El incidente en el aeropuerto Jorge Chávez sigue afectando a cientos de pasajeros nacionales e internacionales. Sin embargo, el desdén de las autoridades, como el ministro de Transportes, al decir que fue un evento fortuito y que no habrá reembolso, sumado al silencio de la presidenta, ha hecho que turistas extranjeros pidan que los peruanos cambien urgentemente de autoridades o asegurarán que África está mejor que Perú.

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La última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IPE) reveló que la aprobación a la presidenta de la República, Dina Boluarte, bajó a un 5% histórico y que, la del Congreso de la República se mantiene en un 6%.

Esta baja aceptación viene de varios meses atrás, producto de las muertes en las protestas, la incapacidad para resolver los problemas del país como la inseguridad, el incremento de la anemia y la pobreza; además, la baja nota de las calificadoras internacionales, y los escándalos por los relojes Rolex, por parte de la presidenta.

En el caso del Parlamento podría explicarse en el hecho de que básicamente legisla según sus propios intereses políticos y económicos o los de terceros, cambiando la Constitución; viola la autonomía de otros poderes del Estado y organismos y concentra más poder. Además, tiene a más de la mitad de sus integrantes con procesos fiscales y se regala bonos y aumentos de sueldo en plena recesión.

Todos estos hechos hacen que la representatividad del Ejecutivo y Legislativo devenga en una “ilegitimidad del Poder Político en el Perú y pone al Gobierno y Congreso en cuestión”, según algunos analistas. Para hablar de esta coyuntura, la Red de Medios Regionales invitó a cuatro analistas de distintas regiones. Diana Capara de Puno, Enrique Rodríguez de Loreto, Amire Ortiz de Junín y Juana Huaco de Piura. 

Diana Pasaca: “es una desaprobación ganada a pulso”

Para la abogada Diana Pasaca, esta desaprobación histórica está bien ganada: «Se la han ganado a puro pulso”. Hay unas contrarreformas desde el Estado que nos están haciendo retroceder como país en lo poquito que se había avanzado”, dijo.

Consideró como de una ‘tremenda situación’ el último hecho propiciado por el Congreso, de agregar el artículo 35 de contrabando, en la aprobación de la reforma constitucional para la reelección de gobernadores y alcaldes. Sin debate, sin argumento, eliminan los movimientos regionales, con los cuales podemos tener observaciones de cómo se organizan o están practicando la política, pero no eliminarlos, opinó.

“No podemos permitir que este pequeño espacio que los ciudadanos teníamos, por lo menos una forma de participar en política, así sin más, nos lo hayan quitado. Es una tremenda situación la que estamos viviendo”, manifestó.

Diana Pasaca Apaza, analista de Puno.

Pasaca Apaza dijo además que hay una enorme desconfianza de la población frente a algunos liderazgos, que la gente fácilmente no cree: «Por eso es que hablamos en esta coyuntura de autoconvocados o autoorganización».

«La indignación es fuerte y se nota de forma abundante»

Consideró que no se ha logrado calar de forma contundente en el tema de liderazgo y que hay otro aspecto importante respecto a la economía. La población está duramente golpeada económicamente. «No trabajamos para vivir bien sino para sobrevivir”.

Y aunque las cifras sobre pobreza monetaria que se revelaron hace poco hablan de un 30% de la población supuestamente pobre, la abogada cree que es mucho más.

“Yo creo que el 60% probablemente de los peruanos estén en esa situación de pobreza, solo que los indicadores no son muy reales”, dijo.

Diana Pasaca Apaza, analista de Puno.

Lamentó que por la excesiva represión, entre otros factores -que en este momento tienen muy preocupada a la población- haya complicaciones para participar de las marchas.

Amire Ortiz: “hay una situación de hartazgo popular”

Para Amire Ortiz, “hay una situación de hartazgo popular, pero aunado a una situación de necesidad que abraza a cada uno de los hogares en nuestro país”. Dice que manifestarse es dejar de realizar actividades que son indispensables para obtener los recursos para las necesidades básicas. «Pero pese a eso, la gente se ha seguido movilizando”, enfatizó.

«Es por eso que el reclamo, el ejercicio del derecho a la protesta, la movilización o el poder realizar otro tipo de actividades ciudadanas, se convierten en situaciones de privilegio», dijo.

Amire Ortiz Arica, analista de Junín.

Ortiz Arica dijo que el contexto es totalmente antidemocrático, donde la criminalización la ha llevado a cabo el gobierno de manera perversa contra todas aquellas personas que en un acto netamente democrático han salido hacia los espacios públicos a protestar y a manifestar su total desacuerdo.

Explicó que no se trata únicamente del gobierno sino de toda una estructura política económica y social que ha estado acostumbrada por muchos años a detentar el poder. Y cuando vio que se dio esa pequeña ruptura en las elecciones democráticas y que otros espacios tomaron el poder político, han generado esta acción de revanchismo y están saqueando nuestro país a costa de los propios intereses públicos.

«Estamos en un proceso de profundo quiebre de nuestra construcción democrática»

«Tenemos un gobierno deslegitimado y un Congreso deslegitimado que presenta proyectos de ley, incluso inconstitucionales. Que se aferra a mantener la Constitución del 93 satanizando y terruqueando a la población que pedía una nueva Constitución. Y sin embargo, le cambia más de 50 artículos alterando incluso la propia seguridad jurídica del país», dijo.

También recordó que tenemos instituciones como el Ministerio Público que ha estado encabezada por una señora que también cuenta con investigaciones fiscales por dirigir una organización criminal. Y un Congreso en donde más de la mitad de los congresistas tienen investigaciones fiscales por delitos de corrupción, contra el patrimonio, contra la administración pública.

“Entonces, estamos en un proceso de profundo quiebre de nuestra construcción democrática y hay que preguntarnos si en algún momento tuvimos esa construcción democrática también”, dijo.

Amire Ortiz Arica, analista de Junín.

Enrique Rodríguez: “La gran tragedia del Perú es que no tenemos una dirección política”

El analista Enrique Rodríguez cree que en el Perú, hay varios países. Está el país que se pelea con los 130 delincuentes del Congreso y las bandas criminales que manejan el Estado peruano. Pero hay un país que todos los días se mueve económicamente. Desde el desempleado que está buscando cómo conseguir diez soles para que coma su familia, hasta los que tienen emprendimientos o los empresarios.

Rodríguez Morales dijo que, hay otro país que son las regiones. “O sea, Loreto, por ejemplo, tiene el tamaño de Alemania y tiene los indicadores que pueden decir que nos estamos muriendo de hambre. Somos los últimos en competitividad, los últimos en educación”.

“Y es cierto todo eso, pero también lo que no se dice. Que mientras el Estado con su modelo de saqueo económico nos da 400 millones, entre el narcotráfico y el oro ilegal Loreto exporta 8,000 millones. Si bien es cierto, no pasan por la Sunat, sí pasan por Aduanas, la Policía, el Ejército, la Marina y por todo el Estado que es ineficiente, pero es muy corrupto”, remarcó.

Enrique Rodríguez Morales, analista de Loreto.

«No hay una vanguardia política capaz de presentar un proyecto de construcción nacional»

El economista aseveró que la gran tragedia del Perú es que, habiendo condiciones para refundar el país, para un cambio profundo, no tenemos una dirección política. El pueblo tiene necesidades concretas, tiene intereses inmediatos y tiene aspiraciones históricas. «Entonces, no hay una vanguardia política capaz de presentarle [al pueblo] un proyecto de construcción nacional», comentó.  

A lo que se está apuntando es a tener proyectos fraccionados y que, mientras Loreto tiene muy claro que “somos el canal de Panamá” y que quiere llegar al puerto de Chancay para exportar todo, el principal enemigo del desarrollo de los pueblos de Loreto, es la ministra de Cultura.

«Quieren imponer las zonas protegidas que son enclaves territoriales que van a estar en manos de los países desarrollados que ensucian el medio ambiente y no pagarán porque van a tener protectorados», dijo Rodríguez .

Enrique Rodríguez Morales, analista de Loreto.

«Tienes un estado ineficiente, incapaz, y una clase política absolutamente corrupta»

Advirtió también sobre la falta de dirección política, la falta de un proyecto de cambio profundo. «Entonces hoy ya estamos hablando de la anemia que no se resuelve con más fondos del Ministerio de Salud. “Loreto va a llegar al 70 % de anemia infantil y cada vez tiene más dinero.  Entonces, tienes un estado ineficiente, incapaz, y una clase política absolutamente corrupta».

Enfatizó en que se puede hablar de foros, de diagnósticos de esta ciudadanía, pero el Perú concreto se muere de hambre todos los días. Y cree que sí hay condiciones de cambio, pero lo que no hay es dirección política.

“Todos quieren ser alcaldes para robar, todos quieren ser congresistas. Por ejemplo, del Congreso ¿a a quién se rescata? Son 130 delincuentes con sus constructores al costado de izquierda, de derecha, de ultraderecha”, comentó.

Enrique Rodríguez Morales, analista de Loreto.

Juana Huaco: «No hay gobernabilidad»

Para la abogada Juana Huaco, lo que se está viviendo es una situación prácticamente calamitosa. “De verdad que da pena. En cada elección se tiene una esperanza de que vamos a seguir adelante pero es al revés», dijo.

Aseguró que no hay gobernabilidad, que las autoridades van mirando más intereses individuales que colectivos. «La falta de partidos políticos también es un tema que debería llevarnos a una reflexión porque ya no existen, lo que tenemos son movimientos partidarios que se van formando de acuerdo justamente a esos intereses», aseguró.

«Hay 18, 20, 25 candidatos para una determinada elección y cada vez es mayor. ¿Qué se está buscando? Y las regiones [siguen] con un empobrecimiento, con unas obras y con una ejecución presupuestaria bajísima», lamentó.

Juana Huaco García, analista de Piura.

«Nosotros, la ciudadanía somos los que elegimos esas autoridades»

Es definitivamente un tema político, pero quien elige esas autoridades es la ciudadanía, comentó.

«[Debemos ver] si los candidatos tienen la responsabilidad, la entereza, la ética de presentar planes de gobierno y equipos de trabajo para que puedan llevar a cabo la gestión pública y tener obras de desarrollo”, argumentó.

Juana Huaco García, analista de Piura.

Señaló también que sí hay recursos en las regiones, pero lo que no hay es capacidad de gestión: «Tenemos los profesionales, pero nuestras autoridades no los escuchan». Puso como ejemplo que el colegio de ingenieros y también, desde la universidad se dijo que se arreglen y den mantenimiento a los puentes, pero cuando se dio la inundación, esos puentes están totalmente debilitados.

«Tenemos un país rico en muchos recursos con el que definitivamente nos vamos defendiendo sobre todo a nivel macro. Pero qué pasa con el nivel de pobreza que cada vez va aumentando y aumentando. De estar en 50 a 60% bajó hasta 15 o 17%, pero “ahora ya estamos entre a 22 y 25% y en nuestra región Piura, estaríamos llegando ya al 33%”, apuntó.

¿Dónde están nuestros congresistas que no están mirando sus regiones?

Cuestionó la labor de los parlamentarios frente a esta situación y las decisiones que se toman a nivel nacional a través de los ministerios y del Congreso: «¿Dónde están nuestros congresistas que no están mirando sus regiones? Incluso los que salieron elegidos en un movimiento independiente, ahora están en otro, mientras las regiones están totalmente desamparadas».

Explicó que el retroceso es mayor en Piura. El tema del fenómeno del Niño que es siempre una amenaza. Y aunque no hubo Niño este año, nuevamente para el verano del 25 sí puede haber y no se han construido defensas. Tampoco se ha descolmatado el río, y está el tema de las cuencas ciegas. «Es decir, vamos a estar en una situación mucho peor que el año 2017 cuando tuvimos la inundación”, advirtió.

«Tenemos que, como región, a través de la ciudadanía representativa, las asociaciones vecinales, es decir la comunidad, pedir a las autoridades obras y acción. No nos queda otra porque pensar en nuestras autoridades no vamos a llegar. Más aún, cuando ya se está pensando en las próximas elecciones y la ciudad está en un desgobierno, no avanza”, relató.

Juana Huaco García, analista de Piura.

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Por Rosario Cardeña

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Ricardo Apolaya Tafur, exlocador de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) en la gestión del suspendido alcalde Arturo Fernández Bazán, solicita la revocatoria del actual burgomaestre Mario Reyna Rodríguez.

«Estamos pidiendo la revocatoria de Mario Reyna, el alcalde de Trujillo que tu no elegiste. Incluido sus regidores», señaló Apolaya Tafur.

Motivos de la revocatoria

A continuación, se presentan los motivos principales que llevaron a Tafur a adquirir el kit electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la revocatoria de autoridades municipales y regionales.

«Por incapacidad, omisión de funciones y presuntos actos de corrupción en Trujillo», precisó Apolaya.

Alcaldes en La Libertad

Tras la apertura del kit electoral, los ciudadanos han presentado varias solicitudes. Entre ellas, destaca la de Diego Hernán Rodríguez Fernández, de 22 años, considerado el alcalde más joven del país, del distrito de La Cuesta, en la provincia de Otuzco.

También se suma a la lista el burgomaestre Felipe Cerna García, de Santiago de Cao, en la provincia de Ascope.

Asimismo, se han presentado solicitudes para la revocatoria del burgomaestre del distrito de Mollebamba, en la provincia de Santiago de Chuco, y del burgomaestre de Huaso, en la provincia de Julcán.

 

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El titular de la Dirección Desconcentrada Indeci – Ayacucho, Juan Carlos Arenas, lanzó un llamado a la población para evitar la quema de pastizales durante la época de sequía en la región de Ayacucho. Arenas destacó que, aunque es difícil cambiar las costumbres ancestrales, es fundamental que las personas eviten esta práctica para evitar el aumento de incendios forestales en la región.

“Se tiene el conocimiento de que es bien difícil quitarles las costumbres ancestrales de la quema de pastizales a la población, por ello, llamo a las personas a evitar esta acción lo más que se pueda” manifestó Arenas.

En el año 2023, se reportaron muchas casas destruidas, hectáreas de cultivo destruidas y ocho vidas humanas perdidas a causa de estos incendios. Arenas pidió a los jóvenes que se informen sobre la quema de pastizales responsable, también conocida como «quema controlada», para evitar que las cifras de perjuicio aumenten en el año en curso.

 

Arenas también recordó que la quema de pastizales durante la sequía puede empeorar la situación, ya que la temperatura en la región aumenta y las condiciones para los incendios forestales se vuelven más favorables. Por lo tanto, es crucial que la población tome medidas para evitar esta práctica y proteger su entorno.

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El coronel en retiro Wilder Rodríguez Arapa es designado como nuevo gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), en reemplazo del coronel Jorge Padilla. Este cambio se produce en un contexto donde el sindicato de Seguridad Ciudadana de la MPA pide mejoras en su equipamiento.

El exgerente Jorge Padilla habría presentado su carta de renuncia en varias ocasiones, pero esta no fue aceptada por el alcalde. Ayer en la noche, a través de la red social X la municipalidad provincial de Arequipa comunicó lo siguiente: “¡Cambio en el equipo ganador! Bienvenido coronel (r) Wilder Rodríguez Arapa, nuevo gerente de Seguridad Ciudadana de larga experiencia en nuestra Policía Nacional. Agradecemos al coronel (r) Jorge Padilla por los servicios prestados”

Recordemos que, desde el inicio de la gestión del actual alcalde Victor Hugo Rivera, han realizado siente cambios de funcionarios, entre gerentes y subgerentes. El pasado 5 de enero hicieron el último cambio y removieron del cargo al exgerente municipal, Jaime Fernández, por no cumplir con las metas establecidas en solo 22 días.

“Todo cambio es bueno, ojalá que el nuevo gerente trabaje para Arequipa, para ello debe mejorar el equipamiento a los trabajadores y la logística, no es tanto para los trabajadores, sino que es para mejorar la seguridad a la población de Arequipa”

Fredy Flores, secretario del Sispa

Hace una semana el secretario del Sindicato Provincial de Serenazgo de Arequipa (Sispa), Fredy Flores, realizó una huelga de hambre por dos días. Esto debido al incumplimiento el acuerdo firmado con el alcalde provincial y el gerente de seguridad ciudadana. Uno de los pedidos del sindicato era la reestructuración de la gerencia de seguridad ciudadana.

El secretario Fredy Flores, para El Búho, señaló que el cambio del gerente de seguridad ciudadana no afectará el acta que se firmó el pasado 1 de marzo, porque estos son en aplicación a la ley. Además, mencionó que el día de ayer presentaron ante el Sispa al nuevo gerente, y les indicó que se reuniría en los próximos días. 

Autoridades de Arequipa, Socabaya, Alto Selva Alegre y Cerro Colorado en la mira de solicitudes de revocatoria

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Dina Boluarte aseguró saber que no da declaraciones a la prensa desde hace más de un mes. Aun así, minimizó las críticas y aseguró que pronto daría un espacio para declarar. Al ser confrontada, dijo que los “números no cuentan, sino la intención”.

Estas declaraciones las dio al dirigir su primera actividad oficial de la semana luego de tomarse el fin de semana completo, incluyendo el lunes. Tal como se muestra en su agenda presidencial oficial, las últimas semanas la presidenta solo tuvo actividades oficiales 5 días. Esta es una de las críticas que también se le ha hecho a la mandataria, pero hasta el momento no hay una explicación para ello.

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No fue bien recibido por muchos congresistas el predictamen del fujimorismo para aumentar a 237 el número de diputados y senadores para el año 2026 dentro de la bicameralidad aprobada, cuando antes la propuesta era de 190. En tanto se inició el debate del proyecto para la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Ambas iniciativas, entre otras, se revisaron en la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Martha Moyano. El debate del predictamen sobre el incremento de congresistas en más de cien personas, se inició este martes, recién se presentó el 31 de mayo, por legisladores de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y Podemos Perú.

De aprobarse se incrementaría el número de diputados de 130 a 158 y de senadores de 60 a 79 personas.

Entre las críticas de los congresistas a este predictamen incluido a última hora, están que, no tuvo una sustentación previa, y se aprobó sin debate y sin la opinión técnica de organismos especializados.

Reymundo Mercado: Senado sería centralista o muy limeño

Según un artículo del predictamen, se elegiría a un diputado por cada, 160000 electores. Como se recuerda, en las elecciones del 2022, el número de electores fue de 24.7 millones de peruanos, es decir que se tendría para el 2026 un total de 158 diputados. Y también busca que haya el doble de 160000 electores por cada senador que serían 79.

Según el congresista Reymundo Mercado, respecto a la norma y número, este sería un Senado muy centralista o limeño, al igual que los diputados. Pidió que se incluya una circunscripción para los pueblos indígenas, andinos y amazónicos. Felicitó que la presidencia haya iniciado solo el debate de esta Reforma del Estado y lamentó que no se haya dado cuenta de un oficio del Jurado Nacional de Elecciones para reconsiderar este proyecto o conocer su parecer técnico.

Por su parte, Luis Aragón propuso que, si se tiene voto preferencial para senadores, se tenga también para diputados. Y por consiguiente, si uno no tiene esta opción, que no se aplique para ninguno. E incluso así se fortalecerían las elecciones internas de los partidos.

Defienden institucionalidad del Jurado Nacional de Elecciones

Y mientras Adriana Tudela consideró que el JNE no puede decir cuándo debatir o no una ley al Congreso -aunque coincidió en que el debate sí tiene que ser amplio-, el congresista Víctor Cutipa, dijo que no vio ninguna actitud prepotente del JNE. Lo que pide es un tiempo razonable para emitir una opinión técnica respecto a las propuestas legislativas.

De otro lado, Cutipa Ccama planteó que la elección para el Senado sea por distrito múltiple. Porque todos los senadores van a tener las mismas funciones y van a ser elegidos por igual. En el pasado, Lima tenía siempre más senadores, observó.

El congresista, Jorge Marticorena, dijo ser defensor de la institucionalidad y por ello consideró que se debe invitar al Jurado Nacional de Elecciones para escuchar su opinión técnica. «Y hacer las preguntas que se consideren necesarias, estemos de acuerdo o no».

El debate sobre este y otros temas quedó abierto para las próximas sesiones de la comisión de Constitución.

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El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero Campos, reprogramó para el lunes 10 de junio su visita a la provincia de Caylloma (Arequipa). El funcionario tenía previsto reunirse este 4 de junio con las autoridades y población local para discutir la posible transferencia del proyecto Majes Siguas.

El cambio de fecha se debe a la cancelación de su vuelo a Arequipa debido a problemas técnicos en el sistema de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima.

A esta reunión también participarán los consejeros regionales. «Con mayor planificación, yo creo que sí podremos estar participando», aseveró Fernando Cornejo, presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA). La consejera por Caylloma, Yesenia Choquehuanca, también confirmó que participará de la mesa de trabajo. Se desconoce si el gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez, asistirá. «Sería su voluntad de asistir, pero haremos la invitación», dijo Choquehuanca.

Transferencia del Proyecto Majes Siguas 

El encuentro del ministro con autoridades y población de Caylloma tiene como objetivo informar sobre los términos de la transferencia del proyecto Majes Siguas al Gobierno central. Los cayllominos exigen el cumplimiento de compromisos de resarcimiento asumidos por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Entre ellos, la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Majes II, la entrega del 30% de hectáreas para los afectados, y otros.

El acuerdo de transferencia del proyecto de irrigación se concretará solo si el Consejo Regional lo aprueba. Cornejo explicó que propondrán al Midagri la transferencia únicamente de Majes I, debido a que Majes II está en un proceso de arbitraje que podría durar aproximadamente cuatro años. 

“No puede haber Majes II sin Majes I porque la infraestructura hidráulica que se diseñó hace más de 40 años, fue diseñada para sostener ambos proyectos. Pero sí puede haber Majes I sin Majes II (…) El Gobierno central podría avanzar con Majes I, mientras se va dando el arbitraje de Majes II”

Fernando Cornejo Pacheco

Cornejo Pacheco subrayó la urgencia de intervenir en la infraestructura de Majes I, que se encuentra en un estado crítico. Atribuyó la responsabilidad de esta situación a los funcionarios de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema). «Qué respuesta nos puede dar el Gobierno Regional acerca de que en 16 meses no se tenga la convocatoria para la elaboración del perfil [de la Puesta a Punto]», cuestionó Cornejo. 

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Una de las consecuencias de la minería ilegal en el país es la deforestación de los bosques amazónicos. De acuerdo al informe #208 de Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), desde el 2021 al 2024, se registró la deforestación de más de 30 000 hectáreas de bosque en la zona sur de la Amazonía peruana.  Ante esta situación, surgen iniciativas que buscan recuperar las zonas afectadas. Una de las propuestas pertenece al Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), quienes desde hace ocho años reforestan áreas degradadas por esta actividad.  “Nosotros desde el 2016, constituimos Cincia para aportar con conocimiento y evidencia con base en investigaciones científicas que tenga que ver cómo recuperar biodiversidad perdida, afectada, por actividad ilícita como la minería ilegal”, señaló Cesar Ascorra, director de Cincia a Inforegión. 

Especies forestales para revalorar bosques  

El proyecto de reforestar las zonas degradadas por minería ilegal comenzó en el 2016. En 42 hectáreas afectadas, probaron 70 especies de plantaciones. Del total, 30 respondieron bien y son consideradas ideales para un modelo de restauración, según Ascorra. Entre estas especies se encuentran el shihuahuaco, el huayruro, la caoba, entre otros árboles de madera dura. Para que estas especies funcionaran correctamente se utilizó un modelo de formulación y aplicación de biocarbón para el suelo. A su vez, este proceso puede ser acompañado de fertilización orgánica y compost, que ayudará en el crecimiento de las plantas.  “Es una formulación que hemos ido probando diferentes tipos y hemos llegado a una que responde a las condiciones del terreno. El resultado es que, siete años después, lo que antes eran plantas pequeñas de menos de 20 centímetros ahora tienen 20 metros de alto”, dijo el director de Cincia. 

Bosques análogos 

De acuerdo a Ascorra, algunas de estas zonas se desarrollan bien y atraen fauna, como aves y murciélagos, que a su vez traen semillas que dejan caer, lo que permite que haya mayor regeneración.  El director de la entidad indicó que esta nueva zona recuperada es denominada como bosque análogo, ya que “no es un bosque como hubo originalmente, pero funciona como uno”. Explicó que esta área cumple la función de ayudar a recuperar servicios ecosistémicos, fijar el suelo, bajar la temperatura, retener el agua y atraer nuevos organismos.

Zonas intervenidas 

La iniciativa de Cincia comenzó en el 2016 con la intervención de 42 hectáreas repartidas entre las regiones de Madre de Dios y Cusco. Tres años después, el modelo de la entidad fue utilizado en alrededor de 600 hectáreas en la Reserva Nacional Tambopata. 

“Hace poco hemos empezado, en febrero de este año, a instalar junto con el Ejército peruano en zonas que ellos recuperaron de minería ilegal. Ellos buscan instalar este tipo de plantaciones”, dijo Ascorra a Inforegión. De esta forma, el objetivo de Cincia es recuperar los bosques destruidos junto a distintas entidades aliadas, como el Ejército, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Instituto Nacional de Innovación Agraria y universidades locales.  El centro espera involucrar cada vez más al Estado en la recuperación de bosques perdidos. “Es contribuir a objetivos nacionales de recuperar bosques, porque son claves para la vida, el ecosistema, el ser humano, los seres vivos. La estrategia más eficiente contra el cambio climático son los bosques”, dijo Ascorra. 

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión

 

Inician los procesos de revocatoria a autoridades en diferentes partes del Perú. Tal es el caso de Diego Hernán Rodríguez Fernández, de 22 años, considerado el alcalde más joven del país, del distrito de La Cuesta, provincia de Otuzco, región de La Libertad.

Rodríguez quien llegó al sillón municipal con el 52,358% de votos válidos, a través del Movimiento Regional Trabajo Más Trabajo, no es el único al que solicitan su revocatoria, también se encuentra el tercio de sus regidores. Cabe precisar que el lunes 3 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la venta del kit de revocatoria de autoridades municipales y regionales.

Diego Hernán Rodríguez Fernández, alcalde de La Cuesta

Proceso de revocatoria

El ciudadano que adquirió el Kit, identificado como Luis Rafael Aponte Rodríguez, junto a moradores del distrito de La Cuesta, argumentan que Rodríguez Fernández, no ha ejecutado una sola obra desde que ingresó a la alcaldía, a pesar de que el gobierno central destinó la suma de S/ 200 mil para trabajos en la comunidad.

Otros motivos son por la ausencia de los funcionarios de la presente gestión municipal. Además, por una presunta presencia de trabajadores fantasmas y la falta de rehabilitación de las trochas carrozables de los caseríos de Nambuque y Caniac.

Luis Rafael Aponte Rodríguez, dirigente de La Cuesta

Otro alcalde

Rodríguez Fernández no es el único alcalde de La Libertad incluido en la lista, también se encuentra el burgomaestre Felipe Cerna García, de Santiago de Cao, en la provincia de Ascope.

El dirigente vecinal, Julio Valverde Diestra adquirió los kits de revocatoria: «Desde hace muchos años, este sector se encuentra abandonado y no cuenta con espacios de recreación ni mantenimiento en sus áreas verdes como corresponde. Es la propia comunidad la que vela por algunas tareas de apoyo».

Proceso del Kit electoral

Para iniciar el proceso, se deben tener en cuenta los siguientes documentos y pasos:

1. Pago del Kit electoral: Antes de iniciar el trámite, se debe realizar el pago de S/ 85.70 utilizando el código de tributo 03830 en Pagalo.pe o en agencias del Banco de la Nación. Es importante conservar el comprobante de pago.
2. Iniciar el trámite: Se debe ingresar a la Mesa de Partes Virtual Externa de la ONPE, aceptar los términos y condiciones, y llenar el formulario con los datos personales y los documentos que se enviarán.
3. Documentos requeridos:
   • Formulario P5-A o P5-B: Fundamentar el pedido, correctamente llenado y firmado.
   • Comprobante de pago por el precio del Kit.
   • Carta poder simple (en caso de nombrar a un representante).
   • Documentos solicitados de acuerdo a la iniciativa de participación o de control ciudadano.
4. Plazo de respuesta: La entidad tiene un plazo máximo de 9 días para comunicar la respuesta después de presentar la solicitud. Si procede, se podrá adquirir el Kit.

Es importante tener en cuenta las disposiciones para la admisión de las solicitudes, aprobadas mediante Resolución Jefatural Nro. 111-2024-JN/ONPE, especialmente si se va a adquirir un kit electoral para solicitar la revocatoria de autoridades Regionales y/o Municipales 2023-2026.

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El Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) anunció que este año tampoco se concretizará la transferencia presupuestal a favor de 25 gobiernos locales, para el cofinanciamiento de proyectos de inversión pública, aprobado desde el 2023.

Pese al compromiso asumido por la autoridad regional, Wilfredo Oscorima, y la firma de dos convenios con los alcaldes (2023 y 2024), no se asignarán los recursos por falta de liquidez presupuestal.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional, Teófilo Cuba Condori, informó que en una reunión técnica el gerente general, Eduardo Huacoto Díaz, señaló que por segundo año consecutivo no podrán cumplir con esta transferencia.

Según la Ley de Presupuesto, hasta fines del mes de junio, vence el plazo para que los gobiernos locales realicen la transferencia presupuestal. Sin embargo, por la crisis financiera que atraviesa el Gobierno Regional no se realizará la asignación en este año.

“Hemos recibido la llamada y preocupación de los alcaldes beneficiados con este cofinanciamiento, pero lamentablemente son dos años consecutivos que el ejecutivo regional no podrá cumplir. Los plazos vencen este mes, pero los funcionarios están justificando que no hay presupuesto”, precisó.

Además, el gerente general refirió que para el 2025 se realizará la programación multianual en el PIA (Presupuesto Inicial de Apertura).

El consejero lamentó que el ejecutivo regional ya no haga ningún esfuerzo para concretizar la transferencia presupuestal para los 25 gobiernos locales.

“Muchos alcaldes han lamentado este incumplimiento, toda vez que ellos tenían pendientes para cumplir con estos recursos la culminación de ejecución de proyectos, contrapartidas, pago de contratistas y otros. Ellos se sienten engañados, porque son dos años que esperan estos recursos”, acotó.

Sin embargo, precisó que las autoridades locales esperan la transferencia de recursos para el 2025 y se pueda cumplir con la programación de proyectos.

“No tenemos la seguridad de que para el 2025 se cumplan con estos compromisos, pero los alcaldes no pierden las esperanzas y vamos a insistir en que en la programación del PIA 2025, se garantice la asignación de más de 14 millones de soles, a favor de los 25 gobiernos municipales”, finalizó.

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Diferentes organizaciones sociales de Cusco se unen para buscar la revocatoria del gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo y otras autoridades. Alfredo Cornejo Paredes, líder del Frente de Defensa del Patrimonio Cultural del Turismo Sostenible del Cusco, anuncia la compra de un kit de revocatoria. Este paso inicial, sujeto a la aprobación de la ONPE, podría desencadenar la recolección de firmas necesarias para revocar al gobernador regional, la vicegobernadora y miembros del Consejo Regional. El grupo de ciudadanos cusqueños tiene hasta el 11 de octubre del 2024 para recolectar las firmas. Luego estas pasarán un proceso de revisión por la RENIEC. Si se validan las firmas requeridas, los revocadores solicitarán al Jurado Nacional de Elecciones que convoque a la consulta popular. De proceder, la convocatoria se haría el 8 de marzo del 2025 y el proceso de consulta se realizaría el 25 de junio del 2025.

La unidad es la consigna de estos líderes de gremios que dicen ser representativos de las 13 provincias. Un comité central, integrado por figuras como Alfredo Cornejo y Abel Arroyo, coordina esfuerzos en Cusco, Ellos han anunciado que se han sumado provincias como La Convención, Canchis, Chumbivilcas y Paucartambo. La meta es reunir 263.059 firmas. Los dirigentes aseguran que no cuentan con financiamiento alguno, y anunciaron que abrirán una cuenta bancaria, buscando apoyo ciudadano para cubrir logística y materiales. «Ese es el desafío que tenemos, se ha conformado en Cusco un Comité Central que va a dedicarse a gestionar un local en cada uno de los distritos con cuatro mesas para poder recabar las firmas de lunes a viernes. Los fines de semana vamos a salir a los lugares de donde hay concentración de ciudadanos como la plaza Tupac Amaru, el mercado de San Pedro, Vinocanchón, Cascaparo, en fin, vamos a estar todo el día para recabar las firmas los fines de semana», expresó Cornejo. Asimismo, indicaron que ante posibles intentos de sabotaje a su objetivo, el comité central publicará el número oficial del kit de revocatoria, asegurando que las firmas cuenten para el movimiento legítimo. Incluso con la posibilidad de kits alternativos, la ONPE confirma que todas las firmas se sumarán al esfuerzo unificado. Cambios recientes en las reglas permiten que errores individuales en los planillones no invaliden el conjunto, aumentando las posibilidades de éxito.

Razones para la revocatoria contra el gobernador regional de Cusco

Según Cornejo, las razones detrás de esta movilización son: incumplimiento de promesas electorales, alianzas políticas cuestionables con el gobierno central liderado por Dina Boluarte quien es investigada por actos de corrupción, y una incapacidad demostrada para liderar la región. Este movimiento ciudadano, dice que no busca negociaciones o acuerdos bajo la mesa y se compromete a llevar el proceso hasta el final, con la convicción de que es hora de que el pueblo corrija sus errores y elija mejor a sus representantes. «Creo que es momento que el pueblo se haga respetar y tenga la capacidad de corregir sus errores al elegir a malas autoridades. Y que los próximos que pretendan llegar a gobernar el Cusco sepan que van a tener al pueblo respirándoles en la nuca y que no vamos a dejarles nunca más hacer lo que quieren», finalizó Cornejo. Este movimiento ciudadano podría redefinir la política regional y la democracia en Cusco.

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Los profesores del SUTEP Puno, viajarán a Lima para participar en la marcha de protesta convocada para el 28 de Julio por los gremios sociales de Puno y los movimientos regionales.

El secretario general del Sutep provincial de Puno, Reynaldo Villahermosa Salcedo, indicó que la intención del magisterio es aunarse a las movilizaciones de los movimientos regionales y las organizaciones sociales a fin de pedir el cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y una nueva constitución.

El dirigente hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse las movilizaciones, señalando que el 28 de julio no se puede festejar nada porque el gobierno y el Congreso no hacen nada a favor de la población.

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El médico Juan Carlos Rojas Calderón, quien se encontraba recluido en el penal de Huamancaca, cumpliendo una pena de seis años de prisión por el delito de cohecho pasivo impropio (soborno), fue liberado por los jueces de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, al aplicarle un decreto que permite la libertad de reos condenados a menos de diez años de sentencia.

En noviembre de 2018, el oftalmólogo Rojas Calderón fue sentenciado a seis años de prisión efectiva por cobrar S/ 800 por insumos médicos y operar a un paciente del hospital Carrión de Huancayo, donde el galeno trabajaba y se encontraba de turno.

Ese hecho, ocurrido el 15 de abril de 2015, fue calificado por el Juzgado Penal Unipersonal de la Corte de Junín, como delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo impropio, es decir, cobrar un soborno para realizar acciones propias de su función. Tras permanecer fugitivo de la justicia, Rojas fue detenido en agosto de 2021 y recluido en el penal.

Pero, el 2 de abril de 2024, el mismo Juzgado Penal Unipersonal decide convertir la pena de seis años a cinco, en aplicación del Decreto Legislativo 1585, dado en el gobierno de Dina Boluarte, que beneficia a reos condenados a menos de 10 años, y que les facilita dejar las cárceles.

Sin embargo, el Juzgado mantuvo la efectividad de la pena. El galeno apeló y la Sala de Apelaciones le dio la razón: reformó la sentencia de cinco años efectiva a suspendida, en aplicación de dicho Decreto. Y le liberó, imponiéndole las reglas de no ausentarse del lugar de su residencia sin autorización judicial, registrar su control biométrico cada mes y cumplir con el pago de reparación civil de S/ 20 mil soles en seis meses.

Para la sala, en el caso del médico oftalmólogo Juan Carlos Rojas Calderón, «existe prognosis favorable que no cometerá nuevo delito», y que «no es un sujeto reincidente o habitual».

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Desde este lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha comenzado a recibir peticiones para la adquisición de kits de revocatoria. En la oficina regional de la ONPE en Arequipa, se han presentado cinco solicitudes para iniciar procesos de revocatoria en la región. Los pedidos incluyen a diversas autoridades tanto a nivel provincial como distrital.

En Islay, se solicitó la adquisición del kit contra José Ramos Carrera, alcalde de Punta de Bombón. En caso de ser aceptada, pasará a una segunda etapa, donde deberán recolectar 1500 firmas para seguir el proceso. Abel Suárez Ramos, burgomaestre de Cocachacra, también figura en una solicitud de revocatoria.

En la provincia de Arequipa, se iniciaron los trámites contra Alfredo Benavente, alcalde de Alto Selva Alegre, bajo la campaña “ASA se respeta”. El sillón municipal de Socabaya también tiene un movimiento opositor. Se trata de “Socabaya se respeta”, quienes enviaron su pedido contra Roberto Muñoz y todo el cuerpo de regidores.

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El nombre de Gina García, alcaldesa de Cerro Colorado, ocupó otra solicitud. Esta vez, el Frente de Defensa del distrito, se encargó de acudir a la sede de la ONPE. Víctor Hugo Rivera, alcalde de Arequipa, tendría como posible verdugo al abogado Moisés Olazábal, quien días atrás anunció que pedirá la revocatoria para el burgomaestre y todos los regidores.

Para este proceso, también han voceado a Rohel Sánchez, gobernador regional. Sin embargo, aún no se llevaron a cabo los trámites contra él. En todos los casos, los argumentos apuntan a un descontento en el incumplimiento de promesas de campaña. Sin embargo, la redacción de motivos de revocatoria, puede ser un factor para que la ONPE rechace el pedido.

¿Cómo es el proceso de revocatoria?

Para adquirir un kit de revocatoria, los ciudadanos deben pagar 85.70 soles a la ONPE y llenar el formulario P5-B. Se puede descargar este documento, que consta de cinco hojas, de la página web de la ONPE o adquirirlo en cualquiera de sus 20 oficinas regionales. Una vez presentada la solicitud, la ONPE tiene nueve días hábiles para evaluar y responder.

Posteriormente, los promotores de la revocatoria deben reunir firmas de al menos el 25% de los electores del último proceso electoral en la circunscripción correspondiente para que el proceso pueda proceder. Brenda López, gestora de la oficina regional de la ONPE en Arequipa, destacó que las solicitudes no deben basarse en causales de vacancia, suspensión o delitos. Es crucial que los motivos presentados sean claros y específicos, explicando las razones por las cuales se solicita la revocatoria.

Si los motivos no son adecuados, la ONPE notificará a los solicitantes para que subsanen las deficiencias.  El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) verificará las firmas una vez que sean recolectadas. Si se cumplen los requisitos, la ONPE remitirá las iniciativas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que convocará a consulta popular el 8 de junio de 2025. En 2021, se vendieron 83 kits en Arequipa, sin que ninguno llegara a instancias mayores.

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De Huancayo para el mundo. El atleta Cristhian Pacheco se coronó ganador de la carrera Quito 15K Race en Ecuador con una aplastante marca de 44 minutos 22 segundos. Un paso más para nuestro bicampeón Panamericano que se alista para competir en los Juegos Olímpicos París 2024.

En tanto, el cusqueño René Champi se llevó la medalla de plata, mientras que Luz Mery Rojas y Thalía Valdivia se ubicaron en segunda y tercera posición de la competencia femenina.

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El Congreso aprobó en primera votación una controvertida norma que modificaría la forma en la que la Fiscalía tendría que investigar a las organizaciones criminales. La propuesta de Waldemar Cerrón cambia incluso la manera de realizar los allanamientos, lo que a su juicio, si el Congreso la ratifica en segunda votación, deslegitimará el allanamiento a la casa de la presidenta Boluarte.

Los únicos congresistas que se opusieron a la votación durante el pleno fueron Ruth Luque, Susel Paredes y Héctor Valer.

El fiscal de la Nación criticó que tanto el Legislativo como el Ejecutivo estén intentando menoscabar las funciones de la Fiscalía.

Pretenden menoscabar nuestras funciones y esperemos que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre este tema. (…) Nadie debe tener duda de que hoy muchos de los delitos que se perpetran son a través de las organizaciones criminales

Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación en declaraciones a Latina

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Una de las razones que dio el gobierno peruano para aprobar modificaciones a la Ley Forestal fue la necesidad de cumplir los requisitos del reglamento de la Unión Europea para comercializar café, cacao y otros productos libres de deforestación.

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, señaló que la Ley 31973, que modifica la Ley Forestal, “tiene como sustento la regulación de la Unión Europea a las importaciones”. Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, anunció que en los próximos días van a reglamentar dicha modificación, ya que la respaldan.

La nueva Ley Forestal, promulgada en enero pasado, flexibiliza los mecanismos de titulación de tierras agrícolas, ya que muchos productores se han asentado históricamente en áreas que antes fueron deforestadas, como es el caso de los cultivos de café y cacao.

Por otro lado, el reglamento que la Unión Europea aprobó en 2023 exige que los países como el Perú garanticen que sus exportaciones (entre ellas, las de café y cacao) cumplan con toda la normativa nacional y no hayan incurrido en deforestación posterior al año 2020.

Lo cierto es que en la Unión Europea descartan que la nueva Ley Forestal se justifique por el reglamento de cero deforestación, el cual comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2025. Cumplir con este reglamento para seguir exportando a Europa demanda todo un trabajo con los productores agrarios: empadronamiento, georreferenciación de parcelas, certificados de cero deforestación, trazabilidad en las cadenas de suministro y sistemas de debida diligencia.

Al respecto, Inforegión conversó con Olivier Coupleux, jefe de la Sección Económica y Comercial de la Unión Europea, quien dio mayores alcances sobre esta nueva norma.

Olivier Coupleux: “En Perú solo el 30% de cafetaleros están asociados”

¿Cuál es el alcance del reglamento de la UE?

Lo que queremos es evitar una deforestación importada. Somos conscientes de que nuestros mercados necesitan insumos, pero esos insumos a veces vienen de productos que contribuyen a la deforestación: café, cacao, aceite de palma, madera, caucho, carne de res, soya. A raíz de eso, decidimos poner un reglamento de debida diligencia a nuestras empresas, que tienen que demostrar que esos siete productos que importan no provienen de áreas deforestadas.

Es una reglamentación que tiene un impacto mayor sobre el mercado interno, pero que va a impactar también en países que exportan esos productos a Europa. En el caso de Perú, tiene impacto en el café, el cacao y, de manera más moderada, en el aceite de palma y la madera.

¿Cómo fue el proceso de aprobación del reglamento?

La norma se estuvo conversando a partir de 2020. Hubo muchos estudios para determinar los productos y las medidas. Se promulgó el 29 de junio de 2023, con una aplicación 18 meses después, es decir, al 31 de diciembre de 2024 para los grandes operadores europeos, y al 30 de junio de 2025 para los pequeños operadores europeos.

¿Cómo ve la implementación del reglamento en los países exportadores?

Depende de la importancia del producto de exportación, la estructura del país y su capacidad para organizarse en cada cadena de valor. Por ejemplo, en Colombia hay una federación de cafetaleros muy fuerte que maneja sola la aplicación del reglamento. En Brasil hay empresas muy grandes que manejan temas de trazabilidad mucho mejor que en otros países.

¿Cómo se ve la implementación del reglamento en Perú?

Uno de los grandes desafíos para Perú es que hay 220 mil productores en la cadena de valor de café, y solo el 30% de ellos está en asociaciones o cooperativas. El resto son pequeños productores que no están muy vinculados con el mercado, [sino] que pasan por acopiadores, y eso hace mucho más complicado, por ejemplo, la organización de un sistema de trazabilidad. Es por eso que el Estado peruano tiene un papel importante para apoyar a los productores en adecuarse al reglamento.

Coupleux: “No habrá prórroga en la aplicación del reglamento”

Hay países que se han mostrado en desacuerdo con el reglamento, porque consideran que no se ha tomado en cuenta cada contexto y realidad.

Cada país tiene un contexto específico, pero la norma se aplica a todos nuestros operadores en el mercado europeo. No podemos hacer especificidades en cada país. La norma es bastante general para que dé espacio a cada país de adaptar la norma y adecuarse según su situación. Cada país quisiera su propia norma, pero es complicado. También hay países que piden más tiempo, pero eso tampoco lo podemos hacer. El tema se habló desde el año 2020, la norma entró en vigor en 2023 y se va a aplicar a fines de 2024. Es algo que se aplica para todos.

Algunos también pedían un plazo adicional para poder adecuarse al reglamento.

Lo que pasa es que la aplicación no va a ser muy estricta desde el día uno. Va a ser progresiva porque hay algunos criterios que son más complicados de demostrar. Por ejemplo, el criterio de legalidad, que puede tomar más tiempo para que se aplique al 100%.

¿A qué se refiere con el criterio de legalidad?

A la necesidad de respetar la legislación nacional alrededor del uso de la tierra y la propiedad, los derechos de las comunidades nativas, las leyes sobre el uso de fertilizantes, etc. Debido a la complejidad de adecuarse a la norma, su aplicación va a ser progresiva. Otro tema que va a tomar más tiempo es desarrollar la trazabilidad, es decir, una cadena de custodia que asegure que en el proceso no hay café procedente de la deforestación que entra en la cadena.

¿Descarta que se vaya a postergar la aplicación del reglamento? El ministro de Agricultura dijo que era una posibilidad.

No hay postergación. Es totalmente legítimo que los países lo pongan en agenda, pero finalmente es a nivel de la UE que se toma la decisión.

¿Algún país lo ha solicitado formalmente?

Hay cartas en las que se menciona la opción de una prórroga, pero la respuesta que hacemos a Perú y a todos los países es que no va a haber prórroga. El reglamento se va a aplicar, aunque no de manera drástica a partir del día uno. Hay un margen de flexibilidad. El reglamento va a estar acompañado de unos lineamientos que todavía no se han publicado. Esos lineamientos van a definir cómo interpretar el reglamento, y eso va a ayudar a Perú a ver cómo se aplica.

¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero de 2025, entonces?

Lo más importante va a ser poder demostrar a partir del día uno que el café y el cacao de Perú provienen de chacras que no fueron deforestadas después del 2020. Eso sí lo van a tener que demostrar a partir del día uno.

Coupleux: “En Europa queremos seguir tomando café y chocolate peruanos”

¿Cómo se estableció el plazo límite de la deforestación (2020) en el reglamento?

Había que fijar una fecha. Hubo mucha deforestación en el pasado, pero había que poner una fecha de corte y un reglamento que no ponga a los países en una situación imposible. La idea es poner una fecha de corte que fije la frontera agrícola y permita poner a cero la situación y proteger los bosques.

¿Cuál diría que es el impacto del reglamento en Perú?

Puede servir como una contribución para sanear la situación de la agricultura en la región amazónica. Es una oportunidad que tiene Perú después de varios años en que la deforestación estuvo incrementándose, de utilizar nuestro reglamento para mejorar la agricultura, modernizarla, hacerla más formal y proteger los bosques. Ese es el objetivo. Actualmente hay países que están elaborando sus propios reglamentos, muy similares al de la UE. De cierta forma, es una preparación para futuros reglamentos.

Se lo pregunto porque existía un clima de preocupación entre los productores. Algunos incluso evaluaban exportar a otros mercados.

Queremos que todos los países que nos exportan sus productos puedan mantener su acceso, porque lo necesitamos. En Europa queremos seguir tomando una taza de chocolate o de café peruano. No queremos que ningún país que nos exporte sus bienes esté bloqueado, ese no es nuestro interés.

Olivier Coupleux: La UE sigue con atención el debate sobre la Ley Forestal

¿Cuál es la postura de la UE respecto a la modificación de la Ley Forestal?

Nuestra posición es la siguiente. Cuando se hizo la modificación, se dijo que se había hecho a raíz del reglamento sobre deforestación de la UE. Nosotros lo que decimos es que no está directamente vinculada con nuestro reglamento. Nosotros no estamos exigiendo que el 1 de enero [de 2025] todo el mundo tenga un título de tierra, eso es imposible.

El reglamento permite dar un espacio a los países para ordenar sus territorios y tomar el tiempo de hacerlo bien. Imagínate que alguien quiera exportar desde una zona deforestada después de 2020: no porque tenga papeles legales en Perú va a poder exportar a Europa. Si es de una zona deforestada después de 2020, ya no se puede.

¿La modificación a la Ley Forestal beneficia de algún modo las exportaciones a la UE?

Es una norma controvertida. Nosotros simplemente seguimos con mucha atención el debate entre ambientalistas y sectores productivos. Lo que esperamos es que haya un buen balance entre la necesidad de tener títulos de tierra y la protección del bosque. Lo más importante es que cualquier norma que se tome en Perú no tenga como resultado más deforestación.

¿Entonces están en contra de la modificación?

Nuestra posición es la que te acabo de decir.

UE financiará georreferenciación de productores agrarios

¿Cómo ha visto el trabajo en Perú para adecuarse al reglamento?

Cuando empezamos a trabajar sobre este tema, el gobierno peruano nos indicó que había creado una mesa ejecutiva entre los ministerios involucrados en el proceso, con un liderazgo del Ministerio de Agricultura. Nosotros hicimos un estudio sobre la aplicación del reglamento y nos dimos cuenta de que hay cuatro cadenas de valor para las cuales había un impacto posible: café, cacao, aceite de palma y madera.

En el caso del aceite de palma y madera, las cadenas de valor ya tenían certificación para exportar a Europa y eran unidades productivas bastante grandes, o sea, que podían manejar la aplicación. Mientras que en café y cacao, hay muchos productores y una exportación muy importante hacia Europa, pero hay un esfuerzo mayor por el hecho de que esas cadenas de valor no están muy estructuradas.

¿Cuál ha sido el apoyo de la UE al Perú para adecuarse al reglamento?

Venimos apoyando al Ministerio de Agricultura para preparar el primer eslabón, que es la identificación de las parcelas y subirlas a un sistema: la georreferenciación. El ministerio utilizó lo que ya estaba desarrollando, que es el Padrón de Productores Agrarios (PPA), que es un sistema de registro de los agricultores y que tiene un módulo de identificación digital. Ese es el apoyo que estamos desarrollando con el Midagri y, más adelante, vamos a tener que trabajar más con las empresas para el tema de trazabilidad.

Entiendo que hay un apoyo económico de la UE al Midagri.

Sí, estamos trabajando un proyecto de 350 mil euros para apoyar al Midagri a promover el uso del aplicativo para que la gente sepa cómo utilizarlo y pueda georreferenciar su parcela. [El director de Estadística e Información Agraria del Midagri, César Santisteban, precisó a Inforegión que el financiamiento asciende a 378,500 euros].

¿Cuándo se hará la transferencia?

Estamos en el proceso de finalizar el diseño del proyecto. Esperamos que el proyecto pueda empezar en septiembre.

¿Y cuánto duraría?

Algo de un año. El proyecto está enfocado en los pequeños productores que no son parte de asociaciones y que tienen problemas de trazabilidad.

¿La UE solo va a admitir certificados de cero deforestación emitidos por el Midagri?

Un sistema de debida diligencia tiene otra lógica que un sistema de certificación. Para adecuarse al reglamento, no es suficiente tener una certificación tipo rainforest. La empresa importadora tiene que hacer un estudio de debida diligencia en su cadena de suministro para demostrar que [su producción] no proviene de una zona deforestada, y la forma de demostrarlo es haciendo la georreferenciación de todas las parcelas. El certificado [de cero deforestación] es un elemento que da información, pero no es suficiente. El Midagri debe asegurarse de que cada productor tenga la capacidad de demostrar que no está en zona deforestada.

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En un esfuerzo por mejorar y mantener la infraestructura vial de Trujillo, se ha lanzado el programa «Parchamóvil». Tiene como finalidad la recuperación y mantenimiento de las pistas en la ciudad. Ofrece un servicio de parchado de pistas inmediato, respondiendo a las solicitudes de vecinos o choferes que reporten la necesidad de reparaciones en las vías. El servicio se especializa en reparar huecos de hasta 1.5 metros de diámetro.

Estos trabajos de reparación tienen como objetivo mejorar la transitabilidad de las calles, beneficiando tanto a choferes como a peatones que diariamente enfrentan las convulsionadas vías de Trujillo. La iniciativa busca reducir los accidentes de tránsito y las demoras vehiculares causadas por el deterioro de las pistas.

Mantenimiento

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, explicó que el mal estado de las pistas, debido a la falta de mantenimiento, ha sido responsable de numerosos accidentes y retrasos en el tráfico.

En respuesta, los trabajadores del Departamento de Obras de la MPT están preparados para llevar a cabo el parchado inmediato de pavimentos en áreas de pequeña extensión.

Programa «Parchamóvil»

El martes 28 de mayo, durante el lanzamiento del programa, los vehículos de “Parchamóvil” atendieron emergencias en varias zonas críticas de la ciudad. Entre las avenidas y calles atendidas se encuentran las avenidas España y Larco, así como los jirones San Martín, Gamarra, Diego de Almagro y Bolívar.

Las unidades de “Parchamóvil” continuarán recorriendo las principales avenidas y calles de diferentes urbanizaciones de Trujillo, proporcionando el mantenimiento necesario a las vías mientras se desarrollan obras mayores de mejoramiento de pistas.

Inicio de trabajos

Uno de los primeros trabajos de recuperación de pistas comenzó en la calle Nápoles con avenida Pedro Muñiz, en la urbanización San Nicolás, en Trujillo. Debido a las obras, la vía está cerrada, lo que obliga a los conductores a tomar rutas alternas.

Esta intervención inicial es parte del plan más amplio de “Parchamóvil” para atender las áreas más afectadas de la ciudad.

Pistas

Mario Reyna destacó que durante muchos años, las pistas de Trujillo no han recibido el mantenimiento adecuado, lo que ha provocado un significativo deterioro del asfalto.

En muchos casos, las pistas requieren cambios completos debido a su mal estado. El programa “Parchamóvil” es una respuesta inmediata a esta necesidad urgente, brindando soluciones rápidas mientras se planean y ejecutan proyectos de renovación más extensivos.

Infraestructura de Trujillo

Con esta iniciativa, se espera no solo mejorar la infraestructura vial de Trujillo, sino también proporcionar una mayor seguridad y fluidez en el tránsito diario.

De esta manera, el éxito de “Parchamóvil” dependerá de la colaboración de la comunidad y autoridades para mantener y mejorar las vías de Trujillo.

 

 

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