El pueblo Kukama Kukamiria, que se puede traducir al castellano como “Chacra pequeña amamantada”, es un pueblo pacífico de grandes pescadores; aproximadamente suma 37 mil miembros reunidos en comunidades entre las cuencas del río Marañón, Tigre, Urituyacu y río Huallaga. Allí, un grupo de ellos convive desde hace décadas con lotes de explotación petrolera (Lote 95, Lote 8) superpuestos en sus territorios de la Amazonía.
El 9 de agosto en la madrugada (en pleno Día internacional de los pueblos indígenas), según los testigos, aproximadamente 70 indígenas que venían protestando de manera pacífica desde el miércoles 5, fueron reprimidos por las fuerzas policiales que custodiaban la empresa PetroTal, asesinando a 3 indígenas Kukamas, dejando a otros 4 heridos de gravedad y a 7 heridos leves; ellos venían intentando un diálogo con representantes de la petrolera.
El mismo día en que el mundo celebra y conmemora la diversidad cultural, en el Perú se recordará también la agresión y el olvido del Estado hacia los pueblos indígenas; que desde hace mucho tiempo considera insignificante una fecha como ésta. Si revisamos en retrospectiva, año tras año, llegaremos a la tragedia del Baguazo, donde luego de 11 años de promesas incumplidas, nada ha cambiado. Tres gobiernos y la misma escena escalofriante de masacres anunciadas, siempre al borde de producirse, como una maldición atávica sin que ningún gobierno haga nada.
Desde Garcia a Humala, pasando por Kuczynski y Vizcarra, ninguno se ha tomado en serio los problemas y posibilidades de los pueblos indígenas. Lo indignante y dramático es que en medio de la pandemia del covid-19 el Estado peruano se ha consagrado como el perpetrador de una nueva masacre, en el mismo día internacional de los pueblos indígenas.
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Explotación naturalizada, convivencia tóxica
La Amazonía peruana, desde hace mucho, viene sufriendo una gran presión, amenazas, conflictos y violencia sobre su territorio; el 12% de la cuenca amazónica está concesionado a los hidrocarburos, veintiséis lotes de hidrocarburos en etapa de explotación y exploración se superponen de manera parcial o total a 412 comunidades (IBC, 2019). Los conflictos socioambientales a junio del 2020 son el 70% del total, donde el 17% están relacionados a la actividad de hidrocarburos[1].
El Lote 95 está administrado por la empresa canadiense PetroTal Corp. que desde hace 15 años viene operando en 11 pozos en el campo Bretaña. Allí viene produciendo, según los reportes, más de 280 000 barriles de crudo desde el 2018; con ingresos netos solo ese año de casi $ 10 millones. Para este año 2020 se estaba empezando a extraer 10 mil barriles diarios y haciendo pruebas para incrementar las reservas probables a probadas.
Por su parte, el Estado peruano, en base a la Ley 30977, Ley de Promoción de la Amazonía Sostenible, estuvo diseñando desde finales de 2019 un Plan de Cierre de Brechas, anunciados por la PCM en febrero del 2020. En su primer año impulsaría 146 proyectos de infraestructura y servicios básicos; con la promesa de invertir 5 292 millones de soles entre el 2020 y 2025 en la región de Loreto. Un plan que solo comprende las zonas donde se realizan actividades petroleras, con la finalidad de prevenir conflictos. Un plan con enfoque reducido, con limitada articulación con otras políticas; una visión fragmentada y cortoplacista que sigue presente en el Estado para atender a los pueblos indígenas.
Defensa de la Amazonía
El Lote 95 está superpuesto en territorios de comunidades nativas Kukama Kukamiria; parte de ellas organizadas en la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AIDECOBAP) que, hace un año atrás, en marzo del 2019, formaron parte de las protestas y la toma de instalaciones del mismo lote. En aquella ocasión, el premier Salvador del Solar llegó a un acuerdo para levantar la protesta. Se acordó revisar la ley de canon, promover una declaración de emergencia del Oleoducto Norperuano, además de atender la falta de energía eléctrica, instalación de agua y desagüe y construir un pequeño hospital equipado; es decir, atender con servicios básicos a estas zonas petroleras, lo que después se transformaría en el denominado Plan de Cierre de Brechas.
Desde el anuncio de este Plan, no se supo nada y, tras 5 meses de pandemia, la falta de reacción del Estado y de implementación de normas aprobadas para la prevención de contagio, atención a infectados y acciones de mitigación para dichos pueblos; empezó a generar desesperación en las comunidades indígenas. Ese fue uno de los impulsos, el abandono del Estado en esta pandemia y, al mismo tiempo, tener al frente una petrolera que no ha detenido sus actividades en lo que va de la crisis sanitaria; extrayendo petróleo y generando recursos económicos que nunca llegan a las comunidades.
Y la misma historia se vuelve a repetir: los pobladores se organizan, ejercen su derecho a la protesta ante la única presencia relacionada con el Estado, en este caso, la empresa PetroTal. La respuesta es represión, abuso de la fuerza policial con un desenlace trágico que ya conocemos. Es probable que, si el Estado peruano no hace algo urgente en este contexto, esto se siga repitiendo. La pandemia COVID19 no ha hecho más que ser el detonante de los problemas estructurales que existen con relación a los pueblos indígenas.
Autor
Luis Hallazi. Abogado y politólogo, investigador en derechos humanos ([email protected]), Publicado en Noticias Ser.
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[1] Revisar Reporte de Conflictos Sociales N° 126 Defensoría del Pueblo.
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