El Común de los Zeballos es hoy una suerte de leyenda. Tras una serie de especulaciones y reclamos, un fallo del Tribunal Constitucional resolvió confirmar la propiedad de los terrenos a favor del Gobierno Regional. El caso está relacionado a la asociación Jorge Basadre, cuyo dirigente defendía su “propiedad”, argumentando una donación por parte de una de las supuestas propietarias. Otros intentos de traficar con estos terrenos han sido frenados con desalojos, pero éste es un ejemplo de la falta de catastros unificados, el tráfico de terrenos y la falta de políticas de vivienda del estado y el gobierno regional que ha perjudicado ya a cientos de ciudadanos sin vivienda. Y lo seguirá haciendo.
Pero la asociación antes mencionada está asentada sobre una pequeña porción del área general. Los herederos o apoderados de la zona original reclamaban tener un terreno de más de 70 mil hectáreas en el distrito de Yura. Si El Común de Los Zeballos fuera real, sería más grande que la unión de Paucarpata, Cerro Colorado, Uchumayo, Jose Luis Bustamante y Rivero, Cayma, Miraflores y Yanahuara. Pero, para entender cómo el caso escaló a este punto, es necesario retroceder varios siglos.
Primeros registros de El Común de Los Zeballos
Es 1894, época de ferrocarriles. La mayoría de la población arequipeña no tiene luz en casa. De aquella fecha data el registro de “El Común de los Zeballos”. Se trata de una anotación preventiva de dominio, del 24 de marzo del mismo año. Esta área controvertida se inscribió como una finca y sus límites nunca fueron precisos.
“Principia la finca en la quebrada de Añashuaico Viejo por la parte de la ciudad de Arequipa, y consiste en terrenos eriazos y una montaña a la derecha del camino del ferrocarril de Puno terminando en el cerro denominado Guanconaza por la parte del abra de Cañahua…”
Parte de la descripción de inmueble, según partida registral 04009359.
En la partida registral 04009359, incluso se menciona el año de 1782 como la fecha en que se consignó una escritura de venta por parte de Ygnacio Valencia, hijo de doña Catalina Zeballos. No fue hasta 1894, que se describieron los linderos de la zona. A partir de ese momento, El Común de Los Zeballos pasó de generación en generación, por medio de herencias y compradores, que se fueron dividiendo el área en porcentajes más pequeños.
Un certificado registral inmobiliario emitido por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) muestra hasta 43 propietarios. En noviembre de 2019, Frida Osorio Cáceres, una de las herederas, consigna a sus hijos como nuevos propietarios. Uno de ellos es Jose Antonio Ricalde Osorio.
En diciembre de 2020, Ricalde Osorio le otorga el 75% de “su propiedad” a Violeta Aguirre Llerena, quien en 2023 realizó una donación a Wilber Mayta Fernández, presidente de la asociación Jorge Basadre. La zona que ahora tiene como dueño a Mayta Fernández está valorizada en 1 millón 882 mil 398 soles.
El tráfico de terrenos: Caso Jorge Basadre
El proyecto de la asociación Jorge Basadre data del 2018. Su dirigente, Wilber Mayta Fernández, estableció la ubicación a un costado de la quebrada de Culebrillas. Sin embargo, no tienen un distrito definido. Documentos de la asociación hacen referencia a encontrarse entre Yura, Cerro Colorado y Uchumayo.
Pese a la indeterminación, Mayta Fernandez vio por conveniente acudir a municipalidad de Uchumayo, para consignar el pago de autoevalúo, con lo que tendría un argumento más a su favor. Eso no impidió que fueran desalojados cada vez que intentaban ocupar los terrenos.
La organización dentro de la asociación funciona a través de Whatsapp y diversas delegaciones. Están el grupo París, Coraje y Gama, Leones Fénix, Alfa Vikingos, Los Pumas y Patriota, Guerreros, entre otros. Por medio de estos equipos, se hacen turnos para vigilar la zona.
De igual manera, se organizan las actividades a través de comunicados. Por esos medios se hizo la convocatoria a una marcha el pasado 14 de marzo. El punto de protesta fue la sede del Gobierno Regional. Allí exigieron la renuncia de la procuradora regional, Amparo Begazo, por un desalojo ocurrido en diciembre de 2023.
Uno de los argumentos que sostiene Mayta Fernández se basa en el parte notarial con fecha 8 de junio de 2023. En el documento, Violeta Aguirre Llerena —quien decía tener el 75% del terreno de José Ricalde Osorio— le realiza una donación a Mayta Fernández por el 1.0583% de los derechos, equivalente a 746.4472 hectáreas. El trámite fue suscrito ante el notario Rubén Bolívar Callata.
Inconsistencias en los procesos de traspaso
El caso de El Común de Los Zeballos está asentado en la partida registral 04009359. La misma puede ser consultada mediante la web Conoce Aquí de la SUNARP. En la plataforma, cualquier persona puede ver el historial de compras de derechos y donaciones.
En marzo de 2021, Aguirre Llerena transfirió el 0.0885021% de sus derechos a 6 compradores. Cada uno pagó 16 500 soles por solo una parte del porcentaje antes mencionado. Con la recuperación de terrenos por parte del Gobierno Regional, dichos compradores hoy habrían perdido su dinero.
Sin embargo, la inconsistencia más fuerte afecta a los ya estafados miembros de la asociación Jorge Basadre. El 8 de febrero de 2022, Aguirre Llerena cedió la totalidad de sus derechos a los cónyuges Lidia Quispe Rojas y Wilfredo Salas Días, por el precio de 200 mil soles. El trámite se realizó ante la notaría del Dr. Augusto Morote Valenza.
Es decir, Aguirre Llerena vendió toda su parte y casi un año después, donó algo que no tenía a Mayta Fernández. Incluso, en junio de 2022, los esposos Quispe Rojas y Salas Días vendieron sus derechos a la Inmobiliaria Común de Los Zeballos Arequipa, por el mismo precio al que lo compraron.
El último registro que se tiene al respecto corresponde a un cambio de denominación publicado el 24 de abril de este año. La empresa compradora ahora se llama Inmobiliaria Casas & Terrenos Orión E.I.R.L. Cabe destacar que el nombre de Mayta Fernández no aparece en ninguna parte del historial de registros de SUNARP.
Caso Ampaca
Quienes también se ven envueltos en el caso son los miembros de la Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores de Cayma y Anexos (Ampaca). Actualmente, algunos de sus terrenos están en procesos judiciales con el Ministerio de Agricultura. Mientras tanto, allí se asentaron algunas bases de la asociación Jorge Basadre.
El problema se da con el documento de donación a Mayta Fernández, donde se ubica a su asociación, sobre las secciones M y L de Ampaca. Por ello, los agricultores han sido afectados por hechos de violencia producto de los desalojos.
A través de estas diligencias, es que presuntamente identificaron a una trabajadora del Gobierno Regional, como parte de las invasiones y actos vandálicos ocurridos en las intervenciones policiales. Se trata de Nicolasa Quispe Choquepata, quien según la resolución N° 037-2024-GRA-ORA labora en una Oficina de Tesorería.
El 23 de abril, Quispe Choquepata declaró en el programa Pulso Regional. Días antes, había sido señalada de aparecer en videos y dirigir hechos de violencia. Argumentó que es una persona pacífica y aceptó ser parte de la asociación, pero evitó pronunciarse sobre si salía en algunas grabaciones.
“La pregunta no se le va a poder responder, por recomendaciones de mi abogado.”
Nicolasa Quispe Choquepata, trabajadora del GRA.
Desalojos y fallo del Tribunal Constitucional
En el 2020, el Gobierno Regional anunció desalojos en El Común de los Zeballos. Para ese momento, se registraban algunas agrupaciones asentadas. Por ello, Aguirre Llerena no tuvo reparo en prometer donar terrenos. De esa forma, se aseguraría tener más gente de su lado. Abdón Álvarez, abogado de Aguirre, consideraba que los invasores eran “cuidadores”.
Para detener el desalojo extrajudicial, el GRA recibió una demanda de amparo en octubre de 2023. Sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Arequipa y posteriormente el Tribunal Constitucional (TC), fallaron a favor del GRA en marzo del presente año. Con ello, se podría proceder a la recuperación de las áreas ocupadas ilegalmente.
Desde el TC, se argumentó que no hubo las pruebas suficientes para acreditar la propiedad. Tampoco hay un área exacta, ya que la descripción de las partidas registrales solo muestra puntos referenciales. Solo en la asociación Jorge Basadre se registraron 1800 miembros, algunos seguirán insistiendo y volverán a ser desalojados.
Por su parte, el GRA debería plantear seriamente los proyectos que se tenía pensado llevar a cabo en el lugar, por el bien de Arequipa.
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