La Fiscalía de Costa Rica informó que $ 6,6 millones vinculados al expresidente Alejandro Toledo Manrique entraron a las arcas del Estado costarricense, luego de que se descubriera que empleados del Scotiabank habrían facilitado los trámites para que el exmandatario y otros imputados “ingresen y diversifiquen” en su sistema financiero, unos 20 millones de dólares.
Toledo Manrique es investigado en Costa Rica por trasladar dinero de presuntos sobornos a cuentas bancarias de ese país. Frente a esto, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda tomó la decisión de retener el dinero el pasado 28 de abril del 2023.
El monto retenido era de la sociedad Ecostate Consulting Group S. A., vinculada al empresario peruano-israelí Josef Maiman. Según el Registro Nacional esa empresa la preside Sabih Saylan, a quien en Perú se le conocía como la mano derecha de Maiman. El habría sido el receptor del dinero de los sobornos de la empresa constructora Odebrecht a Toledo.
La constructora brasilera habría pagado una coima, a cambio de ganar un contrato para construir la carretera Interoceánica entre el Perú y Brasil cuando Toledo era el presidente del Perú entre el 2001 y 2006.
Fiscala general costarricense ordenó congelar cuenta
En el Perú la investigación se conoce como el caso Ecoteva, pero se abrió en Costa Rica en el 2013 porque el dinero ingresó a cuentas del banco Scotiabank en ese país. Pero, estuvo paralizada por más de tres años porque el Ministerio Público consideró que los involucrados eran investigados por los mismos hechos en Perú. Y porque en la causa no figuraban costarricenses.
Los otros encausados con Toledo, son su suegra, Eva Fernenbug; y el encargado de seguridad durante su gobierno, Avi Dan On.
Fue en febrero del 2017, aunque la causa no estaba abierta, que la Fiscalía costarricense congeló la cuenta bancaria de Ecostate, con los $6,6 millones que la justicia peruana sospechaba podrían ser parte de los sobornos. Y en noviembre de ese mismo año, la entonces fiscala general de Costa Rica, Emilia Navas Aparicio, ordenó reabrir la causa porque requería un mayor análisis y otras diligencias de investigación que se habían omitido en su momento.
Además de Ecostate, las sociedades costarricenses Milan Ecotech y Sirlon Dash también habrían recibido transferencias ilícitas.
Costa Rica cuenta con la Ley Contra la Delincuencia Organizada
La justicia costarricense cuenta con un mecanismo, llamado proceso de Capitales Emergentes, para incautar dinero cuando no se puede demostrar el origen lícito del mismo. Y aún, cuando no se haya condenado a los investigados. Esto es por la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
Si se tienen sospechas sobre bienes y valores obtenidos ilegalmente, la Fiscalía puede presentar una demanda ante un Juzgado para que ese dinero pase al Estado. El procedimiento de capitales emergentes no tiene como objetivo juzgar a personas ni lograr condenas penales.
El Juzgado analizará la prueba presentada por el Ministerio Público, y escuchará una justificación de la persona física o jurídica en poder del patrimonio. Si ésta no logra demostrar el origen de los bienes, el Juzgado declarará la pérdida de estos en favor del Estado, por lo que pasarán al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Fiscalía peruana buscará un entendimiento solidario para compartir ese dinero con Costa Rica
Según se dio a conocer el equipo especial de fiscales del Caso Lava Jato en Perú dijo que la decisión de Costa Rica “es ejercicio de su soberanía”. Y no se puede hacer mucho salvo que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, “busque un entendimiento solidario para pedir que parte de ese dinero sea compartido con el Estado peruano”.
Podría ser por los canales diplomáticos de la cooperación internacional. Ya que Costa Rica supo del dinero gracias a la investigación que se realizó en el Perú sobre el Caso Ecoteva.
El Estado peruano debe actuar y explicar a Costa Rica que ese dinero es producto de un soborno que se pagó por una obra de contratación pública. Por tanto, le pertenece al Perú en gran parte o en su totalidad opinó a El Comercio, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado.
Alejandro Toledo y Eliane Karp
Toledo, se entregó en abril a las autoridades de Estados Unidos -donde vivió cerca a seis años- y así extraditarlo a Perú. Aquí se le requería desde el 2018. Ahora cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Al expresidente ya lo detuvieron bajo arresto domiciliario las autoridades judiciales estadounidenses, entre julio del 2019 y marzo del 2020.
Por su parte Eliane Karp, tiene una orden de prisión preventiva de 18 meses desde el 2017. La exprimera dama usó su pasaporte israelí para salir de Estados Unidos -en mayo pasado- rumbo a Israel, país con el que el Perú no tiene tratado de extradición.
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