Ayer sábado 15 de junio, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Cavero, dio por concluida la segunda legislatura 2023-2024. Sin embargo, al cierre del último pleno de junio, el legislador de Alianza para el Progreso anunció que se había dado facultades a la Comisión Permanente para seguir legislando los proyectos que quedaron en la agenda.
Este anunció mantiene vigilantes a diversas organizaciones pues entre los proyectos pendientes están la prescripción de Crímenes de Lesa Humanidad, la recalificación de Crimen Organizado, la Ley que beneficia a las AFPs y más normas antidemocráticas.
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El Congreso vs. The World
Sobre la prescripción de crímenes de Lesa Humanidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó una resolución por solicitud de Medidas Provisionales en los Casos Barrios Altos y La Cantuta.
La Corte IDH pidió al Estado Peruano garantizar el derecho a justicia de las víctimas. Mencionó al Congreso al solicitar la detención del trámite del Proyecto Rospigliosi. La jurisprudente internacional también agregó que emitirá un pronunciamiento más preciso al recabar los elementos sobre la solicitud de medidas provisionales.
En respuesta, el Congreso publicó un comunicado desafiante a la Corte IDH. El documento del Parlamento señala que rechaza cualquier “intromisión”.
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Comunicados contra la Fiscalía y los medios de comunicación
Un día antes de la penosa mención internacional al Congreso de la república, el Legislativo publicó una respuesta a la invocación de la Fiscalía.
Todos los fiscales supremos, superiores y provisionales, integrantes del Ministerio Público, suscribieron una alerta de tres proyectos impulsados por el Parlamento.
Las tres propuestas en cuestión afectan a la Junta Nacional de Justicia y a la Fiscalía. El Congreso reaccionó rechazando la invocación de la Fiscalía. “Los congresistas de la república velan por el respeto a la Constitución y a las Leyes”, menciona el documento. También conminó a la Fiscalía a dejar de lado la “politización”.
En la misma semana, que fue la ultima de la legislatura, publicó otro comunicado señalando que la “Ley Tico” no estaba en la agenda de ese momento. Se trataría de un proyecto que favorecería a vehículos pequeños y con baja calidad técnica que ponen en peligro a sus conductores, pasajeros y peatones, puedan circular y realizar transporte público en las regiones. Varios medios de comunicación independientes y de regiones alertaron sobre la avanzada de esta peligrosa propuesta en el Parlamento.
“El Congreso advierte a la ciudadanía a no dejarse sorprender por informaciones tendenciosas que buscan desprestigiar a esta institución que es el pilar de la democracia”, señaló el Parlamento.
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Ministerio Público alertó sobre proyectos del Congreso para desmantelar a la JNJ y la Fiscalía
La Junta de Fiscales Supremos, los Presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y los Presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales del Perú se pronunciaron a nombre del Ministerio Público. En el comunicado dirigido principalmente a la ciudadanía alertaron sobre tres proyectos, dos de ellos avanzados en predictámenes, que impactan en la democracia y recorta funciones de la misma Fiscalía.
Se trata de los proyectos:
Para reorganizar a la Junta Nacional de Justicia, de Wilson Soto (AP).
Que crea la Escuela Nacional de la Magistratura, de Gladys Echaíz (HD).
Para quitar funciones investigativas a la Fiscalía y dárselas a la Policía, de Alfredo Azorín (SP).
El comunicado del Ministerio Público señala que es propuesta colisionan contra el orden constitucional y la democracia. Además de rechazar esas arremetidas desde el Congreso que quebrantan la autonomía e independencia, enfatizan en cómo se busca recortar las funciones que tiene la Fiscalía por mandato de la misma Constitución.
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Fiscales alertan los peligros del Proyecto Echaíz
El proyecto de Gladys Echaíz, recientemente salida de la bancada porkista, propone la Creación de la Escuela Nacional de la Magistratura. El MP rechaza esta propuesta pues significa retroceder a modelos ya superados. Esta sería una referencia al Consejo Nacional de la Magistratura, infiltrado casi en su totalidad por los Cuellos Blancos, razón por lo cual fue disuelta y reemplazada por la Junta Nacional de Justicia.
El pronunciamiento también convoca a la ciudadanía en la defensa de la democracia. Pide también la observación del Ejecutivo a esas propuestas del Congreso.
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