La ciudad de Arequipa amaneció este domingo 15 de junio con la temperatura más baja del año, alcanzando 2°C en la caseta meteorológica del Senamhi, mientras que a la intemperie se estima que llegó a 0°C. Los especialistas no descartan que en los próximos días se registren valores similares o incluso inferiores.
En las zonas altas de la región, el termómetro marcó hasta -18°C, la cifra más baja del otoño, según informó José Luis Ticona, meteorólogo del Senamhi Arequipa. Advirtió que las bajas temperaturas persistirán durante julio y agosto, por lo que instó a la población a tomar precauciones.
En distritos como Chiguata, Polobaya y Quequeña, el termómetro descendió bajo cero. En Patahuasi, ubicado a más de 4 mil m.s.n.m., se reportaron -17°C, una de las marcas más extremas.
Aunque se espera que la sensación térmica se estabilice entre 7°C y 8°C, el Senamhi pronostica que el invierno, que inicia oficialmente el 20 de junio, mantendrá estas condiciones. De esta manera, las infecciones respiratorias también tendrán un incremento notorio.
En la costa arequipeña, provincias como Camaná e Islay experimentaron lloviznas, un fenómeno habitual en esta época. Mientras tanto, en Caravelí se prevén máximas de 28°C, contrastando con el frío en zonas altas como Imata, donde no superarán los 13°C.
Ante el descenso térmico, las autoridades sanitarias recomiendan:
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El plazo impuesto por pobladores para acelerar proyectos de remediación por contaminación venció sin respuesta favorable del gobernador Richard Hancco, quien exige cumplir procedimientos administrativos establecidos.
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El complejo arqueológico de Cutimbo, se encuentra en disputa por los conflictos territoriales entre el distrito de Pichacani Laraqueri y el Centro Poblado de Collacachi
El complejo arqueológico de Cutimbo, se encuentra en disputa por los conflictos territoriales entre el distrito de Pichacani Laraqueri y el Centro Poblado de Collacachi del distrito de Puno.
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Desde las primeras horas de este lunes 16 de junio, decenas de personas formaron largas colas en la Oficina Desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Ayacucho.
La alta concurrencia responde al vencimiento del plazo legal para que los afiliados a organizaciones políticas renuncien formalmente, requisito indispensable para quienes planean postular por otra agrupación en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.
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El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Cusco, José Mayorga, expresó su profunda preocupación por la reposición en el cargo de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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El plazo de 72 horas impuesto por pobladores para acelerar proyectos de remediación por contaminación venció sin respuesta del cuestionado gobernador Richard Hancco, quien exige cumplir procedimientos administrativos establecidos. Hancco rechazó el ultimátum de dirigentes de la cuenca Ramis, argumentando que los pobladores conocen perfectamente los mecanismos de seguimiento de inversiones y deben acudir a […]
El plazo de 72 horas impuesto por pobladores para acelerar proyectos de remediación por contaminación venció sin respuesta del cuestionado gobernador Richard Hancco, quien exige cumplir procedimientos administrativos establecidos.
Hancco rechazó el ultimátum de dirigentes de la cuenca Ramis, argumentando que los pobladores conocen perfectamente los mecanismos de seguimiento de inversiones y deben acudir a las oficinas regionales a través de sus alcaldes.
«No es que acá yo te mando una carta y mañana se aprueba un expediente», declaró el gobernador regional, quien calificó como irrazonable la imposición de plazos perentorios para la aprobación de expedientes técnicos.
La autoridad regional responderá oficialmente al ultimátum mediante informe detallado sobre el estado actual de los proyectos, instando a dirigentes y alcaldes a realizar seguimiento directo en dependencias gubernamentales, a pesar de grave situación en localidades afectadas por contaminación.
Hancco detalló que algunos expedientes están próximos a su aprobación, como el caso Potoni en Azángaro, mientras otros como Orurillo recién presentaron documentación requerida para evaluación correspondiente.
El gobernador recordó que la ley establece mecanismos de informe programados para mayo y septiembre de este año, rechazando que la sociedad civil se acostumbre a presionar autoridades mediante ultimátum o amenazas similares.
«Hay mecanismos de respeto entre sociedad civil y el gobernador de turno», enfatizó Hancco, quien se mostró dispuesto a reunirse con pobladores, pero bajo protocolos institucionales adecuados.
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Una protesta al interior del penal de Yanamilla, en Ayacucho, encendió las alarmas sobre las condiciones de reclusión en uno de los establecimientos penitenciarios más críticos del país. El pasado 11 de junio, internos asignados a la denominada “zona de meditación” protagonizaron un motín, prendiendo fuego a prendas y colchones en señal de protesta por […]
Una protesta al interior del penal de Yanamilla, en Ayacucho, encendió las alarmas sobre las condiciones de reclusión en uno de los establecimientos penitenciarios más críticos del país. El pasado 11 de junio, internos asignados a la denominada “zona de meditación” protagonizaron un motín, prendiendo fuego a prendas y colchones en señal de protesta por el trato del personal penitenciario y las condiciones de reclusión.
“La protesta fue breve, pero expuso el riesgo a la salud de los internos. Afortunadamente no hubo daños graves, pero sí una clara vulneración a sus derechos fundamentales”, afirmó el representante de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho en entrevista con Jornada.
Los reclusos exigieron más horas de patio, mejor acceso a llamadas telefónicas y un trato más digno por parte del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La Defensoría estuvo presente para verificar que no se vulneren derechos humanos, emitir recomendaciones y supervisar la respuesta institucional.
Según explicó el funcionario, la protesta se originó en una zona que antiguamente albergaba al régimen cerrado especial, un tipo de reclusión más restrictiva.
“Esta zona se usa hoy como espacio de meditación o castigo, pero no cuenta con las condiciones mínimas. Antes, los internos del régimen especial no tenían ni patio propio. Hoy esa área sigue siendo usada, pero sin mejoras estructurales”, declaró.
El problema de fondo es estructural: el penal de Yanamilla está sobrepoblado. La capacidad oficial ha sido ampliamente superada.
“Entrevistamos a 2,476 internos hace unos meses, ahora ya son más de 2,700. Hay celdas donde conviven entre 8 y 12 personas, y en algunas épocas hasta 16”, alertó el defensor. “Es un problema nacional que el INPE y el Ministerio de Justicia deben resolver”, agregó.
La Defensoría también participó en recientes requisas conjuntas con el Ministerio Público y la Policía Nacional. Si bien no se hallaron elementos peligrosos ni irregulares, se confirmó el hacinamiento y el uso inadecuado de espacios destinados originalmente a regímenes especiales.
Respecto a los involucrados en el motín, el funcionario mencionó que:
“el INPE tiene procedimientos disciplinarios internos para estos casos. Será una decisión administrativa si se sancionan o no”.
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Clauco Velásquez, presidente del colectivo CHERL, anunció que la Marcha del Orgullo en Iquitos cumple 20 años y se realizará el viernes 28 de junio desde las 4 p.m. en la plaza 28 de Julio. Señaló que la movilización es una acción simbólica, abierta al público y que busca visibilizar las demandas de la comunidad […]
Clauco Velásquez, presidente del colectivo CHERL, anunció que la Marcha del Orgullo en Iquitos cumple 20 años y se realizará el viernes 28 de junio desde las 4 p.m. en la plaza 28 de Julio. Señaló que la movilización es una acción simbólica, abierta al público y que busca visibilizar las demandas de la comunidad LGBT, sus familias y aliados.
“No se necesita invitación, solo ganas de participar”, afirmó. Velásquez pidió a las autoridades locales y regionales implementar políticas públicas inclusivas ya aprobadas, y reforzar el trabajo conjunto para combatir el bullying en colegios, institutos y universidades.
“Desde la desinformación y el acoso nace la violencia. Es momento de actuar”, sostuvo, invitando también a instituciones públicas y privadas a sumarse a la jornada. La marcha recorrerá las calles de Iquitos: Grau, Gálvez, Próspero, Plaza de Armas, Napo, Condamine, Loreto, Sámanez Ocampo, Tacna y Mariscal Cáceres.
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que la minería ilegal en el país generó movimientos económicos por más de US$ 2248 millones en los últimos tres años. Así lo informó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, durante su presentación ante el Congreso de la República. Según detalló, los reportes de la UIF […]
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que la minería ilegal en el país generó movimientos económicos por más de US$ 2248 millones en los últimos tres años. Así lo informó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, durante su presentación ante el Congreso de la República.
Según detalló, los reportes de la UIF identifican operaciones financieras sospechosas por un total de US$ 2804 millones entre 2022 y 2025. De ese monto, el 80 % estaría directamente relacionado con actividades de minería ilegal.
Esta cifra confirma la persistencia y magnitud de una actividad ilícita que ya había sido advertida en informes previos. Entre 2012 y 2022, la misma entidad registró 3905 reportes de operaciones sospechosas por un total de US$ 18,478 millones.
Especialistas cuestionan que monto sería mayor
El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, consideró que el monto reportado podría quedarse corto, debido a la naturaleza informal y no bancarizada de la minería ilegal.
“Con relación a la cifra, no hay manera de poder validar montos al ser una actividad de naturaleza ilícita y no-bancarizada, pero todo parece indicar que la cifra real sería mucho mayor a los $2248 millones indicados. Recordemos que la minería ilegal no solo procesa minerales de oro, sino también de cobre”, afirmó.
Entre 2012 y 2022, la misma entidad registró 3905 reportes de operaciones sospechosas por un total de US$ 18,478 millones. (Foto: Diego Pérez / SPDA)
El especialista señaló que esta actividad continúa expandiéndose en diversas regiones del país y que el impacto económico podría ser subestimado si no se considera el procesamiento de otros minerales, como el cobre.
Piden marco legal más estricto
Ortiz también planteó la necesidad de reformas legales para restringir el acceso a la actividad minera solo a quienes cuenten con derechos formales y cumplan con los requisitos ambientales y laborales.
“Es decir, de concesiones mineras o contratos de explotación, que cuenten con planes de manejo ambiental y respeten las normas laborales. De esa forma no se mantendrá el esquema actual de venta indiscriminada de explosivos, insumos químicos fiscalizados, invasión de concesiones mineras y libre comercialización de mineral ilegal”, señaló.
La falta de regulación efectiva en la cadena de producción y comercialización de minerales sigue siendo uno de los principales desafíos para el control de la minería ilegal en el país.
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El alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, Wilmer Sánchez y todos los regidores de su gestión son investigados por los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, por haberse aumentado sus remuneraciones presuntamente de forma indebida, reveló el portal periodístico Pandemonio. De acuerdo con este medio, “la investigación está a […]
El alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, Wilmer Sánchez y todos los regidores de su gestión son investigados por los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, por haberse aumentado sus remuneraciones presuntamente de forma indebida, reveló el portal periodístico Pandemonio.
De acuerdo con este medio, “la investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, liderada por la fiscal Magali Erika Zumarán Ramírez, quien ha dispuesto una serie de diligencias urgentes”.
“La primera cita será el próximo 7 de julio, donde el propio alcalde y el regidor Lino Lozano Trujillo deberán rendir declaración indagatoria ante el Ministerio Público. Luego se hará lo propio con los demás regidores denunciados”, añadió Pandemonio.
De acuerdo con el referido medio, “el caso ha sido declarado ‘complejo’, no solo por el número de implicados —que incluye a todos los regidores—, sino porque hay indicios que apuntan a concertaciones sistemáticas, movimientos administrativos irregulares y, quizás, algo más profundo: el uso de la municipalidad como botín político”.
Esta investigación surge luego de que el alcalde Wilmer Sánchez y sus regidores aprobaran el incremento de sus sueldos a S/ 11,400 y S/ 3,420 respectivamente, “por lo que de manera irregular habrían cobrado el monto en diciembre”.
“Los regidores de la Municipalidad Distrital de La Esperanza habrían contravenido sus acuerdos del 18 de enero, donde ratifican el monto de sus dietas en 1,755 soles. Luego, el 22 de marzo del 2023, el concejal Leonel Cruz solicitó que se ratifique el sueldo del alcalde y se nivele el monto de la dieta de los regidores”, agregó.
El mismo medio subraya que según la Ley Orgánica de Municipalidades, “las dietas deben ser fijadas en el primer trimestre del año de gestión, tal como lo hicieron el 18 de enero del 2023”. “Sin embargo, el nuevo incremento se modificó en el mismo año; es decir, en noviembre, fecha que está fuera del plazo de acuerdo a norma”, añadió.
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Las cámaras de videovigilancia fueron claves para identificar a una banda delictiva que perpetró un robo a plena luz del día en una vivienda ubicada en la avenida Manco Cápac, cruce con el jirón 22 de Agosto, en la urbanización Teptro Escuri, salida a Cusco. El hecho ocurrió la tarde del domingo, entre las 2:00 […]
Las cámaras de videovigilancia fueron claves para identificar a una banda delictiva que perpetró un robo a plena luz del día en una vivienda ubicada en la avenida Manco Cápac, cruce con el jirón 22 de Agosto, en la urbanización Teptro Escuri, salida a Cusco.
El hecho ocurrió la tarde del domingo, entre las 2:00 y 2:30 p.m., momento en que los propietarios no se encontraban en el domicilio. Según las imágenes registradas, al menos cuatro sujetos llegaron en una camioneta Ford Ecosport de color plata metálico.
Dos de los delincuentes descendieron del vehículo y, presuntamente usando una “pata de cabra”, forzaron la cerradura principal del inmueble. Mientras tanto, los otros dos actuaban como “campana”, vigilando los alrededores para evitar ser sorprendidos.
Los registros de las cámaras muestran claramente a los ladrones cubriéndose el rostro con gorras y capuchas, mientras extraían objetos de valor del interior de la vivienda. Todo fue cargado rápidamente en la camioneta, cuyo conductor, vestido con un chaleco fosforescente naranja, permaneció al volante, listo para la huida.
El accionar delictivo fue interrumpido cuando la alarma del sistema de seguridad se activó, alertando a los vecinos. La presencia de personas en el exterior obligó a los delincuentes a abandonar la zona apresuradamente, frustrando en parte el atraco.
La vivienda pertenece a una familia de comerciantes. Aunque aún no se ha determinado el monto exacto de lo sustraído, se sabe que los delincuentes registraron al menos tres habitaciones en busca de dinero, joyas y otros objetos de valor.
Una de las cámaras de seguridad captó con nitidez la placa del vehículo implicado: F4X-162. De acuerdo con los registros de SUNARP, dicha camioneta está inscrita a nombre de **Carlos Paucar Palomino**. La Policía investiga si el titular del vehículo tiene alguna vinculación con el hecho o si se trata de una placa clonada para despistar a las autoridades.
Agentes del área de investigaciones ya analizan las grabaciones y han iniciado el rastreo de la camioneta para dar con el paradero de los integrantes de esta banda de “robacasas”, que operaría en distintas zonas de Juliaca.
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Desde marzo de este año, en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú de Pilcomayo (EESTP PNP), en Huancayo, los estudiantes no solo aprenden los 14 cursos de formación, como estadística, defensa personal o derecho penal. También perfeccionan otro oficio: la albañilería. Este curso adicional no figura en la […]
Desde marzo de este año, en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú de Pilcomayo (EESTP PNP), en Huancayo, los estudiantes no solo aprenden los 14 cursos de formación, como estadística, defensa personal o derecho penal. También perfeccionan otro oficio: la albañilería.
Este curso adicional no figura en la malla curricular oficial para las escuelas de pregrado policial, pero sí forma parte de la rutina diaria de decenas de estudiantes. De lunes a sábado, hasta las 2 de la tarde, asisten puntualmente a clases. Sin embargo, cometer infracciones como quedarse dormido o comer en el aula puede significar la pérdida del permiso para salir los fines de semana. Frente a esa sanción, algunos optan por una alternativa no oficial: poner su cuota, ya sea en materiales o en mano de obra, para participar en la construcción o arreglo de ambientes dentro del campus y así “reintegrarse”.
Según constató Huanca York Times, varios alumnos, con tal de no quedarse castigados, son obligados a aportar bolsas de cemento, mallas metálicas, pintura, cables e incluso luminarias. Esta “colaboración” no solo evita que sean sancionados: les permite salir de paseo los días viernes, mientras que quienes no tienen posibilidades económicas deben quedarse dentro del plantel y recién pueden salir el sábado por la tarde.
Alumnos de Honorables colocan malla y luminarias en el grass. Trabajaron los días 22, 23 y 24 de mayo. Todo por el orden… y la salida.
Uno de los espacios favorecidos fue el estacionamiento del director de la escuela, el comandante PNP Dany Soriano Cruzado. El pasado viernes 6 de junio, los estudiantes de la promoción “Honorables” culminaron el vaciado del piso, colocaron estructura de fierro y techado de calamina para proteger el vehículo del director.
La obra incluyó el uso de trompo mezclador, cemento, arena fina y mano de obra estudiantil. Todo con un mismo objetivo: evitar una sanción y obtener permiso para salir. “El que no apoya o no tiene plata, se queda”, relataron los estudiantes, quienes mencionaron que existe incluso una “relación de consignados”.
“El que quiere salir, apoya. Algunos compran pintura, otros cemento. Incluso el grass sintético de la escuela ya tiene malla porque los chicos hicieron una colecta”, contó un alumno que pidió mantener su identidad en reserva. Según su testimonio, al menos ocho compañeros aportaron en conjunto más de 3 mil soles para financiar el cerco.
La dinámica ha ido más allá de reparaciones esporádicas. Desde inicios de año, los trabajos de mantenimiento, refacción y mejora dentro del campus «es pan de todos los días».
La autorización para este tipo de “redención” debe pasar por la máxima autoridad del plantel: el propio director. La misma fuente aseguró que “varios alumnos son coaccionados para apoyar con materiales”, al punto que se está normalizando.
Antes y después. Los alumnos hacen el vaciado del estacionamiento techado; el vehículo del comandante estrenando el espacio.
El exministro del Interior Carlos Basombrío fue tajante al respecto: “Es totalmente ilegal e injusto. Los alumnos pagan una cantidad importante para poder acceder a esa formación. Debe haber una sanción administrativa inmediata y una denuncia ante el Ministerio Público para ver las implicancias penales”, declaró a este medio.
La versión oficial
Consultado por Huanca York Times, el comandante Dany Soriano negó categóricamente las denuncias.
“Aquí los alumnos vienen a estudiar. No se pide un sol. Esa denuncia me llama bastante la atención. No estamos para chismes de balcón. Aquí no hay una gota de corrupción”, aseguró.
Indicó que los trabajos de pintura dentro del local se realizan con materiales donados: “Desde Lima nos han enviado 150 baldes de pintura. No hemos pedido nada ni a los alumnos, ni a los padres, ni a los instructores. A mí no me gusta estirar la mano”, agregó.
Sobre la obra en su estacionamiento, el comandante no se pronunció directamente, pero reiteró que “los alumnos no realizan trabajos que no sean parte de su formación”.
¿Manos a la obra? Solo al escritorio. El director niega que los alumnos hagan trabajos de construcción.
Y aunque oficialmente no existe un curso de construcción en la malla curricular, en la práctica, el ladrillo, la malla metálica y el balde de pintura se han convertido en herramientas fundamentales de formación. En la EESTP PNP Huancayo, el orden y la disciplina también se construyen… a punta de mezcla y carretilla. En esta sede se forman alrededor de 700 estudiantes, nada menos.
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Josué Gutiérrez presentó este lunes dos proyectos de ley al Congreso para que las autoridades de control del PJ y del MP sean adscritas a la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
Josué Gutiérrez Condor, Defensor del Pueblo elegido por el actual Congreso.
El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en medio de un pronunciamiento ambiguo, sentó la postura de su institución frente a la crisis en el Ministerio Público, conminando a la Junta de Fiscales Supremos a que se reúnan y cumplan con la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
«Abogamos en nuestra condición de mediación para que esta crisis pueda ser resuelta. Somos conscientes que quien tiene que resolver este impasse es un órgano constitucionalmente autónomo y este es el Ministerio Público», dijo.
Enfatizó diciendo que es a dicho ministerio al que le corresponde la evaluación de un fiscal de la Nación y el máximo órgano es la Junta de Fiscales Supremos. Lo que dispuso la JNJ debe implementarlo la Junta.
«Amparado en lo que establece el artículo 158 de la Constitución y en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, corresponde la evaluación de un fiscal de la Nación al máximo órgano del Ministerio Público. Ese máximo órgano se llama Junta de Fiscales Supremos, en quienes reboza y descansa hoy esta noble labor de poner paños fríos y resolver este tema», manifestó.
Evitó pronunciarse sobre ingreso forzado de Patricia Benavides al MP
Pese a la insistencia de los periodistas, evadió responder si el ingreso a la Fiscalía por parte de Patricia Benavides a la fuerza y con personal que no era oficial, fue el más adecuado y solo dijo que hay normas para hacerlo.
Aclaró que ningún funcionario de la Defensoría del Pueblo acompañó a la exfiscal Benavides en su intento de retornar a la conducción del Ministerio Público.
Gutiérrez Cóndor, elevando la voz, también criticó a la anterior Junta Nacional de Justicia, diciendo que no debían destituir a Benavides. Y en otro momento dijo que sufre acoso del Ministerio Público que le piden que responda por ciertos temas.
«La Junta de Fiscales Supremos pueda anteponer los intereses del país por encima de los intereses del grupo. Es bochornoso ver cómo dos personas se disputan un cargo cuando el cargo es lo más sublime de toda institución. Les toca tomar la decisión más sabia. Espero que sí, no tengo nada contra ellos, aún cuando he sentido acoso y persecución por parte de ellos», refirió.
De otro lado, se informó que la Junta de Fiscales Supremos se reunirá este 17 de junio para evaluar la situación y, posteriormente, en conferencia de prensa se informará lo decidido. También publicarán un documento oficial con la decisión final sobre la situación de la exfiscal de la Nación.
Como se recuerda, Josué Gutiérrez llegó a la Defensoría del Pueblo a propuesta de Perú Libre y con el respaldo de Fuerza Popular, lo eligieron en el actual Congreso, en mayo del 2023.
Defensor del Pueblo quiere que el Ministerio Público y el Poder Judicial estén adscritos a la JNJ
Lo que no dijo Josué Gutiérrez, es que este lunes presentó dos proyectos de ley ante el Congreso para que las autoridades de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, de sus respectivas instituciones, se asignen a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Como es usual, las iniciativas se presentaron bajo el argumento de querer “fortalecer” las dos autoridades nacionales de control. “Fortalecer y consolidar el sistema disciplinario” de la función fiscal y jurisdiccional, y mejorar así el sistema de administración de justicia, dice.
Para ello, plantea modificar los artículos de sus correspondientes leyes que crean estos despachos para que se precise en el artículo 1 que son “organismos adscritos a la Junta Nacional de Justicia”.
La temeraria decisión de la JNJ de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación desató un auténtico terremoto este lunes. Lo peor es que esto solo es el inicio del asedio, mientras que el pacto tiene tomadas casi todas las instancias decisivas en esta disputa. ¿Al final podrán librarse de Delia Espinoza?
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El secretario del sindicato explicó que ya han pedido a la autoridad regional su remoción, acusándola de antecedentes contrarios a los intereses gremiales
El Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa (STCCA) rechaza la designación de Catherine Rodríguez Torreblanca como gerenta regional de Trabajo, decisión tomada por el gobernador Rohel Sánchez. Así lo dio a conocer el secretario general del gremio, Alfredo Puño.
“No estamos de acuerdo que regrese. Ella ya salió y ha sido cuestionada… En su momento estuvo en contra de los trabajadores, no solo del gremio de construcción civil, sino de otras varias empresas”, declaró Puño, señalando una serie de antecedentes de Rodríguez en su labor como autoridad.
Entre las principales críticas, el dirigente recordó que, durante su gestión anterior, Rodríguez reconoció sindicatos sin representatividad legítima, incluyendo grupos ajenos al rubro de la construcción. “Ha reconocido a unos pseudosindicatos. Incluso reconoció a un sindicato de mujeres que ni siquiera son parte de construcción civil”, añadió.
Ante este panorama, el STCCA evalúa iniciar medidas de protesta a nivel regional en caso el gobernador no reconsidere la designación. Puño informó que su sindicato solicitará una reunión con la autoridad regional para exigir explicaciones y reiterar su oposición.
Piden aclaraciones sobre denuncias en provincias de Arequipa
En otro frente, Puño también se refirió a unas declaraciones recientes del gobernador Sánchez, quien habría señalado que trabajadores sindicalizados estarían involucrados en actos de extorsión.
Frente a esto, el dirigente anunció un recorrido por distintas provincias de la región, junto al presidente del Consejo Regional de Arequipa, Osias Ortiz, con el fin de aclarar estos señalamientos. “Queremos aclarar este tema en el sitio, dónde ha ocurrido o pasado eso”, sostuvo Puño.
Los representantes de la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa y Alto Tamaya, que agrupa a 28 territorios y trece pueblos originarios de Ucayali y Brasil, llegaron a Lima para exigir acciones concretas frente a la amenaza de inseguridad. Los proyectos de infraestructura ilegal, la deforestación masiva, el crimen organizado y la falta de protección para las comunidades son los problemas más resaltantes.
Los líderes indígenas denunciaron la construcción de la carretera UC-105 impulsada por economías ilícitas y sin estudios de impacto ambiental ni consulta previa. El informe de la Universidad de Richmond revela que la vía ha causado una deforestación de 4 mil hectáreas entre 2016 y 2023.
El presidente de la Organización Regional AIDESEP de Ucayali, Jamer López, señaló que el Estado avala la construcción de las carreteras sin la supervisión de OSINFOR. Ni SERFOR aprobó las normativas que benefician a los concesionarios. Los pueblos exigen la revisión de las concesiones forestales sin consentimiento para proteger su territorio y cultura.
Llamado de emergencia para proteger la cultura (Ucayali)
La Comisión Transfronteriza realizó una reunión en Brasilia, donde se reunieron con los ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia de Brasil para denunciar las actividades criminales en la frontera. La comisión está conformada por los pueblos Asháninka, Ashéninka, Shipibo, Yanesha, Kakatalbo y otros.
Desde Brasil, Wewito Piyáko, presidente de Apiwiza un pueblo de Asháninka, alertó que se están protegiendo las haciendas de los ríos en Perú por el valor del agua para la supervivencia.
Los pueblos de Ucayali y Brasil exigen una mayor protección de la cultura y denuncian el abandono estatal en la Amazonía, la lucha por el agua y territorio es un riesgo entre la cultura y la criminalidad.
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Entre los platos, habrá perol de mariscos, chicharrón de camarones, ceviche, causa acevichada, sánguches de pejerrey, langostinos, chicharrón mixto con pota.
Este sábado 21 de junio, el mercado pesquero El Palomar será escenario de una jornada gastronómica que busca poner en valor los productos del mar. El esperado Festival de Pescados y Mariscos reunirá a comerciantes, cocineros y vecinos de Arequipa. El propósito es promover el consumo responsable y nutritivo de recursos hidrobiológicos, a través de una feria culinaria con precios populares.
“Vamos a promocionar nuestro producto hidrobiológico, y ustedes saben, público arequipeño, que acá en el pesquero El Palomar ingresa cantidad de productos. Tenemos cantidad, calidad y variedad”
Ana Luz Apaza, vicepresidenta del mercado.
Arequipa degustará más de diez recetas marinas
Los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica que incluye chupe de camarones, arroz chaufa y arroz con mariscos. Además, perol de mariscos, chicharrón de camarones, ceviche, causa acevichada, sánguches de pejerrey y langostinos. También chicharrón mixto con pota, pulpo y lapas. Todos los platos estarán disponibles a precios accesibles para el público.
Además, se venderán pescados y mariscos frescos a precios especiales. La feria también será una oportunidad para conocer de cerca los beneficios nutricionales de estos productos. El mercado busca así fomentar una alimentación saludable entre los arequipeños, revalorizando las recetas locales elaboradas con ingredientes del mar.
Una de las actividades centrales será el concurso de limpiadores y fileteadores de pescado, donde los propios trabajadores del mercado demostrarán su destreza ante un jurado. Además, se brindarán demostraciones al público sobre cómo limpiar y preparar pescados y mariscos correctamente.
“Este es el concurso que vamos a realizar para que también nuestros clientes aprendan a picar, a pelar un pescado, a filetear un pescado. No siempre es vender, sino enseñar”, indicó Marina Gutiérrez, fiscal del mercado. También anunció que el 28 y 29 de junio se repartirán mil platos de ceviche de manera gratuita, como parte de las celebraciones por el aniversario del mercado.
El Festival de Pescados y Mariscos se presenta como una experiencia gastronómica y cultural que busca fortalecer la identidad local de Arequipa, acercando la riqueza del mar a la mesa popular. Desde el corazón del mercado El Palomar, la invitación está hecha para saborear, aprender y compartir.
No hubo autorización para el ingreso de ella y unas 10 personas que la acompañaban. Benavides pretendió ingresar al propio despacho de la Fiscal de la Nación
¿QUIÉN SE QUEDARÁ CON EL CARGO? | La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dirigió un mensaje a los fiscales y trabajadores del Ministerio Público, reiterando que no dejará su cargo. «Se han cometido delitos y habrá consecuencias», advirtió.
Incluso convocó a una vigilia en defensa de la institución. Mientras tanto, en los exteriores de la sede de la Fiscalía se congregaron dos grupos de manifestantes: uno en apoyo a Patricia Benavides y otro en rechazo a su retorno, que respalda a Delia Espinoza.
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La Policía Nacional, con apoyo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, retirará vehículos mal estacionados para descongestionar el tránsito en zonas rígidas del centro de la ciudad.
AREQUIPA, PERU - MAY 26, 2015: Traffic in a narrow street in the center of Arequipa.
El caos vehicular en el Centro Histórico de Arequipa ha motivado una acción conjunta entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad Provincial. Con el uso de grúas municipales, los agentes retirarán los vehículos que se estacionen en zonas rígidas. La medida se implementa sin necesidad de un convenio formal y busca mejorar el orden y la fluidez del tránsito urbano.
“Todo el Centro Histórico está considerado en su gran mayoría como una zona rígida para el estacionamiento de vehículos. Sin embargo, algunos malos usuarios de la vía dejan sus vehículos estacionados sin importarles nada (…) y eso provoca el gran congestionamiento vehicular”, explicó el coronel Giuliano Arguedas, jefe de la División de Orden y Seguridad.
Arequipa: recuperación del Centro Histórico y aplicación equitativa de la norma
Durante los operativos, se impondrán papeletas a los infractores y, si no se encuentra al conductor, el vehículo será internado en el depósito municipal. Las acciones se aplicarán sin distinciones, incluso a unidades policiales mal estacionadas, enfatizó Arguedas: “Si esto recae en que se tenga que remover los vehículos de los propios policías e internarlos al depósito, tendrán que ser internados”.
La Policía también evalúa sumar personal en situación de franco para reforzar la vigilancia durante las horas punta. El objetivo es garantizar que los turistas y residentes circulen en una ciudad más ordenada, con tránsito fluido y libre de bloqueos provocados por infractores.
Críticas y llamados a la coherencia desde el sector Transporte
Desde la Cámara de Empresas de Taxis de Arequipa (CETARA), su presidente Adolfo Paco saludó la iniciativa, pero advirtió que toda acción debe ajustarse a la norma y no convertirse en una medida arbitraria.“Primero se debe orientar al conductor; si luego no acata, recién se justifica la intervención con grúa”, indicó.
Además, el dirigente cuestionó la falta de coherencia en el cumplimiento de normas por parte de algunas autoridades.“No puede haber autoridad si ellos son los primeros en desobedecer”, dijo, en referencia a vehículos oficiales mal estacionados. También recordó a los conductores que una sola infracción puede costar hasta 400 soles, además del servicio de grúa y pérdida de puntos en la licencia.
El inicio de estos operativos es un paso firme hacia la recuperación del orden en el Centro Histórico de Arequipa. Con el cumplimiento equitativo de las normas, las autoridades buscan garantizar un espacio público más seguro, accesible y ordenado para todos los ciudadanos y visitantes.
Gran conmoción se vivió en la sede del Ministerio Público por el abrupto ingreso de la exfiscal al noveno piso. Trabajadores del Ministerio Público se solidarizaron con la actual fiscal, Delia Espinoza
Cámaras de seguridad registraron el momento en que Patricia Benavides ingresó a la oficina de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sin contar con autorización previa.
Mientras tanto, trabajadores del Ministerio Público se congregaron en el noveno piso para expresar su rechazo al retorno de Benavides y manifestar su respaldo a Espinoza. Por su parte, el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, afirmó que Benavides solo puede reincorporarse como fiscal suprema, pero no como fiscal de la Nación.
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