En el Parque Industrial de Río Seco, en Arequipa, se encuentra una comunidad de empresarios dedicados al sector de las curtiembres y la fabricación de calzado y derivados del cuero. Pero lo que solía ser un lugar de oportunidad económica para más de 100 curtiembres que generaron alrededor de 3000 puestos de trabajo, hoy es un escenario de inquietud y tensión.
La Asociación de Empresas de Curtiembres, Fabricantes de Calzado y Derivados del Cuero (APYMECO), bajo el liderazgo de su presidente, Félix Chili, cuestionó el accionar de las autoriades sobre dos cuestiones cruciales. Primero, una fiscalización ambiental por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Segundo, el incumplimiento de acuerdos previamente establecidos por parte del Gobierno Regional de Arequipa.
Los empresarios están proponiendo una pausa en la fiscalización ambiental estricta. Hasta que se complete la construcción de la planta de tratamiento de aguas prometida por el Gobierno Regional de Arequipa a los empresarios del cuero. Consideran que esta medida sería una solución temporal para evitar el cierre inminente de muchas micro y pequeñas empresas del sector de las curtiembres y la fabricación de calzado y derivados del cuero.
Argumentan que la falta de esta planta de tratamiento de aguas residuales obstaculiza su capacidad para cumplir con los estándares ambientales requeridos. Hasta que se resuelva este problema fundamental de infraestructura, las empresas se encuentran en una situación económica precaria y enfrentan multas que consideran desproporcionadas.
Impacto económico y laboral de la fiscalización a los empresarios del cuero de Arequipa
La fiscalización ambiental es necesaria para garantizar un equilibrio entre el desarrollo industrial y la preservación del medio ambiente. Sin embargo, los empresarios acusan al OEFA de haber llevado esta acción al extremo, según los empresarios. Multas que ascienden hasta 15 y 20 UIT han comenzado a asfixiar a las micro y pequeñas empresas del sector. A un punto que muchas de los empresarios del cuero de Arequipa se enfrentan al riesgo inminente de cierre.
El problema no se limita a la imposición de multas impagables. Uno de los puntos más álgidos de la problemática es la falta de una planta de tratamiento de aguas. Construirla fue un compromiso adquirido por el Gobierno Regional de Arequipa hace más de 20 años y, hasta la fecha, sigue siendo una promesa incumplida. Esta carencia obstaculiza la capacidad de las curtiembres para cumplir con los estándares ambientales requeridos, lo que ha sumido al sector en una crisis sanitaria.
El problema se agrava por las restricciones de acceso a sus propias fábricas que los empresarios de Arequipa han experimentado en el Parque Industrial de Río Seco en los últimos días. Además, la presencia de más de 50 policías en la zona, que los empresarios consideran un abuso de autoridad. Este hecho ha generado un ambiente de tensión e inseguridad.
Planta de tratamiento de aguas residuales prometida
Es relevante mencionar que el Gobierno Regional de Arequipa se había comprometido a construir una planta de tratamiento de agua en una extensión de 2 hectáreas. Además, un parque ecológico que abarcaría más de 131 hectáreas en el lugar. Los proyectos nunca llegaron a concretarse y, según los empresarios del cuero, fueron opacados por la venta de terrenos por parte del Gobierno Regional. La planta de tratamiento de aguas residuales, prometida hace años en una extensión de 2 hectáreas en la zona de las curtiembres, sigue siendo una deuda pendiente.
Además, los empresarios han señalado que otras empresas en la zona contaminan sin restricciones y sin ser fiscalizadas adecuadamente, lo que agrava la situación.
Compromiso de diálogo entre la OEFA y las curtiembres
Como respuesta a esta situación crítica, Angelo Motta, encargado de la fiscalización en el OEFA, y Félix Chili de APYMECO, han acordado verbalmente la formación de una mesa de diálogo. Asimismo, atender las denuncias de los empresarios del cuero en Arequipa para beneficiar a ambas partes y evitar que inversiones por más de 70 millones de soles peligren.
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