La Fiscalía Anticorrupción intervino la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para solicitar los contratos y currículums del personal de la Dirección de Procesos Disciplinarios, cuyos procesos de selección se cuestionaron en un informe periodístico y luego de que los magistrados emitieron un comunicado informando sobre una investigación abierta.
La JNJ respondió al informe de un medio de comunicación a través de un comunicado en el que manifestaron que el grupo de trabajadores al que hace referencia el informe es personal de apoyo de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios (DPD). Y especifica que las investigaciones y procedimientos disciplinarios a jueces y fiscales están a cargo de los despachos de los miembros titulares del Pleno de la Junta Nacional de Justicia.
Según el informe, los trabajadores Frank Fernández Echevarría, Johan Castillo de la Cruz, Linda Melody Castillo de la Cruz y Claudio César Valdera Bohorquez. Así como Rayan Dany Calderón Bringas, Milena Aguilar Valle y Edson Villarroel Beraún, estarían a cargo de la distribución de expedientes de denuncias entre los miembros de la Junta Nacional. Y también se encargarían de la revisión y redacción de proyectos de calificación de denuncias contra jueces y fiscales.
De otro lado, la Contraloría General de la República acreditó esta tarde, ante Junta Nacional de Justicia, al equipo que iniciará las investigaciones por la supuesta contratación irregular de personal.
¿Qué dijeron sobre las contrataciones?
Según el informe sobre la JNJ, tuvieron acceso a la hoja de vida de cada uno de los trabajadores. Así se descubre que, por ejemplo, Frank Fernández, con quien se inicia las demás contrataciones, presentó un certificado como abogado de una cevichería. Y otro, como miembro del área legal de un gimnasio para optar por el puesto de analista.
El cuestionamiento surge porque Johan Castillo es dueño de la cevichería que certificó a Fernández. Y además es hermano de Linda Castillo, quien a su vez es enamorada de Fernández. Ella también entregó certificados de trabajo de la misma cevichería y gimnasio donde trabajó Frank Fernández. Además, Claudio Valdera, fue administrador del gimnasio cuya propietaria es su madre.
Igualmente, Rayan Calderón adjuntó en su currículum vitae la constancia de haber integrado el área legal del referido negocio. Sobre esta relación entre los trabajadores, se sabe que se conocen desde que estudiaban en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Específicamente, las diligencias son por el delito de negociación incompatible y las dirige un despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Por eso, el caso no involucra a los miembros del pleno de la JNJ. A ellos solo los puede investigar la fiscal de la Nación.
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