Premier Alberto Otárola reconoce que gobierno de Dina Boluarte podría adoptar algunas políticas de seguridad que aplicó Nayib Bukele en El Salvador
Para nadie es un secreto que a un sector de la población el autoritarismo populista le genera bastante ilusión. Por eso no es de extrañar que haya compatriotas que añoran gobiernos como el de Augusto Pinochet o, más recientemente, el de Nayib Bukele. Y en el gobierno de Dina Boluarte han surgido varios fans del casi dictador salvadoreño. Es el caso de Alberto Otárola, quien aceptó que se podrían aplicar las medidas de Bukele en nuestro Pedú. Para reforzar su postura, el premier repitió las fake news que aseguran que El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica. Medios salvadoreños como Gato Encerrado aclararon que, si bien se redujeron los homicidios en el país, el registro del gobierno de Bukele omite asesinatos, ya que se dejaron de contar las muertes de pandilleros y la aparición de cadáveres producto de ejecuciones extrajudiciales. Parece que se vienen tiempos oscuros.
Vladimir Cerrón fue otro personaje político controvertido que se benefició con la llamada Ley Soto
El líder y fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, se acogió a la nueva ley de suspensión del plazo de la prescripción. Esta ley fue impulsada inicialmente por el congresista de Perú Libre Flavio Cruz Mamani. Gracias a la ahora llamada Ley Soto, por haber beneficiado directamente al presidente del Congreso, Alejandro Soto, el exgobernador de la región Junín también se habría beneficiado aplicándola apenas promulgada por la Presidencia. Como consecuencia, se declaró extinguida la acción penal seguida contra Cerrón y otros implicados por el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado, por actos durante su gestión en Junín. Leyes a la medida de los congresistas y sus aliados.
Poder Judicial ordena juicio oral contra Alejandro Soto por caso Waynapicchu
Ahora sí le cayó la noche. El presidente del Congreso aseguraba ser víctima de medias verdades y persecuciones de la prensa, ahora tiene que responder ante la justicia. Hasta el presidente de su partido, César Acuña y Rafael López Aliaga, lo defendieron. Alejandro Soto Reyes afrontará un juicio oral por orden del Poder Judicial en el cual se discutirá el pago de la reparación civil que reclama la empresa agraviada Transportes Turísticos Waynapicchu S. A., por estafa. El documento indica que aunque la acción penal en este caso fue declarada prescrita, esto no impide que el juez de la causa se pronuncie sobre la reparación civil. La audiencia está programada para el 13 de marzo de 2024, fecha en la cual no se sabe si Alejandro Soto será presidente del Congreso. Al paso que va…
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