Rafael Vela Vela, el fiscal superior y coordinador del Equipo Especial Lava Jato, declaró este domingo que el exmandatario, Martín Vizcarra, ha obstruido la investigación del Ministerio Público por recibir supuestos sobornos cuando fue gobernador de Moquegua.
“El señor Vizcarra en su permanente conducta de mentira y alusiones incorrectas, como la que hace al Ministerio Público, ha tratado de obstruir no solo la investigación nuestra, sino otras que tiene en curso”, dijo en Punto Final.
En ese sentido, descartó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, haya intervenido en la investigación y que más bien apoyó al Equipo Especial Lava Jato, lo que demuestra “la independencia” institucional del Ministerio Público.
Vizcarra ha declarado que es un perseguido político
De otro lado, Rafael Vela, advirtió que habría evidencia de peligro procesal en la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra. “Hay evidencia que va a presentar el fiscal Juárez Atoche en la audiencia correspondiente, de obstrucción y de peligro de fuga”, señaló.
“Es posible que Martín Vizcarra se acoja al asilo político en el extranjero; por ello, el riesgo de fuga se sustentará en el requerimiento de 18 meses de prisión preventiva en su contra que evaluará el Poder Judicial”.
Vela refirió que “el señor Vizcarra es un político en actividad. El sábado ha declarado enfáticamente que es un perseguido político, haciendo alusión al Ministerio Público y al Poder Judicial”, afirmó. “¿Qué esperamos? Que tal vez luego pida un asilo político a Bolivia, que quiera generar una corriente de opinión en ese sentido. Es perfectamente posible, por eso estamos solicitando todas las medidas necesarias”.
Indicó que en caso el Poder Judicial acoja el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva, éste se haría efectivo a pesar de la contienda electoral. Martín Vizcarra podría ir preso por los cargos que se le imputan, pues “son hechos anteriores a su ejercicio como presidente”.
Llamadas a Obrainsa e ICCGSA como nuevos elementos para prisión preventiva
El pedido de prisión preventiva que solicitó el fiscal Germán Juárez, integrante del equipo Especial Lava Jato, tiene nuevos elementos de convicción. Se trata de los reportes de la empresa Telefónica que registran el tráfico de llamadas entre el exmandatario y algunos empresarios. Ellos son, Elard Paul Tejeda de la empresa Obrainsa, José Fernando Castillo Dibós y Rafael Granados Cueto de la constructora ICCGSA y del exministro José Manuel Hernández de la supervisora Asesores Técnicos y Asociados (ATA).
Esta nueva información –según un reportaje de El Comercio- se suma a los testimonios y documentos que tiene la fiscalía -que fueron entregados por los colaboradores- y que comprometen a Vizcarra en la recepción de presuntos sobornos por un total de S/2′300.000 a cambio de la adjudicación del Hospital Regional de Moquegua y del proyecto de irrigación Lomas de Ilo, durante su gestión como presidente regional de Moquegua.
Según los mencionados colaboradores, quienes decidieron levantar la reserva de su identidad como colaboradores eficaces de esta investigación que es parte del llamado caso ‘Club de la Construcción’, las llamadas habrían permitido contar con información “privilegiada” para que el consorcio conformado por las empresas Obrainsa y Astaldi se adjudique la obra Lomas de Ilo.
La información se las proporcionó el exmandatario, precisándoles que debían entregar una propuesta económica menor a S/81′000.000 a Unops, organismo encargado del proceso de licitación. El aspirante a colaborador eficaz N°10-2018 declaró a la fiscalía que “el porcentaje del 2% solicitado por Vizcarra al consorcio equivalía a S/1′016.212,76”
Fue así que, el 7 de noviembre del 2013, el consorcio presentó una nueva propuesta a Unops por S/80′981.137,34. El 25 noviembre de ese año, ganaron la buena pro y el 6 de diciembre, firmaron el contrato con el Gobierno regional de Moquegua (GRM).
Hospital Regional de Moquegua e ICCGSA
Otro de los elementos de convicción que sustentaría la prisión preventiva del expresidente Vizcarra, son las relacionados al presunto soborno que recibió de la empresa ICCGSA por el Hospital Regional de Moquegua.
De acuerdo al informe, la amistad entre Vizcarra y el exministro José Manuel Hernández es una de ellas. No solo por las declaraciones que ha dado Hernández -quien el 15 de febrero último levantó la reserva de su identidad- sino también por la información que estaba en su teléfono celular. En este dispositivo electrónico -entregados por él mismo- se hallaron todas las conversaciones de Whatsapp con el exmandatario, así como los números que usaban él, Fernando Castillo Dibós y Rafael Granados de ICCGSA.
“Hernández había sido señalado por cuatro colaboradores eficaces como el intermediario de los pagos de la constructora a Vizcarra por la buena pro del hospital. Entre el 2013 y el 2014, según el reporte de llamadas telefónicas que incluye la fiscalía en su requerimiento, el exministro y Vizcarra se comunicaron a través de 251 llamadas”.
Pedido de Vizcarra fue de más de un millón de soles
Los colaboradores eficaces, quienes han levantado la reserva de su identidad, señalaron que el actual candidato al Parlamento envió a Hernández. Esto a fin de que se contacte con Rafael Granados de ICCGSA y le solicite el S/1′300.000 de sobornos para que como gobernador regional apruebe la obra. Esto, dijeron, fue en el CADE 2013, que estaba organizado para el 28 de noviembre del 2013. Todos los testigos han asegurado que en ese evento ocurrió el contacto entre Hernández y Granados.
Según el acta de reportes que cita la fiscalía, un día antes, el 27 de noviembre, el exgobernador regional y Hernández intercambiaron llamadas. Al día siguiente, el día del CADE, continuaron las comunicaciones. No solo fueron al número personal del exministro, sino también hubo cuatro llamadas a un número registrado con el nombre de su empresa: Asesores Técnicos y Asociados (ATA). Un día después, siguieron las llamadas entre ambos.
En tanto, las fechas de los primeros pagos de ICCGSA a Vizcarra, según las declaraciones de los colaboradores eficaces, también coinciden en el tiempo con las llamadas que intercambiaron Vizcarra, Granados, Hernández y Castillo Dibós.
Abogado de Vizcarra hace descargos
El abogado de Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, indicó a El Comercio que el reporte de las llamadas no puede ser considerado como “una nueva evidencia para llevar a un expresidente a prisión”. Agregó que no existe peligro procesal o entorpecimiento de la actividad probatoria. “El fiscal Juárez no puede decir que el exmandatario puede asilarse en Bolivia porque lo visitaron altos funcionarios de ese país cuando era gobernador en Moquegua”, respondió.
También dijo que no puede decirse que ha incurrido en entorpecimiento de la actividad probatoria porque en su DNI consignó un número departamento ubicado en San Isidro y en su citación fiscal declaró otro número. “Se trata de dos departamentos juntos que se comunican. Esto es muy grave”, dijo. Ugaz enfatizó que se debe seguir investigando a Vizcarra, pero en libertad. “La regla no puede ser la prisión”, agregó.
“No hay una sola evidencia importante, sustancial transcendente” que prueba la existencia de un peligro procesal o entorpecimiento de la justicia. “¿Qué ha cambiado desde el día que se pidió impedimento de salida del país? Cero”, indicó.
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