SIP: Restringir libertades de prensa y protesta atenta de forma flagrante convenciones sobre derechos humanos

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pide al Gobierno retirar proyecto que modifica Código Penal. También se pronuncian la Asociación Nacional de Periodistas, el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS)

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó el proyecto del Ejecutivo que propone modificar el Código Penal de Perú para restringir la libertad de expresión y otras. Su presidente, Michael Greenspon, advirtió al gobierno de Dina Boluarte que la propuesta “cercena derechos que están arraigados en las sociedades democráticas”.

“En las sociedades democráticas, las libertades de prensa, expresión, reunión y protesta son derechos de acción individual y colectiva para expresar ideas, oposición o denuncias. Restringir esos principios atenta de forma flagrante contra las convenciones internacionales sobre derechos humanos”, dijo Greenspon.

El también director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times refirió que hay principios contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos y que la modificación del Código Penal los restringiría.

La modificación al Código Penal es para castigar penalmente a quienes califican de “instigadores de disturbios” en manifestaciones. Según el documento, los instigadores serían los creadores de contenido, usuarios de redes sociales, periodistas y medios de comunicación que informen o compartan datos sobre convocatorias a protestas sociales.

Consejo de la Prensa Peruana (CPP) pide retiro de propuesta del Ejecutivo

Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) pidió también retirar la disposición del punto 3.1.2 del Código Penal, porque el Ejecutivo propone modificarlo atentando contra la libertad de expresión.

En ese punto dice: “Sancionar a los instigadores del delito de disturbio. Ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación. Incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.

“Se abre la puerta a que ciudadanos, incluyendo periodistas, sean procesados penalmente por difundir o informar sobre protestas”, menciona el pronunciamiento del CPP.

El Gobierno pretende criminalizar la actividad periodística dice la ANP

Zuliana Laynes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), dijo que el pedido de facultades legislativas del Gobierno incluye una medida que afecta las libertades informativas. Se “pretende criminalizar la actividad periodística”.

“Diversas instituciones de prensa (…) hemos alertado sobre este pedido de facultades para legislar de parte del Poder Ejecutivo. Porque entre varias materias hay una que afecta de manera directa a la actividad periodística y las libertades informativas del país. De manera directa, pretende criminalizar la actividad periodística”, dijo a La Exitosa.

El proyecto menciona que en las protestas contra el Gobierno del expresidente Pedro Castillo, algunos comunicadores utilizaron sus medios para azuzar a la violencia. El Ejecutivo lo que pretende con la modificatoria del Código Penal es sancionar este tipo de comportamientos, dijo.

“Propuesta tiene como objetivo “amedrentar” a los periodistas” dice la IPYS

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), a través de su presidente Augusto Álvarez Rodrich, cuestionó la propuesta del Ejecutivo para regular la publicación de contenidos sobre marchas y protestas, lo cual atentaría contra la libertad de expresión.

Opinó que, en su pedido de facultades legislativas al Congreso, lo referido al cambio en el Código Penal “tiene como objetivo ‘amedrentar’ a los periodistas por emitir una opinión a favor de una marcha o promoverla por considerarla justa”.

Sobre la instigación, dijo que el asesor jurídico de IPYS recordó que está prevista en el Código Penal por lo que no es necesario crear una “figura especial” de instigación para el delito de disturbios donde se incluya a los comunicadores. “Es otra tontería más que sigue creando el Gobierno y el Congreso (para) amedrentar al periodismo. Deben retirarlo cuanto antes”.

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