Congresistas no descartan presentar mociĆ³n de censura a la mesa Directiva del Congreso tras conocerse que Alejando Soto mintiĆ³
Alejandro Soto no deja de dar razones para que busquen sacarlo de la presidencia del Congreso. Ahora se sabe que mintiĆ³ en su declaraciĆ³n jurada para postular al Parlamento. SeƱalĆ³ que no tenĆa ninguna deuda por concepto de reparaciĆ³n civil cuando no habĆa pagado la cauciĆ³n de 10 mil soles que le impuso la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco, tras perder un juicio por difamaciĆ³n en el aƱo 2013. SegĆŗn explicĆ³, cuando se inscribiĆ³ para congresista en el 2020 no figuraba ninguna deuda pendiente en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI).
Sin embargo, esto ya no convenciĆ³ a los demĆ”s otorongos. Advirtieron que, de no aclarar esta y otras denuncias de manera convincente, estarĆan listos para promover su censura, no solo de Ć©l, sino de toda la mesa directiva. Hasta Alejandro MuƱante de RenovaciĆ³n Popular se mostrĆ³ a favor de la posible censura. Eso sĆ, el lĆder del partido de Soto, CĆ©sar AcuƱa, saliĆ³ a defender al presidente del Congreso acusando a la prensa de fomentar la inestabilidad. Dios perdona el pecado, pero no el escĆ”ndalo, le respondieron a AcuƱa.
Exministro del Interior intentĆ³ defender su posiciĆ³n en investigaciĆ³n por las muertes en protestas
El exministro del Interior, CĆ©sar Augusto Cervantes, acudiĆ³ a declarar a la FiscalĆa de la NaciĆ³n en la investigaciĆ³n contra la presidenta, Dina Boluarte. Sostuvo que informĆ³ directamente sobre los muertos a la mandataria y al premier, que entonces era Pedro Angulo, entre el 10 y 20 de diciembre del 2022. AsegurĆ³ que la polĆtica de control de la protesta la ordenĆ³ Boluarte, y que el plan de operaciones se elaboraba en Lima, por el comando policial. AƱadiĆ³ que āpor su experienciaā, algunos policĆas llevaban sus armas de reglamento, no solo las no letales. AsegurĆ³ que, al saber del primer fallecido, tomaron acciones para que no vuelva a ocurrir. Pero la realidad es que continuaron. En sus 10 dĆas en el Ministerio del Interior, 22 personas perdieron la vida por balas, 4 de ellos eran menores de edad.
Jefes de regiones policiales de Lima y Callao habrĆan pagado sobornos a Pedro Castillo por ascensos irregulares
La cacerĆa de brujas en que anda metida la fiscal de la NaciĆ³n parece que no va a dejar tĆtere con cabeza. Resulta que un grupo de altos oficiales policiales de Lima y Callao estĆ”n en la mira de Patricia Benavides. El delito que se les atribuye es pagar coimas de entre 20 mil y 40 mil dĆ³lares a Pedro Castillo a cambio de obtener ascensos al grado de generales. Por eso, la fiscal interpuso denuncia constitucional en contra del chotano por la presunta comisiĆ³n de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo. Las cutras las habrĆa recolectado el suboficial Jorge Tarrillo quien, ademĆ”s de encargarse de pasar el sombrero, era escolta del profesor.
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