución de operativos de control de identidad con ayuda de la Policía Nacional. Y sensibilizar a la población extranjera para que formalice su situación en el país. Para el coronel estas medidas no son discriminatorias, tal como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, el representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique, ha calificado de “xenófoba y discriminatoria” la estrategia, además de afectar a los ciudadanos migrantes. Acciones como ésta no forman parte de las competencias que tenga un gobierno regional o local y no existen casos en que haya dados resultados.
“Esta estrategia discriminatoria, xenófoba, no va a tener ningún resultado. En primer lugar, porque los gobiernos locales y/o regionales no tienen ninguna competencia legal sobre el tema migratorio. Los únicos competentes para crear sistemas de base de datos son las oficinas de migraciones. En segundo lugar es prácticamente imposible lograr ello”.
En cambio, Manrique recomienda a las autoridades trabajar en una sola línea estratégica. Por ejemplo, contar de una vez con una central de monitoreo única en toda la ciudad, con un sistema interconectado de videovigilancia. También capacitar y dotar de los instrumentos técnicos a los serenazgos.
Arequipa, Cerro Colorado, Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero y Socabaya son los distritos en los que se focalizan más hechos delictivos
La estrategia, dijo el secretario técnico, está considerada, pero primero necesitan compatibilizar todos los sistemas de videovigilancia que tienen los distritos. Sin embargo, hay algunas dificultades, pues comunas como Cayma y Mariano Melgar aún no disponen un centro de operaciones de cámaras de seguridad. Para ello, dijo que vienen dialogando con el gobernador y autoridades para obtener los recursos y hacer efectivo este plan en 1 o 2 años.
Asimismo, contemplan contar con un observatorio de criminalidad que en tiempo real permita identificar las zonas rojas o peligrosas de la región. Briones Silva sostuvo que los últimos informes policiales dan cuenta que la incidencia delictiva aumentó un 37% en el 2022, respecto al año pasado.
La provincia donde se concentra más la criminalidad es en Arequipa (83%), en contraste con otras provincias que alcanza apenas el 5%. Asimismo, los distritos en que se focaliza la inseguridad son: Arequipa (15%), Cerro Colorado (10%), Paucarpata (9%). José Luis Bustamante y Rivero (7%), Socabaya (6%), entre otros.
El trabajo del CORESEC ha iniciado y sostendrán reuniones mensuales para evaluar los avances. Aunque ante la situación de emergencia algunos expertos consideran que los trabajos deberían evaluarse cada semana.
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