Durante el primer trimestre de 2023, 22 denuncias de tortura sucedieron a consecuencia de la crisis política desatada desde que Dina Boluarte asumió el gobierno. En 2021 y 2022 la Defensoría del Pueblo detectó que los centros penitenciarios eran los lugares donde ocurrían más hechos de tortura y tratos inhumanos. Ahora los registros apuntan a que la mayoría de las víctimas son ciudadanos que estaban en las manifestaciones.
De las 22 quejas reportadas, 13 corresponden a presuntos hechos de tortura y malos tratos ocurridos durante las manifestaciones, 4 casos sucedieron durante la detención o privación de libertad, 3 casos tuvieron lugar durante la permanencia de los afectados en las dependencias policiales, tras la detención.
La institución defensorial añade dos casos emblemáticos para reflejar la crueldad de parte de los agresores en las denuncias de tortura: La dolorosa agonía de Rosalino Florez y la cuestionada toma de San Marcos. Ambas situaciones con características de delitos de Tortura involucra a agentes de la Policía como presuntos agresores.
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Porfirio Barrenechea, director del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, explicó a esta redacción que algunas quejas podrían ser colectivas.
“Son 22 quejas registradas ante la Defensoría del Pueblo, pero esas 22 quejas representan un número mayor de personas afectadas. Por ejemplo, es el caso de Juliaca, donde hubo 18 muertos y varios fallecieron a consecuencia de disparos por la espalda. Igual situación es la de Ayacucho que es una sola investigación pero involucra a más víctimas de presunta tortura […] A esos 22 casos habría que sumarle las cifras de enero. febrero y marzo que no tienen que ver con las presuntas torturas relacionadas a las manifestaciones”.
Quejas registradas entre el 7 de diciembre de 2022 al 15 de marzo de 2023
la Defensoría del Pueblo elaboró el primer Reporte de casos de presunta tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este documento trabajado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) da cuenta de un total de 22 casos registrados por las diversas oficinas de la Defensoría del Pueblo entre el 7 de diciembre de 2022 al 15 de marzo de 2023. Este periodo corresponde a las crisis política y protestas masivas de la ciudadanía contra Dina Boluarte.
El conflicto escaló a niveles preocupantes por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, como lo revelan informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A estas publicaciones internacionales se suma el Reporte recientemente realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura (MNPT). Este último es un área de la Defensoría del Pueblo. Todos estos registros, tanto los internacionales como el última del MNPT, observan, compilan y señalan con alarma la ferocidad de la represión del gobierno actual que tipificaría como violación de los derechos humanos.
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Desde el inicio del estallido social, el MNPT ha intervenido y hecho seguimiento a situaciones de evidente vulneración de derechos humanos. Esta labor pone especial énfasis en las situaciones de tortura o tratos crueles e inhumanos.
Estos datos compartidos por el MNPT fueron obtenidos a través del Sistema de Información Defensorial (SID) de la Defensoría del Pueblo.
Del 7 de diciembre de 2022 al 15 de marzo de 2023 se registraron en el SID 22 quejas. Estas se refieren a hechos que constituirían en tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso tortura.
El factor agresor corresponde a la fuerza excesiva por parte de los efectivos policiales y militares durante las manifestaciones y las detenciones, muchas de ellas arbitrarias.
“El uso de la fuerza al margen de la detención por parte de los agentes del Estado que no resulte necesario ni proporcional a las circunstancias, supone un atentado a la dignidad humana, lo que constituye tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, señala Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura de Naciones Unidas.
En opinión de Nils Melzer, todo uso de la fuerza en el margen de la detención que incluya ocasionar dolor o sufrimiento de manera intencional y deliberada constituye una forma de tortura.
En el periodo que se informa, los hechos reportados tuvieron lugar en las regiones de Puno (9), Lima (7), Cusco (4), Apurímac (1) y Ayacucho (1).
Condición de las presuntas víctimas
“No se tiene un número exacto o aproximado de presuntas víctimas, toda vez que las intervenciones defensoriales no respondieron necesariamente a la afectación de un número determinado de víctimas y en algunos casos las víctimas no fueron identificadas”, explica el Reporte sobre tortura del MNPT.
Sin embargo, el documento recalca que entre las presuntas víctimas se identificaron niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas pertenecientes a pueblos indígenas.
Porfirio Barrenechea también puntualizó que sobre la función de asesoría del MNPT vienen emplazando a las autoridades del sistema de Justicia:
“Tiene que investigarse y sancionarse porque sí han ocurrido hechos que constituirían tortura. Por ejemplo, hay exámenes médicos de personas que fueron arrestadas que son evidencia de posible tortura. Nosotros hemos presentado recursos ante fiscales para que investiguen estos casos, sobre todo en Puno”.
Condición de los presuntos agresores
De los casos revisados se concluye que los presuntos agresores fueron efectivos policiales y efectivos militares. Ambos emplearon la fuerza de manera innecesaria y desproporcionada durante su despliegue en las manifestaciones.
En el caso de los policías, hicieron uso excesivo de la fuerza también durante las detenciones. A los ciudadanos, estando ya detenidos en las comisarías, no se les garantizó que ejercieran sus derechos fundamentales durante la privación de libertad, tales como el acceso a un abogado defensor o a necesidades tan básicas como la alimentación y el abrigo.
Siendo así, se tiene que en 19 del total de casos se señaló a los efectivos policiales como responsables de los presuntos hechos de tortura y malos tratos.
En los otros 3 casos se señaló a los efectivos militares como los presuntos agresores en situaciones de torturas o tratos inhumanos.
El nivel de represión de parte de agentes policiales y militares ha sido tan violento en este periodo investigado que no solo periodistas han sido impedidos de hacer su trabajo, sino también los propios funcionarios de la Defensoría del Pueblo, según compartió Porfirio Barrenechea, Director del MNPT, con este medio:
“Como Defensoría del Pueblo nos han agredido y nos han impedido nuestra labor.[…] La idea es que no se vuelva a repetir y aun así vamos a cumplir con nuestra labor, así no le guste a cierto sector”.
Circunstancias en las que sucedieron los hechos de presunta tortura
Aparte de las situaciones de presunta tortura durante el ejercicio del derecho a la protesta, la detención o privación de libertad y la permanencia en las comisarías tras la detención, el MNPT observa que se presentaron situaciones extraordinarias.
Estos momentos específicos son la intervención policial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ocurrida el sábado 21 de enero de 2023 y el ataque cruel con más de 30 perdigonazos contra Rosalino Florez.
Con estos dos registros, parte de las 22 quejas en el SID, 13 corresponden a presuntos hechos de tortura y malos tratos ocurridos durante las manifestaciones, 4 casos sucedieron durante la detención o privación de libertad, 3 casos tuvieron lugar durante la permanencia de los afectados en las dependencias policiales tras la detención.
En los casos identificados, se advierte que las lesiones fueron tan graves que varias de las víctimas perdieron la vida como consecuencia del uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de los efectivos policiales y militares.
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Estos desenlaces fatales durante las manifestaciones y detenciones, fueron a consecuencia de armas como bombas lacrimógenas, perdigones, armas de fuego, bastón policial. Los casos corresponden a hechos sucedidos en Puno, Lima, Cusco, Apurímac y Ayacucho.
En el caso de detenciones, los hechos de tortura están relacionados al impedimento de contactar un abogado defensor o recibir alimentos y abrigo a pesar de las condiciones climáticas del lugar. Esto corresponde a hechos sucedidos en Juliaca, Puno.
Otros tratos humillantes se dieron durante las detenciones en la intervención policial a la UNMSM. En este último caso, los intervenidos fueron obligados a permanecer en el suelo tendidos boca abajo o de rodillas, incluso luego de haber sido reducidos y no representar un peligro. Varios de los detenidos injustificadamente fueron insultados y amenazados por agentes de la Policía, señala el reporte del MNPT.
Casos emblemáticos de presunta tortura o tratos crueles
Para reflejar la cruel ferocidad y violencia en los hechos de presunta tortura y malos tratos identificados, el MNPT de la Defensoría del Pueblo señala los siguientes casos:
Disparo de más de 30 perdigones por la espalda al ciudadano Rosalino Florez Valverde
El 11 de enero de 2023, durante las manifestaciones en Cusco, el ciudadano Rosalino Florez Valverde fue impactado por más de 30 perdigones en la espalda disparados por un efectivo policial, que lo dejó gravemente herido, provocando su muerte meses después.
“De las imágenes difundidas por las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el hecho, se visualiza a Rosalino apoyado en un árbol observando el despliegue de los manifestantes y el enfrentamiento con las fuerzas del orden, cuando de repente un efectivo policial se le acerca por la espalda apuntando su arma, para luego perseguirlo y dispararle por la espalda mientras Rosalino pretendía alejarse corriendo del lugar”, rememora el Reporte del MNPT.
Este hecho inhumano podría constituir tortura: “al ser un caso de uso excesivo de la fuerza, por resultar innecesario y desproporcionado a las circunstancias”, remarca el documento elaborado por la Defensoría del Pueblo.
Intervención policial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
El sábado 21 de enero de 2023, efectivos policiales ingresaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para desalojar a los manifestantes que se encontraban descansando en este sitio. Muchos de los ciudadanos que estaban protegiéndose en esta casa nacional de estudios habían llegado a la capital desde otros departamentos.
“Durante la intervención, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza […] Los manifestantes fueron reducidos físicamente y obligados a estar de rodillas o cúbito ventral, y estando reducidos en el piso y con las manos en la espalda fueron objeto de malos tratos, como gritos y amenazas. Los efectivos policiales lanzaron bombas lacrimógenas dentro del campus universitario, habiendo entre los manifestantes personas adultas mayores e incluso menores de edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad”, describe el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
La violenta represión contra ciudadanos en vulnerabilidad tiene varios agravantes. Entre ellos, el hecho que los efectivos policiales irrumpieron a la fuerza en la residencia de los estudiantes ubicada en el campus universitario. Estos agentes ingresaron rompiendo las puertas de las habitaciones y bienes de los residentes. Los estudiantes fueron obligados a salir al patio sin mediar una orden de desalojo. Estos hechos podrían constituir tortura, concluye la Defensoría.
La Tercera Toma de Lima
Sobre la anunciada Toma de Lima para el 19 de julio, Porfirio Barrenechea comentó que están desplegando información sobre derechos humanos. Así se busca evitar más situaciones de tortura:
“Lo que estamos haciendo es la difusión en lo mayor posible […] Se da como una situación que es normal, por ejemplo el maltrato en las escuela de formación policial o normal o la violencia que hay en las dependencias policiales o en las detenciones”.
El funcionario de la Defensoría del Pueblo tambien comentó que como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura han realizado visitas a distintas dependencias policiales. Fue durante el registro de detenciones y el monitoreo de protestas donde se dieron afectaciones a la vida e integridad de las personas que podrían calificar como tortura. Esa estrategia se seguirá aplicando en las protestas anunciadas.
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