El Poder Judicial emitió una orden para levantar el secreto de las comunicaciones del líder de Alianza para el Progreso (APP) y actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta. Esta medida se lleva a cabo en el marco de la investigación del caso conocido como “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
El Juez Supremo, Juan Carlos Checkley, declaró fundado el requerimiento presentado por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. En esta investigación, César Acuña será tratado como “testigo impropio”, relacionándose con el exjuez supremo César Hinostroza y otros presuntamente involucrados en una organización criminal que otorgaba favores judiciales y reducía penas a empresarios.
Presunta participación
La revocación de la medida de comparecencia y la imposición de prisión preventiva a César Acuña refuerzan la gravedad de las acusaciones en su contra. La presunta participación en una red de corrupción que beneficiaba a empresarios mediante la manipulación judicial conlleva consecuencias legales significativas para el líder político.
Dan plazo de 48 horas
El magistrado Checkley Soria dispuso que las cuatro principales empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones en el país informen a dicho despacho fiscal los detalles del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto y de voz de las líneas telefónicas registradas por los investigados y testigos impropios, en el periodo comprendido entre el 23 de enero de 2015 hasta el 31 de enero de 2016.
Además, la orden de levantar el secreto de las comunicaciones debe ejecutarse en las próximas 48 horas, y el Ministerio Público está obligado a informar los resultados al despacho del Juez Supremo para el correspondiente control.
Otros investigados
Lo mismo aplica para el exfiscal supremo Tomás Gálvez y los exjueces César Hinostroza y Ángel Romero, quienes están como investigados. Asimismo, la medida se extiende a los integrantes del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila e Iván Noguera, los excongresistas Humberto Acuña y Willy Serrato, el empresario Mario Mendoza y el abogado Julio Severino Bazán, quienes serán tratados como testigos impropios.
Defensa de Acuña
Por otro lado, la defensa legal de Acuña Peralta argumentó que el requerimiento fiscal vulnera el principio de legalidad procesal. Porque a su cliente se le trata como “testigo impropio” y no como un investigado directo en el caso. Este debate jurídico añade una capa adicional de complejidad a un caso que ya ha capturado la atención pública y política en el país.
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