La Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa SA (EGASA) está decidida a sacar adelante y defender su controvertido proyecto Charcani VII. Una central hidroeléctrica en pleno corazón del valle de Chilina, en Arequipa, donde se encuentra el parque ecológico, Las Rocas.
Este proyecto ha generado intensos debates y oposición en la comunidad local respecto a la intención de Egasa. La empresa no ha dudado en responder con denuncias y querellas a sus detractores.
Egasa ha iniciado una serie de acciones legales contra los miembros del directorio del Instituto de Planeamiento Municipal (IMPLA), dependencia técnica de la Municipalidad Provincial de Arequipa que regula el ordenamiento y crecimiento urbano de la ciudad. Pero eso no es todo.
Egasa también ha emprendido acciones legales contra ambientalistas que se oponen abiertamente a la edificación de Charcani VII y que El Búho entrevistó para este reportaje. La empresa entabló una querella por mellar su imagen y solicita que “el daño” sea reparado con una millonaria suma de dinero.
Querella de millones
Jorge Iriondo es un ambientalista y deportista local que hoy afronta una guerra legal contra Egasa. Todo empezó cuando se entera por los habitantes del valle de Chilina, lugar donde practica ciclismo y senderismo, sobre la construcción de la nueva hidroeléctrica Charcani VII.
Su abierta oposición al proyecto y su motivación por defender el valle que disfruta él, su familia y que deben de gozar también las futuras generaciones, provocaron el disgusto de Egasa.
“La denuncia ocurre dentro de una acción de amedrentamiento por parte de EGASA en contra de un ciudadano, de un activista ambiental. Todo esto con el fin de callar a esta persona y que esto sirva de ejemplo a otros activistas”
Jorge Iriondo, ambientalista
Iriondo enfrenta en la actualidad 11 imputaciones por difamación agravada en detrimento de EGASA. Estas acusaciones se fundamentan en las expresiones que el ambientalista compartió en su perfil personal de Facebook y expresiones orales en medios digitales donde manifestó sus opiniones respecto al proyecto.
Por emplear frases como “EGASA busca suprimir la ya escasa agricultura en el Valle de Chilina“. “Se proyecta una amenaza contra el patrimonio arqueológico, histórico, cultural y natural“. “EGASA pretende construir una hidroeléctrica en medio de un parque ecológico” y otras expresiones le costaron una querella.
“es un atropello en contra de mi derecho constitucional de la libre expresión. Y no solo eso, sino que esta querella viene afectando a mi familia económica y emocionalmente”
Jorge Iriondo, ambientalista
Egasa y Oscar Ascue Mollinedo, gerente del proyecto Charcani VII, han solicitado para Iriondo una pena privativa de libertad de 3 años, además de una multa correspondiente a 365 días. También pide una compensación económica por valor de 1 millón 384 mil 755.0 soles, alegando daños a su honor como consecuencia de las afirmaciones realizadas.
Intento de conciliación
Inicialmente, la empresa propuso una conciliación a Iriondo. Esta oferta implicaba la reducción de la demanda económica a 97 mil 000 soles a cambio de una disculpa pública por parte de Iriondo y la eliminación de todas sus publicaciones en Facebook relacionadas con el proyecto Charcani VII. Pero el ambientalista se mantuvo firme en su posición, rechazando la propuesta de EGASA y conduciendo así a que el proceso llegue a los juzgados.
Hoy el proceso lleva 5 años desde que se presentó y aún no se resuelve. No obstante, Jorge Iriondo ha sido un activo opositor al proyecto, manifestando su apoyo al Valle de Chilina y su desacuerdo con Charcani VII. El ambientalista dijo que el juicio es prolongado y complicado y ya ha afectado a su familia, además de demandar gastos legales que superan los 10 mil soles. El proceso sigue en audiencias en el Segundo Juzgado Unipersonal de Cerro Colorado, a cargo del juez Alberto Fernando Arenas Neyra, con el expediente No. 1530-2023-0.
Técnicos bajo investigación
EGASA también interpuso una denuncia contra el directorio del IMPLA debido a su rechazo del plan específico del Parque Las Rocas, un documento fundamental y pieza clave para avanzar del proyecto Charcani VII. Su aprobación le permitiría empezar con la construcción de la planta de energía valorada en 60 millones de dólares. Esta infraestructura cambiará el uso de suelo del terreno del valle a industrial, permitiendo que otras industrias puedan asentarse en el valle de chilina.
Esta acción legal de EGASA apunta directamente al gerente y a los miembros del directorio del IMPLA, incluyendo a William Palomino, Carlos Zeballos, Felix Sólis, Giovana Manchego, Michael Alfaro y al exgerente Germán Cutimbo. La empresa alega que estos funcionarios cometieron el delito de abuso de autoridad. Así también, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales al no aprobar el plan específico necesario para su proyecto.
¿Por qué demanda al IMPLA?
La base de la demanda de EGASA se encuentra en la decisión tomada por estos cinco miembros del IMPLA en noviembre de 2022, cuando se negaron a otorgar su aprobación al plan específico. Argumentaron que la construcción de la central hidroeléctrica Charcani VII tendría un impacto irreversible en el valle de Chilina.
Aunque la Fiscalía inicialmente desestimó la demanda, EGASA apeló esta decisión. Ahora se ha dispuesto una investigación preliminar de 60 días sobre el caso por parte de la Primera Fiscalía Superior Penal de Liquidación y Apelación. Mientras tanto, el IMPLA ha elevado el expediente al Concejo Municipal de Arequipa para su revisión. El nuevo gerente del IMPLA, Víctor Dibán, junto con el directorio, deberán tomar una decisión. La situación se ha vuelto aún más compleja con la devolución del expediente al IMPLA por parte del Concejo de regidores, en julio. Señalaron como razón que aún falta considerar el análisis del Colegio de Arquitectos antes de tomar una resolución final.
EGASA y su defensa de Charcani VII
EGASA sostiene firmemente que Charcani VII no supone una amenaza ambiental para la zona y que cumple con todas las regulaciones y autorizaciones necesarias. La central hidroeléctrica, una vez construida, tendría la capacidad de proporcionar energía eléctrica a 350,000 usuarios. No obstante, pese a la inversión de 60 millones de dólares que se pretende hacer, solo se conseguirá producir 20 megawatts.
La empresa obtuvo la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en septiembre de 2018, lo que respalda su afirmación de que el proyecto se desarrollará sin causar un impacto ambiental significativo. EGASA argumenta que, durante el proceso de generación de energía, el agua utilizada se reintegrará al caudal del río.
Sin embargo, EGASA ha reconocido que, como resultado de este proceso, el caudal del río podría reducirse en un tramo de 2 kilómetros. Esto supondría una pérdida de aproximadamente una cuarta parte de su flujo. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha establecido un caudal “ecológico” mínimo de 0.5 m3/s para garantizar el suministro de agua a los agricultores locales debidamente registrados, pero ha dejado de lado la necesidad de los otros agricultores que sí van a ser perjudicados y que desde hace décadas cultivan en la zona de Chilina.
Además, EGASA ha planificado la reubicación de especies endémicas en la zona si fuera necesario, en un esfuerzo por mitigar cualquier impacto negativo en la fauna y flora locales. Algo que grupos como el Frente de Defensa ‘Salvemos al Chilina’ rechaza y considera que es imposible de hacer, por lo que lo consideran un engaño.
La oposición del Colegio de Arquitectos
El Colegio de Arquitectos de Arequipa también expresó su oposición al proyecto. No están de acuerdo con su edificación porque alteraría el paisaje del valle del Chilina y la preservación de su patrimonio cultural y natural. Y en días recientes, ha sido objeto de críticas por parte de EGASA que afirma que existen opiniones tendenciosas en su contra.
Francisco Melgar Begazo, decano del Colegio de Arquitectos de Arequipa, ha advertido que la construcción de la central hidroeléctrica Charcani VII podría ocasionar daños significativos al ecosistema del valle de Chilina, incluyendo la agricultura y el paisaje local. Según Melgar Begazo, la central, que generaría 21.50 megavatios (MW) en funcionamiento, no corresponde a una inversión tan grande. También señaló que la infraestructura amenazaría el turismo en la zona, afectando negativamente a la economía local.
“No tienen la autorización de la zonificación y eso sí es una cosa gravísima y no tienen la licencia de construcción ni menos las condiciones para poder permitir insertar solamente 20 megas contra los 15 mil 873 qué hay de producción nacional, lo cual no incide en nada….¿Con qué concepto y bajo qué juicio puede decir que nos faltan 20 megas si ellos han cerrado una planta de 73 megas hace pocos años, hace dos años y han cerrado una de 48 y otras de 26 hace poco? Entonces no hay ningún sustento, ¿verdad?”
Francisco Melgar Begazo, decano del Colegio de Arquitectos de Arequipa
Daño al turismo local
El decano del Colegio de Arquitectos ha afirmado que la cuenca urbana de Arequipa genera ingresos significativos, estimados en al menos 1,500 millones de soles. Y que la afectación del valle de Chilina podría llevar al quiebre de empresas locales relacionadas con el turismo, como el canotaje.
Melgar Begazo ha expresado su confianza en que el proyecto no se llevará a cabo. Además ha señalado que el plan de zonificación de Charcani VII no fue aprobado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, por lo que su ejecución supondría una violación de las regulaciones locales.
Uno de los principales obstáculos para la ejecución del proyecto Charcani VII ha sido la falta de acceso a la zona de construcción debido a un terreno destinado para un club privado que ha impedido el avance de las obras. Así también, la zonificación del lugar, que requeriría ser clasificado como industrial.
De esta manera, ante la falta de autorizaciones legales, Egasa parece querer suplirlas con querellas y demandas judiciales.
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