Los hospitales Maritza Campos (Arequipa), Chala (Caravelí), Cotahuasi (La Unión) y Camaná, se encuentran paralizados hace varios años. Sin embargo, todas estas obras tienen algo en común: detrás de los consorcios que están encargados de realizar las obras, están las mismas empresas. Esto hace que uno de los problemas más profundos en la región, que es la salud, sea consecuencia de un monopolio.
Para el hospital de Camaná, el encargado es el “Consorcio Hospital Camaná II”. Dicho consorcio está integrado por 3 empresas: Eralma, (94%), Eductodre (5%) y Riva Sociedad Anónima (1%).
En el caso del hospital Maritza Campos, se encarga el “Consorcio Hospitalario Sur”, integrado por las empresas Eralma (40%), Neso Constructora (30%) y Assignia Infraestructura (30%).
En el caso del Hospital de Chala, se trata del “Consorcio Chala II”, que está integrado por Assignia Infraestructuras, Dextre + Morimoto Arquitectos y Neptuno Contratistas Generales. Y por último, en el caso de Cotahuasi, está el “Consorcio Salud Cotahuasi” el cual integran Neptuno Contratistas Generales, Dextre + Morimoto Arquitectos y Assignia Infraestructuras.
Como se puede observar, las empresas que tienen a su favor más obras son Eralma y Assignia constructora. De los 4 consorcios que están detrás de los hospitales en Arequipa, 3 de ellos tienen la misma dirección, una oficina en la Av. Javier Prado de la ciudad de Lima. Se trata de los consorcios a cargo de los hospitales de Camaná, Chala y Cotahuasi. Es más, en el caso de los consorcios de Cotahuasi y Chala, estos fueron creados el mismo día, el 24 de diciembre del 2015. Mientras el consorcio de Camaná fue creado un año después, en el mismo mes.
Un problema con más problemas
En conversación con El Búho, la consejera Norma Ortega, quien preside la comisión encargada de fiscalizar estas 4 obras paralizadas, mencionó que existen problemas más allá de un evidente monopolio. Explicó que se habrían cometido irregularidades en etapas anteriores a concretar estos proyectos. Por ejemplo, habría indicios de que la elaboración de los perfiles o expedientes técnicos, pudo haber un “sobre dimensionamiento” de los hospitales en Arequipa. No solo eso. En dichos perfiles técnicos, no se habría tenido en cuenta las garantías se servicios básicos para que funciones estos establecimientos.
Además, los contratos que se realizaron con los consorcios tienen observaciones legales y contractuales. Según la consejera, estos contratos han sido redactados de manera ventajosa para los consorcios y perjudicial para el gobierno regionale de Arequipa. Por ejemplo, no existen suficientes penalidades para que el gobierno regional pueda realizar adecuadamente el control del avance de los proyectos.
Situación de los consorcios
Estos consorcios se hicieron cargo de estos proyectos a nivel regional, y en ningún caso se realizó un buen trabajo. Debido a esto, la situación con estos consorcios desde el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), es muy delicada. Es más, algunos consejeros regionales mencionaron que algunos de estos consorcios tendrían, además, problemas económicos.
Para el consejero regional, Cesar Huamantuma, los consorcios encargados de los hospitales muestran ineficiencia, tanto como la gestión pública. Además, mencionó que existe un problema donde los proyectos ya están direccionados por las empresas contratistas.
Por su parte, la consejera Norma Ortega, mencionó que seguir con los consorcios de las obras de los hospitales paralizados sería un error.
Alternativas limitadas en Arequipa
La situación es tal que desde el consejo regional se han realizado pedidos de resolución con los contratos que se firmaron con dichos consorcios. En el caso de Camaná, la consejera Norma Ortega mencionó que está a favor de la resolución del contrato, la misma que fue suscrita por el consorcio el pasado lunes 12. Esto haría que el hospital demore aún más en su culminación.
En el caso del hospital de Chala, la situación es diferente. En este caso, se habría llegado a un acuerdo con el consorcio para un contrato adicional de 10 a 12 millones. Sin embargo, esto no se culminará hasta después del 2023.
Por último, la alternativa de una “administración directa”, (que el propio gobierno regional realice las obras), no se ve con buenos ojos. Para la consejera Norma Ortega, esto podría llegar a ser incluso, más perjudicial.
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