La nueva administración de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), conformada por representantes de las propias universidades a las que debe supervisar nombró entre otros, a Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional e impulsor de la contrarreforma como parte de un grupo de expertos que dará recomendaciones a esta institución.
Este nombramiento se dio a conocer en una resolución del Consejo Directivo del 15 de setiembre. Según detalla, en la sesión del 16 de agosto de 2023, el actual presidente de Sunedu, Manuel Hernández García habló de la necesidad de que se conforme un grupo de expertos. “Que conozcan el tema universitario”.
Asimismo, refiere que fue en la sesión del 23 de agosto de 2023, que el jefe de la Sunedu, Manuel Castillo Venegas propuso a profesionales de alto nivel para conformar el referido grupo. Se encargarán de apoyar en la elaboración de los nuevos documentos de gestión de la Sunedu. Posteriormente, serían aprobados por el Consejo Directivo de la Sunedu.
Es así que Ernesto Jorge Blume Fortini, quien impulsó el debilitamiento de la Sunedu será uno de los expertos designados. Junto a él están, Doris Renata Teodori de la Puente y Luis María Santiago Eduardo Solari de la Fuente. También, Jorge Segundo Cumpa Reyes, Raimundo Espinazo Sánchez y Teodosia Maximina Contreras Castro.
La calidad educativa universitaria comienza a perderse
El jefe de la actual Sunedu, Manuel Castillo -por quien votaron los rectores de universidades públicas que promovieron la contrarreforma- en la primera sesión descentralizada de la Comisión de Educación del Congreso, en Trujillo, reveló el problema que afrontan.
Este año, 56 universidades han abierto 2.250 nuevas carreras profesionales. Esto ha causado que no puedan supervisar, a posteriori, si estas cumplen con exigencias mínimas en infraestructura y equipamiento. Todo en contra de los estudiantes cuando, la creación de la Sunedu fue para desarrollar “un proceso de cambio que buscaba que los jóvenes puedan acceder a una educación universitaria de calidad, que les brinde las herramientas necesarias para alcanzar sus metas”.
Frente a esta situación la nueva Sunedu se vio obligada a sacar un comunicado que al final del mismo exhorta “a las universidades públicas y privadas del país a ejercer su autonomía e institucionalidad de forma responsable y racional. Respetando cabalmente el marco legal vigente y aplicable que garantice y salvaguarde las condiciones básicas de calidad exigibles a la educación superior universitaria”.
Esto porque con la ley que aprobó el Congreso para esta contrarreforma, la Sunedu ya no garantiza una supervisión previa de las condiciones básicas de calidad de los nuevos programas, sino que solo las registra tras el aviso de las universidades. Como dicen los especialistas que advirtieron de este despropósito, la Sunedu es ahora “una mesa de partes”.
Dato
Hasta el 2020, 38 universidades privadas y 27 públicas tuvieron que desistir de un total de 3.695 programas. Esto, porque no cumplían con las condiciones básicas y así, lograr su licenciamiento. Ahora, tienen la libertad de volverlas a abrir, así no cuenten con los profesores especializados. Ni equipamiento, laboratorios y todo lo que implica una formación de calidad.
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